El Director General de Carabineros. Mario Rozas, ha afirmado que la actuación de Carabineros para contener desmanes y actos de violencia ha sido “ejemplar”, pero también reconoce que se sustancian 14 sumarios administrativos en la institución, por presuntos abusos y uso excesivo de la fuerza, mientras suman por centenares las denuncias de quienes han sido víctimas de la represión policial y militar.
El Instituto Nacional de Derechos Humanos, en uno de sus últimos reportes ha informado que se han registrado 3.193 detenidos, de los cuales 2.177 son hombres, 549 mujeres y 343 menores de edad. La suma de heridos en hospitales llega a 1092. De ellos 546 personas se encuentran en estos recintos por lesiones de armas de fuego, 24 por heridas provocadas por balines y 126 registran lesiones oculares.
La entidad indica que hasta ahora se han presentado 88 acciones judiciales por delitos atribuidos a agentes del Estado, incluyendo cinco querellas por homicidio y 17 por violencia sexual.
Hasta el momento se suman 20 fallecidos, de los cuales cinco son atribuidas a la acción de uniformados (cuatro por militares y uno, el caso de Alex Núñez, por golpes con lumas en el cráneo y tórax, atribuidas a carabineros) y en los otros quince aún queda por determinar sus responsables.
Desde los tiempos de la dictadura no se registraba una represión de estas características y dimensiones a las protestas y actos de violencia bajo un estado de emergencia, con toque de queda y despliegue de las FF.AA. Un hecho inédito para la inmensa mayoría de los manifestantes que tendieron a no tomar demasiado en serio el toque de queda, prolongando las manifestaciones bastante más allá de su inicio ante la impasibilidad relativa y diversa de las FF.AA. y de Carabineros.
Desde los tiempos de la dictadura no se registraba una represión de estas características y dimensiones a las protestas y actos de violencia bajo un estado de emergencia, con toque de queda y despliegue de las FF.AA.
Por otra parte, no deja de llamar la atención la falta de reacción oportuna de Carabineros y de las propias FF.AA. frente a la quema de estaciones de metro, saqueos de tiendas, supermercados, de bienes públicos y privados, así como importantes desmanes en diversas comunas del país y el propio centro capitalino.
Por otra parte, no deja de llamar la atención la falta de reacción oportuna de Carabineros y de las propias FF.AA. frente a la quema de estaciones de metro, saqueos de tiendas, supermercados, de bienes públicos y privados, así como importantes desmanes en diversas comunas del país y el propio centro capitalino.
Tan solo el metro de Santiago reporta pérdidas por más de 380 millones de dólares. Cerca de un tercio de los supermercados de la capital han sido saqueados y quemados, al igual de lo que ocurre con diversos comercios en el país, con pérdidas que aún no han sido cuantificadas.
Y así como las manifestaciones de protesta no dan señales de amainar, tampoco ocurre con diversos actos vandálicos, como el reciente saqueo a un hotel capitalino y la quema de locales en Santa Rosa con Alameda, además de numerosos actos de vandalismo registrados en regiones.
¿Cómo se detiene la violencia? ¿En que puede terminar todo esto? Son preguntas que se plantea con angustia la inmensa mayoría de los chilenos que apoyando las protestas, se distancian de los actos de un vandalismo que, como suele ocurrir, ponen en riesgo su seguridad y la de sus familias, trastocando la vida cotidiana.
¿Cómo se detiene la violencia? ¿En que puede terminar todo esto? Son preguntas que se plantea con angustia la inmensa mayoría de los chilenos que apoyando las protestas, se distancian de los actos de un vandalismo que, como suele ocurrir, ponen en riesgo su seguridad y la de sus familias, trastocando la vida cotidiana.
Pese a estos temores, los problemas para desplazarse a sus lugares de trabajo y las dificultades para retornar a sus hogares, esa mayoría ciudadana no quiere vivir en estado de emergencia, con FF.AA. desplegadas en las ciudades, sin el entrenamiento necesario para contener manifestaciones ciudadanas, con toque de queda y restricciones que traen dolorosas reminiscencias del pasado.
Es más que evidente que la actual crisis no puede ser sofocada en base a la represión y la fuerza. Tan sólo la democracia tiene los mecanismos e instrumentos para asegurar el orden y la seguridad, al tiempo que procesar y acoger las legítimas demandas ciudadanas, buscando acuerdos que las viabilicen.
Es más que evidente que la actual crisis no puede ser sofocada en base a la represión y la fuerza. Tan sólo la democracia tiene los mecanismos e instrumentos para asegurar el orden y la seguridad, al tiempo que procesar y acoger las legítimas demandas ciudadanas, buscando acuerdos que las viabilicen.
El uso excesivo de la fuerza y las violaciones a los derechos humanos
Les corresponde a las autoridades políticas del país, de las cuales dependen los servicios policiales, asegurar la mantención del orden público y la seguridad. Todo ello con apego a la Constitución y las leyes, con irrestricto respeto a los derechos humanos, en base a las normas y protocolos que regulan el uso de la fuerza.
Es más que evidente que las recientes movilizaciones sociales han desbordado la capacidad del gobierno para garantizar la seguridad y el orden público, sin caer en excesos como los que han sido denunciados por el INDH. Nada justifica disparar en contra de civiles desarmados que han dejado muertos y heridos. La detención injustificada de manifestantes, golpearlos con lumas hasta causarles la muerte. O los abusos de connotación sexual denunciados.
Es más que evidente que las recientes movilizaciones sociales han desbordado la capacidad del gobierno para garantizar la seguridad y el orden público, sin caer en excesos como los que han sido denunciados por el INDH.
El Instituto Nacional de Derechos Humanos se ha desplegado a lo largo del país no tan sólo para recoger denuncias y presentarlas a la justicia, sino también en una importante acción preventiva con presencia en las manifestaciones y los propios lugares de detención, velando porque se respeten los derechos de los detenidos. Las denuncias presentadas hasta ahora están basadas en antecedentes serios y documentados y aportan a una investigación judicial que acredite y sancione responsabilidades por estas violaciones a los derechos humanos.
La decisión del gobierno, solicitando a la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos la presencia de una misión a nuestro país para que acredite los hechos y recoja los testimonios de violaciones a los derechos humanos, se orienta en una buena dirección.
Ciertamente Chile vive un estado de conmoción inédita en nuestra historia reciente. Es evidente que no admite punto de comparación con lo vivido durante el régimen militar, en donde las FF.AA. asumieron el control del Estado a través de la fuerza, imponiendo un prolongado estado de excepción, sostenida represión criminal y sistemáticas violaciones a los derechos humanos.
La situación que hoy vive el país es diametralmente distinta. Vivimos en una democracia, con todos sus problemas, insuficiencias e imperfecciones, y tanto gobernantes como gobernados están obligados a respetar la Constitución y las leyes. Y por cierto ello incluye a las fuerzas de orden y seguridad como a las FF.AA.
La situación que hoy vive el país es diametralmente distinta. Vivimos en una democracia, con todos sus problemas, insuficiencias e imperfecciones, y tanto gobernantes como gobernados están obligados a respetar la Constitución y las leyes. Y por cierto ello incluye a las fuerzas de orden y seguridad como a las FF.AA.
El gobierno ha hecho un llamado a condenar los actos de violencia y vandalismo, sin ambigüedades o reservas. Y ello se constituye en un imperativo no tan sólo para el conjunto de los actores políticos sino para el conjunto del país. Con la misma fuerza, tanto el gobierno, como los actores sociales y políticos, incluyendo los medios de comunicación, deben condenar los excesos, las violaciones a los derechos humanos y el uso de la fuerza excesiva.
La responsabilidad política del gobierno
El ahora exministro Andrés Chadwick no puede eludir su responsabilidad política por graves violaciones a los derechos humanos cometidas por agentes del Estado bajo su dependencia para reprimir manifestaciones ciudadanas. Otra cosa muy distinta es cómo dichos agentes deban enfrentar actos de violencia, vandalismo o pillaje como los registrados, que necesariamente debe regirse por un uso proporcional y oportuno de la fuerza.
El ahora exministro Andrés Chadwick no puede eludir su responsabilidad política por graves violaciones a los derechos humanos cometidas por agentes del Estado bajo su dependencia para reprimir manifestaciones ciudadanas.
La Cámara de Diputados ha anunciado la creación de una comisión investigadora de las denuncias de violaciones a los derechos humanos, en tanto que un grupo de parlamentarios anuncia una acusación constitucional en contra del ahora ex jefe de gabinete, cuya responsabilidad se extiende hasta seis meses después de haber vacado en su cargo. En caso de que se apruebe dicha acusación, le corresponderá al Senado resolverla en su mérito.
Algo diferente es, al extender esa responsabilidad política al presidente Piñera, demandar su destitución. Por más que la mayoría del país condene su errática conducción política y quisiera su renuncia, es evidente que una eventual acusación constitucional en su contra no tan sólo parece condenada al fracaso, sino también contribuiría a desviar la atención de demandas crecientemente extendidas – como la de un proceso democrático para una nueva Constitución – polarizaría aún más las posiciones, entrabando la viabilidad de una salida política a la profunda y aguda crisis que enfrenta a nuestro país con una creciente incertidumbre respecto de una indispensable y renovada normalidad democrática.
Algo diferente es, al extender esa responsabilidad política al presidente Piñera, demandar su destitución.
