El gobierno de la derecha se conduce conforme a los grandes intereses económicos y evidencia, en sus casi 3 años de gestión, un alto grado de incompetencia y oportunismo en la conducción de los asuntos públicos.
Esas mismas limitaciones y mediocridad del actual gobierno ponen de relieve las insuficiencias de las fuerzas democráticas y populares. A las naturales discrepancias políticas e ideológicas, que en otras oportunidades no habían entrabado un desempeño valorable, ahora las diferencias en juego han impedido establecer un frente más o menos común y consistente ante el gobierno.
Esas mismas limitaciones y mediocridad del actual gobierno ponen de relieve las insuficiencias de las fuerzas democráticas y populares.
Ciertamente esta situación reside en las debilidades y confusión conceptual de quienes tienen mayores responsabilidades de conducción política y bien se puede afirmar que buena parte de la dirigencia opositora no sabe de dónde viene ni a donde va.
Las posturas más críticas desde la izquierda atribuyen las actuales dificultades al modo como se puso fin a la dictadura y que luego la Concertación asumió el modelo económico establecido por el régimen dictatorial, desarrollándolo durante la transición, entre otros cuestionamientos explícitos.
Pero en rigor lo que se desconsidera es que el origen de los actuales problemas arranca desde el golpe de Estado. Sus propósitos apuntaron a crear las condiciones políticas, económicas, sociales e ideológicas para que los sectores democráticos y populares no volvieran a estar en situación histórica de disputar el poder a los grandes intereses de una minoría.
Además, la dictadura, consistente con su inspiración de clase, impuso las condiciones para la transferencia de recursos públicos y privados de las mayorías a la minoría. En el primer caso por medio de diversas rebajas o exenciones tributarias y privatizaciones de bienes estatales y, en el otro, a través de la sobreexplotación de la fuerza de trabajo.
La brutal represión y coacción, legal, administrativa y de facto, desplegada contra las organizaciones democráticas, sindicatos y gremios incluidos, impuso las condiciones de sobreexplotación. No hay explotación extrema sin represión extrema.
Así la dictadura que enfrentamos fue la más refinada y calculada obra de sometimiento de las mayorías nacionales a los mezquinos intereses de una reducida capa de chilenos.
La criminal represión a la dirigencia política antidictatorial es más o menos conocida, pero no se tiene debidamente en cuenta que el movimiento sindical, a lo largo del país, fue virtualmente arrasado y descabezado.
La criminal represión a la dirigencia política antidictatorial es más o menos conocida, pero no se tiene debidamente en cuenta que el movimiento sindical, a lo largo del país, fue virtualmente arrasado y descabezado.
A sólo días de perpetrado el golpe de estado, la persecución al sindicalismo implicó allanamientos, detenciones, desapariciones forzadas de dirigentes; disolución de la CUT y liquidación de todo su patrimonio.
La CUT en 1973 tenía cerca de 1 millón de afiliados y el país alrededor de 12 millones de habitantes, hoy representa unos 200.000 afiliados en una población de 18 millones.
La CUT en 1973 tenía cerca de 1 millón de afiliados y el país alrededor de 12 millones de habitantes, hoy representa unos 200.000 afiliados en una población de 18 millones.
En la elección parlamentaria de 1965 el PDC y la Izquierda alcanzaron cerca del 80% del electorado. Hoy la derecha, desde el plebiscito de 1988, alcanza una media aproximada del 45%.
En la elección parlamentaria de 1965 el PDC y la Izquierda alcanzaron cerca del 80% del electorado. Hoy la derecha, desde el plebiscito de 1988, alcanza una media aproximada del 45%.
En suma, los sectores democráticos y populares enfrentamos una radical modificación de la correlación de fuerzas y fuimos sometidos a un profundo retroceso, situación que empieza a revertirse a contar de la derrota política, electoral y de masas de la dictadura el 5 de octubre de 1988.
Desde entonces las fuerzas democráticas han logrado ir revirtiendo la situación descrita, avanzando lenta pero inexorablemente en el proceso de democratización del país. Con todo y al cabo de 30 años, teniendo en cuenta que muchas chilenas y chilenos no habían nacido durante el período dictatorial, es un hecho que los avances democráticos son una concreta realidad y un desafío mayor.
