Este 18 de octubre se cumple el primer aniversario de un estallido social que ha contribuido a derribar varios mitos de la transición y consolidación de la democracia. El primero de todos fue la desafortunada afirmación del Presidente, pocos días antes del estallido, sosteniendo que Chile era un oasis de paz y tranquilidad en la región.
Luego, la visión apologética de la transición, que intentaba presentar a nuestro país como “un milagro” y un ejemplo en el concierto latinoamericano. No se trata de negar, como torpemente pretenden algunos, los indudables éxitos y avances del país en los últimos treinta años, que le permitieran más que cuadruplicar su ingreso per cápita ganando un liderazgo en la región, reduciendo los niveles de pobreza y extrema pobreza a niveles históricos, mejorar todos y cada uno de sus indicadores sociales, multiplicar por diez los estudiantes de la educación superior, establecer gran parte de la verdad sobre violaciones a los derechos humanos en dictadura, impartiendo justicia a principales agentes del Estado responsables de esos crímenes, con una política de reparación para muchas de las víctimas y sus familias.
Pero resulta ineludible consignar los límites, falencias y deficiencias de este proceso. Chile sigue siendo uno de los países más desiguales de la región. El país cuenta con una amplia cobertura en salud y educación, pero en su carácter público y mayoritario está lejos de ser de calidad, constituyendo un lucrativo negocio para sus controladores. El sistema de pensiones de capitalización individual, generado en dictadura y que reemplazó a un muy deficiente y desigual sistema de reparto, en estricto rigor no es de previsión social y está muy lejos de sus promesas iniciales. Las administradoras de pensiones no tan sólo manejan un formidable poder económico sino también político.
Las administradoras de pensiones no tan sólo manejan un formidable poder económico sino también político.
El país se sitúa entre los calificados de ingresos medios pero la riqueza está muy mal distribuida. El sistema no garantiza la justicia tributaria. Los pobres son menos y menos pobres, pero los ricos son mucho más ricos. Tenemos una muy deficiente política hacia la infancia y los adultos mayores y más de 400,000 jóvenes que actualmente no estudian o trabajan han sido invisibilizados y postergados, sin que el Estado se preocupe de ofrecerles oportunidades, Las ciudades san sido segregadas, reproduciendo las condiciones de marginalidad en que se mantiene amplios sectores populares.
Los primeros en asumir estas falencias fueron los propios partidos de la ex Concertación, en un debate no concluido, que separó a auto complacientes de auto flagelantes. Aquellos que tan sólo querían ver el vaso medio lleno y quienes mostraban el vaso medio vacío.
El agotamiento de la Concertación de Partidos por la Democracia y su sustitución por la Nueva Mayoría, tiene mucho que ver con las dificultades de la centro izquierda para asumir estas falencias e impulsar una nueva batería de reformas estructurales para avanzar hacia un verdadero Estado democrático y social de derechos. Varias de las reformas impulsadas por Michelle Bachelet fracasaron por diferencias en la coalición política que debía materializarlas, sin ocultar posibles errores de diseño o implementación.
El triunfo de Sebastián Piñera
¿Cómo se explica el triunfo de Sebastián Piñera en su primer y segundo mandato en un país atravesado por estos agudos conflictos sociales? En buena medida por las divisiones al interior de la oposición. Por su incapacidad de ofrecer respuestas innovadoras a los problemas que enfrenta el país en su onueva fase de desarrollo. Por su desconexión con el mundo social y la crisis de representación que hoy sufre la mayoría de los partidos políticos.
Por su incapacidad de ofrecer respuestas innovadoras a los problemas que enfrenta el país en su nueva fase de desarrollo. Por su desconexión con el mundo social y la crisis de representación que hoy sufre la mayoría de los partidos políticos.
Está a la vista el fracaso de la propuesta con que Sebastián Piñera ilusionó a su electorado. Con cierta demagogia- en contraste con su resistencia a muchas de las reformas impulsadas con desigual éxito en los gobiernos de centro izquierda- manifiestan su admiración por los innegables éxitos y avances de los últimos treinta años (como se encargó de reseñarlo el propio Piñera en un encuentro en ENADE). Pensaron que era cosa de asumir el legado concertacionista y “aggiornarlo” con algunas ideas de su sector para que “el país tomara nuevamente la senda del crecimiento”, sin asumir las innegables déficits y carencias alentadas por sus propias resistencias al cambio.
Así surgió el estallido social del 18 de octubre. Primero fueron los jóvenes secundarios protestando por el alza del metro, que derivó en la escasamente esclarecida quema de estaciones para transformarse luego en una masiva y creciente expresión de malestar social ante las desigualdades e inequidades evidentes que anularon en corto plazo la capacidad de respuesta política del gobierno.
Dejó en claro que tanto la actual institucionalidad como el propio modelo de desarrollo estaban definitivamente agotados. Que una inmensa mayoría del país demandaba cambios y transformaciones estructurales para construir un Estado más justo e inclusivo.
Esa movilización tuvo logros importantes para subir el salario mínimo, viabilizar una tímida reforma tributaria de carácter levemente más progresiva y posibilitar el acuerdo político para dar inicio al proceso constituyente. Pero eso no es todo. Dejó en claro que tanto la actual institucionalidad como el propio modelo de desarrollo estaban definitivamente agotados. Que una inmensa mayoría del país demandaba cambios y transformaciones estructurales para construir un Estado más justo e inclusivo.
La irrupción de la crisis sanitaria y la verdadera “pandemia social” que ha provocado, tan sólo ha contribuido a agravar la situación, haciendo cada vez más imperiosa la necesidad de avanzar en la construcción de un nuevo orden social, económico y político.
Así lo han asumido diversos sectores empresariales e incluso políticos dentro del oficialismo. Joaquín Lavín, la figura mejor posicionada de la derecha- hoy cuestionada por las pretensiones de siempre de la alcaldesa Matthei – ha insinuado, con evidente demagogia, que el país debe avanzar hacia un modelo socialdemócrata “al estilo europeo”, proponiendo lo que ha denominado “un gobierno de convivencia nacional”, en donde participen sectores supuestamente “moderados”, de “centro derecha y centro izquierda” (¿’)
Un gobierno prematuramente agotado y sin un diseño para enfrentar la crisis
La profunda crisis sanitaria, económica y social que hoy vive el país ha superado largamente la capacidad del gobierno de ofrecer respuestas proporcionales a su gravedad. Hoy es más parte del problema que de la solución. La coalición oficialista, con severas discrepancias internas, vacila en el respaldo a un gobierno sin horizonte ni programa para su período final que no es breve. No ha buscado el camino del diálogo, social y político para responder a las principales demandas ciudadanas y prevenir nuevos estallidos sociales. Y está condenado a una cada vez más compleja administración de la crisis, que no logra dimensionar.
El país enfrenta grandes desafíos de cara al futuro. El más relevante de todos es asumir que el país ha cambiado, que nada volverá a ser como era antes de la crisis. Que es prioritario reponer consensos esenciales que regulen nuestra convivencia. Una nueva constitución es un imperativo que, con toda seguridad, el plebiscito del próximo 25 de octubre refrendará. La página en blanco en que se ha acordado escribirla no debiera ser una amenaza excepto para quienes buscan defender injustos privilegios. Sin embargo, la reacción más recalcitrante (que se manifiesta en la muy pobre franja para el plebiscito) manifiesta el poder que aún mantienen los sectores más reaccionarios (esencialmente liderados por la UDI). Nadie o muy pocos podrían postular una Constitución que restringa las libertades públicas o limiten los derechos humanos, que niegue la libertad de conciencia o de expresión. En su letra y en su espíritu, el acuerdo del 15 de noviembre apunta a una nueva constitución que cobije y ampare la amplia diversidad social, política, étnica y cultural del país.
Con todo, las urgencias se han transformado en mayores desafíos en materia social, política y económica para responder adecuadamente a la crisis social generada por la pandemia, generar un nuevo pacto social, que incluya un nuevo pacto fiscal, para avanzar hacia un nuevo tipo de Estado solidario e inclusivo. La recuperación del empleo, asociado a una urgente reactivación económica se transforma en una prioridad mayor.
Las acusaciones constitucionales en contra de Mañalich y Víctor Pérez
La acusación constitucional en contra del ex ministro de salud y el actual ministro del Interior, corresponden a una facultad de la Cámara de Diputados y nadie puede sentirse agraviado por su ejercicio. Aunque exista una larga y transversal tradición de uso y abuso de esta facultad en la historia parlamentaria de nuestro país Sobre todo cuando existen fundados antecedentes de grave abandono de deberes, manipulación de datos u ocultamiento de información.
Es preciso reconocer, sin embargo, que esta facultad, con demasiada frecuencia ha sido ejercida sin la necesaria deliberación y análisis no tan sólo de los méritos o deméritos, de hecho y derecho, sino también de oportunidad y viabilidad política, abriendo el camino a artificiales divisiones y fragmentaciones, así como derrotas auto infringidas.
El fantasma de la violencia
El Presidente del Partido Comunista, Guillermo Teiller, olvidando las enseñanzas de Lenin (el ultra izquierdismo, enfermedad infantil del comunismo), se perdió una gran oportunidad de marcar distancias con las imputaciones como aval de hechos violentos, que se han naturalizado como frecuentes ante el torpe y provocador accionar de las fuerzas de carabineros con reacciones que no hacen más que abrir espacio a violencia inconducente que inhibe la legítima protesta en movilizaciones sociales demandando cambios y transformaciones.
Se puede insistir, con buenos argumentos, que se trata de una violencia contestataria a la violencia institucional y la acción represiva. Incluso se pueden entender sus causas y motivaciones de sectores marginalizados e invisibilizados. La ira acumulada de quienes cotidianamente sufren de la violencia institucionalizada y la represión desmedida.
Lo que no se puede hacer en democracia es justificar la violencia, institucional o contestataria. En nada contribuye quemar buses o paraderos de metro, destruir propiedad pública que, al final debemos pagar todos los chilenos con nuestros impuestos. La violencia llama a la violencia y los chilenos sabemos muy bien hacia donde conduce
La verdadera fuerza del cambio radica en la organización, unidad social y política del pueblo organizado y movilizado tras sus demandas. Ese ha sido el gran artífice y protagonista de los cambios que ha vivido el país a lo largo de su historia,
Fortalecer y profundizar esa organización para construir alternativas de futuro es el gran desafío que hoy enfrentan los sectores progresistas en esta nueva era de urgentes cambios y transformaciones.
Fortalecer y profundizar esa organización para construir alternativas de futuro es el gran desafío que hoy enfrentan los sectores progresistas en esta nueva era de urgentes cambios y transformaciones.
