Alfonso Sweet, Presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio (PC) y Bernardo Larraín Matte, Presidente de la Sociedad de Fomento Fabril (SOFOFA), encabezan el intenso lobby para que el gobierno cumpla una de sus principales promesas de campaña. Retrotraer la reforma tributaria – aprobada durante la anterior administración, con los votos del oficialismo y la derecha – bajando los impuestos a las empresas (del 27 al 25 %) y “reintegrar” el sistema impositivo, permitiendo que los empresarios puedan descontar el 100 % de los tributos pagados por sus empresas, de sus impuestos por concepto del global complementario, lo cual implica una rebaja adicional de impuestos para los sectores de mayores ingresos.
La otra gran reforma cuyo cumplimiento demanda el gran empresariado y la coalición gobernante es la contra reforma laboral, apuntando a una mayor “flexibilización” del mercado del trabajo, el sistema de indemnización en caso de despido, la titularidad sindical y la ampliación del reemplazo de trabajadores en huelga.
Un lobby al que se ha sumado entusiasta y vigorosamente el diario El Mercurio, así como la mayoría de los medios vinculados a grupos empresariales, a través de sucesivas editoriales, columnas, entrevistas y análisis políticos, sosteniendo que estas contra reformas (a las que se podrían sumar las del sistema de pensiones, la de inclusión escolar y otras), son indispensables para dinamizar el crecimiento económico.
La otra gran reforma cuyo cumplimiento demanda el gran empresariado y la coalición gobernante es la contra reforma laboral, apuntando a una mayor “flexibilización” del mercado del trabajo, el sistema de indemnización en caso de despido, la titularidad sindical y la ampliación del reemplazo de trabajadores en huelga.
Los empresarios no olvidan que una de las razones esgrimidas por el actual gobierno para no proponer la rebaja de impuestos a las empresas (como había comprometido), apuntaba al alto déficit fiscal que había heredado, tal como lo señalara Sebastián Piñera en su cuenta pública del pasado mes de junio de 2018.
O la promesa del ministro Felipe Larraín, a mediados del año pasado, cuando señaló que, de mejorar las cifras fiscales, el tema podría ser revisado. Tras conocer las cifras entregadas por el titular de Hacienda al cierre del año fiscal, que muestran una reducción tanto del déficit efectivo (-2,8 %), como del estructural (-1,5 %), gracias a la combinación de contención del gasto, mayor crecimiento e ingresos extraordinarios (la operación de venta de acciones a Tanqui), el titular de la CPC sostuvo que “se abre una avenida grande para reducir la tasa de impuestos a las empresas de 27 a 25 %”, como era la promesa original.
Los límites del gobierno para negociar con la oposición
El problema es que en ninguno de estos temas- tributario, laboral o pensiones- el gobierno cuenta con una mayoría parlamentaria que asegure, al menos, la aprobación de la idea de legislar.
Un lobby al que se ha sumado entusiasta y vigorosamente el diario El Mercurio, así como la mayoría de los medios vinculados a grupos empresariales, a través de sucesivas editoriales, columnas, entrevistas y análisis políticos, sosteniendo que estas contra reformas (a las que se podrían sumar las del sistema de pensiones, la de inclusión escolar y otras), son indispensables para dinamizar el crecimiento económico.
La oposición, en su más amplia diversidad y pese a su disgregación, conflictos y diferencias evidentes, ha fijado algunos criterios comunes para enfrentar estos debates, como asegurar la progresividad alcanzada en el sistema tributario y mantener la recaudación fiscal, que el proyecto gubernamental no garantiza.
Igualmente se coincide en introducir reformas para mayor competencia al actual sistema de administración de los fondos de pensiones, fortalecer el pilar solidario y asegurar un incremento de las actuales y futuras pensiones con menor gradualidad que la propuesta por el Ejecutivo. La coincidencia apunta a no precarizar aún más el empleo.
El gobierno ha buscado dividir a la oposición entre sectores más abiertos al diálogo y el acuerdo, y aquellos supuestamente obstruccionistas (antipatriotas) y refractarios a los consensos. Una estrategia en la que ha tenido algunos éxitos hasta ahora (como en el caso de la nueva ley de migraciones) pero con evidentes límites políticos. Y con el ambiente crispado, por la terca mantención en su cargo del cuestionado subsecretario de redes asistenciales, Luis Castillo, involucrado en actos de obstrucción a la justicia en la investigación del asesinato del ex Presidente Frei Montalva.
Además, tal como se comprobara en los esfuerzos por acercar posiciones en el tema de la reforma tributaria, los márgenes de maniobra del gobierno para negociar con la oposición están limitados por sus propios grupos de apoyo.
En palabras del timonel de la SOFOFA, Bernardo Larraín, “en el debate que se ha producido en este grupo de trabajo entre el gobierno y la oposición (sobre reforma tributaria), uno ve en la mesa mucho más presentes elementos recaudadores que elementos que incentiven la inversión y el ahorro, y eso es sinónimo de que se está desdibujando la inspiración original de la reforma tributaria”. “Llega un punto en el cual uno dice bueno, si se empieza a desdibujar la inspiración original de la reforma tributaria ¿tiene sentido seguir avanzando?”
El gobierno ha buscado dividir a la oposición entre sectores más abiertos al diálogo y el acuerdo, y aquellos supuestamente obstruccionistas (antipatriotas) y refractarios a los consensos. Una estrategia en la que ha tenido algunos éxitos hasta ahora (como en el caso de la nueva ley de migraciones) pero con evidentes límites políticos. Y con el ambiente crispado, por la terca mantención en su cargo del cuestionado subsecretario de redes asistenciales, Luis Castillo, involucrado en actos de obstrucción a la justicia en la investigación del asesinato del ex Presidente Frei Montalva.
El Mercurio, en su semana política del 3 de febrero, marcó los límites de la estrategia de diálogo con la oposición, instando al Ejecutivo a definir, con claridad, qué es negociable y cuáles elementos constituyen el núcleo duro de sus proyectos, cuya alteración, en medio del vértigo negociador, desnaturalizaría su sentido, sosteniendo que durante el próximo período legislativo el gobierno pondrá a prueba su capacidad de articulación para sacar adelante una serie de iniciativas, en las que estará en juego cumplir con sus compromisos programáticos centrales.
Las prioridades legislativas de la oposición
Obviamente, la oposición no comparte las prioridades legislativas señaladas por el gobierno, ni las aprehensiones de sectores empresariales acerca de los nocivos efectos que tendría para el crecimiento que estas contra reformas no fuesen aprobadas tal como las pretende el Ejecutivo.
Obviamente, la oposición no comparte las prioridades legislativas señaladas por el gobierno, ni las aprehensiones de sectores empresariales acerca de los nocivos efectos que tendría para el crecimiento que estas contra reformas no fuesen aprobadas tal como las pretende el Ejecutivo.
Para sectores de oposición, la primera prioridad en el nuevo período legislativo debiera estar centrada en la reforma de las pensiones, condicionando el debate tributario al financiamiento de un mejor sistema. Una reforma que garantice un mejoramiento oportuno de las actuales pensiones y no a 40 años, como lo advierte el senador Felipe Harboe. “Tenemos que mejorar un proyecto de ley que tiene muchas debilidades, pero además debemos asegurar su financiamiento” agrega el senador socialista Rabindranath Quinteros.
Es el gobierno, en su calidad de colegislador, el que define la agenda legislativa o califica las urgencias para la discusión de los proyectos, además de contar con la iniciativa exclusiva en numerosas materias que implican gasto fiscal. Ello requiere de un cierto consenso con una mayoría parlamentaria en manos de la oposición El riesgo de empantanar el debate legislativa por la falta de un mínimo consenso entre el gobierno y la oposición es muy alto y desde luego muy nocivo para el país.
Y así como el gobierno debe definir los límites de lo negociable, así también la oposición tiene el derecho de definir los suyos, como lo ha hecho en materia tributaria, previsional o laboral, que parecen ser compartidos por el conjunto de partidos que la componen.
Y así como el gobierno debe definir los límites de lo negociable, así también la oposición tiene el derecho de definir los suyos, como lo ha hecho en materia tributaria, previsional o laboral, que parecen ser compartidos por el conjunto de partidos que la componen.
A partir de aquellas definiciones, ambos sectores parecen obligados a buscar acercamientos, construir los consensos posibles y dirimir diferencias en las reglas de la democracia, asumiendo que ningún sector puede doblegar al otro o tratar de imponer totalmente sus puntos de vista.
Parece necesario asumir que el país enfrenta, además de los debates tributarios, previsionales o laborales, otras urgencias legislativas, como la política con los pueblos originarios, de la infancia, los temas de seguridad interna o los propios del desarrollo económico, por mencionar algunos, que deben ser enfrentados con el mismo espíritu de diálogo y búsqueda de acuerdos. En definitiva, en eso consiste la política en democracia. La confrontación de ideas y propuestas, la deliberación y búsqueda de acuerdos y la resolución de las diferencias por las reglas de mayorías y minorías.
