En la víspera de un debate sobre la nueva Constitución – que espera una tregua de la pandemia – se acumulan viejos y nuevos argumentos acerca de la necesidad y características de un Tribunal Constitucional como órgano contralor del cumplimiento de la Carta Magna. En la antesala crece el ruido por denuncias de funcionarios del organismo que apuntan a conductas indebidas de su actual Presidenta, María Luisa Brahm, designada por Sebastián Pinera en su primer mandato (2013) hasta marzo de 2022.
Más allá del debate de fondo en que han marcado y marcan posiciones constitucionalistas de diversas posturas, se puede revisar la trayectoria del organismo que ha ido mutando desde sus orígenes en los años setenta, con modificaciones sustantivas durante tiempos de la dictadura (en los 80) y luego rectificaciones en la transición democrática(2005). El Tribunal Constitucional (TC) que opera como ente colegiado de diez integrantes designados por los tres poderes del Estado para un período de nueve años, registra actualmente una rotación que implica ejercicios de titulares que finalizan su gestión en 2022, 2024 y 2027, con la excepción de Rodrigo Pica Flores que ocupó el cargo sólo por algo más de un año en reemplazo del integrante designado por la Corte Suprema, Domingo Hernández, quien cesó en funciones por alcanzar el límite de edad para ejercer legalmente.
Continúa en el debate el límite de las jerarquías constitucionales que se pueden establecer entre la letra de la propia Constitución y las normas supeditadas. La constitucionalidad de las leyes antes de su promulgación ha sido un factor de debate mayor en circunstancias tan específicas y actuales como el del retiro del 10% de los fondos previsionales aprobados mayoritariamente por el parlamento. Son de su ocupación también las medidas acordadas por la Corte Suprema, las Cortes de Apelaciones y el Tribunal Calificador de Elecciones. No es menor su responsabilidad en la tramitación de reformas constitucionales y eventuales reclamos en caso de que el Presidente de la República no promulgue una ley aprobada por el parlamento o respecto de decretos supremos.
Ciertamente lo esencial del organismo marca límites en su justicia constitucional, en la medida que no legisla, pero debe ejercerla. Como lo han experimentado numerosos grupos organizados, el TC determina la constitucionalidad de movimientos, organizaciones o partidos políticos, además de pronunciarse ante eventuales inhabilidades, incompatibilidades y causales de cesación en el cargo de parlamentarios.
Con los pies en el barro
Sin embargo, lo que hoy hace ruidos molestos en la poderosísima institución constitucional es una tensión interna que involucra a su presidenta María Luisa Brahm ante denuncias de amenazas y abusos realizadas por funcionarios del organismo. Todo comenzó a destaparse cuando el administrador del TC, Rubén Quezada denunció ante la secretaria del organismo, María Angélica Barriga, un allanamiento ilegal del edificio central ubicado en Huérfanos 1234 que habría sido autorizada por Brahm. El hecho ocurrido en las vacaciones de 2020 no habría sido denunciado antes por amenazas de despido realizadas por la propia María Luisa Brahm.
En palabras de María Angélica Barriga la denuncia, a ser investigada por el Ministerio Público, se fundamenta en que una diligencia de allanamiento debería contar con una orden judicial, o con la autorización de cada unos de los jueces integrantes para que sus pertenencias fueran revisadas por personal externo a la institución. Se conoció una primera reacción de María Luisa Brahm justificando el hecho como un ingreso de personal de seguridad para revisar eventuales “falencias” en el edificio institucional, en circunstancias que el vehículo registrado en el estacionamiento pertenece a policía civil.
El entredicho provocó inmediatas reacciones de integrantes del TC, como el ministro José Ignacio Vásquez quien calificó de ilegal e irregular el denunciado ingreso de funcionarios policiales a sus despachos, sin aviso alguno y en circunstancias de ignorarse la presunta existencia de delitos flagrantes. Todo parece más delicado por la exigencia de silenciar el hecho a guardias y gendarmes que fueron testigos.
Los adjetivos acentúan la polémica originada por la denuncia contra Brahm configurando los presuntos delitos de violación de morada y usurpación de funciones.
La Asociación de Funcionarios del Tribunal Constitucional de Chile( AFUTCCH) dirigió una carta abierta al pleno de ministros de TC que apunta a las responsabilidades en los hechos denunciados : “uno de nuestros asociados afirma haber sido víctima de amedrentamientos y de la amenaza de ser despedido en caso de revelar a cualquier otro miembro de la institución, la realización de una diligencia que habría incluido la presencia de personas ajenas a la institución, es que tenemos el deber de manifestar nuestra profunda preocupación y resaltar la necesidad de que estos hechos se aclaren e investiguen”, para finalizar enfatizando en la crisis interna: “ La institución donde trabajamos y obtenemos el sustento para nuestras familias, ha llegado a niveles de deterioro que cada día se agudizan más y la ciudadanía es testigo de todo ello. La larga lista de acontecimientos, disputas y denuncias que ya son de público conocimiento, solo vienen a confirmar una realidad conocida por los funcionarios, esto es que, al interior del Tribunal Constitucional, el abuso y el maltrato se han vuelto un problema recurrente, generalizado y estructural”
El vínculo personal de María Luisa Brahm con Sebastián Piñera es más que conocido y provocó reparos desde el momento de su designación en el cargo en circunstancias que durante su primer mandato se desempeñó como jefa de asesores en La Moneda y ya siendo ministra integrante del TC participó en reuniones donde se abordaron temas de carácter contingente (como consignaba El Mercurio, el 14 de agosto de 2014: “Piñera reúne a excolaboradores en Avanza Chile”). Así el terremoto con epicentro en Brahm no deja indiferentes en la terremoteada Moneda, mientras la Presidenta del TC se ha defendido anunciando, en un pleno del organismo constitucional, que se le imputan hechos falsos y presentaría acciones legales por la filtración con que ardió troya, sin descartar ella una querella criminal…
¿Elemental o no? Ya veremos…
