El gobierno está confundido, vacilante, atemorizado. No logra dimensionar la magnitud de la crisis. Confunde algunos de sus síntomas que inevitablemente acompañan estos estallidos sociales- como la violencia- con las causas, asumiendo que el país está en guerra con saqueadores, vándalos y encapuchados, que buscan sembrar el caos y la violencia, con injerencia de elementos foráneos que apuntan a la desestabilización al gobierno. Y así, más allá de las palabras, enfrenta el clima de agitación social privilegiando el recurso de la represión. Con mano dura, autorizando el uso de armas antimotines que dejan un grave saldo de muertos, heridos (más de 200 personas con graves lesiones oculares) y miles de detenidos. Incluso decretando el Estado de emergencia y sacando las FF.AA. a la calle, como hiciera inicialmente.
La propia decisión del presidente Piñera de convocar inconducentemente al Consejo de Seguridad Nacional (COSENA) para enfrentar la crisis, añadió una pésima señal para la ciudadanía y el sistema democrático.
Pero el ministro de Defensa no le tenía buenas noticias. Las FF.AA. se negaban a salir a la calle sin plenas garantías que no se verían expuestas a inquisiciones o acusaciones de violaciones a los derechos humanos por el uso de la fuerza. .
Pese a lo anterior, el mandatario no ha renunciado a recurrir al concurso de las FF.AA. para intentar reponer el orden y detener las manifestaciones de violencia. Incluso, se afirma en fuentes oficiales, habría intentado reponer el Estado de excepción y sacar nuevamente las FF.AA. a la calle el pasado martes 12 mientras se transmitía en directo por televisión múltiples saqueos e incendios. Con ese propósito citó a varios de sus ministros y retornó a la Moneda, anunciando una intervención para las 10 de la noche. Pero el ministro de Defensa no le tenía buenas noticias. Las FF.AA. se negaban a salir a la calle sin plenas garantías que no se verían expuestas a inquisiciones o acusaciones de violaciones a los derechos humanos por el uso de la fuerza. Y allí el mandatario retrocedió, pronunciando un discurso vacío de contenidos sustantivos- como no fuera su llamado a un acuerdo por la paz- que algunos han equiparado con el mensaje de la doctora Polo (sea cortés, ande con cuidado, edúquese lo más que pueda, respete para que lo respeten…y que Dios nos ampare).
La aguda crisis en curso no se resolverá con la fuerza de la represión sino a través de los mecanismos que entrega la democracia.
La aguda crisis en curso no se resolverá con la fuerza de la represión sino a través de los mecanismos que entrega la democracia.
Chile hoy enfrenta una verdadera rebelión popular en contra de un orden injusto y excluyente. En contra de una institucionalidad que no tan sólo arrastra una ilegitimidad de origen sino también una impronta conservadora y autoritaria. Un modelo económico que tiende a la concentración de la riqueza acentuando profundas inequidades y desigualdades. Es una rebelión en contra de los abusos del mercado, traducidos en diversas formas de colusión, precios excesivos para los servicios básicos, medicamentos y productos esenciales. En contra de la corrupción y malas prácticas políticas.
Chile hoy enfrenta una verdadera rebelión popular en contra de un orden injusto y excluyente. En contra de una institucionalidad que no tan sólo arrastra una ilegitimidad de origen sino también una impronta conservadora y autoritaria. Un modelo económico que tiende a la concentración de la riqueza acentuando profundas inequidades y desigualdades.
Y en más de un sentido, es una rebelión en contra del propio sistema político y su creciente incapacidad para atender, procesar adecuadamente las demandas ciudadanas y darles solución.
Chile requiere de cambios estructurales
Ciertamente se requiere de respuestas institucionales a la altura de la profundidad de la crisis. Por lo mismo parece inútil apostar al desgaste del movimiento social, como aparentemente lo hace el gobierno, según lo ha denunciado el propio senador oficialista José Manuel Ossandón, responsabilizando al equipo asesor del gobierno. O respondiendo sólo con la premura de postergadas y urgentes medidas sociales y económicas del todo insuficientes, como lo ha hecho el gobierno.
O respondiendo sólo con la premura de postergadas y urgentes medidas sociales y económicas del todo insuficientes, como lo ha hecho el gobierno.
No se sale de esta crisis sin una voluntad real de escuchar a la ciudadanía y sus demandas por cambios y reformas estructurales. Es más que evidente que una nueva Constitución no resuelve todas y cada una de las demandas manifestadas, pero genera condiciones para avanzar hacia un nuevo pacto político y social para encausarlas. A condición, por cierto, que ese proceso sea democrático y participativo. La Asamblea Constituyente aparece como el mecanismo que mejor asegura esas dos condiciones. Por cierto no es el único. Existen alternativas, como una Convención, que integre al parlamento con representantes de la ciudadanía. O un nuevo parlamento con facultades constituyentes.
Es más que evidente que una nueva Constitución no resuelve todas y cada una de las demandas manifestadas, pero genera condiciones para avanzar hacia un nuevo pacto político y social para encausarlas.
El gobierno, luego de afirmar que estaba estudiando algunas reformas a la actual carta fundamental, se ha allanado, con no pocas vaguedades, a la idea de que el país requiere de una nueva Constitución, como lo demanda una inmensa mayoría ciudadana. Parece urgente resolver el procedimiento – algo más que un detalle para un vacilante Ejecutivo, sobrepasado por la propuesta de la inmensa mayoría de los alcaldes del país – y resulta ineludible convocar a un plebiscito de entrada, para que sea el pueblo soberano el que decida si quiere una nueva constitución y por cual mecanismo se inclina.
Lo que se vino acumulando en desasosiego, disgusto y hastío social, forzando al oficialismo a una revisión de fondo que acosa, incomoda y marca diferencias al interior de sus respaldos políticos. No puede ser de otra manera cuando las promesas que lo llevaron a La Moneda quedan en el vacío y aparece forzado a responder a demandas por mayor equidad y justicia social, sin desestimar los esfuerzos por una amenazada reactivación económica y un desarrollo inclusivo contra natura de los postulados originales de una parte sustantiva de su sector.
Pero ello no basta. El gobierno está fuertemente golpeado política, social y económicamente y sus obsesiones programáticas han perdido sentido y viabilidad. Lo que se vino acumulando en desasosiego, disgusto y hastío social, forzando al oficialismo a una revisión de fondo que acosa, incomoda y marca diferencias al interior de sus respaldos políticos. No puede ser de otra manera cuando las promesas que lo llevaron a La Moneda quedan en el vacío y aparece forzado a responder a demandas por mayor equidad y justicia social, sin desestimar los esfuerzos por una amenazada reactivación económica y un desarrollo inclusivo contra natura de los postulados originales de una parte sustantiva de su sector.
El país cuenta con los recursos humanos y materiales para asumir este enorme desafío. Ciertamente ello requerirá de nuevos sacrificios de sectores de mayores ingresos, que deberán “meterse la mano al bolsillo hasta que duela” como afirmara, con una cuota de realismo obligado, el presidente de la CPC. Una real disposición de sacrificar parte de los inmensos privilegios de los que ha gozado abusivamente la más que poderosa minoría del 1% más rico del país- donde se incluye el propio mandatario – como otros sectores acomodados, incluyendo buena parte de la elite política.
Y tan relevante como lo anterior, parece haber llegado la hora de revisar el cuestionado y vapuleado “modelo económico” heredado de los tiempos de dictadura y muy tímidamente reformado en los de democracia. No para aplicar políticas proteccionistas que poco o nada ayudan a un país y un mercado pequeño como el nuestro. Tampoco para estatizar esencialmente la economía ni volver simplonamente al insuficiente sistema de reparto en materia de pensiones, sin olvidar la grosería que implica el actual sistema que condena a la miseria a millones de jubilados, en contraste a los privilegios de las instituciones armadas. Son aspectos no menores, distorsionados en la campaña del terror a que acuden sectores ultraderechistas muy activos y cercanos a la demagogia extremista de José Antonio Kast.
Y tan relevante como lo anterior, parece haber llegado la hora de revisar el cuestionado y vapuleado “modelo económico” heredado de los tiempos de dictadura y muy tímidamente reformado en los de democracia.
Sí resulta un desafío mayor superar el agotado Estado subsidiario (validado constitucionalmente) transformándolo en uno de derechos fundamentales que prioricen la igualdad de accesos a servicios esenciales, hoy privatizados al extremo para escarnio de una gran mayoría de la población, con un Estado musculoso y capacidad proactiva en materia económica.
Es en los núcleos esenciales de un nuevo orden constitucional, validado democráticamente, que reside la relevancia de la que se ha transformado en una demanda ineludible para el aislado gobierno. En un país de memoria corta, resalta hoy el rescate que se hace desde diferentes sectores de la sociedad al incipiente proceso de debate constitucional desplegado socialmente a fines del gobierno de Michelle Bachelet, hoy multiplicado en cabildos comunales en un ejercicio democrático que ha acompañado la sostenida movilización social del último mes.
En una crisis de la magnitud actual, con consecuencias económicas y sociales más que desafiantes, se reinstalan debates sustantivos en una diversidad de ámbitos que trascienden la inmediatez y urgencia por un nuevo orden democrático que viabilice el funcionamiento del país en una normalidad que poco tendrá de la de antes de la explosión social cuando Piñera se vanagloriaba por el “oasis” chileno en el conflictivo escenario del continente.
En una crisis de la magnitud actual, con consecuencias económicas y sociales más que desafiantes, se reinstalan debates sustantivos en una diversidad de ámbitos que trascienden la inmediatez y urgencia por un nuevo orden democrático que viabilice el funcionamiento del país en una normalidad que poco tendrá de la de antes de la explosión social cuando Piñera se vanagloriaba por el “oasis” chileno en el conflictivo escenario del continente.
Se suman en la diversidad de demandas cruzadas en medio de la extensa explosión social que alimenta las expectativas de una ciudadanía que sólo teme que la apuesta del gobierno a que esto desfallezca y se retorne a la aparente normalidad, de hace tan poco, tenga éxito.
Diversificar nuestra matriz productiva. Invertir en innovación, ciencia y tecnología, que contribuya a impulsar el crecimiento. Cuidar del medio ambiente y luchar en contra del calentamiento global. Regular de mejor manera el funcionamiento de los mercados y reorientar los incentivos económicos. Dar una mayor centralidad al trabajo y remunerarlo adecuadamente. Asegurar pensiones dignas a los actuales y futuros pensionados, con aportes individuales, patronales y estatales, así como con mayor solidaridad en el sistema de pensiones, diversificando su administración. Avanzar hacia un progresivo sistema tributario, en donde se aporte en proporción a los ingresos y patrimonio, acortando la brecha de las desigualdades. Y avanzar hacia un Estado social y democrático de derechos, en el que el acceso a una educación de calidad y a los bienes culturales deje de ser un privilegio, se suman en la diversidad de demandas cruzadas en medio de la extensa explosión social que alimenta las expectativas de una ciudadanía que sólo teme que la apuesta del gobierno a que esto desfallezca y se retorne a la aparente normalidad, de hace tan poco, tenga éxito.
La democracia interpelada
Son muchas las demandas y grandes los desafíos que le plantea al país esta crisis social que ha desnudado las precariedades de nuestro proceso de desarrollo), y el déficit en materia institucional y política. El país requiere de un urgente giro en ambos sentidos.
No tan sólo el gobierno sino también la oposición están desafiados a buscar respuestas de fondo a una crisis que interpela a nuestro propio sistema político democrático. Los ajustes cosméticos o cambios menores solo prolongarán una crisis mayor. No cabe duda: se requiere de cauces democráticos como condición ineludible. La pregunta es si los actuales protagonistas, que aún no parecen dimensionar la profundidad del proceso en curso, estarán a la altura de esos desafíos. Por el bien del país y la democracia recuperada – con todas las limitaciones evidentes, tras aciagos años de dictadura – el desafío para el conjunto de los actores políticos y sociales es mayor.
Los ajustes cosméticos o cambios menores solo prolongarán una crisis mayor. No cabe duda: se requiere de cauces democráticos como condición ineludible. La pregunta es si los actuales protagonistas, que aún no parecen dimensionar la profundidad del proceso en curso, estarán a la altura de esos desafíos.
La renuncia del actual mandatario, reclamada por amplios sectores de manifestantes, como la propuesta de realizar elecciones anticipadas de gobierno y parlamento conlleva el riesgo de que el remedio sea peor que la enfermedad.
Son demasiados los desafíos y expectativas para un cambio profundo en la sociedad chilena que, entre otros factores, exige de una amplia y libre participación ciudadana (no es menor el creciente consenso para recuperar el voto obligatorio).
El populismo de cualquier signo es un virus presente no tan sólo en nuestra región, como lo demuestran las recientes elecciones en España. Y Bolivia acaba de sufrir un verdadero golpe de Estado, luego que los militares le “sugirieran” al Presidente Morales abandonar el poder.
