Se van a cumplir dos semanas desde que, sin presiones ni obligaciones legales, el ministro de Justicia, Fernando Rabat, decidió otorgar rebajas de pena a 56 delincuentes condenados por abusos, agresiones y violaciones de menores. Tengo la impresión de que empezamos a vivir en una escena surrealista: el gobierno, en boca de su presidente, después de días en silencio, admite un error del ministro. Lo hace a pocas horas de que su vocero dijera con énfasis y pachorra que el procedimiento de las rebajas había sido impecable. Pero eso no fue suficiente: una vez admitido el error, el presidente le pide al mismo personero que cometió el grave error, que lo enmiende porque se trataría de una falla del estado en una ley que ya había sido cambiada por una nueva que impedía las rebajas a agresores sexuales de menores. Opiniones más, opiniones menos, lo concreto es que la escena de gobierno se ha vuelto entre chaplinesca y cantinflera. No hay respuestas, no hay explicaciones, y si las hay, son falsas. ¿Quién asume la responsabilidad de tamaño descalabro?
Todo el mundo clama por la cabeza del liberador de los delincuentes sexuales de menores, o sea, el ministro de justicia. Si uno le pidiera al presidente un mínimo de coherencia con el discurso que estructuró para llegar a serlo, debiéramos creer que él no debiera aceptar que en su gabinete haya alguien que, frente a un tema tan delicado como resguardar los derechos de los niños agredidos sexualmente, cometa el grave error de dejar libres a los victimarios. Y en rigor, eso es lo que está ocurriendo. Por más poesía que intente ponerle el gobierno, los hechos son los hechos y lo concreto es que, este gobierno, sin estar obligado, le envió al país la siguiente señal: si hay un vacío legal que le permite a los violadores de menores optar al beneficio de la rebaja de condena, no haremos nada ni gastaremos esfuerzos de litigación para impedirlo. No de otra manera se puede interpretar la explicación de este acto basada en los principios de eficiencia y eficacia de la administración. ¿Y qué pasó con los grandes discursos que aludían a actuar con firmeza contra los delincuentes, a ser implacables? ¿Dónde quedó la actitud valiente y resuelta de estos “adalides” de la justicia y del castigo a los malos? En fin, se podrían escribir páginas y páginas remarcando las inconsistencias del gobierno en este tema. Recomiendo la columna de Giorgio Jackson en La Tercera del sábado y la de Daniel Matamala en el mismo diario, pero el domingo.
Quiero poner el acento en otro lugar. La frase que más he escuchado y leído en estas semanas es la siguiente: “No entiendo por qué Kast no le pide la renuncia”. Esto dicho en los más diversos tonos: a veces escandalizados, otras sorprendidos, los más incrédulos, e incluso algunos enrabiados. Lo que ocurre es que se trata de una pregunta difícil de contestar. El presidente dijo que él quería encargarle el arreglo del error a la misma persona que dejó la embarrada y se equivocó en forma grave. ¿Es una broma? ¿Kast nos está tomando el pelo? ¿Está castigando al ministro igual como hacen los padres cuando un niño ensucia algo o rompe un florero, y lo mandan a limpiar? De esa forma, todo el mundo lo sabe, no se asume la responsabilidad política de dejar en libertad a pedófilos, violadores y pederastas, sino todo lo contrario. Con esa declaración se comunica al país que cualquier funcionario público que cometa un “error” de esta naturaleza, será perdonado y no deberá temer por su empleo. ¿Es este el mensaje al país que el gobierno de la mano dura contra la delincuencia quiere enviar? Lamentablemente, no me creo esta explicación. Y la verdad es que estoy convencido de que quienes manejaron el diseño estratégico de la campaña de Kast y gestionan el gobierno hoy, se acostumbraron a trabajar en la frontera de las medias verdades cuando no derechamente en el territorio de las mentiras. Hay algo que no huele bien en los pasillos de palacio. Me pregunto si será pura casualidad que las explicaciones dadas ante este cataclismo sean una más falsa que la otra.
No exagero. El ministro primero dijo que estaba obligado por la ley a hacerlo. Eso no es cierto. De hecho, desde el gobierno de Piñera, pasando por el de Boric, los ministros de justicia siempre habían negado el beneficio de las rebajas a los agresores y violadores de menores, aunque en la mayoría de los casos los reos recurrían de amparo y la Corte Suprema los otorgaba. Pero daban la pelea, declaraban que no querían rebajar sus penas, litigaban ante la corte. Y en algunos casos, ganaban. Cuando la evidencia de que el criterio del nuevo ministro no se sostenía, entonces señaló que había una jurisprudencia de la corte, la misma que en febrero de este año ya había revisado y modificado su propio criterio. Por lo tanto, el argumento era falso o, al menos, una media verdad. Es decir, de todo lo que se ha podido saber sobre este caso, no hay nada que señale que el ministro estaba obligado a tomar esta decisión. Lo hizo bajo su total responsabilidad y arbitrio. Si se equivocó, debiera asumir su responsabilidad. ¿Por qué no lo hace? ¿Será que no se siente tan responsable y hay otras manos y sazones cocinando este embrollo?
No quiero levantar hipótesis que, con los niveles de información que se manejan, que han sido pocos y a cuentagotas, son difíciles de sustentar. Ya escuchamos la especulación del diputado Baza que raya en el delirio acerca de una hipotética red internacional de pedofilia. No voy a caer en lo mismo. Solo quiero constatar lo siguiente: este gobierno ha puesto en evidencia que su preocupación por la seguridad y la lucha contra el crimen no pasaba de ser una consigna de campaña. A la hora de la verdad, cuando hay que hacerse cargo de los problemas y de las promesas, quedó al descubierto su orfandad de recursos e ideas. Una ministra de seguridad que poco sabía del tema, aunque fuera una buena persecutora pública, un gobierno sin plan para la cartera más relevante en la lucha contra la delincuencia, una ministra a la que se le permite inducir la expulsión de una de las principales oficiales de la PDI. Y un ministerio de Hacienda que había propuesto rebajar el presupuesto del área. Está claro: no tenían idea de seguridad y su preocupación por este asunto no pasaba de una explotación bastante abyecta del miedo de las personas, miedo muchas veces justificado y otras muy inducido.
Con este episodio el gobierno se sacó el disfraz. Quiso echarle la culpa al “estado” por este desaguisado. Pero la mentira no puede ser infinita. Ellos, por sus propias pistolas, como se dice, decidieron lo que decidieron. El presidente dijo que este era un “fallo del estado”. No, señor. Es un fallo de su ministro, o suyo en la medida que usted lo respalda. Su señal fue: frente al cuidado de las víctimas y el castigo a los delincuentes, prefiero la eficiencia y eficacia administrativa. ¿Cuál sería la idea? ¿Ahorrar a costa de las víctimas? Toda esta historia podría ser una intensa tragicomedia si no fuera porque 56 agresores sexuales de menores quedaron libres antes de cumplir sus condenas que, según se comenta, corresponden a hechos deleznables. Todo gracias a una oscura decisión del gobierno.
