El balance del primer año de gobierno admite luces y sombras. Muchos errores no forzados y también logros que la inmensa mayoría de los medios de comunicación tiende a ignorar.
Imposible no registrar la debilidad y desorden en las filas oficialistas, la dura derrota en el plebiscito y el rechazo de la reforma tributaria en la cámara de diputados. Un desafío mayor involucró el efecto de los grandes incendios que asolaron al sur del país. Y ciertamente el incremento de los delitos violentos que genera un clima de inseguridad en la ciudadanía aparece como uno los déficits más impactantes de este período.
Entre los logros cabe destacar el control de la crisis económica que, trascendiendo nuestras fronteras, ha condicionado un ajuste, cuyo costo no ha recaído únicamente en los sectores más vulnerables, que han recibido asistencia estatal con un importante paquete de medidas y subsidios. Tras este ajuste, la economía muestra claras perspectivas de recuperación para los próximos meses. La inminente aprobación de una jornada laboral de 40 horas deberá agregarse como un nuevo éxito del gobierno.
En el plano internacional, se puede destacar la suscripción del TPP11 y la renovación del acuerdo comercial con la Unión Europea, así como las claras definiciones respecto de la democracia en nuestra región.
Ciertamente los desafíos parecen mayores asumiendo que el Ejecutivo ha desplegado una agenda que incluye las reformas tributaria y previsional, en tanto anuncia la pronta presentación de la reforma a la salud.
Es muy iluminador el artículo de Osvaldo Rosales publicado en esta edición de La Nueva Mirada, desnudando mitos que han sesgado y distorsionado el debate económico durante los últimos meses, demostrando que no se ha cumplido ninguna de las agoreras predicciones de la oposición sobre el comportamiento de la economía. No hay recesión. El país está creciendo pese a las adversas condiciones de la economía mundial. La inversión externa ha subido y los sectores más vulnerables del país han recibido importantes asistencias para enfrentar la crisis.
Frente al rechazo a la idea de legislar sobre la reforma tributaria, al gobierno le queda tan sólo la alternativa de buscar un pacto fiscal que pueda ser aceptado por el empresariado y la oposición, que ciertamente no favorecerá a la clase media como pretenden revestirlo.
No será tarea fácil arribar a este pacto fiscal. La receta de la derecha política y empresarial es la clásica. En primer lugar, ajustar el gasto. Sobre todo, en aquellos programas mal evaluados o controvertidos. Reducir la evasión y elusión fiscal, incluyendo al sector informal de la economía. Ampliar la base de tributación, sosteniendo que son pocos los sectores que pagan el impuesto a la renta (los trabajadores). Y apostar por el crecimiento económico, como la vía más eficiente para incrementar la recaudación fiscal. Y ello, obviamente, incluye incentivos a la inversión y el emprendimiento. En otras materias, como el impuesto a los más ricos y el carácter progresivo de la reforma, los acuerdos son más cuesta arriba, como ha quedado en evidencia en las primeras aproximaciones.
En plata, ello implica menores recursos para financiar pensiones, disminuir las listas de espera en salud, invertir en seguridad ciudadana y avanzar hacia un estado social y democrático de derechos. Desde luego, hay que olvidarse de un incremento de la tributación del orden del 3,6 % contemplado en el proyecto rechazado por la cámara de diputados. Con suerte un 2 % del PIB, como ha insinuado el nuevo presidente del senado.
La revisión del programa de gobierno
El rechazo a la idea de legislar sobre la reforma tributaria acentúa más de una duda acerca de la viabilidad de las otras reformas emblemáticas del programa de gobierno.
Está a la vista que la actual administración no cuenta con mayoría parlamentaria para aprobarlas en ninguna de las cámaras. Y en el fragmentado escenario político, con más de 20 partidos con representación parlamentaria, además de los independientes que no obedecen a ninguna disciplina partidista, la gobernabilidad del país es cada vez más difícil de asegurar.
Este escenario adverso condiciona una revisión de las metas y objetivos planteados para los próximos tres años, cuyo enunciado genera un natural debate en el oficialismo como se ha manifestado entre la presidenta del PS Paulina Vodanovic y el secretario general del PC Lautaro Carmona, mientras la vocera Camila Vallejo aclaraba que se pueden revisar prioridades pero no objetivos y el propio mandatario le restaba cualquier dramatismo a una debida revisión de la ruta gubernamental.
El presidente Boric publicó una interesante columna de opinión en el diario español El País que, por su trascendencia debiera difundirse en nuestro país. En ella recuerda el país que recibió a la hora de asumir el mando (algo que la oposición convenientemente prefiere olvidar). Señala la fractura y desconfianza en las instituciones representativas, condicionadas por el fracaso de la administración de Sebastián Piñera, las secuelas de la pandemia y una crisis de la economía mundial acentuada por los efectos de la guerra en Ucrania que han impactado duramente a los países desarrollados y en desarrollo.
Allí señala las prioridades de su gobierno, Derrotar las inseguridades cotidianas, sentar las bases de un estado de bienestar, recuperar en crecimiento económico inclusivo, fortalecer nuestra democracia y una cultura de derechos humanos.
Con estas grandes orientaciones como norte, pierde dramatismo el debate acerca de la revisión programática y cobra mayor relevancia la necesidad de un claro diseño que permita avanzar en esa dirección, con cohesión renovada de una alianza oficialista, asumiendo que cada partido cuenta y que todos los parlamentarios son imprescindibles.
Pero aquello no parece suficiente. Es indispensable afinar la gestión política para sumar fuerzas que hoy están en disputa entre el gobierno y la oposición. Entre ellas la DC y aquellos sectores que se definen como de centro izquierda o progresistas, buscando consolidar una alianza de mayorías, necesarias para viabilizar los cambios y transformaciones.
El sensible tema de la seguridad ciudadana
El asesinato de la sargento de carabineros Rita Olivares a manos de unos delincuentes en la ciudad de Quilpué, ha conmocionado al país. No es el primer mártir de la policía uniformada en el curso del presente año. Tan solo hace unos pocos días resultó muerto en Concepción el cabo Alex Salazar atropellado por delincuentes.
La conmoción es más que natural a partir del fuerte incremento de delitos violentos, que no tan sólo arriesgan la vida de policías, sino también de personas comunes y corrientes, que son víctimas de asaltos por parte de delincuentes premunidos de armas de fuego.
No es verdad, sin embargo, que la violencia y los delitos hayan desbordado a los servicios policiales y superado a las autoridades, como interesadamente sostienen algunos sectores. Ninguna de las estadísticas serias lo corrobora.
Sin lugar a dudas el crimen organizado se ha empoderado en Chile, como sucede en la mayoría de los países. Con presencia de carteles internacionales de la droga en nuestro territorio, proliferando la tenencia de armas de fuego en manos de delincuentes más violentos.
El estado y las policías tienen la fuerza y las facultades para enfrentar esta amenaza. Con toda seguridad requieran de mayores recursos humanos y materiales, como está ocurriendo en los últimos meses; de un reformado marco legal para sus procedimientos y hacer uso de la violencia legítima, así como de mayor y mejor inteligencia policial. Pero nadie puede sostener, seriamente, que no cuentan con un claro y explicito respaldo de las autoridades para cumplir la misión que el estado les ha encomendado. Tal como lo ha reconocido recientemente el director general de Carabineros.
La iniciativa desde el ministerio del Interior es evidente, más allá de un juego parlamentario opositor que poco ha colaborado en los últimos meses a un acuerdo nacional sobre la materia. Para una institución policial remecida por la corrupción de anteriores mandos y los efectos de una gestión represiva condicionada por la declaración de un “país en guerra” realizada por el expresidente Piñera, ciertamente se requiere de indispensables reformas y reforzamiento de sus tareas propias del orden público.
Es muy dudoso, por no decir improbable, que la mayoría de los chilenos estén dispuestos a sacrificar grados de libertad a cambio de seguridad, como sostuviera recientemente Arturo Fontaine en una entrevista. Sobre todo, aquellas generaciones que vivieron la dictadura militar, con sus severas restricciones a las libertades y graves violaciones a los derechos humanos. Independientemente que una mayoría de los chilenos, sin advertir los riesgos, celebre la demolición de unas cuantes casas en manos de narcotraficantes.
La democracia incluye los mecanismos y recursos para su propia defensa. En un marco de irrestricto respeto a los derechos humanos y libertades públicas. Es más que evidente que hoy se requiere perfeccionar el marco legal para un eficaz y correcto funcionamiento de las policías. E incrementar los recursos necesarios para su buen desempeño.
La democracia incluye los mecanismos y recursos para su propia defensa. En un marco de irrestricto respeto a los derechos humanos y libertades públicas. Es más que evidente que hoy se requiere perfeccionar el marco legal para un eficaz y correcto funcionamiento de las policías. E incrementar los recursos necesarios para su buen desempeño.
El condenable asesinato de la sargento Olivares acentúa la exigencia del responsable consenso social y político para aprobar una renovada agenda en materia de seguridad ciudadana, que no tan sólo incluya los actuales proyectos en tramitación, sino también numerosas propuestas formuladas por las autoridades, los alcaldes, sectores académicos y las propias policías y servicios de inteligencia.
Este sensible tema no puede continuar transformándose en un terreno de confrontación política, ni menos en un show mediático, de nula utilidad para enfrentar el problema. Tampoco es tarea del presidente acompañar a los policías en sus operativos, sino liderar una activa política sobre la materia. Cada una de las autoridades y no tan solo ellas, sino también los diversos sectores sociales, financieros y académicos, pueden jugar roles de colaboración en los ámbitos de su competencia. La tarea de los alcaldes no es andar demoliendo viviendas de presuntos narcotraficantes, sino trabajar con la comunidad para prevenir los delitos. El parlamento debe legislar con sentido de urgencia y responsabilidad en torno a una robusta y moderna agenda de seguridad ciudadana. Las instituciones financieras deben hacer su aporte para impedir el lavado de dinero que proviene del crimen organizado. Y las policías deben reforzar su coordinación y trabajo de inteligencia para enfrentar el crimen organizado, que amenaza al sistema democrático.
