El Tribunal Supremo de Justicia de Estados Unidos decidirá en esta sesión algunos de los casos más controvertidos, y de mayor impacto político y social, incluidos la legalidad del aborto y el porte de armas de fuego. Las decisiones ocurrirán en un tiempo cuando la opinión pública muestra desconfianza creciente hacia las instituciones republicanas que ahora se extiende al Poder Judicial.
Así funciona
El Tribunal Supremo de Justicia de Estados Unidos lo componen nueve jueces designados por el Poder Ejecutivo y confirmados por el Senado. Estos magistrados permanecen en sus cargos de por vida o hasta que renuncien lo cual, supuestamente, les aísla de los vaivenes políticos, las veleidades electorales y las manipulaciones políticas.
Las circunstancias dieron al entonces presidente Donald Trump las oportunidades para designar, y obtener del Senado, la confirmación de tres jueces.
La primera se debió al fallecimiento en febrero de 2016 del juez Antonin Scalia, todo un adalid de los conservadores. El jefe de la mayoría republicana en el Senado, Mitch McConnell, decidió que siendo aquél un año electoral, correspondía postergar la designación de un suplente hasta que el nuevo presidente tomara su decisión. Así, ya con Trump en la Casa Blanca, en abril de 2017 el Senado confirmó al juez Neil Gorsuch, de 54 años de edad.
En junio de 2018, el juez Anthony Kennedy anunció su retiro, y Trump postuló como suplente a Brett Kavanaugh, de 56 años, confirmado en octubre de ese año.
En septiembre de 2020 la jueza Ruth Ginsburg, toda una adalid de los liberales, falleció y Trump postuló como suplente a Amy Coney Barrett, de 49 años. En esta ocasión ¡oh sorpresa! McConnell decidió que no había por qué esperar al resultado de la elección presidencial y el Senado confirmó a Barrett un mes más tarde.
Esta carambola triple ha dejado al Tribunal Supremo de Justicia con una mayoría de seis jueces conservadores y tres liberales. Y dado que los tres nuevos son relativamente jóvenes, puede colegirse que la mayoría conservadora permanecerá, quizá, por décadas.
El aborto
En junio de 1973, con un voto de siete jueces contra dos, el Tribunal Supremo de Justicia anuló una ley de Texas que prohibía el aborto, y declaró que el derecho de una mujer a optar por realizarlo estaba implícito en el “derecho de privacidad” protegido por la Enmienda 14 de la Constitución. El veredicto estipuló que el Estado no podía interferir con la decisión de la mujer.
Asimismo, en su decisión sobre el caso conocido como Roe vs. Wade, el Supremo dividió el embarazo en tres trimestres, declarando que la opción de ponerle fin en los primeros tres meses correspondía exclusivamente a la mujer. En el segundo trimestre, el Estado podría regularlo pero no prohibirlo, y en el tercer trimestre el Estado podía prohibir el aborto a fin de proteger el feto capaz de sobrevivir afuera del útero, con la excepción de casos en que estuviera en peligro la salud de la madre.
El Instituto Guttmacher, que estudia el aborto en EE.UU., ha calculado que en las décadas de 1950 y 1960, cuando el aborto era ilegal, había cada año entre 200.000 y 1,2 millones de interrupciones de embarazos, en muchos casos realizados en clínicas clandestinas o causados por la mujer con riesgos de heridas e infecciones.
Desde 1973, los grupos que se oponen al aborto calculan que ha habido más de 60 millones de estos procedimientos. Una encuesta de FOX News indicó la semana pasada que el 65 % de los estadounidenses quiere que la decisión en Roe vs Wade siga en efecto tal como está.
Una encuesta de Pew Center encontró en mayo que el 59 % de los ciudadanos cree que el aborto debería ser legal en todos o la mayoría de los casos, y el 39 % opina que debería ser ilegal en todos o la mayoría de los casos. Ésta es una divergencia que se acentúa por afiliaciones políticas: el 63 % de los votantes republicanos opina que el aborto debería ser ilegal, en tanto que el 80 % de los demócratas sostiene que debería ser legal.
En años recientes, los estados con gobierno republicano han multiplicado las normas que restringen la operación de las clínicas donde se hacen abortos, o añaden vallas en la decisión de la mujer embarazada.
La batalla en torno a Roe vs. Wade ha sido permanente por casi medio siglo y en esa sesión el Supremo se ocupará de una ley que prohíbe la mayoría de los abortos después de las 15 semanas de embarazo.
La acrimonia del debate y la radicalización de posturas se acentuó recientemente después que el Supremo dejó, temporariamente, en pie una nueva ley de Texas que prohíbe los abortos después de la sexta semana del embarazo. Texas esquivó la veda de interferencia del Estado en la decisión sobre el aborto con el mecanismo ingenioso de transformar a los ciudadanos en informantes recompensados: cualquier persona puede demandar una recompensa de hasta 10.000 dólares si denuncia a quien efectúe un aborto, o ayude a una mujer a obtenerlo, después de la sexta semana de preñez.
Las armas
La Segunda Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, adoptada en 1791 como parte de la Carta de Derechos estipula que “Siendo necesaria una milicia bien regulada para la seguridad de un Estado libre, el derecho del Pueblo a poseer y portar armas no será infringido”.
En el contexto de los primeros años de la república independiente, el derecho de los ciudadanos a poseer y portar armas se consideraba como una disuasión al gobierno inconstitucional, un medio para repeler invasiones, facilitar la defensa propia y permitir que la gente organizara milicias.
La posesión de armas de fuego está arraigada en la cultura estadounidense y se calcula que, en un país con unos 332 millones de habitantes, hay ahora unos 300 millones de esos instrumentos en manos de la ciudadanía.
Y, tal como ocurre con el aborto, la posesión y porte de armas de fuego se ha convertido en décadas recientes en otro asunto que divide a la nación y radicaliza posiciones políticas.
Están quienes defienden a ultranza “el derecho del Pueblo a poseer y portar armas”, y que sin mayor molestia se olvidan de la parte acerca de “una milicia bien regulada”. Este segmento de la ciudadanía también elude las diferencias entre los mosquetes de fines del siglo XVIII y los fusiles del siglo XXI capaces de disparar 45 balas por minuto. Por supuesto, este bando se define a sí mismo como el de “los patriotas”, los defensores de las libertades, la mayor disuasión de los tiranos y los “verdaderos americanos”.
En el otro lado están quienes claman por una prohibición de casi todas las armas de fuego, con unos pocos que hablan de la confiscación de las que consideran más peligrosas, como los fusiles semi automáticos, y los cargadores con capacidad de hasta 35 ó 45 balas para pistolas. Desde este bando se escuchan las estadísticas sobre más de 40.000 muertes causadas, cada año, por armas de fuego (más de la mitad ellas, en suicidios).
El Tribunal Supremo de Justicia escuchará argumentos y decidirá ahora en una demanda iniciada por National Rifle Association (con 5 millones de miembros) contra una vieja ley del estado de Nueva York que impone límites estrictos al porte de armas de fuego afuera del hogar. Será ésta la primera decisión mayor del Supremo sobre la Segunda Enmienda en más de una década, y la primera adoptada por la nueva mayoría conservadora.
Aunque día a día mueren en Estados Unidos personas baleadas por atacantes, o en accidentes o suicidios, el debate acerca de las armas de fuego se reaviva cuando ocurren matanzas esporádicas, repletas de dramatismo, y el mismo debate abate y pasa a segundo plano hasta la matanza siguiente.
El gobierno del presidente Barack Obama intentó alguna legislación sobre las armas de fuego después de matanzas durante su mandato en las cuales murieron niños y maestras. El gobierno del presidente Donald Trump, elegido con la ayuda de la National Rifle Association, también tuvo el impacto de matanzas, pero siendo éste el bando de los “patriotas” y “verdaderos americanos”, nada se hizo al respecto. Y ahora el gobierno del presidente Joe Biden, enzarzado en la pandemia, la inmigración, la inflación que se asoma, un respaldo frágil en el Congreso y la salida atropellada de Afganistán, repite los lamentos y sugiere que algo debería hacerse.
La Asociación de Rifle y Pistola del Estado de Nueva York ha demandado a las autoridades policiales y judiciales de ese estado contra una vieja ley que requiere que los individuos que gestionan una licencia para portar armas afuera de sus hogares “muestren una causa apropiada”.
A dos hombres se les negó esa licencia y la Asociación de Rifle y Pistola, argumentan que “el estado hace, virtualmente, imposible que un ciudadano común y respetuoso de las leyes obtenga una licencia”.
Los grupos que se encabritan contra toda reglamentación de las armas de fuego indican que los estados de California, Delaware, Hawaii, Maryland, Massachuseets, Nueva Jersey y Rhode Island tienen leyes similares, por lo cual la decisión que adopte el Supremo podría tener impacto más allá de Nueva York.
