La declaración del presidente sorprendió a oficialistas y opositores, generando una intensa polémica en ambos bandos. Algunos la consideran extemporánea y arriesgada, introduciendo mayor confusión en las filas del apruebo. Otros, como una hábil maniobra política, que no tan sólo eleva el costo del rechazo, sino que deja al desnudo que la derecha no cuenta con diseño para dar continuidad al proceso constituyente.
Es evidente que a la derecha no le gusta la fórmula de iniciar un nuevo proceso constituyente, con nuevos convencionales íntegramente elegidos en forma paritaria, con cuotas reservadas a los pueblos originarios, como lo estableciera la reforma constitucional que dio inicio al proceso. No vaya a ser cosa que se repita la historia y queden nuevamente en minoría. Prefieren un mecanismo que les asegure tener la sartén por el mango a la hora de negociar. Con poder de veto incluido. Devolver las facultades constituyentes al parlamento, en donde la derecha controla la mitad del senado, sería el ideal. La alternativa podría ser una comisión de “expertos” (por supuesto negociada), encargados de redactar una nueva propuesta, que debería ser plebiscitada.
Sin embargo, la propuesta de iniciar un nuevo proceso constituyente en la alternativa que se imponga el rechazo, en los mismos términos establecidos en la reforma constitucional que dio inicio al proceso, es la única que garantiza que el pueblo soberano pueda elegir a sus nuevos representantes para redactar una nueva propuesta. Así lo determinó el plebiscito de entrada, que contó con cerca del 80 % de aprobación.
La derecha se esfuerza por ofrecer garantías acerca de su real voluntad de avanzar hacia una nueva constitución, pero no tan solo la traiciona su pasado, en donde defendió con dientes y muelas la constitución de 1980, los senadores designados y el sistema binominal, además del estado subsidiario y el modelo neoliberal.
La intensa campaña de descrédito del proceso constituyente implementada por la derecha, en base a falacias e inexactitudes, así como su cerrada oposición a los acuerdos durante el proceso constituyente, no muestran una real voluntad de cambios. Sus propias propuestas de reformas pecan de ambigüedades y enormes vacíos, en materias tan sensibles como la paridad de género y los derechos reproductivos, los derechos de los trabajadores, el medio ambiente, los pueblos originarios, el tema del agua y muchos más.
Se acaba de aprobar la propuesta de algunos senadores de la DC de rebajar el quórum para reformar la actual constitución a 4/7. Una larga aspiración de los sectores progresistas, largamente resistida por la derecha. A esa reforma, los senadores socialistas han sumado la propuesta de incluir las leyes orgánicas constitucionales, a las cuales la constitución de 1980 le asignó quórums supra mayoritarios como forma de defender los enclaves autoritarios. Habrá que ver cómo vota esa propuesta la derecha.
Con la declaración del presidente y las reacciones posteriores, ha quedado en evidencia que un eventual rechazo de la propuesta de nueva Constitución genera un clima de fuerte incertidumbre respecto de la continuidad del proceso constituyente, que puede provocar graves tensiones sociales y políticas en el país. Nadie puede olvidar el estallido social, que está en el origen de este proceso. Con el rechazo volvemos a fojas cero sin que existe consenso acerca de cómo retomar el proceso constituyente.
La aprobación de la propuesta de nueva constitución es el camino más seguro (probablemente el único) para avanzar, asumiendo que no es un punto de llegada sino uno nuevo de partida para tener una nueva constitución en donde todos los sectores se puedan sentir representados. La derecha y aquellos sectores que han optado por el rechazo con la pretensión de reformar, tendrán la oportunidad de participar en el proceso de implementación de la nueva institucionalidad, con todas las correcciones y afinamientos que sean necesarios. Son muchas las materias incluidas en la propuesta de nueva constitución que deberán ser definidas mediante leyes interpretativas o de implementación. Y esa tarea le corresponde al parlamento.
El resultado del plebiscito está abierto
Por más que las encuestas señalen un eventual triunfo del rechazo, el resultado del plebiscito no está determinado. Las propias encuestas muestran perceptibles cambios de tendencia, en donde más del 90 % de los chilenos muestras su disposición a votar y muchos asocian la propuesta de nueva constitución a una esperanza y no una amenaza.
Restan 45 días de campaña en donde ambas opciones pondrán a prueba su argumentación respecto de los méritos o deméritos de la propuesta de nueva constitución, apuntando al universo de indecisos que, en definitiva, decidirán el resultado. Que el texto constitucional sea el libro más vendido en estos días algo trasluce del discutible interés ciudadano.
El plebiscito del próximo 4 de septiembre no es un test de apoyo o rechazo al gobierno, o un juicio acerca de cómo el país está enfrentando una crisis multidimensional de carácter global, que impacta con mayor fuerza a los sectores más vulnerables. Es una decisión respecto del futuro. En qué dirección queremos avanzar. Con que reglas del juego. A qué modelo de democracia aspiramos y como se distribuye el poder.
El plebiscito se ganará o perderá en los territorios. No en el barrio alto de Santiago. Lo decidirán las regiones, los trabajadores, las mujeres, los jóvenes, la tercera edad, los pueblos originarios, los sectores populares, la clase media emergente, que deben resolver si la propuesta de nueva constitución les ofrece un mejor futuro, más derechos sociales garantizados y mayor participación o, por el contrario, representa una amenaza a sus conquistas y una traba a sus demandas.
Por ello resulta tan necesario informarse, separando la paja del trigo y distinguiendo lo verdadero de lo falso (profusamente difundido). Identificar el interés superior del país de algunos muy particulares. Y, por cierto, cumplir con el deber cívico de concurrir a votar para que se imponga la voluntad de la mayoría.
