Como es tradición en el país, por el predominio de una visión economicista de los problemas políticos y sociales, la preocupación está centrada en los desequilibrios fiscales y la aceleración de la inflación.
En dos meses la ciudadanía acudirá a las urnas para elegir el(la) próximo(a) presidente(a) de la República, la mitad del Senado y toda la Cámara de Diputados, así como los nuevos consejeros regionales. Tres semanas después deberá, eventualmente, concurrir para decidir por el nuevo mandatario entre quienes hayan pasado a segunda vuelta. La proximidad del evento electoral y el monitoreo de la marcha de la Convención Constitucional (CC) concentran la atención ciudadana. Se desdibuja en el horizonte el hecho que cualquiera sea elegido(a) Primer(a) Mandatario(a) enfrentará un escenario económico, social y político extraordinariamente complejo. A ello se agrega un escenario internacional más conflictivo, producto de las diferencias entre EEUU y China, y amenazas de crecientes tensiones financieras.
Como es tradición en el país, por el predominio de una visión economicista de los problemas políticos y sociales, la preocupación está centrada en los desequilibrios fiscales y la aceleración de la inflación. En el último IPOM el Banco Central (BC) hizo un llamado de atención respecto de que el fuerte aumento del gasto público en el presente año, sumado a los tres retiros de fondos de pensiones había tenido como consecuencia una inusitada aceleración de la inflación (perspectiva que, además, minimiza el impacto de fenómenos externos y otros relacionados con problemas de oferta asociados a la pandemia, en esa aceleración). Ello llevó al Consejo del BC a elevar la Tasa de Política Monetaria (TPM) en 0,75 puntos para alcanzar una tasa de 1,5. Advirtió, al mismo tiempo, de que de persistirse en la aprobación de un cuarto retiro y no tomar el actual y el futuro gobierno medidas de convergencia fiscal severas, podría acelerar el aumento de la TPM hasta terreno neutral de 3,5% hacia mediados del próximo año. Menos preocupaciones parece plantearle al BC el desempleo, que como se sabe no está entre sus objetivos explícitos (al contrario de los que ocurre en otras latitudes). Por fortuna, el empleo ha ido recuperándose y es probable que hacia mediados del próximo año se regularice, con la excepción de áreas específicas como es el empleo femenino y el perdido por la inversión en nuevas tecnologías.
En este contexto y en relación con el inicio del nuevo gobierno, muchos enfatizan en que deberá cargar con la mochila de un alto déficit fiscal, una inflación creciente, una reducción de los fondos soberanos, un incremento de la deuda pública bruta y un crecimiento de la economía en torno a solo un 2,5%. Es el caso del Consejo Fiscal Autónomo (CFA) que en su presentación al Congreso el 21 del presente mes propuso realizar una reducción mayor del gasto público el 2022 y en los años siguientes reducir 0,25% anual el déficit estructural. Aunque dichas preocupaciones responden a su función, se trata de una mirada que invisibiliza los problemas sociales complejos que enfrentará la nueva administración en sus dos primeros años y las reformas necesarias que debe hacer el país para superar el estancamiento congénito de la productividad y enfrentar la crisis climática.
En efecto, ese diagnóstico no considera la naturaleza política de los problemas que nos afectan y minimiza la relevancia de otros factores que amenazan el futuro nacional. Las causas que llevaron al 18.0 siguen vigentes. La ciudadanía valora, sin duda, la canalización institucional de la revuelta; como también el IFE, el acceso a retiros de fondos de pensiones y la recuperación parcial de la economía, todo lo cual ha generado esperanzas. Pero ello no implica, que un nuevo gobierno que se despreocupe de los problemas sociales que llevaron a la revuelta no vaya a enfrentar, una rebelión quizás más potente, que la del 18.0. El BC ha advertido que, si el nuevo gobierno no toma en serio los desafíos fiscales, acelerará el incremento de la Tasa de Política Monetaria (TPM). El problema sobre el cual eluden pronunciarse tanto el consejo del BC como el CFA es que un nuevo gobierno que priorice una fuerte reducción del déficit fiscal, con el argumento que la deuda pública puede elevarse en un corto plazo, podría generar un descontento social de proporciones, nuevas movilizaciones y un incremento de la incertidumbre empresarial, con los impactos consecuentes sobre la inversión, el aumento de la productividad, el crecimiento y los ingresos fiscales. Del mismo modo, un gobierno que postergue hacia el final de la década un aumento de la carga fiscal (como lo hace el programa de Sichel) puede arribar al peor de los mundos: una presión social por mayores gastos e ingresos que no evolucionan conforme al incremento de los gastos permanentes que exigen las transformaciones sociales demandas por la ciudadanía, agudizando el problema fiscal.
Del mismo modo, un gobierno que no distinga adecuadamente entre el gasto corriente y el necesario esfuerzo fiscal en favor de iniciativas que abran nuevos campos de inversión y reorienten el modelo de desarrollo puede golpear fuertemente las expectativas empresariales de que se abrirán nuevas y mejores oportunidades de inversión. Un escenario más exigente para el mundo empresarial, esto es condiciones tributarias, laborales y en materia de contribución a la seguridad social, algo más parecido a las exigencias que los empresarios enfrentan en Europa, Australia o Nueva Zelandia para nombrar solo algunos ejemplos, como se prevé que pueden derivar de la Nueva Constitución solo puede ser enfrentado positivamente con un Estado “emprendedor” en los términos de Mariana Mazzucato. Se trata de que el Estado tome iniciativas potentes en favor de la innovación tecnológica, de la apertura de nuevas actividades productivas y un fuerte impulso de la infraestructura física (económica y social) y digital y abra así posibilidades para la inversión, en especial, aquella intensiva en conocimiento e innovación. A manera de ejemplo, una oportunidad con grandes perspectivas para el país es el impulso de la producción de Hidrógeno verde, que varios países desarrollados esperan poder importar para cumplir con sus compromisos de carbono neutralidad. Nuestro país dispone de fuentes de energía verde – energía solar en el norte y energía eólica en el sur – con grandes ventajas respecto a los competidores que podrían permitir transformar a Chile en un actor relevante en el campo. Proyecciones preliminares conservadoras estiman que al 2050 se podrían estar produciendo H2V por un valor de US$ 33.000 millones de los cuales US$ 24.000 millones podrían ser exportados. Como existen diversos obstáculos para que el sector privado se involucre en un principio, le cabe al Estado un rol crucial en estructurar políticas públicas para hacer posible la creación de esta industria, pero al mismo tiempo debe invertir ingentes recursos para su impulso inicial. El gobierno actual ha creado un fondo de capital semilla de US$ 50 millones. Ello ocurre cuando otros países están invirtiendo miles de millones de dólares para aprovechar esta oportunidad. Una política destinada a crear las condiciones para que Chile acceda a las ventajas del “first mover” requiere un fuerte y temprano compromiso público con invertir en la producción de H2V en el norte y sur del país, involucrar a la inversión privada, convocar a las grandes mineras a iniciar un proceso de transformación tecnológica que haga posible la producción de cobre verde y convocar a otras empresas exportadoras y del transporte a sustituir sus actuales fuentes de energía. Esta política constituye, además, un eje central de la acción en contra del cambio climático y la transformación de la economía chilena en economía verde, condición sustantiva para seguir ingresando en los principales mercados de exportación. No es la hora, en consecuencia, para una política “austera” en el campo de la inversión ni de un Estado subsidiario.
En conclusión, sin duda que el nuevo gobierno enfrentará problemas fiscales complejos y la aceleración en marcha de la inflación, ambos legados de la actual administración. Los desembolsos públicos de 8% del PIB (equivalentes a US$ 26151 millones) en el presente año, para hacer frente a la pandemia como los retiros de fondos de pensiones son resultado en buena medida de los errores cometidos en 2020 al restringir y demorar la ayuda a las familias y las PYMES en el 2020. Fue así como en el año anterior, en que la pandemia golpeó con más fuerza al mundo y al país, el apoyo fiscal alcanzó sólo un 2,4% del PIB (equivalentes a US$ 6383 millones). Esto tuvo dos consecuencias que deberá afrontar el próximo gobierno. En primer lugar, la política de austeridad fiscal en el 2020, con el apoyo del BC, ayudó a agravar la crisis sanitaria y acentuó las dificultades económicas generando un acentuamiento de la crisis de legitimidad del gobierno lo que obligó a una política fiscal en el 2021 mucho más onerosa de lo que habría sido el caso con una política mejor pensada en el 2020, a lo cual se sumaron los sucesivos retiros de fondos de pensiones. En segundo lugar, y más serio todavía, fue el agravamiento de los problemas de credibilidad gubernamental, lo que hace más difícil la transición hacia una nueva constitución y un nuevo gobierno.
La complejidad de los problemas que aparecen en el horizonte hace necesario comprender que para enfrentarlos adecuadamente se requiere un manejo inteligente tanto de las dimensiones políticas y sociales como de los aspectos propiamente económicos. Crucial será la capacidad de gestión política del nuevo gobierno, la construcción de una mayoría sólida en la Convención Constitucional y un equipo económico que enfrente el problema fiscal de una manera consistente con la respuesta efectiva a las demandas sociales y los requerimientos para reorientar el modelo de desarrollo de forma coherente con el combate al cambio climático, lo cual requiere una reforma tributaria sustantiva. Decisivo para todo ello será la obtención de una mayoría parlamentaria sólida.
Por Eugenio Rivera Urrutia
Foro para un Desarrollo Justo y Sostenible
