En las últimas declaraciones del Señor Contralor General de la República respecto de las responsabilidades de las diferentes instituciones en el control y fiscalización de las Organizaciones Sin Fines de Lucro, específicamente Fundaciones, entró en contradicción con lo sostenido por la Subsecretaria General de la Presidencia, respecto de si el Consejo de Auditoría Interna de Gobierno era o no un órgano de control.
Esta definición es relevante para sostener la argumentación del contralor respecto de que la Contraloría es tercera línea en la preservación y aseguramiento de la probidad y prevención de la corrupción en que pudieran incurrir los servicios públicos del gobierno central. Por lo tanto, revisaremos lo que señalan las normas legales vigentes sobre la materia.
El artículo 98 de la Constitución y el articulado de la ley orgánica de la Contraloría General de la República le otorgan las facultades y atribuciones para ejercer el control de la legalidad de los actos de la Administración Pública, fiscalizar el ingreso y la inversión de los fondos del Fisco, de las municipalidades y de los demás organismos y servicios que determinen las leyes y examinar y juzgar las cuentas de las personas que tengan a su cargo bienes de esas entidades.
Asimismo, la Contraloría es la encargada de evaluar los sistemas, procedimientos y la estructura de control interno de las entidades y servicios auditados, con el objeto de detectar deficiencias y debilidades, como también se encarga de aprobar las normas sobre control interno que se aplicarán, conforme a lo dispuesto en el artículo 21A de su ley orgánica.
En cuanto a las funciones del Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno (CAIGG), éste es un organismo que actúa como consejo asesor del Presidente de la República, en materias de auditoría interna, control interno, gestión de riesgos y probidad. El Consejo puede colaborar con el Contralor General de la República en la supervisión y evaluación de las auditorías internas realizadas por las entidades públicas; también puede emitir recomendaciones y orientaciones para mejorar la calidad y eficacia de las auditorías y el control interno en el sector público. Pero en ningún caso se constituye como un organismo de control. Al respecto, el artículo 3° del decreto que lo creó, señala:” Las tareas que se asignan al Consejo no podrán afectar ni interferir en modo alguno las funciones que constitucional y legalmente corresponden a la Contraloría General de la República. Asimismo, deberá el Consejo contemplar los mecanismos necesarios para facilitar una adecuada coordinación con el Órgano Contralor”.
Como se observa, la legislación vigente muestra que la Contraloría siempre está en una primera línea en materia de control y fiscalización, al contrario de lo manifestado por el Contralor. Al respecto, un reportaje del 1 de agosto de 2023 del diario La Segunda consigna los 5 errores que habría cometido el señor Bermúdez aún en su propia lógica de última línea:
1) No puso mayor atención a la proliferación de fundaciones, que como lo ha demostrado este medio en nota publicada, ya desde 2020 se produce un incremento de las operaciones de servicios con Fundaciones en el caso de Minvu (Affaire Democracia Viva),
2) La Contraloría General de la República, mediante instructivos, estableció montos muy elevados, por decisión de Bermúdez, para someter a Toma de Razón los actos administrativos que requieren visto bueno de esa entidad contralora para tramitarse: de UTM 2.500, lo subió a UTM 5.000, en ciertos casos, y para otros, los subió desde UTM 5.000 a UTM 15.000 y UTM 20.000;
3) No efectuó un seguimiento contable luego de realizadas las transferencias, siendo que la contabilidad pública es competencia exclusiva de la Contraloría General de la República, según se lo establece la constitución y su ley orgánica;
4) La Contraloría se relajó en ejercer los controles de reemplazo, que es una facultad que se otorga la propia institución contralora para controlar aleatoriamente aquellos actos administrativos que están exentos de toma de razón, de acuerdo con lo normado por la propia institución;
5) Finalmente, se le atribuye un “liderazgo que no olfateo los problemas”, en comparación con antecesores que siempre estaban abiertos a recibir a mucha gente por lo cual detectaba temas que los controles normales no lo hacían.
Al respecto, hay que recordar que el caso Democracia Viva se conoció el 16 de junio de 2023, cuando el medio de comunicación Timeline publicó un reportaje que revelaba los tres convenios firmados entre la fundación y el Serviu de Antofagasta por un total de $426 millones. Sin embargo, en la presentación de julio, en la Comisión de Vivienda y Urbanismo del Senado, el Contralor señaló las acciones desarrolladas por el organismo bajo su conducción a contar del 26 de junio, fecha en que solicita al MINVU antecedentes del caso.
Las acciones del Contralor, en estos dos meses, se han focalizado en defender a la CGR y su gestión, de las sospechas que no cumplió su tarea, estando facultado y empoderado para haber actuado con todo el respaldo que la ley le otorga.
Así, tanto en la Comisión de Vivienda del Senado el 11 de julio, como en la Comisión de Gobierno Interior de la Cámara de Diputados el 1 de agosto, el Contralor efectuó una serie de afirmaciones que se estiman equivocadas respecto del rol que debe jugar la institución que dirige en el control de las malas prácticas de algunos directivos públicos, que podrían conducir a actos de corrupción.
¿Por qué el Contralor afirma que no está totalmente facultado para controlar ciertos actos?
En primer lugar y tratando de ser neutrales en el análisis y documentación de algunas afirmaciones del contralor respecto a sus limitaciones para fiscalizar a las municipalidades, preguntamos al robot Chat IA de Microsoft Bing las atribuciones que esta autoridad posee para fiscalizarlas.
Qué es lo que respondió el robot Chat IA a la pregunta si el Contralor General de la República tiene las facultades para fiscalizar a las Municipalidades.
Respuesta: La Contraloría General de la República es la entidad fiscalizadora superior de Chile, de carácter autónomo y rango constitucional, encargada de ejercer el control de legalidad de los actos de la Administración Pública, fiscalizar el ingreso y la inversión de los fondos fiscales, municipales y de los demás organismos y servicios que determinen las leyes. Además, según el Capítulo X de la Constitución Política, la Contraloría General de la República es un organismo autónomo que tiene como función controlar de acuerdo a la ley los actos administrativos, fiscalizar los gastos del Fisco, las municipalidades y los organismos y servicios estatales, como también llevar la contabilidad general de la nación”.
En particular, en la presentación a la comisión de la cámara referida anteriormente, el Contralor afirma “las transferencias de recursos que realizan las municipalidades no están sujetas a Toma de Razón ni a registro”. Y para tales efectos cita, correctamente, el artículo 53 de la LOC de Municipalidades que exime de la toma de razón a los municipios y la circunscribe a temas que afectan a sus funcionarios.
Pero el Contralor omite el resto del articulado del párrafo 7 del título I de la citada ley[1], que le otorga amplias atribuciones en materia de fiscalización a las municipalidades, sin perjuicio de las facultades que le establece la Constitución, como lo ha señalado nuestro amigo robot Chat IA.
En efecto, el artículo 50 establece que los municipios se regirán por las normas financieras del DL 1.263 de 1975 y en el artículo 51 se señala que las municipalidades serán fiscalizadas por la Contraloría General de la República de acuerdo con su ley orgánica.
Por lo tanto, si bien el artículo 53 dice que las resoluciones que dicten las municipalidades no están sujetas a toma de razón, eso no significa que no exista control previo de la Contraloría, puesto que existen los mecanismos de control de reemplazo, establecidos en el artículo 22 de la Resolución N°7, de 2019, de la Contraloría.
Hay otras inexactitudes de menor relevancia que tienden más bien a establecer una defensa subliminal u oblicua de la actuación de la Contraloría o de su falta de acción oportuna para contener estas situaciones.
Ahora bien, continuando con el rol neutral ya señalado, efectuamos las siguientes preguntas al robot IA respecto del caso convenios, al cual también se refiere el contralor en las presentaciones aludidas anteriormente, respondiendo en cada caso:
¿Conoces el problema de las fundaciones en Chile?
Respuesta: Sí, conozco el problema de las fundaciones en Chile. Se trata de un escándalo de corrupción que involucra a varias fundaciones y gobiernos regionales que habrían defraudado al Estado con convenios irregulares. Según la investigación, algunas fundaciones habrían sido utilizadas como fachadas para desviar fondos públicos a partidos políticos o personas cercanas. Esto ha generado una crisis de confianza en las instituciones y en el rol social de las fundaciones. Sin embargo, también hay muchas fundaciones que trabajan de manera legítima y transparente para solucionar problemas sociales que el Estado no puede cubrir por sí solo. Estas fundaciones necesitan fortalecer sus estándares de gestión y rendición de cuentas, así como demostrar el impacto positivo que generan en la sociedad.
¿Qué responsabilidad tiene el Contralor General de la República en la fiscalización de las fundaciones?
Respuesta: El Contralor General de la República tiene la responsabilidad de ejercer el control, la vigilancia y la fiscalización de los ingresos, gastos y bienes públicos, así como de las operaciones relativas a los mismos. Esto incluye a las fundaciones que manejan fondos o bienes de la Nación, ya sea por convenios, donaciones, subvenciones u otras formas de transferencia. El Contralor General de la República puede realizar auditorías, inspecciones y revisiones fiscales en las fundaciones, así como declarar la nulidad de los contratos que sean irregulares o lesivos para el patrimonio público. Además, puede sancionar a los patronos y directivos de las fundaciones que incurran en incumplimientos o irregularidades en la gestión de los recursos públicos. El Contralor General de la República tiene la rectoría en materia de contratos públicos y emite reglamentos y normas para garantizar la transparencia y eficiencia en las compras públicas. El Contralor General de la República también promueve el control social y ciudadano sobre la gestión fiscal de las fundaciones y demás entidades sujetas a su control.
En el caso específico de las transferencias que efectúan las municipalidades a IPSFL y a corporaciones y fundaciones municipales, el Contralor ha sostenido en la presentación ante la Comisión de gobierno interior de la cámara, que las dichas transferencias las efectúan por montos globales en términos genéricos de forma que la Contraloría no puede actúa porque, no cuenta con plenas facultades para realizarlo. Sin embargo, la misma ley orgánica de municipios, en el Titulo VII, párrafo 1, artículo 117 establece que: “La Contraloría General de la República fiscalizará a estas entidades, de acuerdo con las facultades que le confiere el artículo 25 de su ley orgánica”. Esto es sin perjuicio de las fiscalizaciones que pueda ejercer el consejo municipal, no obstante que las citadas entidades deben rendir cuenta documentada de sus actividades y uso de los recursos, en forma trimestral a la respectiva municipalidad.
Así como se ha ejemplificado, existen varias afirmaciones que efectuó el contralor en sus diversas presentaciones ante las diversas instancias y a la prensa, que podrían ser inexactas y solo buscan eludir la responsabilidad de la mencionada autoridad en el cumplimiento de sus deberes.
Este medio ha efectuado dos informes respecto del caso fundaciones: uno referido al programa de asentamientos precarios del Ministerio de la vivienda y un segundo informe respecto de las transferencias de los gobiernos regionales. Ambas situaciones se encuentran en curso de investigación por parte del Ministerio Público, en un proceso que puede ser de largo aliento. En el intertanto, el Contralor se ha esmerado en blindar la imagen de la institución que dirige, sin aportar resultados específicos de sus auditorías e investigaciones sobre ambos casos, salvo severas declaraciones a la prensa y a las comisiones parlamentarias aludidas: “alarma pública, por el caso convenios”, “no es posible seguir la ruta del dinero público porque la Contraloría no puede acceder a las cuentas corrientes de los organismos públicos”, y” los recursos se diluyen en las cuentas extrapresupuestarias,”, y lo más notable, ha descubierto que la corrupción muta en el devenir del tiempo.
Por tales razones la pregunta planteada en el titular de esta nota sobre ¿Quién controla al Contralor?, tiene una respuesta muy precisa: la Cámara de Diputados, sea por la formación de una comisión investigadora o mediante una fiscalización al actuar del Contralor en todos los casos que han pasado sin pena ni gloria por las páginas de la prensa y que se encuentran en procesos judiciales, entre otros: “el Mal uso de Fondos Reservados del Ejercito”;” Rentas paralelas de Carabineros de Chile”, “caso “Milicogate”, y ahora el caso Fundaciones. Entonces es razonable estimar que la Cámara, previo informe solicitado al área jurídica de la Biblioteca del Congreso, debería tomar la iniciativa de establecer las responsabilidades del ente Contralor.
[1] ART. 50.- Las municipalidades se regirán por las normas sobre administración financiera del Estado.
Artículo 51.- Las municipalidades serán fiscalizadas por la Contraloría General de la República, de acuerdo con su ley orgánica constitucional, sin perjuicio de las facultades generales de fiscalización interna que correspondan al alcalde, al concejo y a las unidades municipales dentro del ámbito de su competencia.
Si en el ejercicio de tales facultades la Contraloría General de la República determina la existencia de actos u omisiones de carácter ilegal podrá instruir el correspondiente procedimiento disciplinario, según lo dispuesto en el artículo 133 bis y siguientes de la ley Nº 10.336, de Organización y Atribuciones de la Contraloría General de la República.
Si como consecuencia de la investigación practicada, la que deberá respetar las reglas del debido proceso, dicho órgano considerase que se encuentra acreditada la responsabilidad administrativa del alcalde, deberá remitir los antecedentes al concejo municipal, para efectos de lo dispuesto en la letra c) del artículo 60.
Artículo 51 bis.- El plazo para hacer efectiva la responsabilidad de los alcaldes y concejales, por acciones u omisiones que afecten la probidad administrativa o que impliquen un notable abandono de deberes, se contará desde la fecha de la correspondiente acción u omisión.
Con todo, podrá incoarse dicho procedimiento, dentro de los seis meses posteriores al término de su período edilicio, en contra del alcalde o concejal que ya hubiere cesado en su cargo, para el solo efecto de aplicar la causal de inhabilidad dispuesta en el inciso octavo del artículo 60 y en el inciso segundo del artículo 77.
Artículo 52.- En el ejercicio de sus funciones de control de la legalidad, la Contraloría General de la República podrá emitir dictámenes jurídicos sobre todas las materias sujetas a su control.
