José Nino Gavazzo. La sed de un represor. Por Odette Magnet

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Muerto hace poco, fue el militar uruguayo que más condenas acumuló durante la dictadura. Secuestró, torturó, asesinó e hizo desparecer a más de un centenar de opositores. Dice no haber arrepentido de nada.

En sus últimos años, tuvo un ovejero pastor alemán de nombre Orco, que significa infierno. Cuando el perro ladraba mucho le ponía un collar que lo inmovilizaba al intentar mover el cuello.

El dueño era el teniente coronel en retiro José Nino Gavazzo Pereira, uruguayo, de 81 años cuando murió en su cama del Hospital Militar en Montevideo, el 26 de junio pasado. La causa: un derrame cerebral. Hasta entonces, y desde el 2015, cumplía arresto domiciliario en la casa que le había prestado un amigo extranjero, en Parque Miramar. Una propiedad bonita, con amplios salones y una buena piscina.

Alto, fornido, de tez bien blanca, casado, padre de tres hijos, con el aspecto de un abuelo bonachón, encarnó el símbolo más siniestro de la dictadura uruguaya. Lucía el récord tristemente célebre de ser el militar con más condenas acumuladas por delitos de lesa humanidad: secuestros, torturas, asesinatos, desapariciones. Las hizo todas y no se arrepintió de nada. Tenía fama de ser un represor sangriento, protagónico y mentiroso. Aunque siempre sostuvo que los mentirosos eran los otros, que él había sido “un comodín” para muchas situaciones no aclaradas.  Según abogados de derechos humanos que vieron estas causas, Gavazzo sostuvo versiones falsas hasta el final. No había ninguna expectativa de que fuese a aportar algo nuevo.

Acá en Chile, claro, su muerte pasó casi inadvertida. Dos semanas después de que falleciera, la Corte de Casación de Roma, la máxima instancia judicial en Italia, confirmaba -el 9 de julio- la cadena perpetua para catorce militares y represores de Chile y Uruguay por la muerte de ciudadanos italio-chilenos en el marco del Plan Cóndor.

Gavazzo estaba en la lista. Todos fueron condenados en ausencia.

Rota Impunidad

La investigadora y académica italiana de la Universidad de Oxford, Francesca Lessa, experta en el Plan Condor, se encontraba con los familiares de las víctimas cuando se conoció la sentencia. Emocionada, dijo que el fallo de Roma “demuestra cómo finalmente esta tradición de impunidad se ha roto y se ha roto, para siempre”.

Lessa destaca “la gran fuerza y valentía de todos los familiares. Ellos han sido el motor detrás de este fallo, y por todos los otros pasos que se han dado, tanto en Chile, como en Argentina, y en Uruguay. Nunca han bajado los brazos y siempre han intentado llevar adelante sus reclamos de búsqueda de la verdad, justicia, reparación y memoria.”

La lista de imputados ha disminuido tras la muerte de varios de ellos (originalmente eran 21). 

Los tres chilenos condenados son Pedro Espinoza, ex miembro de la DINA, el militar Daniel Aguirre Mora y el ex funcionario de Investigaciones Carlos Luco Astroz. También estaba el exintendente Hernán Ramírez, pero ya murió.

Se incluyeron las causas de cuatro ítalo-chilenos desaparecidos: Juan Maino, Juan José Montiglio, Omar Venturelli y Celso Avendaño.

Reprimenda

La idea de procesar a los represores latinoamericanos en Italia surgió en 1998, tras la detención en Londres de Pinochet. El juicio, que se inició al año siguiente, fue posible -en gran parte- al minucioso y persistente trabajo preliminar del magistrado Giancarlo Capaldo.

Hasta la fecha en Uruguay, ha habido condenas solamente en catorce de 140 causas. Actualmente hay 33 individuos sometidos a procesos, de los cuales 19 están en establecimientos penitenciarios.

Tanto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) como la ONU han reprendido en varias ocasiones a Uruguay por su inacción, enfatizando que el país está obligado a investigar y sancionar los abusos pasados, independientemente de las preferencias del gobierno de turno.  

Con una población de menos de tres millones de habitantes, Uruguay tuvo el porcentaje más alto de detenidos políticos per cápita en el mundo entre 1973 y 1977, según Amnistía Internacional. A principios de la década del 70, había cerca de seis mil presos políticos de larga duración, cerca de 60 mil víctimas de detenciones ilegales y unas 300 mil personas que partieron al exilio.

El periodista uruguayo Leonardo Haberkorn, autor del libro Gavazzo sin Piedad, realizó una exhaustiva investigación sobre el personaje más controvertido de la represión de su país. Diversos testimonios dan cuenta que “era un tipo complicado desde su juventud”. Las autoridades militares destacan su obsesión por su labor, según relatos de sus compañeros de armas. Otros recuerdan que, cuando se volvió un experto torturador de mujeres, se transformó en “un individuo que frecuentaba todos los prostíbulos del Interior”.

Plan Cóndor

Pero Gavazzo no fue un loco suelto sino un eslabón eficiente de una cadena de mandos, disponible desde el primer día. Tras el Golpe de febrero de 1973, le pidieron que arrestara al depuesto ministro de Defensa, el general Antonio Francese, cuya autoridad no aceptaban los golpistas. Francese era íntimo amigo de su padre. Según Gavazzo, pidió ser relevado de esa tarea, pero se lo negaron. Cumplió con la orden y arrestó al mejor amigo de su padre.

Durante la dictadura uruguaya (concluyó en 1985), actuó en la División del Ejército I y en el Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas (OCOA). En 1976 asumió como jefe del Departamento III del Servicio de Información de Defensa (SID), que desarrollaba las operaciones de inteligencia y de represión contra opositores. A fines de ese año, las autoridades de la dictadura lo habían designado como agregado militar en Washington, pero el gobierno de Estados Unidos le negó la visa para ingresar al país.

Fue condenado por más de 30 delitos de homicidio cometidos durante la dictadura, 28 de ellos asociados al Plan Cóndor, en 1976. A estos asesinatos se suma su participación en la desaparición de 198 personas que dejó la dictadura en Uruguay. Fue juzgado en su país y en el extranjero.

Una de las causas más emblemáticas por las que Gavazzo fue condenado es la del secuestro y la desaparición, en 1976, de la argentina María Claudia García Irureta Goyena de Gelman, nuera del poeta Juan Gelman. Estaba embarazada de siete meses al momento de su detención, el 24 de agosto de 1976, en Buenos Aires. Fue llevada a Montevideo en un avión de la Fuera Aérea uruguaya. La alojaron en la sede del SID, donde estuvo separada del resto de los detenidos. El jefe allí era Gavazzo.

Dio a luz a una niña en el Hospital Militar y luego la habrían matado en el Batallón de Infantería Número 14 de Montevideo. Su hija, Macarena, pudo reencontrarse con su abuelo Juan en el 2000. Su madre continúa desaparecida.

En el 2011, la justicia procesó por el homicidio muy especialmente agravado de María Claudia García a los militares José Nino Gavazzo, José Ricardo Arab, Gilberto Vázquez, Jorge Silveira y al policía Ricardo Medina.

Balacera ensordecedora

La represión no dio tregua. Y la justicia fue lenta. Recién este año, en febrero pasado, se pidió el procesamiento de Gavazzo y otros dos militares uruguayos retirados, acusados en otro cruento caso, conocido como “Las Muchachas de Abril”.  

En la madrugada del 21 de abril de 1974, un grupo de uniformados del ejército y la policía irrumpió disparando en un pequeño departamento en una zona residencial cerca de Montevideo. Los vecinos recuerdan una balacera ensordecedora.

En el interior, tres mujeres: la dueña de casa, Silvia Reyes, de 19 años, y dos amigas, Laura Raggio y Diana Maidanik, ambas estudiantes de sicología. Las tres eran compañeras de militancia en el Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros (MLN-T), una guerrilla urbana de izquierda. Según sus familiares, se dedicaban a tareas como repartir volantes y «no habían agarrado un arma».

Los cuerpos de las tres jóvenes fueron retirados en bolsas. Según sus familiares, cada uno con decenas de balazos. Se cree que el operativo tenía como fin detener al marido de Reyes, Washington Barrios, también militante del MLN-T. Este había logrado huir a Argentina (allí sería detenido meses más tarde, y aún permanece desaparecido).

Silvia Reyes esperaba al primer hijo de ambos cuando fue acribillada. Las tres muertes siguen impunes.

En una entrevista a El País de Uruguay, hace dos años, Gavazzo dijo: “Yo nunca me puse una capucha, y si iba a interrogar a alguien, le sacaba la capucha si tenía capucha puesta. Me parecía que -y lo sigo pensando- yo no tengo que ocultarme de nadie por nada, porque no hice nada que no fuera para bien de nuestra patria o de nuestros conciudadanos.”

Remató: “ Le puedo asegurar que no estoy arrepentido, ¡pero de nada! Y si me dicen: lo perdonamos si usted se arrepiente, y si no va a estar 100 años más preso, bueno, ténganme 100 años más preso.”

Existen abundantes testimonios de torturas escalofriantes a su cargo. Decenas de víctimas que dicen haber sido fracturadas, ahogadas, torturadas con electricidad y con ratas, o golpeadas hasta que sus riñones u oídos quedaron dañados para siempre. Otros cientos no llegaron a contarlo.

Anatole y Victoria

En su libro autobiográfico, José Nino Gavazzo: Mi testimonio, cuenta que la mayoría de los detenidos “se doblegaba de inmediato, lo que nos permitía seguir su cadena de contactos. Las mujeres eran mayoritariamente y en todos los aspectos mucho más duras de carácter y de comportamiento más inteligente que los hombres (…) Los obreros, absolutamente minoritarios en las organizaciones terroristas, eran por lejos más concientizados e inteligentes que los estudiantes».

Otro caso clave en el marco del Plan Cóndor es el secuestro de la pareja de, Roger Julien y Victoria Grisonas, en Buenos Aires, el 26 de septiembre de 1976. Ambos eran militantes del Partido por la Victoria del Pueblo (PVP). Fueron violentamente detenidos en su hogar, en presencia de sus hijos Anatole (4 años) y Victoria (un año y medio) y, desde entonces, están desaparecidos. Los niños permanecieron detenidos en el tenebroso centro clandestino Automotores Orletti, en Buenos Aires y, luego, fueron trasladados al local del SID, en Montevideo.

Hasta la fecha, 22 militantes del PVP siguen desaparecidos. El oficial a cargo de la operación de exterminio de PVP era José Gavazzo.

En el documental Los Huérfanos del Cóndor, el ex militar Julio César Barboza sostiene que en el SID Gavazzo “decía todo lo que se hacía y no se hacía. Nadie hacía nada sin consultarlo a él. Tenía un tremendo poder de dominación sobre el personal. La tropa lo adoraba, sabía cómo hacerse adorar.”

Barboza recuerda que Gavazzo mostraba “una actitud paternalista y cariñosa con los niños. Inclusive a Anatole le decía ‘coyote’ como una forma lúdica. También les traía golosinas.” Varias versiones coinciden en que su intención era la de adoptar al pequeño Anatole. Pero la idea no se concretó y, finalmente, en diciembre de ese año, los niños fueron abandonados en la Plaza O’Higgins de Valparaíso. Fueron adoptados por el matrimonio chileno Larrabeiti Yañez y, tres años después, la abuela materna los encontró, tras una búsqueda sin tregua. Pero los niños no fueron separados nuevamente.

Fue el primer caso que develó un plan sistemático de apropiación de menores en el marco del terrorismo de Estado. También fueron los primeros niños en ser recuperados.

Anatole y Victoria Larrabeiti declararon -en mayo pasado- ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). «En el caso nuestro hubo y siguen habiendo grandes falencias, vulneraciones importantes por parte del Estado argentino«, dice Anatole, abogado,  también litigante de la causa. “Las reparaciones administrativas no cubren la gran cantidad de delitos que se cometieron en nuestro caso. Y algo muy importante, hay que evidenciar ciertas cosas de modo que ellas no pasen a un peligroso inconsciente colectivo.”