El nuevo pacto político, económico y social que Chile necesita

¿Cómo se restablece el orden público y la paz social, que aparece como la principal prioridad del actual gobierno y que, justificadamente, preocupa a la mayoría del país? El espiral de inseguridad no tan sólo ha tenido un fuerte impacto económico sino también un alto costo social, en vidas humanas, cientos de graves lesionados, miles de detenidos y procesados, la pérdida de más de 300.000 empleos y muchos pequeños emprendimientos dañados, además de la inseguridad ciudadana y la afectación de la vida cotidiana para millones de chilenos.

La respuesta no es simple. Desde luego no con mayor represión ni leyes en esa línea. Por mucho que se perfeccionen los protocolos, se incrementen los medios represivos o se reformen las fuerzas de orden y seguridad.

La respuesta no es simple. Desde luego no con mayor represión ni leyes en esa línea.

No basta que los diversos sectores políticos condenen la violencia “sin ambigüedades”, como demanda el gobierno.

 Tampoco un nuevo  acuerdo nacional, como el que han propuesto un conjunto de personalidades vinculadas a la ex Concertación de Partidos por la Democracia sería suficiente para detener el espiral de violencia que se ha generado a lo largo de los cuatro últimos meses y que ha acompañado a las masivas movilizaciones sociales.

 Incluso un nuevo pacto político, económico y social, como el que han propuesto diversos sectores de gobierno y de oposición, no garantiza que se pueda restablecer en el corto plazo el orden público gravemente alterado y que amenaza con agravarse con el inicio de este nuevo año cargado de eventos electorales.

El espiral de violencia que se ha instalado en el país obedece a múltiples factores – prioritariamente las profundas desigualdades que marcan nuestro proceso de desarrollo – y tiene diversos actores, entre los que se debe considerar a las fuerzas represivas, su torpe y provocativa conducción, los declaradamente “indignados”,  pequeños sectores anárquicos, barras bravas , pandillas vinculadas al narcotráfico y el crimen organizado, sin excluir a sectores radicalizados de izquierda, que asumen que la reacción contestataria no tan sólo es legítima como respuesta a la violencia institucional sino también necesaria para destruir un orden injusto y excluyente con el vago horizonte de generar un proceso revolucionario.

Una crisis de representación

Mucho se ha hablado de una verdadera disociación entre el mundo político y el mundo social  que ha generado una crisis de representación e incapacidad para interpretar el fenómeno que se esconde tras el estallido social.

Uno de los problemas de la transición y el proceso de consolidación democrática es que no se lograron restablecer los equilibrios sociales gravemente alterados durante los 17 años de dictadura, cuando se proscribieron los partidos políticos, se cerraron medios de comunicación, se debilitaron las organizaciones sociales y se impuso un orden basado en la fuerza de la represión criminal.

Pese a todo, un reprimido movimiento social jugó un rol protagónico en la lucha por la recuperación de la democracia. Fueron los trabajadores, estudiantes, mujeres, pobladores, los que participaron en las masivas protestas en contra del régimen militar. Fueron los ciudadanos que se organizaron para ganar el plebiscito y derrotar los afanes continuistas de Pinochet y luego elegir a Patricio Aylwin como el mandatario para iniciar la transición a la democracia.

Sin embargo, luego del plebiscito, fueron los actores políticos los empoderados para negociar los términos del proceso de transición, sin mayor participación de los actores sociales.

Sin embargo, luego del plebiscito, fueron los actores políticos los empoderados para negociar los términos del proceso de transición, sin mayor participación de los actores sociales. Y fueron esos mismos representantes políticos los que resolvieron restarle protagonismo a los movimientos sociales para viabilizar un complejo proceso de transición y consolidación democrática, renunciando a uno de los ejes centrales de la actividad política, es decir la movilización social en apoyo de los cambios y transformaciones que el país requería.

La política sufrió entonces un lamentable proceso de estatización, para quedar reducida a una compleja y desigual negociación entre una derecha, subsidiada por los llamados enclaves autoritarios contenidos en la constitución de 1980 (entre ellos los senadores designados) y partidos progresistas, excluyendo a sectores de la izquierda gracias al sistema electoral binominal.

La política sufrió entonces un lamentable proceso de estatización, para quedar reducida a una compleja y desigual negociación entre una derecha, subsidiada por los llamados enclaves autoritarios contenidos en la constitución de 1980 (entre ellos los senadores designados) y partidos progresistas, excluyendo a sectores de la izquierda gracias al sistema electoral binominal.

La derecha mantuvo la llave de las reformas no tan sólo gracias al sistema electoral binominal sino también por los altos quórums requeridos para modificar claves más que sustantivos del orden dictatorial. La llamada política de los acuerdos siempre estuvo constreñida por una constitución extremadamente conservadora y manifiestos desequilibrios sociales a favor de los llamados “poderes fácticos”.

Rechazar para reformar, como proponen sectores mayoritarios de la derecha, sin especificar a qué se refieren, no deja de ser un subterfugio para defender la intangibilidad de los principios conservadores que inspiran el actual ordenamiento institucional y que sucesivas reformas no han logrado modificar durante largas décadas.

Rechazar para reformar, como proponen sectores mayoritarios de la derecha, sin especificar a qué se refieren, no deja de ser un subterfugio para defender la intangibilidad de los principios conservadores que inspiran el actual ordenamiento institucional y que sucesivas reformas no han logrado modificar durante largas décadas.

Nadie puede negar que fueran los estudiantes movilizados en la llamada “revolución pingüina” los que posibilitaron el proceso de reforma educacional. Como tampoco se puede ignorar que fue la movilización de millones de personas, a lo largo de Chile, la que abrió camino al proceso constituyente que los chilenos estamos viviendo.

tampoco se puede ignorar que fue la movilización de millones de personas, a lo largo de Chile, la que abrió camino al proceso constituyente que los chilenos estamos viviendo.

Al decir de las reiteradas encuestas, la inmensa mayoría del país apoya la mantención de las movilizaciones sociales, rechazando la violencia y la represión. Parece haber llegado la hora de devolverle el protagonismo a los actores sociales, sin desmedro del rol insustituible de la política y los partidos, para que puedan canalizar las demandas de la ciudadanía, fortalecer las instituciones democráticas y erradicar la violencia, tanto institucional como contestaria.

Un nuevo pacto político, económico y social

Más que un nuevo acuerdo nacional entre las fuerzas políticas de gobierno y oposición, hoy el país requiere de un nuevo pacto político, económico y social, que incorpore como protagonistas al mundo social en su más amplia diversidad (trabajadores, empresarios, pueblos originarios, mujeres, académicos, intelectuales, organizaciones juveniles y poblacionales), junto con los actores partidarios, asumiendo las justas demandas ciudadanas, como el derecha a una salud y educación de calidad, pensiones dignas y salarios justos, haciéndose cargo de las profundas desigualdades que marcan nuestro desarrollo, poniendo coto a los evidentes abusos y discriminaciones para transitar hacia un país más justo y cohesionado.

Tan importante como sus contenidos es la forma como se construye este nuevo pacto, que necesariamente debe incluir un proceso de diálogo y deliberación entre los diversos sectores, buscando construir consensos vinculantes y legítimos entre ellos. Un nuevo pacto social que trascienda la coyuntura y prefigure un horizonte y un norte  de largo plazo.

Tan importante como sus contenidos es la forma como se construye este nuevo pacto, que necesariamente debe incluir un proceso de diálogo y deliberación entre los diversos sectores, buscando construir consensos vinculantes y legítimos entre ellos.

Heraldo Muñoz, Presidente del PPD, que ha sostenido conversaciones con el ministro de Hacienda, Ignacio Briones y el titular de Interior, Gonzalo Blumel, sobre este tema, ha afirmado que existe apertura dentro del gobierno para conversar sobre el tema. Sin embargo, está lejos de la postura del jefe del Estado, que terca y sistemáticamente prioriza sus objetivos represivos, limitando cualquier avance sustantivo en las demandas sociales.

Sin embargo, está lejos de la postura del jefe del Estado, que terca y sistemáticamente prioriza sus objetivos represivos, limitando cualquier avance sustantivo en las demandas sociales.

Y desde luego, no parece existir apertura entre los sectores mayoritarios de la derecha, que criticaran duramente la iniciativa del timonel de RN, Mario Desbordes, de reunirse con dirigentes de partidos de oposición para explorar el tema.

Por su parte, el sector empresarial se ha pronunciado a favor de un gran acuerdo nacional “que contribuya a poner fin a la violencia y avanzar en la materialización de una robusta agenda social y la recuperación de la economía” advirtiendo que “sin crecimiento económico y con menos fuentes de trabajo, su satisfacción es simplemente imposible”.

No es una mala idea, como ha propuesto el timonel del PPD, intentar que sean los alcaldes, las autoridades más cercanas a la población – que fueron capaces de realizar una consulta ciudadana que convocó a más de dos millones y medio de personas en ese proceso – los que asuman la iniciativa de impulsar el pretendido proceso de diálogo social y político, que necesariamente debiera culminar en una suerte de Consejo Económico y Social que materialice las bases de un nuevo pacto.

El 18 de octubre, con las primeras manifestaciones estudiantiles en contra del alza del pasaje del metro y las sucesivas movilizaciones que le sucedieron, acompañadas de actos de violencia y fuerte represión, cambiaron la imagen del país y también el curso de su historia. Es una vana ilusión pretender que todo puede volver a su cauce anterior sin una profunda voluntad de cambios y transformaciones.

Es una vana ilusión pretender que todo puede volver a su cauce anterior sin una profunda voluntad de cambios y transformaciones.

El país no tan sólo requiere de una nueva Constitución, escrita en una hoja en blanco, redactada por una Convención Constituyente elegida democráticamente, con paridad de género, representación de los independientes y pueblos originarios, sino también un nuevo derrotero que no necesariamente apunte a refundar el país sino a preservar sus notables avances y asumir en profundidad sus profundos déficits.

A partir de allí podremos enfrentar el síndrome de la violencia que amenaza nuestra convivencia, el proceso de desarrollo como país y nuestro propio sistema  democrático.