Siete años después del estallido social, Chile continúa enfrentado a una pregunta elemental… ¿qué fue lo que nos pasó? Asistimos quizá a una cuasi rebelión contra las desigualdades o fue una crisis de representación, una explosión de frustraciones acumuladas, una ofensiva violenta contra el orden público. Cada interpretación selecciona sus responsables y protagonistas, reconoce determinadas víctimas y acomoda los acontecimientos alrededor de convicciones anteriores que pretenden instalar marcos de causalidad para explicarlo. Lo único cierto es que nos sumergimos en una de las mayores conmociones de nuestra historia democrática reciente y todavía disputamos su significado para poder salir a flote. Hasta el nombre del acontecimiento funciona como declaración de pertenencia política si se le menciona como revuelta, estallido social, acción pulsional, protesta contra el orden establecido, intento de ruptura insitucional o sencillamente violencia de grupos organizados.
Cada chileno visibilizando su estallido privado
La dificultad semántica y política para designar colectivamente lo sucedido revela una fractura entre la experiencia vivida y su comprensión histórica, en la que millones de chilenos experimentaron octubre desde emociones radicalmente diferentes. La indignación de quienes marchaban y el terror de quienes contemplaban incendiarse sus barrios y sus locales; la esperanza de quienes creían asistir al nacimiento de una sociedad distinta y el sufrimiento de las víctimas de la violencia estatal frente al mismo acontecimiento (aunque difícilmente a una misma experiencia). Cada vivencia posee una verdad biográfica que carga su propia deuda de transformación en conciencia histórica, la que exige reconstruir procesos que exceden cuanto cada protagonista pudo percibir. La experiencia vista así produce memoria, mientras la comprensión histórica requiere someter esos recuerdos a una explicación que también admita aquello que les contradice y responde a otros grupos sociales testigos del fenómeno.
Octubre 2019 posee una condición multicausal y polisémica que vuelve precaria cualquier interpretación excluyente. La modernización chilena amplió el consumo, redujo la pobreza y elevó las expectativas de movilidad, mientras persistían fuertes desigualdades experimentadas cotidianamente como abuso, endeudamiento y desprotección. El progreso económico convivía con una creciente desconfianza institucional y una representación política debilitada.
Una acumulación de malestares que encontró una expresión multitudinaria y también episodios de violencia extrema, incluidos los incendios de estaciones del Metro, restaurantes, hoteles, galerías comerciales, casas de música y museos, cuya concentración temporal y distribución territorial justifican investigar posibles coordinaciones entre grupos violentos. La hipótesis de una organización deliberada exige pruebas que permitan distinguir responsabilidades acreditadas de conjeturas sobre una conducción común. Las graves violaciones a los derechos humanos cometidas por agentes estatales incorporaron otra dimensión traumática imposible de excluir de una reconstrucción rigurosa.
¿Una nueva Constitución para no hablar de lo ocurrido?
El reventón social fue también una gigantesca experiencia de autonarración colectiva en la que cada comunidad convirtió aquello que vivía en una explicación general de Chile (con los medios de comunicación masiva rezagados y perplejos dando un giro fuerte a sus pautas de contenido). Algunos –como el historiador Gabriel Salazar- creyeron que las multitudes expresaban una demanda histórica de dignidad, mientras otros vieron en las estaciones incendiadas la antesala del derrumbe del orden público y la amenaza real a la convivencia y la estabilidad democráticas. Un segmento considerable de la sociedad contempló ambas escenas con perplejidad, reconociendo razones para el malestar y experimentando simultáneamente temor ante la violencia.
Durante algunas semanas, sin embargo, octubre produjo un nosotros que recirculó mediáticamente mediante virales, fake news y testimonios callejeros que se cobijaron en el slogan «Hasta que la dignidad se haga costumbre». Esta fue la forma en que el proceso social reunió personas cuyas respectivas definiciones de dignidad difícilmente habrían sobrevivido una sobremesa familiar y en la que la multitud o muchedumbre –dependiendo de quién recuerde-, encontraba identidad en el rechazo mientras permanecía abierta la pregunta sobre el futuro que debía construirse.
El acuerdo del 15 de noviembre de 2019 introdujo una inflexión decisiva frente a una crisis que amenazaba la estabilidad institucional, de la que buena parte del sistema político consiguió abrir un cauce democrático mediante una vía electoral a proceso constituyente. Aquella decisión –fruto del pánico perplejo de las élites- permitió encauzar la confrontación hacia procedimientos electorales, pero produjo una consecuencia menos examinada y que se ancla en la institucionalización del conflicto que al mismo tiempo postergó la discusión sobre sus causas y significados, trasladando hacia una nueva Constitución expectativas cuya diversidad excedía las posibilidades de cualquier texto jurídico. Chile comenzó a normalizarse al precio de discutir su futuro antes de haber conseguido explicarse su pasado inmediato.
Los fantasmas siguen cobrando pensión tras el fracaso de las asambleas
Los rechazos constitucionales de 2022 y 2023 expusieron las dificultades para transformar aquella disposición inicial al cambio en acuerdos sobre su contenido para normar la convivencia social y defender la estabilidad. Después de dos fracasos absolutamente anitéticos, el país conservó una vía de escape mediante la Constitución de Augusto Pinochet, que había sido primariamente signada como una de las causas de la crisis social del 18 de octubre.
Ante esta realidad solo separada por pocos meses, Kafka probablemente habría devuelto el argumento por exceso de imaginación burocrática, puesto que los resultados electorales adquirieron rápidamente una función retrospectiva inversa a la inmediatamente anterior. Cada sector encontró en ellos una confirmación de sus interpretaciones anteriores y la institucionalización consiguió procesar democráticamente los desacuerdos, pero la controversia sobre el origen y significado de la crisis permanece abierta hasta hoy.
La dialéctica histórica quedó inconclusa, con una desigualdad que aparecía como explicación suficiente para unos, mientras la violencia adquiría idéntica condición para otros. Una parte considerable de Chile quedó atrapada entre relatos que exigían adhesión completa… con la perplejidad como experiencia frecuentemente despreciada por quienes necesitan dividir el mundo entre creyentes y enemigos, siendo una de las expresiones más reveladoras de aquella crisis.
Siete años después, la trayectoria de las organizaciones sociales ofrece otra evidencia de esa fragmentación. La Mesa de Unidad Social, que llegó a reunir a más de un centenar de agrupaciones, desapareció como articulación común. Sus antiguos integrantes siguieron caminos diferentes porque algunos ingresaron a la institucionalidad y otros mantuvieron sus movilizaciones. Incluso, varios terminaron enfrentados al gobierno de Gabriel Boric, surgido de una generación política estrechamente vinculada con octubre 2019. La efervescencia colectiva había reunido temporalmente actores cuyas diferencias terminaron reapareciendo rápidamente, con una unidad emocional que resultó bastante más sencilla que la construcción de una identidad política duradera.
La entrevista al abogado Carlos Peña, publicada por La Tercera en este nuevo aniversario, introdujo una advertencia que merece consideración, referida a que la condena reiterada de la violencia –argumento del gobierno y de sectores que siempre fueron críticos a este fenómeno- puede transformarse en un gesto estéril cuando reemplaza la comprensión de las condiciones sociales que permitieron su aparición. También, el rector de la Universidad Diego Portales y columnista de El Mercurio cuestionó la idealización de una supuesta revolución protagonizada por una sociedad cuyas expectativas habían sido transformadas por la modernización. Ambas observaciones resultan pertinentes para examinar octubre, aunque tampoco agotan su complejidad, porque las experiencias de desigualdad, el deterioro de la representación, las acciones violentas y las respuestas estatales pertenecen a planos distintos cuya articulación sigue pendiente.
En nuestra historia republicana –que ofrece antecedentes abundantes de grandes dificultades para consensuar la narrativa histórica-, la cuestión social de comienzos del siglo XX, las disputas sobre la incorporación política de los sectores populares, la polarización anterior a 1973, la dictadura y las contradicciones de la transición pertenecen a procesos diferentes. Comparten una dificultad recurrente para transformar antagonismos profundos en acuerdos institucionales duraderos, en los que cada generación descubre que Chile arrastra profundos problemas sociales pendientes, procede a bautizarlos con un nombre actualizado y anuncia solemnemente el comienzo de una época de renacer, para luego volver a sorprenderse cuando los procesos de descontento colectivo emergen nuevamente.
Los fantasmas atávicos encuentran allí su mejor alojamiento, como las fracturas anteriores al golpe de Estado, la violencia dictatorial y las disputas sobre la legitimidad del orden construido durante la transición, que continúan organizando memorias enfrentadas. Son experiencias históricas reales, con responsabilidades que requieren reconocimiento, pero su utilización como categorías automáticas para interpretar acontecimientos posteriores puede oscurecer aquello que cada crisis tiene de específico. Los fantasmas sobreviven porque las contradicciones que los alimentan permanecen abiertas y porque seguimos confundiendo la fidelidad a nuestros recuerdos con la comprensión de nuestra historia.
Cambiar la historia antes de comprender qué nos pasó
Durante siglos, la construcción de vínculos políticos estuvo asociada a una necesidad antropológica fundamental por convertir individuos perecederos en integrantes de comunidades capaces de antecederlos y sobrevivirlos. Desde la ciudad antigua hasta la república moderna, pasando por la trascendencia medieval, el humanismo cívico y las aspiraciones ilustradas de emancipación, la pertenencia suponía participar en algo que duraba. La identidad requería memoria y la memoria necesitaba comunidades capaces de transmitirla, valiéndose de la política como un espacio donde los conflictos podían transformarse en instituciones y los antagonismos incorporarse a una historia compartida.
La sociedad contemporánea experimenta una alteración profunda de aquella arquitectura temporal. Las antiguas correspondencias entre clase, ocupación, organización e identidad política se debilitaron al grado que la cultura digital convirtió el recambio permanente en principio cotidiano de organización de la experiencia. Cada acontecimiento reclama atención completa mientras dura y cede rápidamente su lugar al siguiente. Una guerra, una elección, un asesinato, una receta y un gato pueden ocupar exactamente el mismo rectángulo en nuestros móviles durante quince segundos. La jerarquía histórica compite con la rentabilidad de la atención y la actualidad adquiere valor solo por su capacidad de desplazar aquello que acaba de ocurrir.
Aquí emerge el recambio sustitutivo, una forma de transformación cultural donde los acontecimientos pierden centralidad antes de que sus contradicciones hayan sido elaboradas. Los problemas permanecen mientras desaparecen las palabras utilizadas para comprenderlos, como sucedió con la experiencia reveladora de octubre 2019. Durante semanas pareció inaugurar una época definitiva y siete años después discutimos incluso qué fue lo que vivimos entonces. Pandemia mediante, la agenda pública se reorganizó alrededor de preocupaciones cuya centralidad hoy difiere radicalmente de aquella experiencia inicial, particularmente la inseguridad y el crimen organizado, mientras persisten frustraciones económicas y sociales anteriores.
Nuestras fotografías, conversaciones y producciones culturales permanecen almacenadas en infraestructuras capaces de acumular información indefinidamente, mientras las comunidades que alguna vez les otorgaron significado pueden dispersarse, sumado a que la inteligencia artificial hoy contribuye a afirmar esta paradoja. Nunca habíamos dispuesto de semejante capacidad para registrar acontecimientos y semejantes dificultades para convertirlos en conciencia histórica compartida.
Esta perplejidad afecta medio a medio nuestra concepción de trascendencia en la lectura del estallido. Durante siglos, trascender significó incorporarse a una obra colectiva capaz de continuar después de nuestra existencia, al tiempo que hoy nuestras huellas pueden sobrevivir perfectamente mientras desaparece el universo de significados que las produjo. El archivo permanece y la identidad que lo alimentó puede volverse sustituible y reinterpretable hasta el infinito.
La verdadera deuda histórica del 18 de octubre permanece abierta. Chile necesita establecer cuánto de aquella conmoción respondió a contradicciones estructurales de su modernización, cuánto al agotamiento de sus mediaciones políticas, cuánto a la emergencia de nuevas subjetividades sociales y cuánto a dinámicas de violencia organizada cuya magnitud, articulación y responsabilidades todavía requieren esclarecimiento. También necesita comprender cómo experiencias tan distintas consiguieron producir una identidad colectiva momentánea, por qué aquella convergencia emocional fracasó al transformarse en proyecto político y hasta qué punto el acuerdo del 15 de noviembre, al institucionalizar el conflicto, terminó postergando su explicación.
Los dos fracasos constitucionales dejaron intacta esas interrogantes y revelaron la fragilidad de una convivencia que pretende consensuar futuros sin haber conseguido construir una comprensión históricamente fundada de su pasado inmediato. La tarea exige abandonar la pretensión de convertir memorias particulares en verdades nacionales obligatorias. Consensuar la dimensión histórica de octubre requiere establecer un suelo compartido de hechos verificables, distinguir causas de justificaciones, responsabilidades de interpretaciones y consecuencias de intenciones, admitiendo que sobre esa base pueden subsistir desacuerdos legítimos.
La pluralidad de experiencias constituye una condición de toda historia colectiva, mientras su reducción a relatos excluyentes amenaza la posibilidad misma de construirla. Una democracia puede convivir con memorias enfrentadas, pero difícilmente consigue proyectarse cuando sus ciudadanos carecen de una realidad histórica suficientemente común sobre la cual discutir. La trascendencia política de este fenómeno social dependerá precisamente de nuestra capacidad para transformar aquella experiencia fragmentada en conocimiento histórico acumulativo, capaz de modificar las condiciones que hicieron posible la crisis y de ofrecer alguna continuidad a una sociedad sometida al recambio permanente de sus identidades y relatos.
La paradoja final resulta demoledora, porque Chile logró institucionalizar una crisis social y política sin alcanzar a comprenderla, ensayó dos veces una refundación constitucional sin consensuar sus fundamentos históricos y terminó sustituyendo la discusión sobre sus causas por nuevas urgencias que tampoco consigue integrar en un horizonte colectivo.
Los fantasmas permanecen intactos porque sus contradicciones siguen abiertas y porque cada generación prefiere heredar las certezas de sus bandos antes que someterlas al examen de la historia. Mientras el país continúe confundiendo la intensidad de sus experiencias con la búsqueda de una verdad que sostenga sus interpretaciones, octubre seguirá disponible para todas las apropiaciones políticas y prácticamente ninguna comprensión compartida. La incapacidad de elaborar el pasado en Chile termina entonces comprometiendo la posibilidad de construir un futuro común y convierte la propia historia nacional en una sucesión de presentes irreconciliables, donde todo parece comenzar nuevamente porque casi nada consigue ser verdaderamente superado. Algo bastante más grave que el mero hecho de contentarse puerilmente con defender la conservación subjetiva de recuerdos tratando de hacerlos pasar por memoria social colectiva capaz de plasmarse en una historia común que nos deje en paz.
