Los cargos en contra del alcalde de Recoleta por los presuntos delitos de cohecho, fraude al fisco, estafa y administración desleal, son graves y requieren ser investigados rigurosamente para determinar si es culpable o inocente. La gran interrogante es si debe renunciar a su cargo tras su inminente formalización. Pesan los dichos de la ministra del Interior, Carolina Tohá, sosteniendo que todo funcionario público que fuese formalizado debería renunciar a su cargo. Es cierto que se refería a los funcionarios dependientes del poder ejecutivo y no necesariamente a aquellos elegidos por voto popular. Pero esa es una disquisición jurídica que no alcanza a marcar una diferencia. Por más que muchos sostengan que esa doctrina viola el principio de presunción de inocencia.
Es evidente que Jadue no va a renunciar a su cargo. Por el contrario. Deberá recurrir a todas las herramientas legales a su alcance para intentar probar su inocencia, abriendo el acceso a sus cuentas corrientes y poniendo a disposición de la justicia todos los antecedentes del caso referido a las farmacias populares, que atraviesan una grave crisis, arrastrando gravosas deudas impagas y serias acusaciones por presuntas irregularidades.
El PC ha salido en defensa de quien levantara como postulante presidencial en las pasadas elecciones primarias, que dieron como triunfador al actual mandatario Gabriel Boric. Desde sus filas apuestan a que no existe dolo o enriquecimiento ilícito, llamando a la prudencia y no prejuzgar.
Ciertamente no es ésta la única acusación que ha debido enfrentar Jadue durante su activo ejercicio como alcalde. Apareció mencionado en el llamado caso luminarias, que involucra a diversos alcaldes a lo largo del país con presuntos sobornos. Pero, hasta ahora, ha podido sortear cada una de esas acusaciones. Sin embargo, la inminente formalización por los delitos mencionados, así como la anunciada decisión del Consejo de Defensa del Estado de hacerse parte, complican no tan sólo al edil, sino también a su partido, que ya enfrenta una fuerte ofensiva por parte de la derecha, que le imputa incitar a un nuevo estallido social a partir del llamado del senador Daniel Núñez a convocar a la movilización social para apoyar la agenda de reformas del gobierno. Adicionalmente, la oposición hará todo lo necesario para impedir que un militante comunista asuma la presidencia de la cámara de diputados.
“Votaremos por cualquier parlamentario de oposición para impedir que un comunista asuma la presidencia de la cámara” afirmaron desde la bancada republicana, que había manifestado algunos reparos respecto de Joanna Pérez, la parlamentaria de Demócratas que aparecía como oportuna opción de la derecha para ocupar la testera. En el contexto de esta ofensiva opositora para frustrar la pretensión oficialista de hacer cumplir el acuerdo administrativo para una presidencia del PC, sólo se cruza la pretensión sostenida por el Partido de la Gente para instalar a un diputado de sus filas en la testera. A fin de cuentas, todo indica a que el PC no aceptará el veto y que optará por mantener su postulación, sabiendo que está perdida.
“El anticomunismo visceral de algunos sectores políticos y sus medios afines en nuestro país es demasiado evidente. Yo, al menos, no tengo ninguna duda del compromiso democrático y social del PC chileno”, posteaba el presidente Gabriel Boric frente a la fuerte ofensiva de la derecha (y sus medios afines) en contra de los comunistas. Usando cualquier pretexto. Como el asesinato del exteniente venezolano Ronald Ojeda, alertando que comunistas chilenos podrían entorpecer las investigaciones.
La demonización de la movilización social
Los polémicos dichos del senador Núñez, llamando al gobierno a convocar la movilización social para apoyar su programa de reformas, se transformaron en un nuevo pretexto para la ofensiva de la derecha en contra del PC, acusándolo de llamar a un nuevo estallido social y demandando la exclusión de ese partido de responsabilidades gubernamentales. Por su parte, el rector de la UDP y columnista de El Mercurio, Carlos Peña, no dudó en calificar ese llamado como antidemocrático, acusándolos de intentar ganar en la calle lo que no obtuvieron en las urnas. Una curiosa teoría que apunta a demonizar la legitima movilización social y pretende ignorar como los diversos actores sociales, incluido evidentemente el gran empresariado, se organizan en torno a la defensa de sus intereses. Incluyendo, por cierto, a los llamados poderes fácticos.
A ojos vista, la derecha acentúa su ofensiva en contra del PC, extendida a lo que denomina “el octubrismo”, que incluye al Frente Amplio y más en general, a la izquierda, sin descartar al propio presidente de la república acusándolos de respaldar la violencia como instrumento de acción política. Aunque parezca ociosa redundancia, vale consignar que no fueron los partidos políticos ahora imputados por la oposición quienes condujeron y controlaron el estallido social de 2019. Algunos de los intelectuales y columnistas de la misma derecha, en su momento, coincidieron en identificarlo como un proceso de origen diverso y aristas espontáneas. Que irrumpió desde la rebeldía estudiantil, extendiéndose a diversos sectores sociales, a partir de un extendido malestar ciudadano, con múltiples demandas entre las que se contaban No + AFP, mejor salud, vivienda, educación, nueva constitución, etc. Es innegable que dichas movilizaciones estuvieron acompañadas por graves hechos de violencia. Como saqueos, destrucción de propiedad pública y privada, quema de las estaciones del metro y otras. Pero lo verdaderamente relevante del estallido fue la movilización de más de un millón de personas en la capital y cientos de miles en regiones, demandando más igualdad y sobre todo dignidad. Y no es evidente que todo aquello se lo haya llevado la niebla o haya quedado en el jardín del olvido. El malestar sigue latente. Nadie puede apostar a un nuevo estallido, con los ribetes de violencia que acompañaron el anterior. Pero ello no implica renunciar a la legitima movilización social.
El anticomunismo visceral al que se refería el presidente Boric es más propio de la guerra fría. El PC puede exhibir trayectoria democrática en nuestro país. A diferencia de la derecha, no ha participado de ninguna asonada militar. Es uno de los partidos con mayor número de afiliados y tiene una muy respetable representación parlamentaria, luego que se derogara el sistema binominal. Ha sido parte de coaliciones de gobierno primero en el gobierno de Gabriel González Videla, que decidiera su proscripción a través de la llamada “ley maldita”. Volvió al gobierno con la Unidad Popular, con una política mas moderada que varios de sus aliados. Fue ferozmente perseguido durante el régimen militar y volvió al gobierno durante el segundo mandato de Michel Bachelet, integrando la actual coalición de gobierno, en donde ha asumido limitadas responsabilidades ejecutivas. Ciertamente, lo más controvertido de la línea política que ha mantenido el PC, es su política internacional, que históricamente lo llevaron a respaldar a Stalin y la Unión Soviética o la invasión a Checoeslovaquia, y que en la actualidad manifiesta su respaldo a la dinastía que gobierna Corea del Norte, su cercanía con Vladimir Putin (que nadie puede confundir con un progresista o de izquierda), el apoyo al régimen de Maduro en Venezuela y Daniel Ortega en Nicaragua. Pero, aún en ese ámbito, soplan aires de renovación al interior del PC.
Con todo, no se puede negar, con seriedad, su trayectoria y carácter democrático en nuestro país. Sí lo hace la ultraderecha y los sectores más conservadores, que no cuentan precisamente con las mejores credenciales en la materia. Menos para erigirse en jueces en materia de probidad, en donde tienen un delgado tejado de vidrio no tan sólo por los escándalos protagonizados por numerosos alcaldes (as) de derecha, que están siendo investigados por la justicia, sino también por bullados casos de corrupción que comprometen a connotados abogados de la plaza, así como varios empresarios.
La derecha ha conquistado la mayoría en ambas cámaras, producto de las escisiones de diversos partidos de la centroizquierda, pero no es evidente que corresponda a una mayoría social y política emanada de la soberanía popular. En este sentido, cobran mayor relevancia las próximas elecciones municipales, de Cores y gobernadores regionales, que dibujarán un nuevo mapa político en el país, en donde los diversos sectores políticos deben competir por representar a una legítima mayoría ciudadana que sustente las opciones de cara al futuro. El resultado no está determinado, Falta conocer la decisión ciudadana. Como siempre, las elecciones son una batalla por el futuro.
