Recién asumido el gobierno enfrenta su primera polémica por el incidente que afectó a la ministra Izquia Siches en la anunciada visita oficial a la Araucanía, cuando su comitiva fue bloqueada en Temucuicui, mientras se escuchaban disparos al aire. Improvisación, acto temerario, desprolijidad, fueron algunas de las esperables reacciones opositoras, a las que se sumaron algunos reparos desde el mismo oficialismo. La derecha aprovechó el incidente para insistir en la prolongación del estado de excepción, mientras la nueva administración insiste en su opción por el complejo diálogo.
La prioridad del gobierno apunta a no eludir un conflicto histórico, acentuado en los últimos años, que requiere de un nuevo trato en complejas dimensiones, partiendo por las confianzas rotas al extremo durante el recién finalizado gobierno de Sebastián Piñera.
Aunque minoritarias, diferentes agrupaciones de la región rechazan frontalmente el diálogo, desconfiando de las señales de la nueva administración. Todo ocurre en un contexto que suma a la demanda ancestral por el territorio, la presencia del crimen organizado, robo de madera y narcotráfico ante una fuerza represiva fracasada e involucrada en actos criminales y de corrupción.
Diferentes gobiernos han fracasado ante un desafío mayor que se arrastra desde la fundación del Estado chileno. En el origen está la usurpación de cerca de cinco millones de hectáreas que pertenecían al pueblo mapuche. La llamada Pacificación de la Araucanía, que no fue otra cosa que una guerra de exterminio y conquista, a sangre y fuego del Walmapu, dejó una herida abierta traspasada de generación en generación. Han fracasado los intentos de asimilación. Los mapuches no se sienten chilenos (tampoco el pueblo Rapanui, así como las diversas etnias originarias) y demandan reconocimiento institucional, derechos ancestrales, tierras y autonomía.
Con toda probabilidad, el proceso constituyente logrará el reconocimiento constitucional de las etnias originarias, el derecho a la autonomía y representación en la vida institucional del país, pero aún queda pendiente la restitución de tierras y la necesaria reparación. Temas más que complejos que involucran una activa participación del estado, la sociedad civil, las empresas forestales, los diversos sectores políticos y el conjunto del país.
El nuevo gobierno ha declarado que no renovará el estado de excepción en la denominada macrozona sur. Es una decisión arriesgada pero también un gesto decisivo para sostener su voluntad de diálogo y la búsqueda de un nuevo trato con las etnias originarias. El propio viaje de la ministra del interior a la zona, más allá de la polémica, reafirman esa voluntad. Una señal acentuada por los seis ministro(a)s que visitaron la región.
Los sectores involucrados para un necesario nuevo trato al complejo conflicto son tan diversos como sus propios intereses. El estado de derecho y el orden público constituyen un desafío permanente para un sistema democrático, sin necesidad de recurrir a estados de emergencia, a menos que sea imprescindible en determinadas circunstancias excepcionales. Ciertamente su vigencia se mostró incapaz de evitar el incidente recién ocurrido en Temucuicui.
Esta es una pesada herencia que recibe el nuevo gobierno, que no tiene soluciones fáciles o de corto plazo. Un problema que no tan sólo requiere de gestos sino de una nueva política de diálogo y búsqueda de soluciones integrales, que pasan por reconocimiento y reparación de la deuda histórica. Asumir que somos un estado plurinacional, como lo ha declarado la convención constituyente, que debe buscar la integración de las diversas etnias en un mismo proyecto de nación, que asuma su diversidad de razas, credos, géneros e ideologías.
La crisis migratoria
Otro desafío para el nuevo gobierno, que no tiene soluciones fáciles o rápidas. Es un problema global, que no afecta tan solo a nuestro país o la región, sino al mundo entero. La crisis ucraniana ya registra millones de desplazados en busca de seguridad.
En Venezuela, Haití o Nicaragua (pudiera agregarse Cuba y otros países de la región) generan un movimiento migratorio que ha impactado con fuerza a países como Brasil, Perú o Chile, sin que haya existido, hasta la fecha, una acción coordinada y colaborativa para enfrentarlo positivamente.
Ciertamente no basta con reforzar las fronteras, construyendo zanjas o muros. Sobre todo, en países, como el nuestro, que tienen amplias fronteras, muy difíciles de proteger.
Chile, como otros, está en condiciones de recibir una cuota razonable de inmigrantes, que bien pueden ser un aporte al desarrollo del país, a condición de que su entrada sea regulada y controlada, implementando una autentica y eficaz política de acogida.
A diferencia de lo que ocurre en la Araucanía, el nuevo gobierno ha optado por prorrogar el estado de excepción en la zona norte, en donde, pese a los controles, se sigue registrando un alto número de inmigrantes ilegales, por pasos no habilitados, conducidos por verdaderas bandas de traficantes de personas.
Esta inmigración ilegal no tan solo representa un severo riesgo para el país, sino también una pesada carga para los habitantes de la zona norte, convertida en virtuales ”zonas de sacrificio”, con improvisados campamentos en lugares públicos y amenazas a la seguridad de sus habitantes.
El presidente Gabriel Boric ha sugerido enfrentar este tema de manera colaborativa con los otros países de la región con la posibilidad de establecer cuotas de acogida, al igual de lo que sucede en Europa. Es difícil que la iniciativa prospere, sobre todo respecto de países que no sufren igual presión o demanda migratoria, pero ayudaría un mayor control de las fronteras y colaboración de los servicios fronterizos.
Tampoco sería ocioso prestar atención a los factores que incentivan estos flujos migratorios, con un mayor involucramiento de los organismos internacionales para enfrentar las crisis sociales y políticas que generan estos procesos.
El debate constituyente en horas decisivas
Se acortan los plazos para que los convencionales resuelvan los contenidos de la propuesta de una nueva constitución que deberá ser sometida a un plebiscito ratificatorio por parte de la ciudadanía. En un breve tiempo, con prolongación contemplada en el mandato, los convencionales deberán abocarse a conciliar las diversas propuestas y fijar su cronograma de implementación.
Hay muchas materias que son opinables y controversiales a la hora de fijar un nuevo marco institucional, establecer derechos garantizados y redistribuir el poder. Algunas no pasan de ser propuestas que difícilmente reunirán los quórums necesarios para su aprobación y que, sin embargo, han sustentado buena parte de una intensa campaña de descrédito al proceso constituyente.
El nuevo gobierno deberá acompasar su ambicioso programa de cambios con el proceso constituyente en curso, sin intervenir directamente en él, aunque contribuyendo a una resolución favorable que no le es indiferente.
El hecho de que les corresponda a los integrantes electos de la convención resolver los contenidos de la propuesta no inhibe un necesario y creciente debate ciudadano, en donde tanto los partidos, movimientos y organizaciones sociales, medios de comunicación, autoridades y ciudadanos, tienen el derecho de involucrarse en un debate más que trascendente para el futuro del país.
Es más que evidente que un importante sector de la derecha está trabajando por la opción de rechazo, aunque sepan que la opción de mantener a la vieja constitución es del todo inviable. Por lo mismo barajan diversas fórmulas, como reflotar la propuesta constitucional redactada durante el gobierno de Michelle Bachelet (que rechazaron en su momento), radicando en el nuevo parlamento la tarea de redactar una nueva constitución, o elegir una nueva convención.
Sin embargo, todo apunta a que la propuesta de nueva constitución será aprobada por una mayoría ciudadana. La gran interrogante es si será por márgenes tan amplios como los registrados en la aprobación del proceso constituyente, o más estrechos, que no tan sólo podrían restarle legitimidad al nuevo texto constitucional, sino significar también un duro golpe al nuevo gobierno.
Inevitablemente, la derecha intentará convertir el plebiscito ratificatorio en un test de apoyo o rechazo al gobierno, que difícilmente gozará del tradicional “período de gracia” en el inicio de su mandato.
Tempranamente el gobierno deberá empezar a mostrar resultados. La reducción de la jornada laboral a 40 horas sería un avance importante, así como el reajuste del sueldo mínimo a $ 400.000. En los próximos días el Ejecutivo dará a conocer sus prioridades, que necesariamente debe incorporar los temas de seguridad ciudadana, la situación en la Araucanía y la crisis migratoria. Además de la indispensable reforma tributaria.
El presidente Boric es consciente de que no será fácil abrirles caminos a los cambios que una mayoría ciudadana demanda. En general, los cambios generan temores, incertidumbres y resistencias. Por ello es tan importante que se hagan bien, de manera gradual y sustentable, como ha sostenido el titular de Hacienda Mario Marcel y lo ha reafirmado el propio primer mandatario. “Vamos lento porque vamos lejos”.
