El encarcelamiento de la expresidenta Áñez, que se produjo poco después de las elecciones regionales, es también una prueba de la correlación de fuerzas, en el marco de la hegemonía política que detenta el MAS
Perdió la libertad la madrugada del sábado 13 de marzo, cuando fue ingresada a una celda común de la policía anticrimen de La Paz. Y así, sin ningún tipo de privilegio, la expresidenta Jeanine Añez fue enviada por cuatro meses a la cárcel de Obrajes, uno de los dos reclusorios para mujeres que existen en la capital administrativa de Bolivia.
Áñez fue acusada de un supuesto “golpe de Estado” contra Evo Morales, el mandatario boliviano que el 10 de noviembre de 2019 renunció al cargo tras anular las elecciones cuya transparencia no pudo ser avalada por la Organización de Estados Americanos (OEA).
La exmandataria fue llevada a un tribunal ordinario, pero no por hechos vinculados con el ejercicio de sus funciones. La acusación, promovida por el gobernante Movimiento Al Socialismo (MAS), tiene que ver con delitos de conspiración, terrorismo y sedición que Añez pudo cometer antes de llegar a la primera magistratura del país, cuando fue senadora.
La estrategia legal del partido de Evo Morales tiene que ver con evitar un juicio de privilegio contra Añez, pues no tiene el voto de los dos tercios del Legislativo para autorizar ese proceso. Además, los delitos por los cuáles se acusa a la expresidenta son muy difíciles de probar y, como pasó muchas veces en el país, el tema pasa al escenario político; se trata de una movida estratégica para testear cómo anda la correlación de fuerzas.
La oposición parlamentaria en Bolivia prácticamente no existe. El MAS, que tiene el control del 55% de la Asamblea Legislativa y de los principales sindicatos del país, llegó con comodidad al poder con Luis Arce a la cabeza, pero el 7 de marzo, tras las elecciones regionales, esta ecuación tuvo un resultado negativo para la hegemonía política del partido azul, pues solo pudo controlar tres de los nueve gobiernos regionales del país.
Estos resultados han acentuado las tensiones del proyecto autoritario del partido y ha empoderado a fuerzas políticas pequeñas distribuidas en los 340 municipios del país. No obstante, este escenario que planteó la necesidad de un diálogo de Arce con las regiones quedó opacado por la detención de Añez, una jugada del ala más radical del MAS de las que forma parte Evo Morales.
La respuesta ante la detención de la expresidenta y dos de sus exministros, además de varios exjefes militares, vino de la calle. Siete regiones del país salieron a la calle. El mitin en Santa Cruz de la Sierra, el departamento de Bolivia opositora al MAS, fue multitudinario. Los comités cívicos rechazaron, en ese marco, la persecución política iniciada por el gobierno.
Las marchas y concentraciones efectuadas la noche del lunes mostraron grandes grupos de ciudadanos que no están dispuestos a aceptar detenciones por razones políticas, ni a que se reescriba la historia para borrar el fraude de 2019 ni mucho menos registrar en su lugar la teoría del supuesto golpe de Estado.
Las movilizaciones de protesta pueden crecer o bien quedar neutralizadas por la crisis económica que enfrenta el país por efecto de la pandemia. Las regiones necesitan reactivar su economía y esa parece ser la carta que tiene Arce para mantenerse en el poder.
Ahora bien, el presidente Arce no se ha pronunciado sobre la detención de la expresidenta Jeanine Áñez y dos de sus exministros, lo cual ha dado lugar a versiones acerca de si es él quien ha ordenado esta ofensiva judicial. En cambio, Evo Morales es quien se muestra activa en sus redes sociales para reclamar justicia.
Es curioso, pero muchos seguidores del oficialismo parecen olvidar que Arce llegó al poder gracias a la anulación de las elecciones fraudulentas. Porque si los jueces que ahora analizan si hubo o no “golpe de Estado” tendrían que anular el actual manando. Esto es impensable ahora, pero tiene que ver con las tensiones internas dentro del proyecto autoritario del MAS.
Por Mauricio Quiroz Terán
Periodista
