Por Marcelo Contreras N.
El proceso constituyente inaugurado por la Presidenta Bachelet, con participación de cientos de miles de chilenos en asambleas comunales y regionales, cuyas deliberaciones fueron sistematizadas por una Comisión Presidencial, se encuentra paralizado.
El proceso constituyente inaugurado por la Presidenta Bachelet, con participación de cientos de miles de chilenos en asambleas comunales y regionales, cuyas deliberaciones fueron sistematizadas por una Comisión Presidencial, se encuentra paralizado.
Ello ocurre pese a que el gobierno anterior envió un proyecto de reforma al parlamento, que debía resolver los procedimientos para la elaboración y aprobación de un nuevo texto constitucional, legítimo en sus orígenes, homogéneamente democrático en sus contenidos y adaptado a los nuevos desafíos que enfrenta el país.
Lo cierto es que no existe voluntad política en el actual gobierno para avanzar en ese proceso, y la oposición, en su más amplia diversidad, no cuenta con mayorías suficientes para reimpulsarlo.
Con todo, resulta más que evidente que Chile y nuestro sistema democrático, requieren de reformas políticas e institucionales, por ejemplo en materia de descentralización. Sobre todo teniendo a la vista las advertencias del comité de expertos acerca de los problemas que tiene la elección de gobernadores regionales, sin una clara delegación de atribuciones y recursos, que eviten conflictos de competencia con los delegados presidenciales que sustituyen a los intendentes, el clientelismo y el uso político de recursos fiscales.
Son todos debates legítimos y necesarios. Su coherencia y trascendencia exige abordar integralmente aspectos decisivos como el voto voluntario (derecho opcional) u obligatorio (deber cívico ciudadano) para elegir sus autoridades en una democracia moderna y participativa, con mayor equilibrio de poderes entre el Ejecutivo y el parlamento. Sin eludir los desafíos de una descentralización efectiva, el reconocimiento de los pueblos originarios, con pleno respeto a los derechos humanos, indivisibles y solidarios entre sí, con un Estado potente y proactivo, en concordancia con una ciudadanía empoderada y participativa.
De igual manera, tal como lo ha debido reconocer la actual administración, parece ineludible el reconocimiento constitucional de los pueblos originarios y la definición de una nueva institucionalidad para esa compleja y largamente eludida materia.
En otra materia, con muchas vaguedades, parlamentarios de derecha, en concordancia con ofertas de la campaña presidencial de Piñera, proponen reducir el número de parlamentarios – establecidos en la reforma constitucional para terminar con el sistema binominal – y reemplazarlo por un sistema proporcional corregido, cuyo único fundamento hasta ahora esgrimido, es que ello permitiría ahorrar recursos fiscales.
Incluso, hoy se plantea permitir la reelección del Presidente de la República, por dos períodos sucesivos, que empezaría a regir a partir de la próxima etapa presidencial.
Renovar, profundizar y perfeccionar la democracia constituye un imperativo de la hora presente, precisamente en los momentos en que, las instituciones aparecen debilitadas, los partidos políticos en una verdadera crisis de representación y el propio sistema democrático cuestionado, en lo que se evidencia como un fenómeno global.
Son todos debates legítimos y necesarios. Su coherencia y trascendencia exige abordar integralmente aspectos decisivos como el voto voluntario (derecho opcional) u obligatorio (deber cívico ciudadano) para elegir sus autoridades en una democracia moderna y participativa, con mayor equilibrio de poderes entre el Ejecutivo y el parlamento. Sin eludir los desafíos de una descentralización efectiva, el reconocimiento de los pueblos originarios, con pleno respeto a los derechos humanos, indivisibles y solidarios entre sí, con un Estado potente y proactivo, en concordancia con una ciudadanía empoderada y participativa.
Renovar, profundizar y perfeccionar la democracia constituye un imperativo de la hora presente, precisamente en los momentos en que, las instituciones aparecen debilitadas, los partidos políticos en una verdadera crisis de representación y el propio sistema democrático cuestionado, en lo que se evidencia como un fenómeno global.
Ello refiere a la necesidad de un nuevo pacto político e institucional. Que no sólo involucre gobierno y oposición, incorporando a la ciudadanía que, al final de cuentas, es la titular de la soberanía. Precisamente por aquello cobra relevancia la elección de una Asamblea Constituyente, con la misión de elaborar una nueva Constitución que sea aprobada democráticamente a través de un plebiscito.
Ello refiere a la necesidad de un nuevo pacto político e institucional. Que no sólo involucre gobierno y oposición, incorporando a la ciudadanía que, al final de cuentas, es la titular de la soberanía. Precisamente por aquello cobra relevancia la elección de una Asamblea Constituyente, con la misión de elaborar una nueva Constitución que sea aprobada democráticamente a través de un plebiscito.
