Eugenio Rivera Urrutia
Fundación Chile 21
El informe de Política Monetaria (IPOM) de diciembre del presente año del Banco Central (BC) describió crudamente la gravedad de la situación económica y ha puesto de relieve la necesidad de terminar con la alta incertidumbre que afecta a los agentes económicos. Las medidas económicas y sociales que ha tomado el Gobierno dejan en evidencia que la Administración no termina de comprender la gravedad de la crisis por lo que existen grandes dudas de que se supere la situación.
la Administración no termina de comprender la gravedad de la crisis por lo que existen grandes dudas de que se supere la situación.
La crisis social sostiene el IPOM, generó en octubre una caída anual del Imacec de 3,4% (- 4% el Imacec no minero) que, aunque afectando a todos los sectores económicos golpeó especialmente al comercio, la producción manufacturera y distintas líneas de servicios como la educación, transporte, servicios empresariales y restaurantes y hoteles. El Índice Mensual de Confianza Empresarial (IMCE) de noviembre mostró una caída importante del uso de la capacidad instalada en el sector industrial comparable al registrado luego del terremoto del 2010. Como efecto de esta situación el crecimiento anual del PIB alcanzará una cifra de 1% en el presente año. Para el BC, la caída proyectada del Imacec para el cuarto trimestre del 2019 de -2,5% entrega un bajo nivel de partida para la economía en el 2020. Aunque se estima que, trimestre a trimestre, la economía vuelva a crecer la tasa de variación del primer trimestre comparada con el primer trimestre del 2019 será negativa con lo que es previsible que el PIB crezca en el año 2020 sólo entre 0,5 y 1,5%.
El Índice Mensual de Confianza Empresarial (IMCE) de noviembre mostró una caída importante del uso de la capacidad instalada en el sector industrial comparable al registrado luego del terremoto del 2010.
Un factor clave en la evolución futura de la economía será la confianza de hogares y empresas. En relación con el consumo diversas encuestas muestran que la confianza de las personas se deterioró significativamente luego del 18 de octubre. El mercado laboral deja en evidencia que está en marcha un fuerte deterioro. Según la encuesta del BC más de la mitad de los encuestados respondieron que su dotación de trabajadores descendería en el 2020. Por otra parte, las cifras de finiquitos de la Dirección del Trabajo de noviembre mostraron un aumento de casi 13% explicados casi en su totalidad por despidos por necesidad de la empresa. Respecto de la inversión, para el 2020 se proyecta una caída de 4% anual lo cual es coherente con la mayor incertidumbre y el agudo deterioro de la confianza empresarial producto de los mayores costos que se enfrentan como efecto del mayor costo de la maquinaria importada y el deterioro de las condiciones financieras. Esta situación se compensa parcialmente por la continuación de los grandes proyectos mineros. Desde el punto de vista de la política económica, el BC considera que la política monetaria y fiscal expansiva contribuirán a la recuperación del crecimiento económico en el 2020. Cabe señalar, que el BC sostiene que el escenario internacional no entregará un impulso significativo al crecimiento en Chile. En cuanto a la inflación el BC supone en el escenario base que ella alcanzará un 4% en el 2020 como efecto, principalmente, de la devaluación del dólar.
En relación con el consumo diversas encuestas muestran que la confianza de las personas se deterioró significativamente luego del 18 de octubre. El mercado laboral deja en evidencia que está en marcha un fuerte deterioro.
Desde el punto de vista de la política económica, el BC considera que la política monetaria y fiscal expansiva contribuirán a la recuperación del crecimiento económico en el 2020.
La agenda social, el “paquete reactivador” y la agenda contra el abuso del Gobierno.
El 2 de diciembre, el Gobierno anunció la “Agenda de protección del empleo, reactivación económica, reconstrucción y apoyo a las MiPymes” que consideraba medidas por US$ 5 mil quinientos millones, de los cuales US$ 3025 millones aumentan el gasto público, US$ 1950 millones van al apoyo de la Mipyme y US$ 525 millones incluyen concesiones y la reconstrucción del Metro. Se estima que las medidas podrían generar 100 mil nuevos empleos el año 2020. El nuevo escenario obliga a abandonar la meta de llevar el déficit estructural hasta 1% en el 2022 alcanzando ese indicador un 3% del PIB en el 2020, cifra que se espera reducir a 2% en el 2022 (lo que implica una reducción de 0,5% anual). En este escenario, el gasto público crecería 9,8% real en 2020 comparado con la Ley de Presupuesto del año 2019, el mayor incremento desde el año 2009. Por su parte, el déficit fiscal se elevará hasta 4,4% del PIB el próximo año, cifra similar al déficit de 4,3% del PIB registrado el año 2009. Ante este escenario, las necesidades de financiamiento para el próximo año se estiman en US$ 16.600 millones. Ellas se financiarán con emisión de deuda por hasta US$9.000 millones, 40% de la cual será en moneda extranjera, monto que será complementado con unos US$ 7.600 millones que provendrán de los activos del tesoro en moneda extranjera. Al utilizar una combinación de deuda y activos como fuente de financiamiento para los próximos años, el gobierno proyecta que la deuda pública bruta tendería a estabilizarse en torno al 38% hacia fines del 2024.
Por su parte, el déficit fiscal se elevará hasta 4,4% del PIB el próximo año, cifra similar al déficit de 4,3% del PIB registrado el año 2009.
Estas medidas buscan complementar la agenda social del gobierno que incluye un aumento escalonado de las pensiones solidarias, una reducción del 50% en la tarifa de transporte para mayores de 65 años, un ingreso garantizado de 301 mil pesos y rebaja de los precios de los medicamentos con el objetivo que disminuyan a los niveles de otros países.
Cabe señalar, sin embargo, que el texto elude un elemento que es fundamental para asegurar eficacia en este campo, esto es abrir la posibilidad que sea la Fiscalía Nacional la que pueda iniciar la acción penal en casos de colusión o delitos tributarios.
Finalmente, el 9 de diciembre el presidente de la República dio a conocer la “Agenda antiabusos” que se estructura con base en tres pilares. El primero, destinado a combatir “con mayor severidad las colusiones y los abusos en los mercados, los delitos tributarios y el uso de información privilegiada” que incluye fortalecer la Fiscalía Nacional Económica, asignándole nuevas herramientas como un posible alzamiento del secreto bancario y la protección de las pruebas físicas o digitales de conductas anticompetitivas, aumentar las sanciones penales con penas de cárcel , para delitos de colusión en cuando sean afectado bienes de primera necesidad, aumentar penas para delitos tributarios y creación de la figura del “denunciante anónimos” que incluiría posibilidades de recompensas económicas. Son medidas que pueden ser significativas, pero habrá que esperar el contenido específico del proyecto para una evaluación definitiva. Cabe señalar, sin embargo, que el texto elude un elemento que es fundamental para asegurar eficacia en este campo, esto es abrir la posibilidad que sea la Fiscalía Nacional la que pueda iniciar la acción penal en casos de colusión o delitos tributarios.
El segundo pilar busca lograr una mejor protección de los derechos de los consumidores que incluye “terminar con la letra chica en los contratos de adhesión, a través de una Plataforma Digital en SERNAC”, medidas para que los ciudadanos puedan conocer los seguros que mantienen vigentes y cancelar seguros desconocidos y establecer la portabilidad financiera para los deudores de tarjetas de créditos entre otras. Sin duda los temas son importantes; el problema es que no se aborda el déficit de “enforcement” esto es – según señala el ex director del SERNAC José Roa – el conjunto de reglas, incentivos y desincentivos para el cumplimiento de la normativa. Más aún, se mantiene la limitación fundamental que afecta a la institución que, a diferencia de las superintendencias, carece de las facultades sancionatorias y de interpretación de la ley. Estas facultades incluidas en el proyecto de reforma presentado el 2 de junio del 2014 fueron eliminadas por el Tribunal Constitucional el 18 de enero del 2018 antes de su promulgación el 13 de julio del 2018. Una dificultad adicional que afecta al SERNAC es que no puede intervenir en mercados que cuentan con una legislación especial como son en general las de los servicios públicos y el sector financiero, ámbitos en que los consumidores están muy expuestos a abusos.
Más aún, se mantiene la limitación fundamental que afecta a la institución que, a diferencia de las superintendencias, carece de las facultades sancionatorias y de interpretación de la ley. Estas facultades incluidas en el proyecto de reforma presentado el 2 de junio del 2014 fueron eliminadas por el Tribunal Constitucional el 18 de enero del 2018 antes de su promulgación el 13 de julio del 2018.
En relación con el tercer pilar “mejor protección de los derechos de los trabajadores” el discurso presidencial se limita anunciar otra agenda de modernización de la Dirección del Trabajo que incluye la incorporación de tecnología digital y su mediación voluntaria entre trabajadores y empleadores. Esta iniciativa está lejos siquiera de acercarse a las demandas de los trabajadores.
el discurso presidencial se limita anunciar otra agenda de modernización de la Dirección del Trabajo que incluye la incorporación de tecnología digital y su mediación voluntaria entre trabajadores y empleadores. Esta iniciativa está lejos siquiera de acercarse a las demandas de los trabajadores.
Una política insuficiente para terminar con la incertidumbre y la desconfianza.
Si se tiene en cuenta que como resultado de la crisis financiera del 2007 – 2008, el gobierno de ese entonces destinó casi 5 puntos del producto en el 2009 para enfrentar una crisis sustancialmente menos grave que la que ha afectado en estas últimas semanas al país, es lógico colegir que el Gobierno no logra sopesar la gravedad de la situación que nos afecta. El mundo empresarial está afectado por altos niveles de incertidumbre respecto del orden público y no ve en el gobierno una política reactivadora lo suficientemente potente. Los trabajadores por su parte perciben el peligro eminente de perderlo y los consumidores han manifestado su voluntad de actuar con gran cautela, lo que afectará los incentivos para que los empresarios realicen las inversiones que se necesitan. Por su parte la ciudadanía observa con preocupación como el gobierno anuncia una larga serie de medidas, muy genéricas, siendo difícil percibir su sentido general. Finalmente, el paquete social es percibido por la ciudadanía como insuficiente. Las grandes demandas que se han manifestado en las movilizaciones sociales de los últimos 15 años y en las más diversas encuestas no son abordadas, con vacíos en los objetivos pretendidos.
Si se tiene en cuenta que como resultado de la crisis financiera del 2007 – 2008, el gobierno de ese entonces destinó casi 5 puntos del producto en el 2009 para enfrentar una crisis sustancialmente menos grave que la que ha afectado en estas últimas semanas al país, es lógico colegir que el Gobierno no logra sopesar la gravedad de la situación que nos afecta.
Como si lo anterior fuera poco, no está claro si el Gobierno finalmente instrumentará una reforma tributaria, señal clave para interpretar su voluntad. Si bien, en una entrevista reciente, el ministro Briones manifestó su voluntad de elevar la carga tributaria a un 26% del PIB al anunciar el paquete fiscal no solo no mencionó la reforma, sino que, además, realizó estimaciones sobre el curso de la deuda pública evidenciando que no estaba contemplada una reforma tributaria importante.
Como si lo anterior fuera poco, no está claro si el Gobierno finalmente instrumentará una reforma tributaria, señal clave para interpretar su voluntad.
