La política chilena tiene una habilidad artística para transformar sus promesas de salvación en motivos de desencanto. José Antonio Kast llegó a La Moneda por voto popular mayoritario explotando un sentido común ciudadano que exigía recuperar la seguridad y devolver al Estado una autoridad que bajo el gobierno anterior se encapsuló en una narrativa sin conexión social. Siete meses después, su gobierno enfrenta una contradicción difícil de superar, con el 95% de la población rechazando las rebajas de condenas a abusadores sexuales de menores y el Presidente comprometiendo su autoridad en defender como sea al ministro de Justicia, Fernando Rabat, responsable político de decretos que permitieron anticipar la libertad de decenas de condenados…
Parole, parole, parole
El caso Rabat revela una fractura profunda entre las convicciones sociales que permitieron el triunfo de Kast y las decisiones adoptadas desde el Gobierno. La controversia jurídica sobre la aplicación temporal de las normas penitenciarias merece un examen riguroso, pero difícilmente consigue explicar la obstinación presidencial de mantener al ministro.
La defensa corporativa de una autoridad cuestionada termina adquiriendo mayor importancia que la confianza ciudadana, mientras el Ejecutivo se refugia en los tecnicismos de aquella institucionalidad que durante años acusó de vivir de espaldas a las urgencias de la gente. Visto así, las urgencias también admiten excepciones cuando comprometen a los amigos.
Ni base, ni domicilio conocido
El sentido común constituye una construcción histórica de certezas compartidas, sedimentadas en las experiencias cotidianas y atravesadas por contradicciones que cambian según las condiciones sociales. Cada época produce sus propias evidencias y cada grupo interpreta el mundo desde las circunstancias concretas de su existencia.
La inseguridad de un barrio donde el narcotráfico controla espacios públicos, el temor de una familia ante la delincuencia o la incertidumbre de quien depende de su salario para llegar a fin de mes producen comprensiones de la realidad que ninguna elaboración doctrinaria -sea con sotana o con una hoz y un martillo- consigue sustituir fácilmente.
Kast supo reconocer tempranamente ese terreno. Ya en 2021 se presentaba como el candidato del sentido común, utilizando afirmaciones categóricas que ofrecían certezas frente a un país desconfiado.
Su discurso adquirió mayor eficacia cuando el progresismo comenzó a perder contacto con las experiencias sociales mayoritarias, especialmente en materia de seguridad. Mientras parte de la izquierda permanecía absorbida por sus códigos de legitimación cultural, la derecha consiguió representar una demanda elemental de protección que atravesaba las antiguas fronteras partidarias.
La eficacia electoral de esa interpretación quedó demostrada en 2025; sin embargo, el sentido común conserva una característica particularmente incómoda para quienes pretenden administrarlo desde el poder. Su naturaleza cambiante impide convertirlo en patrimonio permanente de cualquier partido, coalición o equipo gubernamental. Las mismas personas que respaldaron a Kast por su promesa de autoridad pueden rechazarlo cuando esa misma autoridad aparece comprometida en decisiones que contradicen sus convicciones más profundas.
El caso Rabat ofrece una demostración extraordinaria. Según Criteria, el rechazo a las rebajas penitenciarias para condenados por delitos sexuales contra menores alcanza el 95%, mientras un 72% desaprueba la permanencia del ministro. Incluso entre quienes se identifican con la derecha existe una mayoría contraria a mantenerlo. La paradoja adquiere un carácter casi grotesco. Una administración que llegó prometiendo escuchar a los chilenos parece haber desarrollado una repentina sordera precisamente cuando estos expresan uno de sus acuerdos más contundentes. El sentido común, tan útil para ganar elecciones, comienza a resultar francamente inoportuno cuando pretende intervenir en las decisiones presidenciales.
El populismo descubre que el pueblo tiene opinión
La distinción entre lo popular y lo populista permite comprender esta transformación; lo popular expresa demandas sociales surgidas de experiencias compartidas y el populismo adquiere legitimidad cuando consigue traducir esas aspiraciones en decisiones institucionales que mejoran efectivamente las condiciones de vida. Su degradación comienza cuando la representación ciudadana colectiva se convierte en un recurso para legitimar al gobernante, mientras las decisiones responden crecientemente preferentemente a la preservación de su autoridad y de los equilibrios internos del poder.
Kast consiguió reunir bajo la idea de emergencia nacional frustraciones sociales diferentes que encontraron una representación común en la promesa de recuperar el orden. La seguridad funcionó como articulador de esa mayoría, incorporando sectores tradicionalmente distantes de la derecha republicana. El problema aparece cuando el liderazgo confunde la adhesión electoral con una autorización incondicional para decidir acertada o erróneamente en nombre de sus representados.
La defensa presidencial de Rabat expone ese desplazamiento, porque la permanencia del ministro parece responder crecientemente a la necesidad de evitar una derrota política frente a la oposición que mine simbólicamente su autoridad. La controversia deja entonces de girar alrededor de las víctimas y de las consecuencias de los decretos y el centro de gravedad se traslada -cual gesto ciego- solo hacia la supervivencia de un colaborador presidencial. Una curiosa concepción de la emergencia, donde la protección de la autoridad cuestionada termina desplazando a quienes supuestamente justificaban su ejercicio.
Aquí aparece el populismo de élite, aquella modalidad donde la invocación permanente de la gente que forma el cuerpo social convive con una racionalidad gubernamental autorreferencial. La promesa de representar a quienes se sentían abandonados por el sistema termina sometida a los mismos mecanismos de autoprotección que alimentaron originalmente ese abandono y validaron su perfil electoral. El pueblo conserva su importancia ceremonial, especialmente durante las campañas, pero después suele adquirir la desagradable costumbre de exigir coherencia.
La impaciencia que invade a los amigos
Las críticas de Renovación Nacional y Evelyn Matthei muestran que la crisis ha comenzado a erosionar al propio oficialismo. La excandidata presidencial sostuvo que habría removido inmediatamente a Rabat y que respaldaría la acusación constitucional si fuera parlamentaria. Su diagnóstico apuntó a una preocupante falta de criterio gubernamental. Renovación Nacional, por su parte, dirigió sus cuestionamientos hacia la conducción política del Segundo Piso de La Moneda, comprometiendo al círculo de confianza presidencial.
La reacción permite observar una característica recurrente de los liderazgos construidos sobre una autoridad personal fuerte y una base política de baja cohesión o que privilegia la supervivencia partidaria. La lealtad termina adquiriendo una importancia desmedida y la rectificación comienza a interpretarse como debilidad. Los errores iniciales alcanzan dimensiones mayores debido a la obstinación con que se defienden y en ocasiones, el principal problema de un ministro cuestionado termina siendo el Presidente que insiste en conservarlo (así le ocurrió al Presidente Gabriel Boric con algunos colaboradores de estrecha confianza).
La situación resulta todavía más llamativa porque el Gobierno busca impulsar una reforma destinada a impedir futuras rebajas de condenas por delitos sexuales contra menores, mientras mantiene a Rabat como protagonista de la solución. Una operación políticamente singular, donde el responsable de apagar el incendio conserva el mando después de haber contribuido a propagarlo. La coherencia parece haberse convertido en otra víctima colateral de la emergencia.
De la emergencia nacional a la emergencia gubernamental
El caso del ministro Rabat adquiere su verdadera dimensión dentro del deterioro acumulado durante estos primeros siete meses. La promesa presidencial descansaba sobre una idea poderosa y electoralmente eficaz de Chile atravesando una aguda emergencia y necesitando una conducción excepcionalmente eficaz. Esa formulación permitió transformar la insatisfacción ciudadana en expectativas de soluciones rápidas, bajo la autoridad de un nuevo gobierno que decía conocer las urgencias reales del país.
La realidad ha seguido un camino bastante menos heroico. Las drásticas medidas sobre los combustibles golpearon directamente los presupuestos familiares, mientras el desempleo profundiza la incertidumbre económica. La inseguridad mantiene su centralidad en las preocupaciones ciudadanas y las dificultades de conducción se expresan en renuncias ministeriales, salidas de autoridades y cambios de voceros que exhiben una preocupante inexperiencia política. El caso Rabat incorpora ahora una crisis moral de absoluta ausencia de sentido común a esa colección de emergencias y de deudas respecto de su oferta electoral que aplacaría la emergecia.
La reciente encuesta Criteria registra una aprobación presidencial de apenas 25% y una desaprobación de 65%. Más significativo resulta que la decepción aparezca como la emoción predominante frente al Ejecutivo y el desgaste exceda largamente una controversia ministerial para comprometer la relación emocional con sus votantes, construida durante la campaña.
La secuencia reproduce un problema recurrente de nuestra democracia. Las elecciones se han transformado en dispositivos de movilización emocional que ofrecen certezas inmediatas ante sociedades inseguras. Los gobiernos reciben esas expectativas y luego descubren que administrar el Estado exige capacidades bastante más complejas que las necesarias para ganar una elección. La distancia entre ambas experiencias alimenta ciclos de frustración y desafección que terminan debilitando a la propia institucionalidad democrática.
La crisis ha adquirido una dimensión hegemónica cuando el grupo gobernante perdió capacidad para interpretar las experiencias sociales que anteriormente consiguió representar. Las palabras conservan su lugar en el discurso oficial, pero comienzan a desprenderse de la realidad vivida; la autoridad prometida se desgasta defendiendo decisiones impopulares y el liderazgo que ofrecía soluciones termina absorbido por conflictos que contribuye a prolongar.
Kast llegó a La Moneda después de comprender que el progresismo había perdido contacto con una parte sustantiva del sentido común popular. Su Gobierno comienza ahora a reproducir aquella desconexión, atrapado en una racionalidad interna que privilegia la preservación de sus decisiones frente a las consecuencias sociales. La derecha corre el riesgo de descubrir que el malestar ciudadano carece de fidelidades ideológicas permanentes.
En apenas siete meses, el gobierno de emergencia amenaza con convertirse en un gobierno de crisis sucesivas. El caso Rabat condensa esa degradación. Un Presidente que prometió recuperar el sentido común ciudadano termina enfrentado a una mayoría abrumadora para defender la permanencia de un ministro cuya gestión permitió anticipar como decisión impresentable y descriteriada a ojos de cualquier ciudadano la libertad de condenados por delitos sexuales contra menores.
Mientras La Moneda discute cómo salvar a Rabat, los chilenos siguen pagando combustibles más caros, enfrentando la incertidumbre laboral de un desempleo en niveles históricos y esperando respuestas a una inseguridad que continúa organizando sus vidas, pasado el ciclo electoral.
El Presidente Kast, que hizo del sentido común su principal patrimonio electoral, a poco andar en el cargo comienza a descubrir que los ciudadanos pueden prestarlo para una elección, pero jamás entregan su propiedad.
Y el ejercicio del poder presidencial, mientras tanto, configura una imagen paradójica, en que la promesa de hacer de este un Gobierno de emergencia nacional termina desplazada por una administración de crisis sucesivas.
