Por Eugenio Rivera Urrutia
Fundación Chile 21
Existe una crítica generalizada por parte de la ciudadanía a los altos precios que debe pagar por distintos servicios. En algunos casos, como el sector energético, las concesiones de carreteras urbanas e interurbanas, los puertos y aeropuertos se reconoce que se han alcanzado niveles de calidad razonable, pero se apunta a los altos precios que deben pagar los usuarios. En otros ámbitos, como es el caso ejemplar de las AFPs, las pésimas pensiones que el sistema genera, son acompañadas de grandes ganancias para los propietarios de las administradoras. Las altas tarifas y la mala calidad de servicio encuentra sus orígenes primero en una Constitución que pone el derecho de propiedad y la libertad de emprendimiento por encima del resto de los derechos económico – sociales. Explica también la debilidad regulatoria y de la fiscalización el trastocamiento de lo que se considera la misión de las agencias reguladoras y fiscalizadoras. Finalmente, incide también la captura técnica de los reguladores.
Las altas tarifas y la mala calidad de servicio encuentra sus orígenes primero en una Constitución que pone el derecho de propiedad y la libertad de emprendimiento por encima del resto de los derechos económico – sociales.
Sin duda la débil fiscalización de las empresas sometidas a regulación, así como la debilidad de la promoción y defensa de la competencia contribuyó a los abusos y a las altas tarifas y grandes utilidades que han obtenido las diferentes empresas. Todo ello forma parte de los problemas que culminaron en el estallido social y en el inicio del proceso constituyente.
Sin duda la débil fiscalización de las empresas sometidas a regulación, así como la debilidad de la promoción y defensa de la competencia contribuyó a los abusos y a las altas tarifas y grandes utilidades que han obtenido las diferentes empresas.
Los problemas regulatorios y la debilidad de la protección de la competencia son cosa de cada día.
En el ámbito regulatorio, destacan los problemas causados por las empresas sanitarias.
En lo referido a las violaciones a la ley de defensa de la competencia destacan la colusión de las farmacias, de los pollos, del confort y recién en diciembre del año pasado la colusión de las cuatro principales empresas productoras de alimentos para salmón, que operan en el país. En el ámbito regulatorio, destacan los problemas causados por las empresas sanitarias. El 2018, 13 empresas sanitarias fueron multadas por la mala calidad del agua que ofrecían. Los vecinos de Providencia recuerdan todavía que el 9 de junio de 2016 el agua socavó el pavimento de Providencia y penetró la línea 1 del Metro afectando además a cientos de vecinos. Agrava esta situación el hecho que la Municipalidad de Providencia había advertido 42 días antes que había detectado una filtración de agua en el mismo sector en que se produjo la catástrofe. La expresión máxima de los problemas regulatorios que afectan al sector fue la catástrofe causada por la empresa ESSAL en Osorno que dejó a cerca de 180 mil personas sin agua durante un prolongado período a partir del 11 de julio del año recién pasado. Más grave resulta el problema si se tiene en cuenta que la empresa ESSAL era controlada por Aguas Andinas, concesionaria en la Región Metropolitana. Entre los problemas identificados aparecen que las altas ganancias se obtienen a costa de que no se están cumpliendo las obligaciones de mantenimiento y reposición de la infraestructura. El marco regulatorio deja en evidencia además una protección insuficiente de los derechos de los usuarios y mecanismos limitados de participación ciudadana en procesos tarifarios y control de gestión de los prestadores. Existe además la necesidad de revisar los procedimientos de fiscalización, la regulación de los precios de transferencia entre las empresas sanitarias y sus empresas relacionadas y un control más efectivo de los programas de desarrollo y de las inversiones de reposición. Todos estos problemas adquieren una dimensión aún más grave si se toma en serio los riesgos que trae al país y al mundo el cambio climático y los problemas de suministro de agua que están afectando gravemente al país. A ello se suma la cooptación de dirigentes políticos garantizando buen trato a las empresas.
Todos estos problemas adquieren una dimensión aún más grave si se toma en serio los riesgos que trae al país y al mundo el cambio climático y los problemas de suministro de agua que están afectando gravemente al país.
Tampoco el sector energético se libra de aparecer como autor de abusos. Los problemas asociados a la sustitución de los medidores tradicionales por inteligentes generó una irritada reacción por parte de la ciudadanía lo que obligó a modificar la iniciativa. Es así como la propia Comisión Nacional de Energía en conjunto con la Universidad Católica fueron taxativos al evaluar el sector de distribución:
Es así como la propia Comisión Nacional de Energía en conjunto con la Universidad Católica fueron taxativos al evaluar el sector de distribución:
Sin embargo, más allá de los éxitos iniciales del sector, con el tiempo la regulación de la distribución ha demostrado falencias en diversos aspectos: complejos procesos tarifarios, calidad de servicio y tarifas desigualmente distribuidas a lo largo del país y expansión a veces poco armoniosa con el medio urbano, el medio ambiente o la comunidad local. A su vez, la regulación no está preparada para enfrentar la incorporación futura de nuevas tecnologías, agentes y servicios (generación distribuida, comercializadores, vehículos eléctricos, “prosumers”1, gestión de demanda, agregadores, almacenamiento, etc.) y por tanto se requiere una actualización para dar un tratamiento adecuado a cada uno de estos agentes, servicios y tecnologías.
Aunque no se expresa con claridad, el mismo informe reconoce que la tasa de costo de capital no se adecúa a las condiciones actuales de riesgo. Más aún, la rentabilidad del 10% fue fijada en tiempos en que el bono en UF del gobierno rentaba 7%, versus en la actualidad que se ubican en torno al 1% lo que exige revisar la rentabilidad de esta industria.
El sistema de Concesiones de Obras Públicas ha contribuido fuertemente a construcción de una infraestructura que compite con ventaja con todos los países de América Latina. Sin embargo, existen serios problemas en la construcción de cárceles, fuertes dificultades en de hospitales y “last, but not least” la catástrofe del Transantiago cuyo efecto se neutralizó, en cierta medida, por la existencia de una empresa pública: el Metro de Santiago. Lo más importante es que el costo de esta infraestructura ha sido en extremo elevado lo cual se ha traducido en que la mayoría de las empresas han recuperado varias veces su inversión.
existen serios problemas en la construcción de cárceles, fuertes dificultades en de hospitales y “last, but not least” la catástrofe del Transantiago cuyo efecto se neutralizó, en cierta medida, por la existencia de una empresa pública: el Metro de Santiago
En el sector financiero las altas rentabilidades son de larga data. Respecto del sector bancario, Bernardita Piedrabuena, en un estudio para el BID reconocía que las autoridades y usuarios del sistema bancario han observado con preocupación la concentración que ha experimentado la banca en los últimos 20 años y sus altas tasas de rentabilidad. Asimismo, existe la percepción generalizada de que dichos fenómenos podrían ser la causa y/o reflejo de una falta de competencia o ejercicio de poder de mercado en el sector. Las AFPs, por su parte, a manera de ejemplo en el período 2013 – 2018 alcanzaron rentabilidades promedio que fluctuaron entre 10% (Plan Vital que apostaba a ampliar su participación en los afiliados y por tanto había ofrecido en licitaciones tasas provisionalmente muy baja) y 100% correspondiente a la AFP Modelo. ¿Cuál es el riesgo (si existe obligación de afiliación) o la eficiencia (si generan tan malas pensiones) que justifica estas rentabilidades?
¿Cuál es el riesgo (si existe obligación de afiliación) o la eficiencia (si generan tan malas pensiones) que justifica estas rentabilidades?
Las altas tarifas y la mala calidad de servicio encuentra sus orígenes en una Constitución que pone el derecho de propiedad y la libertad de emprendimiento por encima del resto de los derechos económico – sociales. Esto ha quedado en evidencia a manera de ejemplo, cuando se le quiso dar al SERNAC atribuciones para poder sancionar debidamente a los infractores (las grandes empresas), el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional esta medida (ya habiendo sido aprobada por las dos Cámaras del Congreso), amparándose en que «solo los tribunales pueden imponer sanciones». Del mismo modo, pese a que 7 de enero del 2020, 24 senadores votaron a favor de la Reforma Constitucional que declaraba el agua como un bien de uso público, y sólo 12 en contra, la reforma fue rechazada. Una vez más operan los quórums constitucionales en contra de la mayoría de Chile.
Las altas tarifas y la mala calidad de servicio encuentra sus orígenes en una Constitución que pone el derecho de propiedad y la libertad de emprendimiento por encima del resto de los derechos económico – sociales.
Del mismo modo, pese a que 7 de enero del 2020, 24 senadores votaron a favor de la Reforma Constitucional que declaraba el agua como un bien de uso público, y sólo 12 en contra, la reforma fue rechazada. Una vez más operan los quórums constitucionales en contra de la mayoría de Chile.
Otro elemento relevante que explica la debilidad regulatoria y de fiscalización es el trastocamiento de lo que se considera la misión de las agencias reguladoras y fiscalizadoras. Las modificaciones que han experimentado algunas entidades regulatorias han estado guiadas por una visión de la regulación que pone en el mismo nivel el interés de las grandes empresas y de los usuarios, eludiendo enfrentar la asimetría básica que existe entre ellos. Se trata de una visión que echa por la borda el sentido fundamental de la intervención reguladora del Estado que consiste en neutralizar el poder monopólico de la empresa prestadora de servicios. Fuente ideológica de esta manera de comprender el rol regulador del Estado es la ortodoxia neoliberal.
Otro elemento relevante que explica la debilidad regulatoria y de fiscalización es el trastocamiento de lo que se considera la misión de las agencias reguladoras y fiscalizadoras.
Fuente ideológica de esta manera de comprender el rol regulador del Estado es la ortodoxia neoliberal.
Finalmente, es también importante destacar la captura técnica de los reguladores. Con el argumento que la regulación es solo un problema técnico, se busca que las distintas entidades reguladoras queden separadas de la autoridad democráticamente elegida. Como consecuencia de ello, los funcionarios tienen como interlocutor único a las propias entidades reguladoras con cuyos ejecutivos conforman con frecuencia una comunidad científica lo que con facilidad conduce a la captura técnica. A esto se agrega que en general los reguladores, tienen como principal opción laboral trabajar para las empresas reguladas una vez que se abandonan las posiciones rectoras de los entes reguladores, lo que lleva a “hacer méritos” favoreciendo a los regulados.
Con el argumento que la regulación es solo un problema técnico, se busca que las distintas entidades reguladoras queden separadas de la autoridad democráticamente elegida.
