La defunción fue anunciada de manera unilateral por el flamante canciller del nuevo gobierno colombiano, Carlos Holmes Trujillo. Colombia ha tomado la decisión política de retirarse de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR), al considerar que esa organización se ha convertido en un “cómplice de la dictadura venezolana”, así lo señaló en su primera comparecencia ante la prensa de su país.
Iván Duque ha asumido el poder a la sombra de su mentor político, el ex Presidente y actual senador Álvaro Uribe, que hoy aparece como el liderazgo más relevante de Colombia, obligando al nuevo mandatario a marcar su propio sello e independencia en el ejercicio del cargo.
Una tarea nada fácil. Sobre todo luego de escuchar el discurso del presidente del Congreso, Ernesto Macías (un reconocido uribista) en el acto de la toma de posesión del nuevo mandatario. Allí, junto con proyectar un balance más bien catastrofista de la herencia dejada por el gobierno anterior, se encargó de detallar, una a una, las tareas próximas, que no son otras que las propuestas por el ex mandatario Álvaro Uribe.
Entre esas políticas se incluye la reformulación de los acuerdos de paz con las FARC (en especial los referidos a la llamada justicia transicional), que bien puede amenazar dicho proceso y dificultar al extremo las negociaciones actualmente en curso con el FLN. Se suma una postura de clara confrontación con el régimen chavista y la regulación del proceso migratorio.
El nuevo gobierno ha iniciado una fase de consultas con otros integrantes de UNASUR, los de mayores afinidades políticas, para adoptar una postura común, advirtiendo que si ellas no prosperan, igualmente Colombia se retirará del organismo, tal cual lo prometió Duque durante la reciente campaña presidencial.
Los gobiernos de centro derecha seguirían el ejemplo de Colombia
No sería Colombia el único país en abandonar este bloque suramericano, creado en el año 2008, a propuesta del fallecido Presidente venezolano Hugo Chávez. Cuando apuntaba a contrarrestar la influencia excesiva de los EE.UU. en la región y en la propia Organización de Estados Americanos (OEA), de la cual la potencia es su principal contribuyente.
Argentina, Brasil, Chile, Perú y Paraguay, ya habrían adoptado una similar decisión, según lo indica un comunicado enviado por la cancillería brasileña a los ministros de ese país. “UNASUR trabaja por consenso, pero las diferencias entre los puntos de vista político y económico de sus miembros son tan grandes que ya no puede operar” afirmó un diplomático peruano que solicitó no ser identificado.
La versión, aún no reconocida por los gobiernos de centro derecha que integran el llamado “grupo de Lima”, que han protagonizado la ofensiva diplomática en contra del régimen venezolano (entre ellos el chileno), cobra verosimilitud tras la prolongada parálisis que experimenta UNASUR, ante la imposibilidad de arribar a un consenso para designar un nuevo secretario general de la instancia, luego que Ernesto Samper cesara en sus funciones en el mes de enero de 2017 y cuando el gobierno ecuatoriano, que cedió las dependencias en donde funciona el organismo, ha solicitado su devolución para destinarlo a otros fines.
Todo sucede cuando Bolivia, integrante del Acuerdo Bolivariano para los Pueblos (ALBA), aliado natural de Venezuela, ocupa la presidencia pro tempore de la instancia. Pese a sus múltiples esfuerzos diplomáticos y políticos, el gobierno de Evo Morales no ha logrado destrabar el conflicto, mientras se acentúan las diferencias de los gobiernos de centro derecha, que han asumido recientemente el poder en la región (entre ellos Iván Duque en Colombia y el propio Sebastián Piñera en Chile) con los que integran la Alianza Bolivariana, con excepción del ecuatoriano Lenin Moreno, que contempla solicitar su inclusión en la Alianza del Pacífico, que une a Colombia, Chile, Perú y México.
La declinante integración latinoamericana
De concretarse el retiro de estos gobiernos, ello marcaría un nuevo fracaso en el declinante proceso de integración latinoamericano. Pese a los reiterados esfuerzos del Secretario General de la OEA, Luis Almagro, y las presiones del gobierno estadounidense, la organización regional ha sido incapaz de fijar una posición común sobre la crisis venezolana. La famosa clausula democrática de la institución no logra trascender su retórica para una aplicación efectiva en situaciones límites, como las que hoy viven Nicaragua y Venezuela.
Por su parte, la CELAC (Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños), creada a partir de la conformación de UNASUR, languidece, desprovista de contenidos y propósitos concretos.
En medio de este desolador escenario – que suma numerosas iniciativas de integración abortadas (algunas subsisten en la inacción) – es posible distinguir la Alianza del Pacífico (generada a propuesta del ex mandatario peruano Alan García, concebida inicialmente como un proceso de integración subregional entre países del área pacífico que compartían importantes consensos en el terreno económico) que ha mostrado un cierto dinamismo en el área del libre comercio, buscando hoy una aproximación a MERCOSUR (los países del Atlántico), favorecido por la llegada al poder de Mauricio Macri en Argentina y de Michel Temer, provisionalmente en Brasil, interesados en avanzar en acuerdos comerciales interregionales, que hoy apenas superan el 20 %, muy lejos del 50 o 60% de la Unión Europea.
El nuevo gobierno mexicano y las elecciones brasileñas podrían configurar un nuevo escenario regional
Falta aún por determinar la posición que asumirá el gobierno de Andrés Manuel López Obrador – que asumirá el próximo 1 de diciembre, luego ganar contundentemente las elecciones mejicanas – en materia de integración regional, definiendo su participación en la Alianza del Pacífico y desde luego, sus históricamente complejas relaciones con Brasil.
Ciertamente, ello dependerá de lo que suceda en las elecciones generales en Brasil, del próximo mes de octubre, manteniéndose alguna incertidumbre sobre la decisión final de los tribunales electorales respecto de la inscripción como candidato de Inacio Lula da Silva(quién lidera las encuestas, pese a estar recluido en una cárcel en ese país).
Luego que el Partido de los Trabajadores decidió explicitar su “plan B – marcando la opción de Fernando Hadad, actual compañero de fórmula de Lula – no son pocos los analistas brasileños convencidos que, de todas maneras, Brasil tendrá un nuevo gobierno de signo progresista. Sea Lula, a quien el PT insiste, porfiadamente, que inscribirá como candidato, o el propio Hadad, en caso que deba reemplazarlo.
Lo que la mayoría de los analistas tiende a descartar es la opción de triunfo de Jair Bolsonaro, el líder de la ultraderecha que hoy marcha en una segunda posición en las encuestas. Así lo estima la social democracia brasileña, que no pierde las esperanzas en que su candidato, Geraldo Alckmin – hoy aparece cuarto en las encuestas – pueda remontar y ganar la presidencia si finalmente Lula no logra materializar su candidatura.
Un gobierno de signo progresista como el que tendrá México a partir del 1 de diciembre, junto a uno de similar signo en Brasil, cambiaría sustantivamente el escenario regional, dominado hoy en día por gobiernos de derecha o centro derecha.
Se abriría así un potencial giro histórico del antagonismo y disputa por la hegemonía que ha marcado el vínculo entre ambos países, hacia una nueva relación de cooperación, de mutuo beneficio.
López Obrador debe lidiar con el gobierno de Donald Trump, sus presiones para modificar el NAFTA y su insistencia en la construcción de un muro fronterizo que debería ser financiado, de una u otra manera, por México. Una nueva relación con sus vecinos del sur podría ser muy beneficiosa para las pretensiones del mandatario mejicano. Y, ciertamente, para Brasil y el conjunto de la región.
