Descentralizando la Memoria

Uno de los ejes del muy complejo proceso de conmemoración de los 50 años del Golpe de Estado es, como bien ha señalado el gobierno de Gabriel Boric, la memoria. A poco andar, sin embargo, se han empezado a erigir barreras diversas ante este proceso y sus posibles alcances. ¿Cómo hacer la distinción entre memoria e historia? ¿Cómo lograr un consenso nacional mínimo para caracterizar la interrupción violenta de nuestra democracia, que permita pasar a continuación a un rechazo también consensuado de las múltiples y duraderas violaciones de los derechos humanos?

A menos de cuarenta días del 11 de septiembre no parece haber avances en esta tarea indispensable para la convivencia nacional presente y futura. Pero al menos es posible realizar ejercicios de memoria individual a quienes fuimos parte activa del proceso político vivido durante la Unidad Popular y sufrimos luego la represión que prosiguió, en cada rincón de Chile, al golpe cívico militar de 1973.

La frase “en cada rincón de Chile” no es un recurso retórico. Tampoco lo sería decir que la represión recayó en profesores y estudiantes de todos los niveles, en sindicatos y juntas de vecinos, en trabajadores industriales, mineros o del mundo campesino, en médicos, abogados, economistas, ingenieros, contadores, y agrónomos, de sexo masculino o femenino y vivieren en la provincia que vivieren. También en cada universidad existente en la época. En fin, en toda la sociedad chilena. Incluso, aunque en forma selectiva, en militares de alto rango. Allí están los casos de dos comandantes en jefe del Ejército asesinados, René Schneider y Carlos Prats, de los generales Oscar Bonilla y Augusto Lutz que seguían en la escala de mando a Pinochet y de varios uniformados ultimados en servicio activo.

El impacto de la represión en Santiago contra los dirigentes de la Unidad Popular y el exterminio de las direcciones nacionales de los Partidos Comunista y Socialista, también del MIR, ha hecho que la ejercida en las provincias de entonces no haya tenido extendida difusión, aunque el Museo de la Memoria, el Instituto de Derechos Humanos y en los últimos años el Poder Judicial realizan ímprobos esfuerzos por una política descentralizada de derechos humanos y de memoria.

Mi ejercicio individual de memoria está situado en Concepción y abarca una parte de mi larga estadía en su cárcel. Refiere puntualmente a un extraño “proceso” de investigación nunca iniciado realmente sobre las actividades del Banco de Concepción estatizado. Si bien se ha avanzado sustantivamente en ejercicios de memoria y derechos humanos gracias al tesón de Gabriel Reyes, ex – preso político y creador de la Corporación Regional de Memoria y Derechos Humanos y a las instancias académicas que en la Universidad de Concepción dirige el historiador Danny Monsálvez sobre Historia de la Unidad Popular en la región, el caso del Banco de Concepción tras el golpe de 1973 no tiene al parecer y hasta el momento, un narrador. Es lo que me propongo en las líneas siguientes.

En noviembre de 1973 la dictadura logró detener y reunir en la Cárcel de Concepción a casi todo el directorio del Banco de Concepción, que había sido estatizado en 1971 como todo el resto de la banca del país mediante el proceso de compra de sus acciones. Eran todos profesionales de destacada trayectoria en la región y militantes de los Partidos Socialista y Comunista. Nombro solamente a los que ya fallecieron: El presidente Ozren Agnic y los directores Samuel Fuentes y Wlady Troncoso. Estábamos además el gerente de crédito Harlan Guler, el asesor de la Presidencia Eugenio Miranda y yo mismo, como abogado del Banco.

Como dirigente del Comité Regional del Partido Socialista, llegué a la cárcel penquista después de un duro paso previo por la Isla Quiriquina, el Apostadero Naval y el Estadio Regional penquista, tras interrogatorios con torturas diversas cuyas incidencias narré a la Comisión Valech. De modo que recuerdo con cierta extrañeza el seudo proceso contra el Banco de Concepción realizado sin torturas.

El hecho de que la dictadura nos había reunido como presos para investigar los presuntos fraudes de que daban cuenta machaconamente los medios de comunicación regionales era la primera señal del inminente proceso. La segunda fue que nos separaron de los compañeros que fueron enviados al norte, al campo de concentración de Chacabuco.  Y finalmente nos empezaron a interrogar excepcionalmente sin torturas y ostensiblemente sin información de algún presunto fraude. Inmediatamente me vino a la memoria un extraño y feroz interrogatorio del que fui objeto en la Isla Quiriquina por un oficial de la Armada al que le faltaba un brazo, reemplazado por un gancho, al que llamábamos obviamente el Capitán Garfio. Su “fuente” de información era una crónica del Diario El Sur que me señalaba como cerebro de una “Operación Hormiga” destinada a defraudar al Banco de Concepción para la compra de armas por el Partido Socialista. Para evitar el mal resultado de ese interrogatorio y de otros de ese tipo, los agentes militares a cargo nos interrogaban sobre los procedimientos y controles existentes en un banco en general. No estaban, obviamente, entrenados para averiguar cómo funciona un banco ni de las maneras para una supuesta defraudación. Tras aquellos infructuosos intentos, un día fui “citado” a la oficina de un designado fiscal ad hoc a quien yo conocía. Me trasladaron en un vehículo del Servicio de Prisiones y con la custodia extra de un jeep militar con cinco hombres. Vestido con un flamante uniforme, al parecer correspondiente a un alto grado otorgado recientemente, el citado abogado me pidió que le instruyera sobre el funcionamiento de un banco en general y el de Concepción en particular, además del trabajo realizado por los abogados en el mismo. Mi reacción fue lógicamente remitirlo a las autoridades en ejercicio en el banco, que llevaban varios años en sus cargos, ya que el directorio UP los había mantenido en ellos por sus conocimientos y leal desempeño profesional. Entre ellos, estaba el recordado profesor de Derecho Financiero Mario Jarpa Fernández.

Ni en el Banco de Concepción estatizado, del que se había hecho cargo con los procedimientos legales de la época del Banco Francés Italiano y de varios de provincia, ni en ninguno de los otros bancos estatizados, la dictadura pudo encontrar señal alguna de un posible fraude, a pesar de tener a sus directores y funcionarios como presos políticos y sujetos al arbitrio dictatorial. Tampoco pudo procesar a ningún interventor de las empresas intervenidas o de las que habían sido estatizadas, a quienes torturó y mantuvo en prisión por largos años.

La simple razón es que quienes trabajamos en el área social de la economía lo hicimos con la plena convicción de que nos debíamos a la causa del gobierno de la Unidad Popular, en la que, como nos advirtiera el compañero Presidente Salvador Allende, se podrían meter las patas, pero no las manos. Lo primero lo tratamos de no hacer. Lo segundo, podemos decir orgullosamente tras 50 años, no lo hicimos jamás. Vale la pena recordarlo en este complejo proceso de conmemoración.