El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago fijó definitivamente para el miércoles 13 de octubre la audiencia de formalización del ex Director General de PDI, Héctor Espinosa, aunque la Fiscalía buscaba cerrar esta primera etapa de la investigación con una medida cautelar que podría ser el remezón más difícil en el más complejo de los últimos años para la policía civil.
Ese día Héctor Espinosa Valenzuela será informado que el Ministerio Público le imputa malversación de caudales públicos en calidad de gastos reservados, falsificación documental y lavado de activos, lo que hace a esta causa tener carácter de secreta hasta que llegue al juicio oral.
Y es que la querella del Consejo de Defensa del Estado fue la antesala de una crisis que explotó en el escritorio de Sergio Muñoz Yáñez, su sucesor, desde junio pasado, extendiéndose a cada uno de los funcionarios y funcionarias policiales, quienes vieron en un par de semanas derrumbarse la confianza ciudadana que mantenía a la PDI como una de las instituciones más respetadas por los chilenos.
Las pistas sobre actuaciones sospechosas en el entorno de Espinosa comenzaron a llegar a manos del Ministerio Público desde mediados de 2020, aunque en plena pandemia la PDI sorteaba con meridiana suerte complejos operativos, sin tener denuncias graves por violaciones a los derechos humanos durante el Estallido Social desde octubre 2019 a marzo del año pasado.
Espinosa se jactaba de su conocimiento del funcionamiento de los medios de comunicación. En su condición de jefe policial en Concepción se relacionó fluidamente con reporteros y editores. Luego al mando de la PDI ofreció un par de ágapes y cenas a reporteros policiales y editores en los patios de la Escuela de Investigaciones, en la comuna de Estación Central, manejando con habilidad el escenario mediático.
Según fuentes de la investigación, aunque la justicia militar y luego el fiscal José Morales ya indagaban al excomandante en jefe del Ejército, Juan Manuel Fuente-Alba, Espinosa continuó manejando los gastos reservados sin mayores detalles y a discreción.
Para ello, al igual como sucedió en tiempos de Fuente-Alba y luego con su sucesor, el general Humberto Oviedo, el exdirector la policía civil fue construyendo un muro de poder y confianza con subordinados leales e incondicionales a las tareas ordenadas por su jefe.
En diciembre de 2020, la Unidad de Análisis Financiero (UAF) reportó acciones sospechosas, que – luego se sabría – fueron también las primeras denuncias de funcionarios bancarios a quienes les resultó poco fiable el método de repetidos depósitos de dinero en efectivo en la cuenta de Espinosa, llegando a una ocasión a 20 millones en billetes de la moneda nacional.
El nombre de su esposa se incluía en el reporte, ya que María Neira Cabrera, funcionaria del Servicio de Impuestos Internos(SII) aparecía comprando una propiedad por más de 398 millones de pesos. Según publicación de CIPER Chile en mayo de este año “el inmueble adquirido por la cónyuge de Espinosa y que encendió las alarmas en la Fiscalía está ubicado en un barrio residencial de importante desarrollo inmobiliario en la comuna de Las Condes. La compra fue realizada el 30 de abril de 2018 a la inmobiliaria Almagro, e incluyó un departamento, dos estacionamientos y dos bodegas”.
Espinosa en su defensa asegura que las propiedades a su haber son producto del ahorro familiar y una herencia. En los registros del Conservador de Bienes Raíces de Concepción, su esposa figura con dos propiedades en esa ciudad, una que adquirió en 1992 y otra que recibió como herencia en 2008.
Respecto de las propiedades del exjefe policial, su última declaración de intereses y patrimonio publicada por la PDI, fechada en marzo de 2021, incluye tres bienes raíces ubicados en Valparaíso, adquiridos el 7 de agosto de 2015 como copropietario: un departamento, una bodega y un estacionamiento. Por esos bienes pagó $58.053.846, $5.994.096 y $1.190.657. Además, la declaración registró como pasivo un crédito hipotecario con la mutualidad de Carabineros por $45.993.588.
En su declaración de 2020, Espinosa anotó una propiedad agrícola emplazada en Constitución –su ciudad natal-, comprada el 22 de marzo de 2019 por $7.279.862. Este terreno no volvió a aparecer en su declaración del 2021.
Sin embargo, nada de la referida gestión inmobiliaria se condice con los registros de depósitos en efectivo en sucursales del BancoEstado y Banco de Chile en las inmediaciones del Cuartel General de la PDI, entre calles Bandera y Rosas, en pleno barrio céntrico de la Estación Mapocho, donde el subcomisario Eduardo Villablanca Inostroza, por entonces ayudante clave de Espinosa, completaba el procedimiento.
Villablanca fue interrogado por el fiscal Campos junto al OS-7 de Carabineros, declarando entonces que “en diversas oportunidades, a solicitud del señor Espinosa, que en realidad yo consideraba una orden, me correspondió hacer depósitos en efectivo en su cuenta del Banco Estado y en el Banco Chile, en el caso de su cónyuge”.
El subcomisario relató que realizaba mensualmente los depósitos en efectivo, en las sucursales de Banco Estado y Banco de Chile, puntualizando que Espinosa le entregaba generalmente $5 millones, que los distribuía en respectivos depósitos de $3 millones en la cuenta corriente del Banco Estado, y de $1 millón o $2 millones en la cuenta corriente del Banco de Chile a nombre de la esposa de su jefe.
“Estos dineros eran en efectivo, él ingresaba a mi oficina, que está muy cerca de la suya, con conexión interna con la mía(…) Él llegaba con los dineros en efectivo en la mano, y me los pasaba con las instrucciones de cuánto debía depositar en cada cuenta”, señaló Villablanca al fiscal.
Respondiendo por el controvertido depósito de $20 millones en efectivo (del 28 de julio de 2016) precisó que Espinosa le instruyó “depositarlos en su cuenta corriente del Banco Chile”.
Es pertinente precisar que en los días previos el entonces director general de la PDI recibió del erario fiscal $30 millones en efectivo por concepto de gastos reservados. “El director general de la Policía de Investigaciones de Chile que suscribe, certifica que la suma de $30 millones, correspondiente al egreso N° 263, de fecha 25 de julio del 2016, fue invertido en gastos reservados de esta institución”, dice el documento en que consta la entrega de este dinero. Así, los investigadores sospechan que a lo menos el 66,6% de los fondos retirados ese mes los habría destinado a su propio beneficio.
Además, Villablanca sostuvo que en febrero de 2017 – periodo en que se realizaron los últimos depósitos de este tipo- llegó a la Dirección General de la PDI un funcionario del Banco de Chile, quien se reunió con el entonces director. Según el subcomisario, su entonces jefe le comentó que el funcionario de la entidad financiera le había dicho que su cuenta tenía algunas observaciones. Espinosa no realizó aclaraciones al respecto, ni tampoco hay registro oficial de aquella reunión.
En total se investigan 53 depósitos en efectivo por cerca de $140 millones que provendrían de gastos reservados y habrían sido destinados a su beneficio personal.
El Consejo de Defensa del Estado presentó una querella criminal contra Espinosa y quienes resulten responsables, por los delitos de malversación de caudales públicos, falsificación de instrumentos públicos, y lavado de activos.
Así lo informó el organismo en su página web, argumentando que “la acción se fundamenta en la investigación actualmente realizada por el Ministerio Público que da cuenta de variados y cuantiosos depósitos en efectivo efectuados en las cuentas corrientes del ex director de la PDI y de su cónyuge, sin justificación”.
En ese sentido, dice el CDE, “la acción penal buscará determinar las eventuales responsabilidades relacionadas con la sustracción de los fondos reservados manejados por el exdirector, como asimismo las falsificaciones documentales verificadas al rendir cuenta de los mismos”.
