Curioso que los sectores más duros de la derecha disparen contra el ministro Blumel, acusándolo de no garantizar el orden público, mientras desde la izquierda intentan una acusación constitucional por el uso desmedido de la fuerza implementada por Carabineros para reprimir las manifestaciones sociales.
Más curioso que ambos sectores esgriman buenos argumentos para sostener sus acusaciones. Las fuerzas de orden y seguridad aparecen sobrepasadas y tal como ha quedado en evidencia no tan sólo a partir de hechos recientes (la golpiza a un manifestante transmitida por televisión), las fuerzas policiales han desplegado un uso desmedido de la fuerza para reprimir manifestaciones legítimas de la ciudadanía, dejando centenares de mutilados, decenas muertos y miles de lesionados, en tanto se multiplican hechos de violencia en la forma de saqueos, incendios, ataques a estaciones de metros y barricadas.
Sin lugar a dudas a quién le corresponde la responsabilidad de garantizar el orden público es al gobierno. En especial al ministro del Interior, de quien dependen los servicios de orden y seguridad. Pero es más que evidente que el estallido social, en toda su profundidad y extensión, es algo inédito al sobrepasar la capacidad de las fuerzas represivas, quienes vulneran protocolos establecidos y el respeto a los derechos humanos.
No es un dato menor que el estallido social haya encontrado a Carabineros sumido en una de las peores crisis de su historia.
No es un dato menor que el estallido social haya encontrado a Carabineros sumido en una de las peores crisis de su historia. Con graves acusaciones de corrupción que involucran judicialmente a sus últimos principales mandos y archi conocidos crímenes represivos, en el contexto de la torpe “operación jungla” que apuntó a la militarización del histórico y prolongado “conflicto” en la Araucanía. Un radical descabezamiento para reestructurar su alto mando, la muy deficiente labor de inteligencia policial y escasa o nula experiencia para enfrentar un estallido de las dimensiones en estos últimos cuatro meses, marcan su crisis estructural y profunda, acentuada por su descrédito natural ante la ciudadanía
Un radical descabezamiento para reestructurar su alto mando, la muy deficiente labor de inteligencia policial y escasa o nula experiencia para enfrentar un estallido de las dimensiones en estos últimos cuatro meses, marcan su crisis estructural y profunda, acentuada por su descrédito natural ante la ciudadanía
Nada de lo anterior puede justificar ni tan siquiera explicar las numerosas violaciones a los derechos humanos cometidas por las fuerzas policiales en sus esfuerzos por asegurar el orden público. Es inexplicable que las fuerzas policiales optaran por disparar balines al rostro de manifestantes, en vez de hacerlo a sus piernas, provocando mutilaciones oculares a cientos de personas. O que golpeen en el suelo a manifestantes reducidos, reprimiendo manifestaciones pacíficas mientras se inhiben para contener saqueos y otros actos vandálicos.
Diversos informes de organismos internacionales, como Naciones Unidas, la Comisión interamericana de Derechos Humanos y American Watchs, han dado cuenta de una violación generalizada de los derechos humanos por parte de los servicios policiales y la acusación constitucional en contra del ex ministro del interior, Andrés Chadwick, estableció una clara responsabilidad política del gobierno.
Es ciertamente discutible que esta responsabilidad política pueda apuntar al actual titular de Interior, Gonzalo Blumel (al margen de su real viabilidad). En los inicios de su gestión- por lo demás bastante fortuita – junto al titular de Hacienda, manifestó apertura al diálogo, enfatizando la necesidad de una drástica reestructuración del Cuerpo de Carabineros, incluido sus protocolos, condenando los “excesos”, propiciando un esclarecimiento judicial de los hechos denunciados. Claro, del dicho al hecho, bajo la vacilante gestión presidencial, puede acentuarse una gran distancia.
Las dos almas en la derecha
Al interior del gobierno y en su propia coalición, conviven dos almas y sensibilidades enfrentadas entre sí. Una derecha dura, refractaria a los cambios y transformaciones que la inmensa mayoría del país demanda. Que pone su primera prioridad en el restablecimiento del orden público, insistiendo en una controvertida e inconducente agenda de orden y seguridad. Que no está contenta con la forma como el gobierno ha enfrentado el conflicto social y que no aparece disponible a avanzar en un nuevo pacto social que asegure mayor justicia y equidad. Que quiere que todo cambie para que todo siga igual.
Que quiere que todo cambie para que todo siga igual.
Esa es la derecha que se aglutina tras la opción de rechazo al proceso constituyente, que intenta camuflarse con un indeterminado manto “reformista”. Que se enfrenta a los sectores más aperturistas de la derecha y que cuestiona al ministro Blumel, demandando nuevos ajustes ministeriales y rectificaciones en la conducción del gobierno, como lo explicitó el senador Allamand.
Que se enfrenta a los sectores más aperturistas de la derecha y que cuestiona al ministro Blumel, demandando nuevos ajustes ministeriales y rectificaciones en la conducción del gobierno, como lo explicitó el senador Allamand.
José Antonio Kast – con respaldo a sus violentos “republicanos” – ya se declaró en oposición al gobierno.
En clara distancia se insinúa otra derecha, distante de la UDI, representada por la actual directiva de Renovación Nacional y parte de la ambigua Evopolis, más aperturista y dialogante. Sensible a las nuevas demandas ciudadanas, contribuyó decididamente a la suscripción del acuerdo por la paz y una nueva constitución, aprobó la paridad de género y se manifiesta para explorar las posibilidades de un nuevo pacto social (con fuertes críticas de sus aliados) que asuma las nuevas demandas ciudadanas y que busca ofrecer una salida política a la crisis que vive el país.
En clara distancia se insinúa otra derecha, distante de la UDI, representada por la actual directiva de Renovación Nacional y parte de la ambigua Evopolis, más aperturista y dialogante.
Sebastián Piñera aparece hoy día atrapado y paralizado entre estas dos almas o sensibilidades. Dice buscar el dialogo y los acuerdos, pero insiste en priorizar una agenda de orden y seguridad, sin abrirse a un nuevo pacto social, económico y político que asuma las nuevas demandas ciudadanas y prefigure un nuevo orden en el país.
Sebastián Piñera aparece hoy día atrapado y paralizado entre estas dos almas o sensibilidades.
Las dos o tres almas en la oposición
En la oposición también parecen convivir dos o tres almas o sensibilidades. Una oposición tributaria de la ex Concertación, el histórico acuerdo entre el centro y parte de la izquierda, que posibilitó el proceso de transición y consolidación democrática. Un balance sin conclusiones en una polémica entre los llamados auto complacientes y auto flagelantes, que debió ceder su lugar a una Nueva Mayoría que no logró constituirse en una nueva coalición, a partir de los “matices” o diferencias en su interior.
Más allá de las obvias diferencias entre la DC y los llamados sectores progresistas o social demócratas (PS, PPD, PRSD), subsisten consensos importantes entre los partidos que integraran la ex Concertación. El más relevante es asumir a la democracia como el espacio y límite de la acción política. Una vocación reformista de cambios y transformaciones gradualista y el reconocimiento de un domicilio común en la centro izquierda, abierto al diálogo y la búsqueda de acuerdos, sin renunciar a la confrontación de ideas y la alternativa de dirimir las diferencias a través de las reglas de la democracia.
Otra de sus almas o sensibilidades está constituida por el Partido Comunista y diversos segmentos de la izquierda con posturas más ortodoxas vinculadas a la tradición marxista que han transitado por opciones de revisión histórica, incluía la de rebelión popular y armada en tiempos de dictadura y su distancia con la Concertación en las primeras décadas de transición democrática, integrándose posteriormente a La Nueva Mayoría, como una fuerza de gobierno leal y comprometida con el programa de gobierno de Michelle Bachelet.
Tras la última derrota electoral, el Partido Comunista asumió una dura y consecuente postura en oposición al actual gobierno. Refractarios a todo diálogo y búsqueda de acuerdos, como no sea en el parlamento (el espacio natural para este proceso), desde el PC surgen lecturas del país viviendo un proceso pre revolucionario, en donde es posible cambiar el sentido de la historia a través de la movilización social, con diferencias a otros sectores opositores para abordar las manifestaciones más violentas ante la represión policial.
Negándose a suscribir el acuerdo por la paz y una nueva Constitución, sosteniendo que no incorporaba ni representaba cabalmente a los actores sociales, protagonistas de la movilización en el país a partir de octubre, el Partido Comunista se manifiesta por la aprobación de una Asamblea constituyente soberana para decidir sobre contenidos y fórmulas de aprobación de la nueva Constitución.
Una tercera sensibilidad está representada por el Frente Amplio, hoy reducido a cuatro partidos, que representa un esfuerzo de renovación de la política, con severas críticas al proceso de transición, una aspiración de constituirse en alternativa a los bloques históricos y no pocas reivindicaciones refundacionales.
Y si bien algunos de sus líderes o sectores concurrieron, con un rol decisivo, a la firma del acuerdo por la paz y una nueva constitución, no parecen disponibles para avanzar en la búsqueda de diálogos o nuevos acuerdos con sectores de gobierno y oposición, manteniendo posturas diversas en relación a la violencia que acompaña a las movilizaciones sociales,
El esfuerzo de los timoneles de ambas cámaras para profundizar el camino de los acuerdos.
El esfuerzo de los timoneles de ambas cámaras para profundizar el camino de los acuerdos.
En uno de sus últimos actos como actuales timoneles de ambas cámaras, que deberán ceder testeras este mes de marzo, convocaron al conjunto de partidos que firmaron el llamado acuerdo por la Paz y una nueva constitución, el pasado 15 de noviembre.
El objetivo central de la cita era entregar una señal política orientada a reforzar la necesidad que el plebiscito del próximo 26 de abril se desarrolle en forma pacífica, en medio de las advertencias que han formulado desde Chile Vamos como desde el gobierno respecto de la posibilidad de que eventuales hechos de violencia cuestionen la realización de la votación. Todo esto en el contexto que la Dirección de Inteligencia de la Defensa ha incorporado como “hipótesis de trabajo”, la posibilidad que existiesen ataques a la infraestructura critica de cara al plebiscito, “con el propósito de desestabilizar todo el proceso que se está llevando a cabo”.
A la cita no concurrieron todos los partidos firmantes del acuerdo. De manera un tanto inexplicable, no concurrió el Presidente del Partido Radical, argumentando que “no estaban claramente perfilados los objetivos de la reunión”. Tampoco concurrieron los representantes de las cuatro colectividades que hoy integran el Frente Amplio, advirtiendo del riesgo “que los partidos caigamos en el juego de sectores de la derecha. De generar incertidumbre y atemorizar a la ciudadanía sobre la posibilidad de que se realice el plebiscito”.
Y obviamente no asistieron el PC y sectores de la izquierda que no suscribieron el acuerdo del 15 de noviembre.
Pero, claramente el objetivo principal de la cita no era tan solo para condenar todo tipo de violencia. La violencia policial, como quedara reflejada en un reciente video que se viralizara a través de las redes social y fuera reproducido por la televisión pública, así como “la violencia, el vandalismo y los matones armados” a los que se refiriera el timonel del PPD.
En esta iniciativa incidía un intento de acuerdo transversal para un nuevo pacto social, que han venido explorando los partidos de la ex Concertación con el timonel de Renovación Nacional, Mario Desbordes, cuestionada por la UDI y sectores de RN, más allá de los argumentos esgrimidos en su defensa como opción para enfrentar de manera integral la profunda crisis social que hoy vive el país.
Al final, el resultado de la cita tuvo de dulce y de agraz. Los partidos de oposición, junto con rechazar toda forma de violencia, se negaron a suscribir una declaración de apoyo al uso legítimo de la violencia por parte de Carabineros, que podría ser interpretada como un blanqueo a reiteradas violaciones a los derechos humanos por parte de las fuerzas policiales y un doble estándar en relación a grupos de choque, autodenominadas “vanguardia patriótica” o “Piñera línea”, en un símil con la primera línea, que han acompañado a manifestaciones a favor del rechazo y que han recibido un impresentable apoyo y trato deferente por parte de las fuerzas policiales, pese a portar los manifestantes máscaras e instrumentos contundentes empleados contra quienes los rechazan en las calles.
Los partidos de oposición, junto con rechazar toda forma de violencia, se negaron a suscribir una declaración de apoyo al uso legítimo de la violencia por parte de Carabineros, que podría ser interpretada como un blanqueo a reiteradas violaciones a los derechos humanos por parte de las fuerzas policiales y un doble estándar en relación a grupos de choque, autodenominadas “vanguardia patriótica” o “Piñera línea”, en un símil con la primera línea, que han acompañado a manifestaciones a favor del rechazo y que han recibido un impresentable apoyo y trato deferente por parte de las fuerzas policiales, pese a portar los manifestantes máscaras e instrumentos contundentes empleados contra quienes los rechazan en las calles.
Tampoco tuvo demasiada acogida la idea de un nuevo pacto social planteada por los dirigentes de la oposición. Una idea fuertemente resistida por sectores de la derecha y no asumida por el gobierno, pese a la receptividad que ha tenido entre algunos de sus ministros identificados como más aperturistas.
El acuerdo a este respecto fue bastante más modesto y se expresó en la voluntad común de apurar el trámite de la agenda social propuesta por el gobierno, aún cuando el conjunto de la oposición la estima del todo insuficiente para superar la crisis social que vive el país.
Negando que exista un interés por dilatar la tramitación de estos proyectos hasta después del plebiscito del 26 de abril, como lo ha sostenido el senador Andrés Allamand, los partidos de la ex Concertación reafirmaron su voluntad de apurar el trámite de los proyectos-sin comprometer plazos- de ingreso mínimo garantizado, la reforma del sistema previsional y la reforma al sistema de salud, en donde aún subsisten diferencias relevantes con el gobierno, reiterando, sin embargo, que la agenda social propuesta por el Ejecutivo es del todo insuficiente para responder a las demandas sociales.
Una tormenta perfecta
El mundo vive hoy en día lo que los analistas han descrito como “una tormenta perfecta”, en donde se enfrenta una verdadera pandemia que se iniciara en China, expandiéndose rápidamente al continente asiático, llegando a Europa y a los cinco continentes, afectando gravemente la vida cotidiana y la actividad económica global, con graves efectos para nuestra región.
A ello se suma la volatilidad que hoy muestra la economía internacional, agravada por un conflicto entre Rusia y Arabia Saudita, principales proveedores del petróleo mundial, generando el llamado “lunes negro” que impactara las bolsas a nivel internacional.
Lejos de ser inmune a estos fenómenos, la situación nacional se ve agravada por la crisis social que hoy vive el país, que no tan sólo ha tenido un fuerte impacto económico y un alto costo social.
El país enfrenta un complejo escenario económico, político y social, con un gobierno fuertemente debilitado, un sistema político desacreditado, instituciones en crisis y una economía fuertemente impactada por el contexto internacional.
El país enfrenta un complejo escenario económico, político y social, con un gobierno fuertemente debilitado, un sistema político desacreditado, instituciones en crisis y una economía fuertemente impactada por el contexto internacional.
El problema es que el gobierno, que acaba de “celebrar” sus dos primeros años, restándole la mitad más compleja, aún no tiene un diseño para enfrentar de manera integral la crisis social, económica y social que vive el país, insistiendo en priorizar una agenda de orden pública, en desmedro de una agenda social del todo insuficiente para asumir las demandas ciudadanas.
El problema es que el gobierno, que acaba de “celebrar” sus dos primeros años, restándole la mitad más compleja, aún no tiene un diseño para enfrentar de manera integral la crisis social, económica y social que vive el país, insistiendo en priorizar una agenda de orden pública, en desmedro de una agenda social del todo insuficiente para asumir las demandas ciudadanas.
Con toda probabilidad, en el plebiscito del próximo 26 de octubre se impondrá, por amplia mayoría, la opción por la aprobación del proceso constituyente. La interrogante es como se avanzará a partir de este resultado. El proceso constituyente consumirá lo que le resta de mandato al actual gobierno, que hoy aparece como parte del problema antes que de la solución.
El proceso constituyente consumirá lo que le resta de mandato al actual gobierno, que hoy aparece como parte del problema antes que de la solución.
La interrogante, más que razonable, es cómo el país enfrentará los dos próximos años que coinciden con procesos electorales, en aguda disgregación política (33 partidos y varios en proyecto de constitución), crisis económica y fuerte convulsión social.
