Una nueva propuesta para enfrentar la crisis

1,2K

Hace meses la instancia Foro de Desarrollo Justo y Sostenible conformada por un amplio grupo de reconocidos economistas, a través de documentos – destacados por La Mirada Semanal – viene profundizando propuestas que acentúan la urgencia de mayor inversión productiva para acelerar y redireccionar el crecimiento económico “hacia una matriz productiva más diversificada e incluyente, con mayor capacidad de generar empleos decentes para las y los trabajadores», aludiendo a la incapacidad del gobierno para “dimensionar adecuadamente la magnitud de la crisis sanitaria y económica en curso, subestimando la necesidad de un mayor esfuerzo fiscal para superar la pandemia y evitar un agravamiento de la crisis económica y un nuevo estallido social”.

“dimensionar adecuadamente la magnitud de la crisis sanitaria y económica en curso, subestimando la necesidad de un mayor esfuerzo fiscal para superar la pandemia y evitar un agravamiento de la crisis económica y un nuevo estallido social”.

Recientemente, con fecha 21 de agosto, la instancia ha profundizado su propuesta para una Reactivación Justa y Sostenible. De la muy extensa y detallada propuesta seleccionamos algunos aspectos sustantivos que, ciertamente, animarán el debate acerca de los desafíos que enfrenta el país de cara a los decisivos pronunciamientos ciudadanos que se aproximan.

Por una Reactivación Justa y Sostenible

Enfrentamos la peor crisis sanitaria en un siglo. La crisis económica, con caídas en el PIB de 14% en el segundo trimestre 2020 nos remonta 40 años atrás, hacia los peores momentos de la dictadura. El nivel de actividad económica retrocede varios años y diversas proyecciones indican que la tasa desempleo podría persistir más allá del 2021. 

El gobierno perdió la oportunidad de transformar el combate a la pandemia en una gesta de unidad nacional. Desde el principio, hubo predisposición de municipios, del Colegio Médico y de diversos actores sociales y políticos para abordar la crisis sanitaria en torno a un esfuerzo nacional, con visos hasta épicos. Pero claro, eso significaba apoyarse en el accionar de los municipios, darle espacio efectivo al Colegio Médico en la toma de decisiones y apoyar a las familias con ingresos suficientes para que las cuarentenas fuesen efectivas. A eso, el gobierno no estuvo dispuesto.

Las medidas económicas de apoyo a las familias han sido numerosas.  Sin embargo, han llegado tarde, a cuenta gotas, con insuficientes montos y cobertura y con mecanismos de acceso demasiado complejos.

De esta forma, el costo de la crisis está recayendo básicamente en los trabajadores pues a estos fondos retirados desde las AFP, habría que sumar los recursos del seguro de cesantía individual (cerca de US$ 1 millón), a través del cual los trabajadores están pagando su propio salario, aunque disminuido. Si a ello agregamos el drama de los casi 2,5 millones de trabajadores en desempleo potencial (desempleo abierto más inactivos con deseos de trabajar), es claro que la distribución del costo de la crisis está agudizando la desigualdad en Chile.

La presión empresarial por la reapertura de la economía ha primado por encima de la eficacia de las políticas de contención sanitaria y cuando estas fallas son evidentes, la autoridad culpa a las personas. El gobierno aún no entiende que la pobreza, el hacinamiento y los millones de trabajadores informales obligan a un esfuerzo mayor de la política fiscal para solventar ingresos y por esa vía, conseguir que las personas se queden efectivamente en sus hogares, mejorando la eficacia de las cuarentenas.

El gobierno podría haber hecho mucho más en apoyo a las familias, a las PYMES, los municipios y las regiones. Por cierto, esto tiene costos. El Foro ya propuso que, a mediano plazo, la necesaria consolidación fiscal debería incorporar un incremento de la carga tributaria de, al menos, 5 puntos del PIB, recolectados de un modo progresivo.   

Las medidas del gobierno privilegian una ayuda a las grandes empresas, pero son mezquinas respecto al apoyo a las empresas de menor tamaño.

El gobierno ha anunciado su plan de reactivación económica. En una propuesta que no se relaciona bien con los datos sanitarios, no establece hitos precisos de resguardos que preparen la reactivación, no abre espacios a municipios ni a gobiernos regionales, no incluye objetivos sociales ni de empleo y no incluye diálogo con las organizaciones sindicales.

Ese plan de reactivación privilegia la inversión de las grandes empresas, a las que favorece con rebajas tributarias y depreciación instantánea, aunque estas medidas se publiciten como pro-PYMES. Se beneficiarán empresas que han conseguido mantenerse, adecuándose a las exigencias de la pandemia, que han hecho uso del teletrabajo y que han podido invertir para adecuarse a las entregas a domicilio. Aquí no predominan las PYMES. 

El escenario económico internacional no podrá aportarnos demasiado, dadas las cifras económicas en USA y en Europa. La recuperación china está ayudando a frenar la caída de las exportaciones, pero no podríamos apostar a una reactivación comandada por éstas. Recuperar el consumo, dinamizar la inversión pública serán los ejes que tirarán el carro de la reactivación.

No sirve cualquier modalidad de reactivación. Debe ser una que surja del diálogo social, que favorezca la gobernabilidad que estimule el diálogo público-privado y que vaya perfilando derechos sociales que impidan que nuevas crisis traigan tanto dolor a millones de familias chilenas.  En ese escenario, parte importante de la reactivación y la gobernabilidad futura se juega en asegurar un plebiscito seguro el 25 de octubre próximo. La reactivación que necesitamos es una que vaya abordando los déficits económicos, sociales, territoriales y medioambientales, en tránsito hacia una Nueva Constitución.    

1.      El origen de la crisis es sanitario y la solución también lo será

Ha costado que la autoridad entienda que mientras antes se controle la expansión del virus, más temprana y sólida será la recuperación económica. Se deberían haber asignado muchos más recursos a testeos masivos, trazabilidad y confinamiento de casos contagiados y próximos a ellos. El gobierno no entendió que el trabajo informal y callejero abarca cerca de un tercio de la fuerza de trabajo, es decir, alrededor de 2,5 millones de personas que, en ausencia de un eficaz apoyo del Estado, se vieron obligadas a salir a la calle a buscar su sustento cotidiano, reduciendo la eficacia de las cuarentenas.

El Foro para un Desarrollo Justo y Sostenible, ya el 18 de marzo, sugería la urgencia de un detallado conjunto de medidas, incluyendo un ingreso familiar de emergencia que además ayudaría a mantener el nivel de la demanda, evitando un mayor desempleo. El apoyo a las PYMES permitiría la supervivencia de miles de ellas, las que por razones de cuarentena o deterioro de la demanda han debido paralizar temporalmente. Con estas medidas, la recuperación post pandemia sería más rápida y menos traumática.

Chile tuvo esa oportunidad, pero lamentablemente el gobierno la desechó. De menos de 10 mil casos de contagio a mediados de abril, cuando era posible aplicar el paquete de medidas arriba mencionado, llegamos a cerca de los 400 mil casos a mediados de agosto y a un desempleo potencial que se acerca al 30% de la fuerza de trabajo.

Chile tuvo esa oportunidad, pero lamentablemente el gobierno la desechó.

2.      Escenario macroeconómico 2020-2021

La reactivación económica será lenta e incierta pues dependerá mucho de la evolución sanitaria. En este contexto, podría tomar dos años para retornar al PIB por habitante de 2018 y a niveles de desempleo de un dígito.

Los argumentos previos no permiten esperar repuntes demasiado significativos de la inversión privada. La inversión pública deberá realizar un esfuerzo especial para dinamizar la demanda y, por esa vía, estimular a la inversión privada. Una evidencia más de la torpeza del neoliberalismo al reducir la capacidad de inversión del Estado y dejar casi todo en manos del mercado.

La recuperación del consumo y de las exportaciones debieran ser los factores que más estimulen el crecimiento. En ese escenario, el ingreso de las familias deberá seguir siendo apuntalado justamente para sostener mayores niveles de consumo. La masividad de la respuesta en el retiro de fondos de las AFP da muestras de la urgencia de esta política.

La masividad de la respuesta en el retiro de fondos de las AFP da muestras de la urgencia de esta política.

Para que las exportaciones contribuyan más al crecimiento, es fundamental que el BCCH se comprometa a defender la actual paridad cambiaria, evitando apreciaciones excesivas del peso. Con ello no sólo se daña el empleo formal, sino que además crece el empleo informal callejero, asociado al comercio ambulante que, por cierto, no es el tipo de empleo que nos interesa promover.    

Es decir, tanto para sostener el nivel de consumo como para animar la inversión privada se requiere que la política fiscal siga tirando el carro de la recuperación, tanto en sus transferencias corrientes a familias, apoyo a PYMES como en una dinámica mucho más acentuada en la inversión pública.

En cualquier caso, necesitamos iniciar un renovado trabajo de promoción de exportaciones no tradicionales de bienes y servicios, buscando adecuarnos a las nuevas exigencias que imponen la pandemia y la post pandemia.

Proyecciones 2020-2021                 

La actual crisis es muy diferente respecto de las que tengamos recuerdo. Es una crisis planetaria, no concentrada en un grupo específico de países.

En Chile, el impacto en la actividad económica ha sido muy significativo, afectando con especial fuerza al sector servicios y al comercio minorista, excepto alimentos y artículos de primera necesidad. Comparando el primer semestre del 2020 con el primer semestre del 2019, la caída del PIB fue de 6,7%. A su vez IMACEC de junio registra una caída de 12,9% respecto a junio del 2019.

En el mes de julio también debiera registrarse una caída de dos dígitos. Sin embargo, las mejores perspectivas de la construcción, el mayor ingreso disponible debido al masivo retiro del 10% de las AFP, unido a un mayor dinamismo de las economías asiáticas,[1] debieran llevar a una gradual recuperación de la economía. La caída anual del PIB en 2020 estará en torno a 5-5,5%, recogiendo el impacto en consumo del retiro del 10% de las AFP. Un riesgo a la baja en lo que resta de 2020 es que, al alto nivel de la deuda de hogares, se suma que la morosidad en los créditos de consumo se duplicó en doce meses, llegando a niveles superiores al 8%, según el presidente de la ABIF, lo que podría complicar la actividad y la oferta de crédito del sector financiero.

Corrigiendo una anomalía que estuvo vigente desde el comienzo de la autonomía del Banco Central, se acaba de aprobar una reforma constitucional y un cambio en su ley orgánica que le permitirá transar instrumentos financieros emitidos por el Fisco en el mercado secundario abierto, lo que potenciará la ejecución de la política monetaria.

A pesar de lo anterior, la magnitud y característica de esta crisis requiere que la política fiscal tenga un rol de primera importancia.  Sin embargo, la política fiscal hasta ahora ha sido lenta, insuficiente y poco transparente.

Inicialmente se pensó que el principal efecto de esta crisis se manifestaría en una reducción de la oferta de bienes y servicios. Rápidamente se comprendió que iba a reducir, con igual o mayor fuerza, la demanda agregada, debido a la violenta contracción de ingresos y al deterioro de las expectativas de consumidores y empresarios.

Debido al efecto de la crisis sobre la fuerza de trabajo, y a las medidas del gobierno, la “verdadera” tasa de desempleo supera con creces el 20%, acercándose a 30%. En particular, según cifras del Centro de Encuestas y Estudios Longitudinales de la Universidad Católica, en los últimos doce meses han perdido el empleo cerca de 2,3 millones de trabajadores, la mayor parte de los cuales ha salido de la fuerza de trabajo, al extremo que los inactivos superaron a la fuerza de trabajo y la tasa de participación laboral cayó de 63%, antes de la pandemia, a 47, 5% en julio.  Por su parte, la destrucción de empleo generó que la masa salarial, que entre 2018 y 2019 creció sobre 4%, este año caiga en más de 10%.

Es muy posible que la tasa de desempleo (INE) permanecerá en dos dígitos hasta fines del próximo año. Son cifras desconocidas en nuestra historia económica y ello habla de i) la urgencia de un paquete fiscal de emergencia mucho más potente que el aplicado por el gobierno y ii) la necesidad de programas de empleo de emergencia que, al menos, durante dos años apuntalen el mercado del trabajo.

Con relación a los determinantes del gasto, el que se ve más débil en los próximos 18 meses, y que tiene un fuerte impacto en el empleo, es la inversión privada, que este año caerá en torno al 12%. Aquí es fundamental que la inversión pública se dinamice y juegue un rol de catalizador para la inversión privada. El consumo puede debilitarse si no hay una recuperación del empleo y si no se mantienen los programas fiscales para complementarlos.

3.      La recuperación económica también partirá por temas sanitarios

Las primeras ventanillas de empleo y reanimación económica surgirán ligadas a la aplicación de testeos masivos, trazabilidad de contagios y contactos, confinamiento de tales casos, fabricación de mascarillas, guantes, antiparras, provisión generalizada de alcohol gel y termómetros digitales para el control instantáneo de la temperatura y, en general, los equipamientos médicos y sanitarios que permitan detectar y aislar los nuevos casos de contagio. El Fondo COVID-19 debiera proveer recursos para ello tanto para los municipios, las PYME, así como para la preparación del transporte público para la reactivación económica y el plebiscito de octubre.

1. Trazabilidad y resguardos sanitarios

La salud primaria radica en los municipios, por ende, éstos debieran ampliar transitoriamente su poder de contratación para asegurar el control sanitario. Mientras mayor y mejor sea ese control, más robusta y rápida será la recuperación económica. Lo importante no es sólo más empleos, sino más empleos decentes y con salarios dignos, evitando la precarización de los mismos. Un aspecto muy negativo sería gestar empleos precarios, lo que proyectaría en el tiempo la pobreza.

El gradual retorno de las actividades económicas debe estar acompañado de las medidas sanitarias que lo viabilicen. Una reapertura apresurada y no segura podría llevarnos a un ciclo intermitente de recuperación y retroceso en forma de W y no de V.

•  Apoyo a PYMES para seguridad en lugares de trabajo

Mientras dure la emergencia sanitaria, la Superintendencia de Seguridad Social podría contratar personal transitorio para proveer asistencia técnica y prescripción de medidas, diseño e implementación de protocolos, todo esto adecuado a las particularidades de cada empresa.

Hasta ahora, el gobierno presiona en busca de la reactivación, pero no se avanza en las necesarias medidas de resguardo. No basta solicitar a las empresas que actúen en esa dirección: debe existir una normativa rigurosa y protocolos claros al respecto. Por ejemplo, hay varias empresas que han dispuesto transporte privado para sus trabajadores. El gobierno podría diseñar algún incentivo para masificar esta política. Ello además ayudaría a descongestionar el transporte público, facilitando las políticas de distanciamiento físico.

•  Transporte público

La mayor seguridad sanitaria en los lugares de trabajo tiene poco sentido si es que no va acompañada de seguridad en el transporte público. Por lo tanto, el plan “Paso a Paso Laboral” queda cojo, al no preocuparse por el trayecto ida y vuelta de los trabajadores desde sus casas a sus lugares de trabajo. Esto requiere inversiones precisas que hay que financiar y también de la activación de instituciones como CORFO, SERCOTEC, INDAP, FOSIS, ENAMI Y SENCE.

La oportunidad debe ser aprovechada para un cambio de paradigma, transitando desde las actuales ciudades segregadas a ciudades integradas, accesibles, saludables y sostenibles. Por cierto, estas medidas tienen costo debiera ser abordado por los recursos del Fondo COVID, toda vez que operan exactamente en la línea de una reactivación más pronta y más segura. Un diálogo público-privado al respecto de seguro podría agregar otras opciones posibles de implementar.

4.      Ejes de la propuesta

     La prioridad principal es la recuperación del empleo

El drama del desempleo se aprecia con toda claridad al comparar el trimestre abril-junio 2020 respecto de similar período 2019, donde se comprueba lo siguiente:

• Se han perdido 1,8 millones de empleos, con una caída de 20% en el total de ocupados;
• Casi un millón de trabajadores está en desempleo (996 mil); una tasa de desempleo abierto del 12,2% de la fuerza de trabajo;
• 800 mil trabajadores están en sus casas (ocupados ausentes), manteniendo el vínculo con su empresa y recibiendo una fracción de su salario, aportada por su fondo de cesantía;
• Como rasgo inédito de esta crisis laboral, los inactivos superaron a la población ocupada (7,5 millones versus 7,1 millones). Los inactivos potencialmente activos, es decir, que están dispuestos a trabajar, sumaron 1,4 millones;
• La tasa de desempleo potencial, es decir, el desempleo abierto más los inactivos potencialmente activos asciende al 30% de la fuerza de trabajo, es decir, 2,42 millones de trabajadores;
• El promedio de horas trabajadas fue de 32.3 horas semanales, una reducción del 32% en doce meses.

La subutilización de la fuerza de trabajo abarca casi a un tercio de la misma.

Cuando el desempleo saltó del 10.3% en 1981 al 19,8% en 1982, tomó 6 años (1988) para volver a un desempleo inferior al 10%. En la crisis asiática, el desempleo llegó al 10% en 1999 y tomó otros seis años alcanzar un desempleo de un dígito (9.3%).

Suponiendo que un tercio de esos empleos se recupere en el segundo semestre, entonces recuperar 1 millón 200 mil empleos tomaría 6 años. Así de dramático se presentará el escenario laboral en los próximos cinco años.

Por cierto, ello depende de la intensidad de la recuperación y, por tanto, de la eficacia de las políticas para recuperar el crecimiento y el empleo. Importa destacar que recuperación del producto no va de la mano con recuperación del empleo, toda vez que, en las primeras fases de la recuperación, se produce con el mismo stock de fuerza de trabajo, se recuperan horas de trabajo y se incrementa la cotización sólo cuando las perspectivas de la demanda se van afirmando.

Un segundo elemento a considerar es que en momentos ocupacionales tan críticos como el actual opera el llamado “efecto desaliento”, es decir, aumenta la población inactiva pues se deja de buscar trabajo ante la probabilidad tan baja de encontrarlo, con mayor razón en situación de pandemia y de confinamientos y desconfinamientos selectivos. Lo anterior quiere decir que esa recuperación del empleo va a coincidir con bajos salarios pues el incremento en el “ejército de reserva” presionará los salarios a la baja. 

Un tercer elemento alude a la histéresis laboral, esto es, períodos largos de desempleo hacen, por un lado, que los trabajadores vayan perdiendo contactos y habilidades y por otro, que los empleadores desestimen contratar a quienes llevan demasiados meses fuera de la fuerza de trabajo.

Por todo lo anterior, la tragedia laboral que nos aqueja y el elevado costo social que conlleva es el principal desafío económico y social de Chile y lo seguirá siendo por varios años. Por lo tanto, la generación de empleos y la defensa de los actuales, es la tarea de las tareas. Hasta ahora, para variar, las medidas implementadas por el gobierno han llegado tarde y mal, con insuficiente cobertura, con excesivos requisitos y cargándole la mano a los trabajadores.

Por lo tanto, la generación de empleos y la defensa de los actuales, es la tarea de las tareas.

A mediados de agosto, son 710 mil los trabajadores que el INE lista como “ocupados ausentes”, es decir, trabajadores que han visto disminuir su salario, que no están laborando pero que mantienen su contrato laboral. El trabajo coordinado de las diversas agencias de gobierno con los municipios es clave al respecto.

Mientras dure la emergencia sanitaria, proponemos ampliar la cobertura del seguro de cesantía. Muchos trabajadores quedan fuera de la posibilidad de usar los fondos del seguro. Los tres casos más importantes son las cerca de 150 mil trabajadoras de casa particular que fueron despedidas, los 504 mil trabajadores por cuenta propia inactivos, así como los trabajadores que, estando cesantes no pueden acceder al seguro de cesantía, por no cumplir alguno de los requisitos. Si bien el gobierno ha disminuido los requisitos de acceso, ello aún sigue siendo insuficiente e inequitativo. Por ello, proponemos:

• Que la regla general sea que se acceda al menos al 50% del sueldo correspondiente durante todos los meses que dure el beneficio;
• Que la medida esté en vigor, al menos, durante el resto de 2020;
• Eliminar la exclusión de 4,2 millones de afiliados al SC, que no cumplen con el tiempo de cotización previo, pero tienen recursos en la cuenta;
• No contabilizar los pagos actuales en el uso de las cuentas individuales, ni en el uso futuro del seguro de cesantía, dado que la pandemia es un evento extraordinario que requiere de medidas extraordinarias;
• Se debe prohibir el despido mientras dure la vigencia del seguro de cesantía;
• Enviar un proyecto de ley que permita el acceso permanente al fondo solidario del seguro de cesantía, una vez que los trabajadores han agotado el uso de sus fondos individuales.

Es indispensable fortalecer con nuevos recursos el subsidio al Empleo Joven y el Bono al Trabajo de la Mujer; diseñar con urgencia programas de capacitación remunerados que atraigan a jóvenes más vulnerables; programas de empleo de emergencia radicados de preferencia en las comunas más vulnerables. De igual forma, se requerirán programas especiales de apoyo al empleo, con los debidos resguardos sanitarios en turismo, agricultura y en el trabajo de temporero(a)s. Los municipios más ligados a estas actividades deberían contar con el financiamiento necesario para empezar a diseñar tales programas.

•  Apoyo al ingreso y bienestar de las familias

La sordera e ineficacia del gobierno más los problemas estructurales de desigualdad y discriminación explican por qué Chile está entre los con más contagios y el tercero con más muertes por millón de habitantes del mundo, como resultado del COVID.

Es hora de enmendar el rumbo. Si la gran magnitud de la crisis social y económica generada por el COVID resulta de fallas gubernamentales y de problemas estructurales, su salida debe considerar ambas dimensiones.

Proponemos avanzar gradualmente hacia una renta básica universal que asegure que no habrá familias chilenas viviendo bajo la línea de pobreza. Ello puede lograrse integrando todas las modalidades de ayuda que ha diseñado el gobierno en un único instrumento que aporte o complemente los ingresos de todas las familias para que éstas lleguen al nivel de ingreso que el Ministerio de Desarrollo Social estima como línea de pobreza.

El Estado debe también fortalecer la seguridad social. Ello requerirá fortalecer la contribución pública a la salud, pensiones y seguro de desempleo.

Proponemos que la primera prioridad sea la que la ciudadanía ha hecho ver con toda claridad: las pensiones. La reforma, al menos, debe contemplar un fortalecimiento del pilar solidario, la creación de un pilar contributivo solidario con la totalidad del aporte gradual que pueda exigirse del empleador, administrado por el Estado.

Estamos conscientes que estos objetivos importan grandes recursos para un Estado que ya se endeuda por uno de cada tres pesos que gasta, lo que es completamente insostenible. Proponemos, por tanto, una reforma estructural de nuestro sistema tributario que introduzca perfeccionamientos graduales que terminen elevando la carga tributaria en el equivalente a cinco puntos del PGB. Un desafío complejo, pero que ha sido asumido con éxito en múltiples países y desde donde se puede aprender.

Estamos conscientes que estos objetivos importan grandes recursos para un Estado que ya se endeuda por uno de cada tres pesos que gasta, lo que es completamente insostenible. Proponemos, por tanto, una reforma estructural de nuestro sistema tributario que introduzca perfeccionamientos graduales que terminen elevando la carga tributaria en el equivalente a cinco puntos del PGB.

Ya experimentamos el resultado de la sordera gubernamental a este tipo de propuestas: una crisis más profunda que la que el país se merecía y una corroboración de que las grandes movilizaciones sociales que se iniciaron en octubre pasado eran plenamente justificadas y, por ello, continuarán hasta que la dignidad se haga costumbre. El camino de la dignidad es el único que Chile puede y debe recorrer. 

• El retorno laboral seguro                

El plan Paso a Paso Laboral que definió el gobierno debiera:

• Haber sido consultado desde el inicio con las organizaciones de los trabajadores;
• Contar con importantes contingentes de fiscalizadores que resguarden la efectiva aplicación de las medidas aconsejadas;
• Apoyar con créditos y subsidios a las pequeñas empresas para que puedan poner en práctica los protocolos respectivos. Estos recursos debieran provenir del Fondo COVID, toda vez que van precisamente en la dirección de facilitar la recuperación económica. Este tipo de gasto estimularía más la economía que las rebajas tributarias pues reduciría el riesgo de retornos a períodos de cuarentena, evitando entonces que la economía transite por ciclos “stop and go”. 

Para que las normativas sanitarias se pongan efectivamente en práctica en las empresas, particularmente en las PYMES, el Estado debe concurrir con el financiamiento necesario a través de subsidios y créditos blandos, a la altura de la profundidad de la crisis.

La perspectiva de género deberá subrayarse en todos y cada uno de estos temas, toda vez que la carga del costo laboral y de ingresos de la pandemia está recayendo de forma desproporcionada en las mujeres, particularmente en aquellas de ingresos bajos y medios.  

•  Transformación productiva y empleos decentes

Como no se trata de volver a hacer lo mismo que antes de la pandemia, es necesario que las políticas de empleo de emergencia tiendan un puente hacia el futuro, incluyendo los gérmenes de una transformación y diversificación productiva. Por ello, debieran incluir: 

• Programas de atracción de inversiones en sectores dinámicos y generadores de empleo de calidad, asociados a un fuerte componente de capacitación y de formación técnica, para generar un pool atractivo de personal en esos sectores, y específica, asociada a requerimientos específicos de los inversionistas;
• Programas de formación de empleos emergentes a través de metodologías ágiles para personas de distinto grado de calificación (del tipo de “Talento Digital”). Estos programas se estructuran en asociación con el sector privado, que contribuye a identificar requerimientos emergentes, y con entidades de formación técnica públicas y privadas;
• Establecimiento de una política robusta de activación laboral que conecte a las personas con las oportunidades de empleo estimulando un mercado laboral más inclusivo. Ello pasa por adaptar metodologías disponibles en el mundo en materias de motivación, empleabilidad y oportunidad, implementar programas de empleabilidad para el segmento NINI, fortalecer las capacidades de la red de OMIL, entre otras tareas;
• Reforma en la educación superior orientada a incorporar mayores grados de flexibilidad en el currículum y contenidos en tecnologías emergentes.

•  Programa nacional de capacitación

La recuperación del empleo debe ser en condiciones de “empleo decente”. Ello requiere un nuevo trato laboral en materia de salarios, negociones colectivas y diálogo intraempresa, incluyendo ahora el resguardo de las condiciones sanitarias. Es fundamental abordar un programa masivo de capacitación y reentrenamiento laboral para millones de trabajadores que enfrentarán, por un lado, el doble desafío de las readecuaciones productivas y laborales post pandemia y, por otro, las transformaciones tecnológicas, muchas de las cuales se han acelerado, producto de la misma pandemia.

La desigualdad de acceso y de oportunidades se ha reflejado marcadamente en el acceso a las nuevas tecnologías. Si la post pandemia genera un uso exponencial de las tecnologías digitales, este estará concentrado en las empresas y personas que ya contaban con acceso antes de la pandemia, ahondando aún más la brecha de desigualdad. La tarea de las políticas públicas para corregir estas asimetrías es impostergable.

La experiencia nos ha mostrado que es necesario reformular la legislación y evitar modalidades regresivas de teletrabajo, particularmente en contra de las mujeres.  

La apuesta por la capacitación y el reentrenamiento laboral debe ser reforzada. Los programas de capacitación dirigidos a los grupos vulnerables, que deberían ser los prioritarios, tienen un lugar secundario en la agenda de la política pública. Estos últimos programas debieran escalar hacia coberturas 10 o 20 veces mayores que las históricas. 

Es urgente un programa de reentrenamiento para empresarios y trabajadores de empresas que no pueden seguir operando. Más de dos millones de personas que hoy están sin trabajo, podrían utilizar su tiempo en programas de estas características. Si estas actividades de capacitación para cesantes se realizaran con pagos equivalentes al salario mínimo para quienes participen en ellas, además de actualizar habilidades, se estaría contribuyendo a sostener la demanda y a apoyar a familias de menores ingresos.

Si estas actividades de capacitación para cesantes se realizaran con pagos equivalentes al salario mínimo para quienes participen en ellas, además de actualizar habilidades, se estaría contribuyendo a sostener la demanda y a apoyar a familias de menores ingresos.

Proponemos un acuerdo político mayor para ubicar la capacitación en el centro de las políticas públicas, en el marco de un diálogo tripartito que permita recoger y aplicar creativamente las mejores prácticas internacionales. Un ciclo largo de elevado desempleo – con cifras de desempleo abierto de 30% o más en los jóvenes – está bastante cerca de calificarse como un desastre económico y social. La post pandemia exige abordar este desafío y hacerlo con urgencia.

• Elevando la inversión 

El gobierno insiste en su tesis de que la inversión privada depende básicamente de los recortes tributarios, despreciando toda la evidencia teórica y empírica al respecto. En el actual contexto, aplacar con rapidez los contagios, solventar el ingreso del 80% de las familias de menores ingresos, apoyar a las PYMES con créditos blandos y subsidios y llevar a cabo una activa política de inversión pública, es lo que más favorecería el despliegue de la inversión privada. Incentivos tributarios en ausencia de estas últimas variables tendrán un efecto muy limitado sobre el crecimiento.

El gobierno insiste en su tesis de que la inversión privada depende básicamente de los recortes tributarios, despreciando toda la evidencia teórica y empírica al respecto.

Elevar la inversión pública en infraestructura física, social, ambiental y digital es una clave de la recuperación y el desarrollo. Restarle recursos a la inversión pública para financiar subsidios tributarios a la inversión privada en un contexto de recesión es una buena medida para concentrar aún más el ingreso, pero no es la mejor vía para estimular el crecimiento.

es una buena medida para concentrar aún más el ingreso, pero no es la mejor vía para estimular el crecimiento.

El plan de Piñera

El presidente Piñera acaba de anunciar un plan de inversión pública por US$ 34 mil millones, a ejecutarse entre los años 2020 y 2021. Este plan, si bien se titula de obras públicas, en verdad, comprende obras de diversos ministerios, lo que ciertamente complica la comparación con programas previos de obras públicas. Lo que interesa para la reactivación es conocer los recursos adicionales que se orientarán a dinamizar la inversión y con ello la reactivación económica y el empleo.

En el caso del MOP se menciona un presupuesto de US$ 9.360 millones para el período 2020–2022, correspondiente a 2.130 proyectos, y se menciona que US$ 2.895 millones serían adicionales a los presupuestos. Considerando que el gobierno ha manifestado su intención de marchar rápido a la consolidación presupuestaria, es razonable suponer que en los años 2021 y 2022 veremos un presupuesto de mantención para la inversión en obras públicas. Por tanto, tal presupuesto para el trienio 2020-2022 sumaría US$ 9.921 millones, incluyendo los US$ 2.895 millones adicionales ya mencionados.[2] Sin embargo, la inversión adicional ofrecida promedia US$ 965 millones por año, apenas un 0,4% del PIB. Más allá del show en la presentación de estas cifras, lo relevante es que el efecto reactivación, asociado a nuevos recursos, sigue siendo marginal respecto a la magnitud de las exigencias. 

Sin embargo, la inversión adicional ofrecida promedia US$ 965 millones por año, apenas un 0,4% del PIB. Más allá del show en la presentación de estas cifras, lo relevante es que el efecto reactivación, asociado a nuevos recursos, sigue siendo marginal respecto a la magnitud de las exigencias. 

Con todo, es positivo que el gobierno haya recapacitado y tras contraer inicialmente la inversión pública, reconozca ahora la necesidad de dinamizarla para reactivar el crecimiento, aunque lo haga en un monto demasiado pequeño. Resta conocer, sin embargo, varios temas relevantes: i) el nivel de subejecución en la inversión de 2020, el que ciertamente debería haberse elevado más allá de la tendencia por los impactos de sucesivas cuarentenas; ii) el detalle de los proyectos, para ver qué tan efectivo será su aporte al crecimiento en el corto plazo; iii) cuánto de estos proyectos es mera inercia y cuánto son nuevos recursos.

Ayudaría a la transparencia y credibilidad del proceso que se pudiera contar con esta información relevante. De hecho, en el Mensaje Presidencial de 2018 se anunció un Plan de Inversión Pública por US$ 20 mil millones para el lapso 2019-2022 (pg. 22). A continuación, en el Mensaje Presidencial de 2019 se habló de un Plan Nacional similar por los mismos US$ 20 mil millones, pero ahora para el período 2018-2022. Es decir, de un año a otro, la inversión anual promedio cayó un 25%, es decir, de 5 mil a 4 mil millones de dólares.   

Es decir, de un año a otro, la inversión anual promedio cayó un 25%, es decir, de 5 mil a 4 mil millones de dólares.   

En materia de inversión privada, el gobierno anuncia 138 proyectos privados que iniciarían construcción y/o operación en 2020-2021 por un monto de US$ 24.500 millones. Ese promedio anual de US$ 12.250 millones no se aparta demasiado de los promedios anuales históricos. De hecho, los cálculos de la Corporación de Bienes de Capital han sugerido promedios anuales de US$ 12 mil millones desde el año 2016. De nuevo, acá es necesario conocer dónde están los proyectos nuevos y los recursos adicionales, de modo de separar lo que es mera tendencia, es decir, de proyectos que se iban a realizar de todas formas.

De nuevo, acá es necesario conocer dónde están los proyectos nuevos y los recursos adicionales, de modo de separar lo que es mera tendencia, es decir, de proyectos que se iban a realizar de todas formas.

1.  Un rol más activo del Estado en innovación: el papel de la CORFO

CORFO tiene un presupuesto total que supera los US$400 millones, monto que podría redireccionarse para (1) promover el empleo, (2) apoyar empresas en peligro de quiebra y (3) reactivar la economía.  Más aún, esos montos podrían triplicarse durante 2021 y 2022. Sugerimos tres grandes instrumentos en los que CORFO podría concentrarse.

• Apoyo Directo a PYMES y Empleo: CORFO podría expandir los programas de apoyo al emprendimiento y contratación de personas. Hoy CORFO cuenta con dos programas que podrían ser modificados (contratación de profesionales y Voucher Emprendimiento). Además, apoya la entrega de créditos a través de empresas de factoring, cooperativas de crédito y otros. Mediante estos mecanismos CORFO podría apoyar la entrega de liquidez a empresas pequeñas y medianas;
• Modificar los instrumentos de inversión: Actualmente CORFO tiene instrumentos para inversión en empresas tecnológicas, donde CORFO presta dinero a inversionistas de riesgo, quienes invierten dinero propio y de CORFO en una ratio 1:3.  Se propone modificar este instrumento para que el dinero de CORFO no sea prestado, sino que CORFO mantenga la propiedad de estas empresas. Este instrumento puede ser utilizado para apoyar a empresas pequeñas y medianas y evitará la quiebra de empresas tecnológicas con viabilidad económica pero afectadas en su liquidez.
• Inyecciones de Capital con Privados: En casos de peligro de quiebra, el Estado podría salvar tales empresas, a cambio de adquisición de capital. Se propone que CORFO cree nuevos instrumentos y modifique instrumentos actuales para la adquisición de propiedad.
• Compra de Empresas Medianas y Grandes (apertura a Bolsa): Respecto a empresas grandes, se ha generado un consenso en que el Estado de Chile debe hacer esfuerzos para impedir que las empresas quiebren, dado que esto afectaría a la economía en el largo plazo. El apoyo a estas empresas puede ser vía créditos y también a través de inyecciones de liquidez, a cambio de propiedad de las compañías, a precio de las acciones. Esta adquisición de propiedad por parte del Estado presenta oportunidades y riesgos para la política pública.

La primera oportunidad radica en la posibilidad del Estado de adquirir propiedad de empresas en sectores estratégicos para el desarrollo de Chile. Estos sectores pueden ubicarse en la minería, la industria, la agroindustria o la acuicultura. Este sería el primer paso para que el Estado de Chile vuelva a tener políticas económico-industriales. En

•  El rol de las pequeñas empresas en la reactivación

La destrucción de empleos va de la mano con la destrucción de microempresas y pequeñas empresas, fundamentalmente. Cuando salgamos de la crisis sanitaria no sólo lo haremos con una economía más pequeña, con más desigualdad y pobreza, sino que también lo haremos con un mayor nivel de concentración económica.

La crisis acarreará la desaparición de muchas empresas de tamaño medio y pequeñas y también la de algunas grandes empresas que no sean rescatadas por el Estado. Las porciones de mercado que estas empresas cubrían serán absorbidas por las empresas sobrevivientes.

¿Cuáles son las necesidades reales y qué oportunidades se presentan hoy y en perspectiva de recuperación productiva?

La gran oportunidad es la capacitación y formación técnica masiva para empresarios y trabajadores, como la que propusimos en la sección 4.e.  Empero hay otros desafíos. Para lograr esa transformación, es necesario efectuar una profunda reforma estructural del mercado de capitales, creando una Banca de Desarrollo. Los fondos requeridos existen y corresponden a los ahorros de largo plazo de los trabajadores, acumulados en los fondos previsionales en las AFP, esos recursos pueden dirigirse, gradualmente, a la banca de desarrollo para financiar el desarrollo productivo de las PYMES. Así mismo, las grandes empresas podrán invertir sus recursos en este Banco, para contribuir al desarrollo y mayor productividad de sus proveedores. Así se completa un círculo virtuoso que beneficia a Chile.

Por último, se requiere asistencia técnica y asesorías para el retorno seguro y apoyo a la transformación productiva con extensionismo y transferencia tecnológica para la modernización productiva. Las PYMES con un mayor acceso al financiamiento de largo plazo, transferencias tecnológicas, capacitación empresarial y laboral, pueden ser un eslabón relevante en este proceso de reconversión, mejorando su capacidad de conquistar nuevos mercados o convertirse en proveedores de Clústeres de los grandes productores.

La transformación productiva debiera vigilar su correspondencia con la inclusión social y la sostenibilidad ambiental. La inclusión social en la recuperación económica supone un esfuerzo deliberado por reforzar la presencia de las PYMES en producción y ventas. La experiencia muestra que las PYMES aportan una proporción importante del empleo y generan redes territoriales y circuitos económicos locales a lo largo de todo Chile. De allí la importancia de apoyarlas en la emergencia con mejores condiciones crediticias y postergación de deudas, así como con programas de subsidios para enfrentar costos fijos y capital semilla para financiar procesos de transformación y creación de nuevas empresas.

La transformación productiva debiera vigilar su correspondencia con la inclusión social y la sostenibilidad ambiental.

Consideraciones finales

El documento resumido en estas líneas abunda finalmente en propuestas específicas en ámbitos tan significativos como

i)Territorios, gobiernos subnacionales y reactivación

    Municipios y organizaciones de base más fuertes para el desarrollo local

• La reactivación, el medio ambiente y el cambio climático (Chile es uno de los países más vulnerables al efecto del cambio climático)

En atención a lo anterior el documento enfatiza en la calidad de las inversiones para el 2020-2022, que, en adelante, deben estar orientadas por criterios ambientales y tomando en cuenta las consecuencias del cambio climático, especialmente en cuanto a escasez hídrica

Requerimos atraer inversiones de empresas que busquen localizaciones con oferta de energías limpias y mano de obra calificada. La importante llegada en años recientes de inversiones en el área de los Data Centers que se abastecen con energía verde es un ejemplo de ello.

adoptar altos estándares medioambientales y/o adaptarse a los cambios derivados del calentamiento global.

Por último, y no menos importante, Chile necesita reconvertir sus industrias tradicionales (Minería, Alimentos de Exportación, Construcción, etc.) en la dirección de adoptar altos estándares medioambientales y/o adaptarse a los cambios derivados del calentamiento global. Para ese efecto, cabe aprovechar las oportunidades de innovación –propia o de sus proveedores– abiertas por la digitalización de procesos y los avances de la ciencia de los datos, de modo de poder sostener y expandir mercados, y de esa manera, proteger empleos, pero esta vez adecuados a las presiones del cambio climático y del cambio tecnológico.

• Promoción de exportaciones

Las cifras del mes de julio muestran que las exportaciones empiezan a recuperarse gradualmente de su brusca caída en el trimestre marzo-mayo. La principal explicación radica en la reactivación de la demanda china, por una parte, y por otra, en que hay señales de que el peor momento de la actividad económica mundial habría acontecido en el segundo trimestre. Se sumarían al dinamismo chino los anuncios de un nuevo estímulo fiscal en USA y el paquete comunitario de reactivación en la UE. Esto anticipa mejores noticias para nuestras exportaciones en el cuarto trimestre de 2020, de no mediar un rebrote mayor en esas economías.

La orientación exportadora de nuestro desarrollo requiere una macroeconomía que evite “la montaña rusa” del tipo de cambio; que lo defienda en niveles altos y competitivos y que se complemente con políticas de desarrollo productivo que estimulen la inversión y la innovación y con otras que fortalezcan el tejido empresarial de las PYMES (financiamiento, capacitación, gestión, empresarización, asociatividad).

Finalmente, el documento plantea seis iniciativas consistentes con la urgencia de reactivación exportadora a mediano plazo, considerando aspectos financieros y regulatorios con énfasis en rol de PYMES.

---