Cuando este 18 de octubre se conmemoraban en Chile los siete años del estallido social, protestas multitudinarias se manifestaban en París, las que se extendieron a Marsella, Lille, Nantes, Estrasburgo, Lyon, Rennes y Burdeos. Se repiten así movilizaciones que en 2005 encabezaron jóvenes inmigrantes de los suburbios urbanos y luego el 2018 los chalecos amarillos.
Esta vez, como en Chile en el 18-0, la protesta nació de los estudiantes secundarios, movilizados desde septiembre por la falta de medios en los centros escolares. Y se amplió espontáneamente – y gracias a Tik Tok- a los docentes, sindicatos, trabajadores públicos, transportistas y sectores vinculados con el movimiento de los chalecos amarillos. El encarecimiento de la energía y las dificultades para llegar a fin de mes ampliaron el alcance de la convocatoria. Era el estallido social francés.
Las manifestaciones derivaron en disturbios de una violencia inusitada, con asalto a las alcaldías de Limoges y Marsella, saqueo de comercios y destrozos, promovidos por jóvenes procedentes de los barrios más pobres. 1200 detenidos (la mayoría menores de edad), 150 policías heridos y la alcaldía de Limoges calcinada. El presidente Macron acusó a sectores de ultraizquierda, pero, al igual que en Chile, no se ha identificado detrás de esa violencia a ningún organización política ni colectivo extremista.
¿Por qué se protesta, y con tanta violencia, en un país desarrollado, que tiene un alto ingreso per-cápita?
La coyuntura es económica y socialmente preocupante y desafía a la ciudadanía.
El Gobierno había presentado tres días antes del estallido el primer borrador del presupuesto para 2027, que apunta a recortar 43.000 millones de euros de gastos y reducir al 5% la meta del déficit público. Los recortes congelan el salario de los funcionarios, aumentan impuestos a las pensiones más altas y reducen las ayudas estudiantiles y a la vivienda. Presupuesto preocupante, que apunta a reducir el actual elevado déficit fiscal de 5,5% pero que difícilmente mejorará la actual tasa de crecimiento de 0,4% y desempleo de 8,3%.
Pero la rabia acumulada tiene un carácter estructural, porque las desigualdades y la desafección ciudadana recorren años de descontento.
En efecto, hay que tener presente que, históricamente, la socialdemocracia en Francia, y en toda Europa, era sinónimo de Estado del bienestar, lo que fue asumido también por conservadores demócratas. Las políticas se fundaban en la universalización de derechos sociales y laborales, financiados con políticas fiscales progresivas, con aumento de la capacidad adquisitiva de la población, mediante un incremento de las rentas del trabajo. Esto ha llegado a su fin.
La clase política tradicional, con alta responsabilidad de los socialdemócratas, no ha sido capaz de restablecer los niveles de bienestar previos a los años setenta, provocando una evidente desafección por parte de la ciudadanía.
Por una parte, ello se explica por el escaso crecimiento de la economía francesa, el debilitamiento de la industria y el empleo. a lo que se agrega un ostensible predominio del capital financiero.
Por otra parte, no ha existido capacidad para dar respuesta a los procesos migratorios de las últimas décadas lo que ha aprovechado la extrema derecha para acusar a las posturas liberales sobre los impactos negativos de los migrantes, sin que la socialdemocracia haya logrado contrarrestar ese discurso. Es lo que ha permitido avanzar al populismo de estrema derecha de Marine Le Pen, con posibilidad cierta de alcanzar el poder el 2027.
La deriva de la socialdemocracia hacia el neoliberalismo, con el abandono de las metas del Estado del bienestar, se ha traducido en agresivas políticas de austeridad, potenciando el desempleo y exacerbando desigualdades.
Pero, además, la socialdemocracia ha perdido influencia no sólo en el ámbito económico, sino también en el terreno político e ideológico, y la hegemonía cultural, que consiguió durante gran parte del siglo XX ya no es la misma.
La movilización francesa se ha convertido en referente para estudiantes y organizaciones ciudadanas de otros países
europeos, especialmente en Bélgica, Italia y Albania, donde también existen similares reclamos por el financiamiento educativo, y el encarecimiento de la vida.
A final de cuentas la ira que explota en Francia y crece en Europa tiene razones estructurales que se manifiesta en incertidumbre económica, deterioro social y desesperanza de la juventud.
Emmanuel Macron llegó a la presidencia prometiendo superar la división tradicional entre izquierda y derecha, modernizar la economía y reforzar la posición internacional de Francia. Ha fracasado. Un mal manejo económico y los conflictos sociales acumulados han reducido progresivamente su capacidad de gobierno.
Hoy día el centro político ya no es viable y el estallido social ha dejado en evidencia la radicalización política en Francia.
Por una parte, está la extrema derecha francesa, con el Rassemblement National de Marine Le Pen y Jordan Bardella, que ha instalado su discurso sobre la inmigración, inseguridad, pérdida de soberanía e incapacidad de las élites políticas tradicionales para responder a las preocupaciones ciudadanas. Es un mensaje de autoridad que gana fuerza en medio de las movilizaciones y de instituciones incapaces de resolver los conflictos.
Por otra, la izquierda radical, con Jean-Luc Mélenchon y La Francia Insumisa, que ha crecido en la protesta de la juventud y gracias al repudio popular contra el presidente Emmanuel Macron. Melechon se propone transformar el modelo económico y social francés, enfrentando la deriva que condujo al fracaso a la socialdemocracia.
