Por Eugenio Rivera
Fundación Chile 21
Los gobiernos, las personas y las empresas están ansiosos por volver a la “normalidad”. No es un concepto de fácil definición. Sabemos que no alude a la antigua normalidad (menos aún en nuestro caso, en que la pandemia estuvo precedida por el estallido social). Sabemos además que el camino de salida está repleto de incertidumbres y nos amenazan los peligros de tomar caminos equivocados. Ciertamente esa nueva normalidad dependerá de la intensidad y prolongación de la crisis en curso.
En nuestro caso el Gobierno ha tomado medidas insuficientes, en particular respecto de las personas y empresas más vulnerables, anunciando un fuerte ajuste fiscal para lo que queda de este y el próximo año.
En ese contexto, el debate internacional ha dejado en evidencia que la salida de la crisis presenta al menos dos etapas (que pueden traslaparse): la primera concentrada en la contención de la enfermedad y en el esfuerzo del Estado por sustituir los ingresos de las personas que han perdido el empleo, ayudar a sobrevivir a las Mipymes y generar mecanismos de crédito prefrencial para enfrentar la crisis. La segunda etapa apunta a reanimar la economía. Pese a que el gobierno ha anunciado un retorno seguro pronto, lo cierto es que está aprobando mal la primera fase y existen dudas de que en la segunda fase logre contribuir a una recuperación rápida y potente. Valga constatar que en la mayoría de los países desarrollados se reconoce que, al estar en juego la vida de las personas, la sobrevivencia de las empresas y la paz social es necesario aceptar un fuerte incremento del déficit fiscal y de la deuda pública. En nuestro caso el Gobierno ha tomado medidas insuficientes, en particular respecto de las personas y empresas más vulnerables, anunciando un fuerte ajuste fiscal para lo que queda de este y el próximo año.
Hacia una “nueva normalidad” sanitaria.
¿Cómo define el gobierno la “nueva normalidad”? Hasta hoy se limita a formular declaraciones genéricas: gradual (retorno a clases, reapertura del comercio y regreso de los funcionarios públicos) con medidas sanitarias de protección, mientras se convive con la pandemia. Como incluso han indicado políticos oficialistas, es difícil proponer un retorno seguro si aún no se llega al peak del contagio.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha sido precisa en definir las condiciones para volver a la normalidad (http://www.euro.who.int/en/media-centre/sections/statements/2020/statement-transition-to-a-new-normal-during-the-covid-19-pandemic-must-be-guided-by-public-health-principles)
- Evidencia que muestre que la transmisión COVID-19 está controlada.
- Existencia de capacidades de salud pública y de sistemas de salud, incluidos hospitales, para identificar, aislar, probar, rastrear contactos y ponerlos en cuarentena.
- Minimización de los riesgos de brote en entornos de alta vulnerabilidad, especialmente en hogares de ancianos, centros de salud mental y personas que residen en lugares con mucha gente.
- Establecimiento de medidas preventivas en el lugar de trabajo, con distanciamiento físico, instalaciones para lavarse las manos y etiqueta respiratoria;
- Que los riesgos de importación se pueden gestionar;
- Que las comunidades tienen voz y estén involucradas en la transición.
El caso de España es revelador. Se ha anunciado un proceso de 4 etapas, de dos semanas cada una, que permitiría entrar en la nueva normalidad hacia fines de junio: Fase 0: preparación para la desescalada; Fase 1: Inicio parcial de ciertas actividades; Fase 2: Apertura de locales con limitación de aforo; Fase 3: Flexibilidación de la movilidad general y “nueva normalidad” en que se mantienen las medidas de higiene y distanciamiento.
En el caso de Chile, si bien el número de muertes, comparativamente, aparece bajo, el ritmo de contagio sigue siendo alto. Inquieta que se extiende a comunas vulnerables en que la cuarentena resulta más compleja que en el barrio alto. No existe evidencia, tampoco, de que haya definiciones respecto de las medidas que se deben tomar para un regreso seguro al trabajo. Particular debilidad, aparece en lo relativo a la participación de las comunidades. Incluso, desde la salud primaria, se escuchan voces cuestionando que no se haya utilizado el potencial existente.
Más allá de eso, la experiencia internacional deja en evidencia que existen dos tipos contrastados de regreso a la normalidad.
El modelo positivo es Nueva Zelandia. Este país ha anunciado el 27 de abril la reapertura gradual de las ectividades, luego de que el 28 de febrero apareciera el primer contagiado. Sus medidas fueron estrictas: el 19 de marzo se cerraron las fronteras, con la ventaja de ser una isla; cuatro días después se decretó un confinamiento total de los 4,8 millones de habitantes a partir del 25 de marzo, salvo locales de abarrotes y farmacias y el transporte público quedó reservado para los trabajadores de servicios esenciales. Tuvo lugar una masiva realización de test preventivos (8 mil diarios hasta totalizar 124 mil). Last but not least, Jacenta Ardern, primera ministra, logró encabezar una campaña contra la enfermedad que incluyó al gobierno y a la oposición, manteniendo una fluida comunicación con los ciudadanos. Dispuso un fondo de US$ 5400 millones para subvencionar a un millón y medio de trabajadores, decidiendo donar el gabinete un 20% de su salario en los próximos seis meses.
El modelo negativo lo lidera, sin duda, Estados Unidos. Sin liderazgo nacional, con un presidente errático, inconsistente e incoherente que impide la unificación del país contra la pandemia. Perdió más de un mes y medio antes de tomar las medidas necesarias contra la enfermedad. Con un sistema de salud desestructurado, cuyo sector público ha estado sujeto a recortes presupuestarios. En la actualidad enfrenta una situación peligrosa pues al carecer de una política nacional de confinamiento, permite que los diferentes estados tomen decisiones parciales para reabrir la economía sin existir las condiciones suficientes, lo que puede aumentar el ritmo de contagio y abrir las puertas a un rebrote significativo de la enfermedad. No es casual además que muchas personas estén sufriendo escasez de alimentos en el país más poderoso del mundo.
un presidente errático, inconsistente e incoherente que impide la unificación del país contra la pandemia.
No es casual además que muchas personas estén sufriendo escasez de alimentos en el país más poderoso del mundo.
Contrasta también la experiencia estadounidense con el caso alemán, que cuenta con un liderazgo potente en la canciller Merkel, capaz de forjar amplios consensos y trabajar estrechamente con estados y gobiernos locales, una amplia confianza en sus universidades e instituciones científicas que ha permitido testeos masivos. Pese a su estricta tradición fiscal, ha destinado recursos cuantiosos para salir en auxilio de la población y las empresas. Ello ha permitido una bajísima tasa de mortalidad.
Contrasta también la experiencia estadounidense con el caso alemán
Pese a su estricta tradición fiscal, ha destinado recursos cuantiosos para salir en auxilio de la población y las empresas.
¿Cómo se ven las perspectivas de una recuperación económica?
Las expectativas para las diferentes economías no pueden ser halagueñas. Mientras que en la crisis del 2008 hubo 45 países en recesión, esa cifra alcanza a más de 80 en la actualidad. En términos generales los estudios prospectivos que van apareciendo resultan crecientemente negativos. A manera de ejemplo, la Oficina de Presupuesto del Congreso de los Estados Unidos dió a conocer el 24 de abril sus proyecciones para la economía de ese país y si bien coincide bastante con el FMI en que el PIB caería un – 5,6% (-5,9% según el FMI) en el año 2021 espera un crecimiento de 2,8%, muy por debajo de los estimado por el organismo internacional (4,5%). En cuanto al desempleo se espera que suba desde un 3,8% en el primer trimestre a un 14 y 16% en el segundo y tercer trimestre respectivamente. Para el presente año se proyecta un déficit fiscal de 17,9% del PIB y un 9,8% para el 2021. La deuda pública pasaría de 79% del PIB en el 2019, a 101% en el presente año y a 108% en el 2021. Se prevé que la deuda relativa al PIB sea 20 puntos porcentuales más alta a fines de 2020 y 26 puntos más a fines de 2021 que en las proyecciones de referencia de marzo de la Oficina de Presupuesto del Congreso. Las proyecciones de los otros países desarrollados no son muy diferentes.
Las expectativas para las diferentes economías no pueden ser halagueñas.
Las proyecciones de los otros países desarrollados no son muy diferentes.
En este contexto, para un país como Chile altamente dependiente del comercio exterior, no es posible esperar estímulos importantes desde el lado de las exportaciones. Estas vienen cayendo sistemáticamente desde el primer trimestre del año pasado y respecto a marzo del 2018 han caído en un 10%. En la formulación del presupuesto del presente año las estimaciones respecto del precio del cobre se ubicaban en torno a US$ 2,8 la libra; en el Informe de Política Monetaria del Banco Central, cuyos pronósticos respecto de la economía chilena en el 2020 se consideraron optimistas, el precio esperado del cobre para este año es de US$ 2,15 la libra. Estos antecedentes indican que la recuperación económica va a enfrentar grandes dificultades.
En este contexto, resulta dificil entender las medidas que está tomando el gobierno. Respecto de 30% de trabajadores informales el Bono Covid 19 no sólo fue mínimo ($50 mil por miembro de la familia) sino que se retrasó su entrega. El recién anunciado proyecto de ley que entrega un ingreso de emergencia a las familas vulnerables es absolutamente insuficiente. Propone 3 aportes extraordinarios al 60% más vulnerable. Para los hogares que pertenezcan al 40% más vulnerable el aporte será de 65 mil pesos por persona el primer mes, el 85% de ese aporte en el segundo mes y el 70% en el tercer mes. La lógica de esta reducción del subsidio es incomprensible. En los subisdios de desempleo, se utiliza en general esta fórmula para estimular que los afectados busquen empleos. En las actuales circunstancias la pérdida masiva de empleo poco y nada tiene que ver con los deseos de trabajar. Para los que se encuentran entre el 40 y 60% de los hogares más vulnerables el aporte será de 2/3 de la cantidad establecida para el primer 40%.
En este contexto, resulta dificil entender las medidas que está tomando el gobierno.
La lógica de esta reducción del subsidio es incomprensible.
En las actuales circunstancias la pérdida masiva de empleo poco y nada tiene que ver con los deseos de trabajar.
A lo paupérrimo de la suma, se agrega un proceso burocrático extremadamente engorroso. En efecto, el aporte deberá ser solicitado por algún integrante del hogar en el ministerio de Desarrollo Social o el IPS dentro de los 70 días corridos luego de la publicación de la ley. La subsecretaría de Evaluación Social elaborará las nóminas de beneficiarios y la subsecretaría de de Servicios Sociales ordenará su pago, el cual será realizado por el IPS.
A lo paupérrimo de la suma, se agrega un proceso burocrático extremadamente engorroso.
Como ha anotado Ramón López en una columna reciente, estos sectores representan un parte importante de la demanda que buscan satisfacer las pequeñas y microempresas. Si ello se suma a que todavía no existen instrumentos para apoyar a los sectores no bancarizados de la empresa, la destrucción de estas actividades puede ser muy importante.
En este contexto, de suyo preocupante, la Dirección de Presupuesto estima la caída del gasto de capital del sector público al primer trimestre del presente año en -12,3%. Por otra parte, se han aplicado dos ajustes. El primero redujo los gastos en US$ 458 millones y el anunciado el 28 de abril lo reducirá en US$ 2055 millones equivalente a una caída de 3,9% respecto del presupuesto aprobado por el Congreso. Esta reducción implica una menor inversión pública (56% de reducción), menores gastos en personal, eliminación de programas como el de becas Chile para el extranjero, menores transferencias corrientes y de capital. Más allá de que algunas reducciones corresponden a gastos que no se pueden realizar en el contexto de la crisis, preocupa la caída de la inversión, la postergación de la entrega de subsidios habitacionales y la no contratación de nuevos funcionarios, contribuyendo al aumento del desempleo y debilitamiento de la demanda.
US$ 458 millones y el anunciado el 28 de abril lo reducirá en US$ 2055 millones equivalente a una caída de 3,9% respecto del presupuesto aprobado por el Congreso. Esta reducción implica una menor inversión pública (56% de reducción)
Más allá de que algunas reducciones corresponden a gastos que no se pueden realizar en el contexto de la crisis, preocupa la caída de la inversión, la postergación de la entrega de subsidios habitacionales y la no contratación de nuevos funcionarios, contribuyendo al aumento del desempleo y debilitamiento de la demanda.
En este contexto, es probable que el pronóstico del Fondo Monetario Internacional de que la economía chilena caería en -4,5% resulte optimista.
En este contexto, es probable que el pronóstico del Fondo Monetario Internacional de que la economía chilena caería en -4,5% resulte optimista.
