Con 38 minutos 48 segundos diarios desde el 12 de marzo y hasta el 8 de abril, divididos en dos horarios eje de 12:45 horas y 20:45 horas, la franja política para las elecciones de concejales, alcaldes, gobernadores y constituyentes está demostrando una vez más ser publicidad gratuita destinada a cerrar el acceso a los espacios de poder a la ciudadanía más que a abrírselos.
Un corsé del statu quo
Configurada con la misma lógica de cepo binominalizante empleada para estos 31 años de retorno a la democracia, esta franja se ofrece a los ciudadanos como parte de un ritual de garantías de libre acceso a las candidaturas y para asegurar de modo pluralista la circulación de ideas que lleven al voto informado.
Un rito asentado en la exclusión de voces nuevas, en tanto se regula el acceso de tiempos para difusión de candidaturas de acuerdo a los niveles de votación obtenidos en el último proceso electoral del mismo tipo. Es decir, se congela el espacio social y de opinión pública, negando la evolución de los estados de opinión y de emergencia de nuevas o urgentes temáticas de interés cívico, problemas sociales o configuración de nuevos grupos organizados.
Este absurdo o chiste cruel de las élites políticas hacia los ciudadanos atenta contra los principios esenciales de las democracias modernas planteados por el politólogo Robert Dahl en su conceptualización de la poliarquía (término con el que refiere a este sistema de separación de poderes, organización institucional y toma de decisiones). Al respecto afirma que el problema “no es tanto asegurarse de que cada ciudadano sea activo políticamente en cada uno de los temas, sino de asegurarse que todos los ciudadanos tienen aproximadamente una oportunidad igual de actuar, entendiendo ‘oportunidad’ en un sentido realista más que legalista”.
Y cómo se pueden igualar las oportunidades si se justifica y establece como legítimo el principio de desigualdad en la distribución de los tiempos de la franja, cuestión que favorecerá más a los grupos o partidos de mayor votación en las últimas elecciones de que se trate. Es decir, garantizan un derecho preferente de tiempos los partidos de la vieja Concertación (9 minutos 40 segundos) y de Chile Vamos (10 minutos 27 segundos), secundados por el Frente Amplio y el Partido Comunista (4 minutos 05 segundos), a los que se agregan marginalmente movimientos cristianos y partidos de extrema izquierda (16 segundos). En total son 26 minutos 6 segundos diarios. El resto del tiempo es asignado para los escaños reservados a los representantes de pueblos indígenas con 3 minutos 54 segundos, más 8 minutos 48 segundos para los centenares de candidatos de las listas independientes sin patrocinios partidarios.
Oligárquica ley de hierro y foto movida
El artículo 130 de la Constitución Política y la Ley 18.700 Orgánica Constitucional sobre votaciones populares y escrutinios regulan la propaganda en los procesos electorales. Sea esta pagada en radio y otros medios de difusión escrita, o bien la franja sujeta a gratuidad en televisión abierta, se establecen plazos y modalidades de financiamiento público, más el aporte de personas naturales.
Un marco normativo que atenta contra la evolución de los estados de opinión al tomar como regla de distribución de tiempos a los distintos candidatos el apoyo obtenido por los distintos partidos y pactos cuatro años antes (municipales 2016).
Al aplicar la regla, entonces el punto de comparación es de un país que asiste al tercer año de la segunda administración de Michelle Bachelet, derruida por el caso Caval, con una oposición de derecha y centro derecha en ascenso y una Democracia Cristiana dividida en sus lealtades con el Ejecutivo, detentando el Ministerio del Interior, pero criticando abiertamente el programa de gobierno.
Un espacio público que en sus sondeos de opinión no tiene como prioridad un cambio constitucional, sino la confrontación de problemas sociales específicos como salud, educación, empleo y seguridad ciudadana. Un contexto en donde a fines del 2017 Sebastián Piñera se alista a regresar a la Presidencia de la República. El mismo que se refirió luego a Chile como un “oasis” y que pocas semanas después -el 18 de octubre 2019- vivió el estallido social más fuerte de los últimos 50 años, sin contar el golpe de Estado de 1973.
Como golpe de gracia, los tiempos asignados a la franja electoral remiten entonces a un país sin pandemia de covid-19, ni cuarentenas ni crisis económica derivadas de ella; donde tampoco se ha producido aún el estallido social, ni el plebiscito constituyente. Y en donde la entonces Presidenta Michelle Bachelet ni se imagina que dejará el cargo para regresar a la ONU (cumpliendo allí más de tres años ya). Todos factores importantes a la hora de reconfigurar el electorado que votó el pasado 25 de octubre, donde se incorporaron por primera vez segmentos jóvenes a emitir activamente su sufragio.
En síntesis, un país ordenado en torno a las agendas de las élites, donde la zona cercana a Plaza Italia vive un apogeo comercial y gastronómico, y en el que la estatua al General Manuel Baquedano no es tema, no tiene escolta policial permanente, no ha sido trasladada y más de algún visitante ingenuo se toma una foto panorámica o una selfie, como meses después de la crisis social lo hizo el Presidente de la República sentado de espaldas a ella, con su chaqueta en el hombro.
Es hora de tomarse la democracia más en serio o asumir de una vez por todas que siempre será un simulacro de cartón piedra.
