Iván Duque, el estrecho amigo de Pinera, con el que creó PROSUR y con quien concurriera a Cúcuta en el fallido intento de Guaido de ingresar ayuda humanitaria a Venezuela, se fabricó el estallido social que hoy vive Colombia.
Un estallido que guarda inquietantes similitudes con el estallido social en nuestro país. En medio de la pandemia, que ha golpeado duramente a ese país (el tercero en la región que registra la mayor cantidad de muertos y contagiados), con una crisis que ha elevado los niveles de pobreza por sobre el 40 % y la extrema pobreza al 15 %, se le ocurrió enviar una reforma tributaria, que llamo “ley de solidaridad sostenible,” que buscaba recaudar mas de 25 billones de pesos, que destinaría a pagar parte de la elevada deuda externa del país y, en menor medida, financiar algunos programas sociales. El problema es que la reforma gravaba principalmente a los sectores medios, duramente golpeados por la crisis, congelaba los salarios y ampliaba la cobertura del IVA, impactando a los consumidores, que enfrenta serios problemas de subsistencia.
La reacción no se dejó esperar. Las centrales sindicales llamaron a un paro nacional, se sucedieron las protestas y hechos de violencia y no tan solo la oposición anunció su rechazo sino también sectores del propio oficialismo. Un movimiento que ya dura 15 días, que no presenta signos de terminar y que el gobierno optara por enfrentar con una dura represión policial, que ya registra más de 37 fallecidos, un numero indeterminado de desaparecidos (con cifras dispares que van desde 88 a 170 y más), centenares de heridos y detenidos, además de denuncias de abusos sexuales. Todo esto protagonizado por el Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMED).
La violenta represión policial en contra de los manifestantes ha generado fuertes reacciones de condena y preocupación en organismos de derechos humanos, gobiernos y la opinión publica internacional, a la cual se sumó una tímida declaración de la Cancillería chilena.
Tal como generalmente sucede, la violenta represión a los manifestantes tan solo logro echarle bencina a la hoguera. La reforma tributaria debió ser retirada y el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla tuvo que renunciar. Las demandas de los manifestantes se incrementan, exigiendo la desintegración del ESMED, reforma de los servicios policiales, el cumplimiento cabal de los acuerdos de paz de 2016 y la suspensión de las fumigaciones con glifosato para combatir el cultivo de drogas, que el gobierno pretendía reanudar.
Una crisis multisistémica
El gobierno de Iván Duque enfrenta una compleja crisis a dos años de culminar su mandato. A la crisis sanitaria, económica y social que enfrentan la mayoría de los países de la región, Colombia agrega una delicada relación con su vecina Venezuela y el régimen de Maduro, a quien algunos interesados, como el presidente ecuatoriano Lenin Moreno acusa de agitar los conflictos.
Con una frontera porosa, por la cual atraviesas diariamente miles de refugiados venezolanos y en donde se ha registrado más de un enfrentamiento armado. A ello se agrega un proceso de paz que camina muy dificultosamente, con cuestionamientos internos a la llamada justicia transicional y grupos armados que no han depuesto sus armas. Lejos de disminuir, el poder de los carteles de la droga se ha mantenido si es que no se ha incrementado y la violencia está lejos de ser erradicada.
Iván Duque es uribista pero no es Álvaro Uribe. Ni de lejos. No tiene el arrojo y la impronta autoritaria de su mentor político, que no ha dejado de deslizar críticas a la gestión de su delfín. Sectores de su partido, Centro Democrático, han cuestionado su debilidad para manejar la crisis y enfrentar las protestas, demandando que se decrete el estado de conmoción interior (estado de sitio) y se saque a las FF.AA. a la calle para frenar la violencia. (¿suena conocido?).
Sin descartar dicha alternativa, afirmando que el jefe del Estado no puede renunciar a ninguna de las herramientas que le entrega la Constitución y la ley, el presidente Duque ha optado por intentar un dialogo con el comando del paro y movilizaciones, buscando desactivar las protestas y retornar a la normalidad. Pero, en la primera sesión de dialogo, Duque no estuvo por ceder en ninguna de las principales demandas de sus interlocutores, que salieron muy desilusionados de la reunión, optando por convocar a un nuevo paro nacional para la semana próxima. La protesta se ha extendido y hoy tiene como epicentro a la ciudad de Cali, “la capital de la resistencia”, como ha sido designada, con bloqueos de caminos y aeropuerto, además de masivas manifestaciones.
Iván Duque enfrenta severas dificultades para culminar su mandato. Este no es el primer estallido social que registra el país, que ya el 2019 vivió un periodo de turbulencias y protestas, y todo apunta a que el actual será muy difícil de contener sino es a través de un dialogo político con la oposición en donde el gobierno debe hacer concesiones importantes, especialmente en lo referido a la protección social durante la emergencia, el irrestricto respeto a los derechos humanos y la reactivación económica y la recuperación de los empleos. Todo ello en el marco de una crisis multisistémica y un gobierno evidentemente debilitado, con serios problemas de gestión política.
Las elecciones presidenciales serán el año 2022 y parece evidente que el oficialismo muy difícilmente se proyectará en un nuevo mandato. Gustavo Petro – el líder opositor que ha declarado recientemente que “Duque es prisionero de Uribe y hay que salvarlo” – tiene buenas posibilidades de capitalizar la crisis a su favor, aunque los sectores de centro derecha son, hasta ahora, mayoritarios.
