Tal como lo reconociera el propio presidente Boric, el proceso de instalación no ha estado exento de turbulencias o errores no forzados. El mas serio fue el protagonizado por la ministra del Interior, Izquía Siches, al denunciar que un grupo de venezolanos expulsados del país, había sido devuelto por el gobierno de ese país y su paradero era hasta ahora desconocido. Y se permitió ironizar, felicitando al gobierno anterior por echarle tierra al asunto. Un vuelo que nunca partió, según informaciones posteriores.
Sin lugar a dudas, la ministra fue mal informada. Pero su verdadero error, fue no investigar la grave denuncia. Averiguar el destino de esos inmigrantes y las circunstancias en que fueron devueltos a sus lugares de reclusión. De nada sirve buscar responsabilidades en subalternos o subalternas, que pudieron cometer un error, o incluso inducir a un grave traspié de la autoridad, La responsabilidad sigue siendo de la ministra, que ya ha debido ofrecer disculpas sucesivas por errores no forzados.
Estos errores propios de un proceso de instalación no se pueden minimizar y el gobierno hace muy bien en reconocerlos y ofrecer las disculpas que corresponden, pero no se pueden repetir. Ya no son dirigentes sociales, o políticos. Ahora son autoridades de gobierno, que deben cuidar sus dichos y medir sus actos, por las consecuencias que tienen sobre el país.
Pero tampoco se trata de maximizarlos, como han pretendido sectores de la oposición, anunciando interpelaciones parlamentarias, e incluso, la posibilidad de una acusación constitucional. Que el país recuerde, nunca el mandatario anterior ofreció disculpas por los numerosos, mayores y gruesos errores cometidos durante su administración. Como afirmar que el país estaba en guerra en contra del terrorismo. El malhadado viaje del presidente a Cúcuta para acompañar a Guaidó en su abortado intento de desafiar al régimen de Maduro. O su invitación a los venezolanos a venir al país, con una visa democrática. Estos por nombrar algunos.
A estas alturas, resulta más que evidente que el gobierno no gozará del tradicional período de gracia. El complejo escenario económico descrito con crudeza por las autoridades del Banco Central en su último informe de política monetaria, reforzado por el propio ministro Marcel en su reciente comparecencia en el parlamento, representa un duro desafío para el cumplimiento del programa de gobierno ofrecido al país. Las debilidades y contradicciones al interior de su bloque de apoyo, es otro de sus grandes desafíos. Así como los problemas que hoy enfrenta el proceso constituyente.
El quinto retiro
El gobierno ha extremado sus argumentos para oponerse a un nuevo retiro de los ahorros previsionales, que no tan sólo podrían sumar otros cinco puntos a la inflación, que amenaza con llegar a un 10 % en los próximos meses, sino hacer más gravoso el servicio de la deuda externa y perjudicar a los propios ahorrantes y consumidores, especialmente en los sectores mas vulnerables y mujeres dueñas de hogar que no tienen la posibilidad de un nuevo retiro y que deberán sufrir con mayor rigor el efecto inflacionario. Y afectar el cumplimiento del programa de gobierno ofrecido al país.
El ministro de Hacienda ha dimensionado claramente los nocivos efectos macro y microeconómicos que puede tener un nuevo retiro de los fondos previsionales, Tanto para el país como para las personas y el propio programa de gobierno.
Los argumentos son contundentes y respaldados por la propia experiencia de los efectos de los tres retiros anteriores, advertidos oportunamente por el entonces presidente del Banco Central y titular de Hacienda del nuevo gobierno.
Pero nada parece ser suficiente para convencer a los díscolos parlamentarios del oficialismo (que cruzan transversalmente sus bancadas), fuertemente comprometidos con la idea de los retiros como “una fórmula de paliar la emergencia social generada por la pandemia y hoy agravada por la crisis internacional”. “Mis electores me lo piden y yo no puedo menos que responderles”, son explicaciones recurrentes. “Las ayudas ofrecidas por el gobierno (US$ 3.7000 millones de dólares) son insuficientes y es necesario ayudar a la gente” (aunque no sea la más necesitada y que ya no cuenta con ahorros).” Es la vía mas rápida para terminar con las AFPs”. “Es mejor que los ahorrantes recuperen los ahorros que les pertenecen, antes que una reforme se los expropie”.
Es muy difícil que el gobierno y los partidos de su coalición logren ordenar a sus bancadas parlamentarias para oponerse a un nuevo retiro de los fondos. Ni aún con la fórmula alternativa propuesta por el gobierno para permitir retiros acotados. Como tampoco lo pudo hacer el gobierno anterior, pese a desplegar sus mayores esfuerzos. Y bien pudiera ser que el nuevo gobierno se esté fabricando una derrota muy relevante, que puede tener efectos devastadores no tan sólo en el terreno económico sino también político. Ello habla de una crisis de la política y una forma de parlamentarismo encubierta, que pone una nueva nota de alerta acerca del nuevo sistema político que hoy se debate en la convención.
Tanto los partidos como las bancadas de gobierno deben lealtad al Ejecutivo y responsabilidad frente al país. Que no es lo mismo que la obsecuencia. Una lealtad reflexiva, que pasa por la deliberación, buscando construir los necesarios consensos, velando por el interés superior del país y con un claro compromiso con el programa de gobierno.
El retiro de los ahorros previsionales ha sido reconocido, de manera unánime por los diversos sectores políticos, como una mala política pública, que hace recaer el costo de la crisis en los propios ahorrantes, que quizás pudo tener alguna justificación con el primer retiro “por una única vez”, pero que se fuera desnaturalizando con los retiros siguientes, Con desastrosos efectos para la economía, como lo advirtiera oportunamente Mario Marcel y grave perjuicio para las personas, especialmente de menores ingresos, que se han quedado sin ahorros y condenados a una vejez de pobreza, en base a una pensión solidaria, que debe ser financiada con los impuestos de todos (as) los chilenos (as).
El verdadero desafío que enfrenta el país en esta materia es abocarse, cuanto antes, a la elaboración de un auténtico sistema de previsión social, que garantice pensiones dignas para todas y todos los chilenos. Un sistema mixto, con aportes del Estado, empleadores y ahorrantes, en donde el tema de la administración, y no la propiedad de los fondos, debe corresponderle al Estado.
No se visualiza cómo el tema de los retiros de fondos previsionales pueda contribuir a la construcción de este nuevo sistema de protección social.
La suerte del proceso constituyente
Por otra parte, el proceso constituyente entra en su etapa final y ya está establecida la fecha del plebiscito ratificatorio. No ha estado exento de críticas cruzadas y difundidas encuestas muestran que se fortalece la opción por el rechazo.
El rechazo a la propuesta de una nueva constitución no es la muerte, como ha afirmado el ex presidente Lagos, pero expondría al país a un largo período de inestabilidad institucional y graves tensiones sociales y políticas. Sería muy complejo construir un nuevo consenso institucional, que respondiera a las demandas ciudadanas, en un nuevo parlamento marcado por la disgregación política y en donde la derecha si tendría el derecho a veto que le concede su empate a nivel del senado,
Es más que evidente que desde sus inicios, el proceso ha sido objeto de una intensa campaña de descrédito de parte de una derecha que quedó reducida a su mínima expresión en su postura de rechazo al proceso constituyente y que no alcanzara el umbral del tercio de los convencionales para ejercer un derecho a veto sobre los acuerdos. Por esa razón han buscado fortalecer su opción por el rechazo, incluso con propuestas alternativas al actual proceso constituyente.
A esa campaña se han sumado los poderes fácticos- empresarios y la mayoría de los medios de comunicación, mezclando críticas con manipulación de propuestas no aprobadas por el pleno de la convención, para proyectar la imagen de un engendro constitucional que amenaza las bases mismas de un sistema democrático, termina con la separación de los poderes públicos y amenaza la integridad del país.
No deja de ser sensible que se hallan sumado a esta campaña, con voluntad o si ella, sectores moderados o de centro derecha, que mayoritariamente votaron por la aprobación del proceso constituyente y que hoy, gradual pero claramente, se inclinan por su rechazo.
Pero lo más sensible de todo es que hoy la convención enfrenta el llamado “fuego amigo”. Sectores del actual oficialismo que suman sus críticas al rumbo que ha seguido hasta ahora la construcción de una propuesta de nueva constitución.
Varias de estas críticas, son razonables y opinables (no todas) y aún la convención tiene el espacio y el tiempo para afinarlas y armonizarlas, buscando construir una propuesta que pueda concitar un apoyo ampliamente mayoritario. La fórmula de un bicameralismo asimétrico que se está imponiendo, no puede esconder un unicameralismo encubierto, como ha señalado el presidente del Senado. Un sistema que ha fracasado en la mayoría de los países que registran una alta fragmentación política. Es indispensable asegurar una efectiva separación de poderes y la plena independencia del poder judicial. Y un Estado regional no puede aproximarse al federalismo, muy lejano a la realidad y tradición de nuestro país. El reconocimiento constitucional de las etnias originarias y el carácter pluri nacional de nuestro país debe apuntar a la unidad e integración antes que a la separación o segregación.
El principal desafío que enfrenta no tan sólo la convención constituyente sino también aquellos sectores ampliamente mayoritarios que contribuyeron a entregar una salida política e institucional al estallido social, incluyendo al gobierno, los partidos y organizaciones sociales, es trabajar por el éxito del proceso constituyente, con una propuesta respaldada por una amplia mayoría nacional, que pueda regir los destinos del país por los próximos cuarenta o cincuenta años. Y mecanismos que posibiliten su perfeccionamiento futuro.
Ello exige un ejercicio de responsabilidad y realismo político para discriminar aquellos cambios y transformaciones institucionales que puedan unir y ser aceptados por una amplia mayoría del país, como ha propuesto el presidente, con aquellas propuestas que puedan socavar los estándares democráticos, dividir y polarizar las opiniones y ser de muy difícil, cuando no imposible, su implementación en nuestra convivencia. En ello se juega la suerte no tan solo del proceso sino del país.
