Las cifras sobre la incapacidad de la economía chilena para ofrecer trabajo estable son preocupantes. En el último trimestre el desempleo fue 9,8%: más de un millón de trabajadores que quieren trabajar están desempleados, la cifra más alta desde 2021; a ello se agregan 2,5 millones de personas que viven en la informalidad (26,4%); y, 950 mil que están inactivas, ya sea por elección o circunstancias especiales, las que no participan del mercado laboral.
El elevado desempleo no es sólo porque la gente salió a buscar más trabajo, sino también por la destrucción de 102 mil empleos, en los últimos 12 meses.
Así las cosas, el potencial de la inteligencia nacional que no se aprovecha plenamente en el país es considerable, si se tiene en cuenta que la totalidad de la fuerza de trabajo es 10,4 millones de personas.
El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, apuesta que sus reformas pro-inversión mejorarán el crecimiento y reducirán el desempleo a 6,5% el próximo año. Se equivoca.
Se equivoca Quiroz porque el desempleo tiene un carácter estructural y su solución no es de corto plazo.
La propuesta de Quiroz resulta discutible para una economía como la chilena, fundada en focos productivos extractivistas. Su escasa diversificación y limitada sofisticación tecnológica dificultan la correlación positiva que se busca entre la baja de impuestos y el crecimiento y sobre todo en la creación de empleos. Por ello resulta sorprendente que la discusión se concentre exclusivamente en el ámbito macroeconómico.
Desempleo es estructural y en un doble sentido
Por una parte, el régimen de producción extractivista mueve elevadas inversiones, genera altos ingresos económicos, pero genera poco empleo, agravado hoy día con la inteligencia artificial (IA)
Por otra parte, existe una falta de correspondencia entre las habilidades que ofrecen los trabajadores y las demandas del mercado laboral, consecuencia de la nula planificación en educación técnica y profesional.
Por tanto, más allá de políticas de coyuntura con subsidios al trabajo o inversiones en infraestructura, que pudieran aliviar marginalmente el desempleo, el problema es de largo plazo y requiere de reformas estructurales y de un Estado activo.
Desde que se instaló el modelo económico neoliberal, el régimen productivo chileno pasó a ser hegemonizado por el extractivismo, junto a un rentismo comercial y financiero. Así, la actividad industrial se ha reducido desde el 20% del PIB a comienzos de los años noventa a menos del 10% en la actualidad.
Después del auge económico de los primeros años de la transición, los recursos naturales, que produce y exporta Chile, han pasado a convertirse en un cuello de botella para el crecimiento y generación de empleo. Aunque son un negocio de altas ganancias para una minoría de grandes empresarios, estrechan la frontera productiva de la economía y su beneficio no se difunde al resto de la sociedad.
El bajo crecimiento económico y de la productividad arrastra ya largos años y trasciende gobiernos de signos políticos distintos. El asunto es estructural y no macroeconómico. En efecto, la baja ley en el cobre exige nuevas tecnologías; el agotamiento de los recursos pesqueros obliga a regular la sobreexplotación y controlar las técnicas de arrastre; la superficie de plantaciones forestales se encuentra frenada por el desarrollo de proyectos inmobiliarios; incendios de magnitud en los últimos años e impactos del cambio climático; y, la agricultura tiene dura competencia con países que han introducido digitalización y robotización a sus procesos productivos. Es decir, los focos productivos extractivistas presentan serias limitaciones estructurales y aplastan la productividad de la economía.
En suma, el puro crecimiento con extractivismo ya no da los mismos frutos que en los años noventa.
En cuanto al mercado del trabajo, los pocos puestos de trabajo que se crean en el sector minero tienden a ser altamente especializados (ingenieros, geólogos, técnicos internacionales) y la población local, que suele tener baja calificación, queda excluida.
El asunto se agrava en años recientes. La automatización y la IA, han promovido la utilización de camiones autónomos, plantas desaladoras automatizadas, chancadores tele operados desde Santiago, Por tanto, cada vez se necesitan menos mineros y más ingenieros.
La automatización no sucede sólo en la minería. También está presente en el comercio, ya que en los años noventa un supermercado necesitaba 20 cajeros y, en cambio hoy las cajas son de autoservicio. También sucede en el sector financiero: antes un banco necesitaba 15 sucursales, con 10 personas cada una y hoy basta una app para cumplir esas funciones. Es el capitalismo digital.
Entonces las empresas prefieren automatizar antes que contratar. Y por tanto ese reiterado anuncio de crecimiento y generación de empleo ahora no da los mismos resultados que en los años noventa.
Por tanto, la tendencia hacia una mayor intensidad del capital y reducción o estancamiento de la fuerza de trabajo directa es un fenómeno estructural y particularmente visible en la minería, aunque avanza en la agricultura y la pesca, también ejes de la economía chilena.
En el campo hay fuerte aumento de capital en sistemas por goteo, drones para monitoreo y cosechadoras mecánicas, lo que disminuye la demanda por trabajadores tradicionales. En pesca y acuicultura, el salmón esta automatizado casi por completo y la pesca se realiza con barcos de alta complejidad (Wellboats) que requieren tripulaciones mínimas, pero de alta calificación. En fin, son algunos ejemplos.
Así las cosas, para generar mayor empleo es preciso industrializar los recursos naturales, mejorar sustancialmente la educación profesional y técnica y también avanzar en ciencia y tecnologías propias. Y para cumplir con estos objetivos no sirve el Estado subsidiario, se requiere un Estado de nuevo tipo, que planifique, oriente y regule.
Tanto la derecha como la Concertación asumieron que sin intervención del Estado los mercados podían generar buen crecimiento y empleo. Fue posible en los primeros años de la transición, pero ello ha cambiado. Porque la subordinación del Estado a los mercados y la apertura económica radical al mundo cerraron las puertas a la industrialización y así se potenció el extractivismo y el rentismo comercial y financiero.
Por tanto, sólo una respuesta estructural y de largo plazo permitirá enfrentar el desempleo y la informalidad. Ello requiere que el Estado apunte a un desarrollo productivo, que oriente el capital nacional y extranjero en favor de la transformación industrial de los sectores extractivos para agregar el mayor valor posible a los recursos naturales.
Ahora que el litio y el hidrógeno verde son los nuevos recursos abundantes del país, lo lógico sería reindustrializarlos para convertir por ejemplo el carbonato de litio en baterías y el hidrógeno verde en acero, pilas de combustible o motores de combustión; y, por cierto, intentar de una vez por todas que el concentrado de cobre se convierta en cobre refinado y en manufacturas de cobre.
Por otra parte, ante el impacto de la automatización y la IA en el empleo, el sistema educacional, junto a la ciencia y tecnología, deben convertirse en ejes de la política pública. Deberían priorizarse las nuevas profesiones emergentes y afines al cambio tecnológico para adecuarse al nuevo mercado de trabajo, junto al avance de las industrias de transformación.
En suma, para que aumenten la producción y el empleo no basta con mayores capitales. Se precisa un cambio de paradigma, es decir: un Estado activo que dé dirección al desarrollo, priorizando la industrialización y con inversión sustantiva en educación, ciencia y tecnología.
