Casi es una moda persistente los juicios negativos sobre los gobiernos de la Concertación, en cuanto ellos no habrían hecho más que continuar con el “modelo” económico neoliberal impuesto por la dictadura. En el mismo sentido cabe consignar las recurrentes referencias a las limitaciones de la llamada transición, expresadas en la frase “no son 30 pesos sino 30 años”.
Pero en verdad no son 30 años sino 20 por cuanto al cabo de las dos décadas el gobierno es asumido por la derecha y a continuación tenemos a la Nueva Mayoría, con el segundo mandato de la Presidenta Bachelet y con la participación del PC en el gobierno, sin vetos ni exclusiones.
Cabe recordar que, adoptando esas críticas de los 20 años, en su primera campaña, Piñera planteó un “gobierno de excelencia y de eficiencia”, que en “20 días hará lo que no se hizo en 20 años”. Entre lo que harían estaba planteado: rebajar impuestos a las utilidades de las empresas a fin de estimular la inversión; otorgar mayores grados de flexibilidad laboral; reducir o eliminar las indemnizaciones para favorecer la contratación de mano de obra; privatizar activos públicos, en especial Codelco; flexibilizar los marcos regulatorios para facilitar el emprendimiento; reducir el aparato estatal, entre otras.
Sin perjuicio de que en 24 años, de Concertación y Nueva Mayoría, ciertas medidas reformistas no se hicieron, se hicieron mal o no se quisieron hacer y que existieron y existen tendencias que no quieren ir muy lejos y otros que no supieron adoptar tales o cuales medidas, sostener que se continuó con la herencia dictatorial es desvalorizar lo avanzado en la democratización del país, desconocer hechos concretos y/o desconsiderar las cifras económicas y condiciones de vida de las mayorías al cabo de los 17 años de dictadura.
Así, si la Concertación hubiera aplicado el mismo “modelo”, tendríamos que los datos estadísticos de los 17 años de dictadura del gran capital deberían ser similares. Sin embargo, son todos alrededor de un 50% menores que a los 20 años concertacionistas. Y en otras áreas (como infraestructura) la diferencia alcanza al 100%.
Entre otras cifras que, precisamente, se corresponden con los intereses de las mayorías certificamos que el desempleo en dictadura alcanzó un promedio de 17,1%, en Concertación se redujo al 8,1% ; el índice de pobreza en dictadura llegó al 38,8%, en Concertación se redujo al 13,7%. Los servicios públicos fueron desmantelados durante la dictadura, en Concertación la inversión estatal se incrementa en 350 veces; en salud la dictadura invirtió 7 millones de dólares, durante la Concertación se invirtieron 307 millones.
Cabría reflexionar en cómo sería la situación si el empleo estuviera en dos dígitos, qué dificultades tendría la gente común sin metro ni carreteras, sin un mejoramiento parcial de los servicios públicos medidos respecto de la dictadura, sin duda que considerando nada más que eso estaríamos con un índice de pobreza similar al que heredamos.
En 1988 una clara mayoría nacional electoral abrió paso al proceso de democratización del país e impidió la continuación de la dictadura por otros ocho años, desde allí todo avance democratizador se ha realizado con la oposición de las mismas fuerzas que tras sus minoritarios intereses concibieron, organizaron, instalaron, integraron y respaldaron el accionar de la dictadura oligárquica durante diecisiete años.
En ese contexto la Concertación condujo el avance democrático conforme a la correlación de fuerzas en aquellas circunstancias y en cómo ella se fue desarrollando. En toda evaluación de estas tendencias el punto de partida (que muchas veces se olvida o se pone en lugar secundario) es el estado de las fuerzas propias. A partir de allí es que corresponde examinar los otros factores y formular las políticas y metas pertinentes.
Sin ir más lejos fue planteado investigar y hacer justicia “en la medida de lo posible”, obviamente que lo “posible” estaba medido por la correlación de fuerzas.
Es así que se produjeron tensiones con la FF.AA., en especial, el Ejército, lo que dio pie para “boinazos” y “ejercicios de enlace”. Estas situaciones, incluso, pudieron ser alentadas por la derecha en cuanto freno y obstáculo al cumplimiento del Programa de Gobierno.
Aquellas tensiones, durante el transcurso del período presidencial, constituyeron, a lo menos, un obstáculo esencial al accionar del gobierno y, por tanto, un factor funcional en la estrategia de desgaste en que estaba explícitamente empeñada la derecha.
Para los críticos al desempeño conciertacionista pareciera que todo el asunto es una cuestión testimonial y no tienen para nada en cuenta la cuestión de la correlación de fuerzas.
A este respecto cabría recordar que, plebiscito mediante, el pueblo uruguayo decidió dar vuelta la página. Que el Pacto de la Moncloa cerró la posibilidad de investigar los crimenes del franquismo. Y que en Argentina se abrieron los procesos de investigación luego de la derrota de sus FF.AA. en Las Malvinas.
La derrota militar del fascismo permitió a los partisanos ejecutar a Mussolini y la bancarrota nazi permitió sentar en el banquillo a los responsables, en el juicio de Nuremberg.
Nosotros no alcanzamos fuerzas suficientes para precipitar la total bancarrota política y militar del régimen, que es una de las razones principales por lo que el avance democratizador se ha hecho dificultoso. Así y todo, no fue poca cosa poner fin al régimen dictatorial al cabo de 17 años, en virtud de una victoria política, ideológica, de masas y electoral.
