En lo fundamental el plebiscito está jugado. Todo el país sabe que este próximo domingo se juega la posibilidad de redactar una nueva Constitución que deje atrás la herencia del régimen militar y que le abra el camino a los cambios y transformaciones que una gran mayoría ciudadana demanda. La alternativa es el rechazo y mantener la actual Constitución con algunas reformas cosméticas, luego que con sucesivos cambios mantiene su impronta conservadora y autoritaria,
Los chilenos y chilenas deberemos concurrir a las urnas este domingo en condiciones sanitarias bastante más complejas que las que se enfrentaban en el pasado mes de abril, cuando se decidiera postergarlo por esas mismas razones. Cuando los contagios eran aún incipientes y el país y sus autoridades no podían prever la extensión y profundidad que alcanzaría la pandemia en el mundo, la región y nuestro propio país. Hoy cerca de un 50 % de la población aún se encuentra en condiciones de cuarentena total o parcial y el resto en proceso de descalamiento.
Si esas instrucciones se cumplen ir a votar no debiera ser más riesgosos que ir a un supermercado o una feria. Y es un riesgo que vale la pena correr para construir un mejor país.
Ello obliga a tomar todas las precauciones sanitarias para minimizar los riesgos de contagios. Evitar las aglomeraciones, Guardar las distancias, usar mascarillas. Llevar su propio lápiz de pasta azul. Desinfectarse las manos antes y después de votar. No mantener contacto físico con los vocales de mesa y con otros votantes. Si esas instrucciones se cumplen ir a votar no debiera ser más riesgosos que ir a un supermercado o una feria. Y es un riesgo que vale la pena correr para construir un mejor país.
El país enfrenta un inocultable clima de tensión social, que la pandemia tan sólo puso en suspenso y se agudizó como quedara demostrado en el primer aniversario del estallido el reciente 18 de octubre
El país enfrenta un inocultable clima de tensión social, que la pandemia tan sólo puso en suspenso y se agudizó como quedara demostrado en el primer aniversario del estallido el reciente 18 de octubre
A este respecto es indispensable diferenciar la amplia, masiva y sostenida movilización social protagonizada por millones de chilenos y chilenas a lo largo del país, expresando su descontento por un orden social injusto, la crisis de representación de la política y un modelo económico que concentra la riqueza en manos en unos pocos, con algunas expresiones de violencia, quema de iglesias, asaltos a recintos policiales y saqueos, protagonizados por sectores marginados – animados por la infiltración policial – que apostarían a una imaginario futuro desde las cenizas.
El aniversario del estallido congregó a cientos de miles de chilenos y chilenas en la denominada Plaza de la Dignidad con un carácter eminentemente pacífico. Algo que varió en la medida que avanzaban las horas y quedó espacio liberado para pequeños grupos descontrolados ante la ausencia de Carabineros, animados por una infiltración policial cada vez más evidente en esas condiciones, como ha quedado de manifiesto también en comunas de la capital y otras regiones.
Como es habitual, tanto la mayoría de los medios de comunicación como las autoridades oficiales se centraron en destacar las acciones de violencia y sus incendiarias consecuencias. El torpe esfuerzo por identificar la opción del apruebo con la violencia era más que esperable.
Sin lugar a dudas la naturalización de la violencia que se genera como respuesta a la marginación frustrante de amplios sectores, principalmente de jóvenes, es un problema para nada lejano a la profundidad del desafío político e institucional que trascenderá al resultado del plebiscito.
Sin lugar a dudas la naturalización de la violencia que se genera como respuesta a la marginación frustrante de amplios sectores, principalmente de jóvenes, es un problema para nada lejano a la profundidad del desafío político e institucional que trascenderá al resultado del plebiscito.
El país no está en guerra ni es objeto de una conspiración internacional, como alguna vez afirmara Piñera, basándose en un atrabiliario y vergonzoso informe del DINE, que recientemente ha trascendido. O informes de la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI), hoy dirigida por un ex Almirante. Ni es impulsada o alentada por partidos político con representación parlamentaria. Y menos por agentes extranjeros,
El país no está en guerra ni es objeto de una conspiración internacional, como alguna vez afirmara Piñera, basándose en un atrabiliario y vergonzoso informe del DINE, que recientemente ha trascendido. O informes de la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI), hoy dirigida por un ex Almirante. Ni es impulsada o alentada por partidos político con representación parlamentaria. Y menos por agentes extranjeros,
Es un fenómeno social que tiene múltiples orígenes y diversas causales, asociadas al tipo de sociedad que hoy en día hemos construido. Con actores muy diversos, que cruzan grupos definidos como anarquistas, las barras bravas, sectores ligados al crimen organizado, los hijos del SENAME y jóvenes marginados que no estudian ni trabajan. Así la violencia amenaza con acompañarnos por un largo tiempo.
En democracia, estos brotes de violencia no se resuelven simplemente con represión sino con las propias herramientas del juego democrático y la acción política, para aislar a los violentistas, abordando las causas que la generan y la integración de sectores excluidos y marginados de expectativas de futuro.
La legitimidad del plebiscito
En estas condiciones, sanitarias, sociales y políticas muchos se interrogan respecto del grado de participación de la ciudadanía en este crucial evento y su grado de representatividad. Las cifras oficiales estiman que el número de personas habilitadas para votar es de unos 15 millones de chilenos y muchos apuestan a que la participación de la ciudadanía estará en niveles históricos, rondando el 50 % del padrón. Una cifra no menor dadas las actuales condiciones sanitarias y sociales, asumiendo que el voto sigue siendo voluntario en este plebiscito de entrada.
Más allá del resultado previsible, que apunta a un amplio triunfo de la opción por el apruebo y uno más estrecho en favor de una convención íntegramente elegida, el debate del día después estará centrado, por una parte, en la legitimidad y representatividad de la decisión ciudadana y, en segundo lugar, en tratar de identificar ganadores y perdedores.
Es más que obvio que un porcentaje del voto por el apruebo es de protesta. En contra del gobierno, el modelo económico, las Isapres, las AFP, los bajos salarios, las desigualdades, etc., en tanto que buena parte del voto por el rechazo es por la defensa del estatus quo.
Es más que obvio que un porcentaje del voto por el apruebo es de protesta. En contra del gobierno, el modelo económico, las Isapres, las AFP, los bajos salarios, las desigualdades, etc., en tanto que buena parte del voto por el rechazo es por la defensa del estatus quo.
Pero, fundamentalmente, el triunfo del apruebo será un logro de la movilización social en su demanda de cambios y transformaciones. Es la victoria de los sectores políticos que alcanzaron un histórico acuerdo para canalizar estas demandadas ciudadanas en un cauce institucional.
Pero, fundamentalmente, el triunfo del apruebo será un logro de la movilización social en su demanda de cambios y transformaciones.
En el propio oficialismo existen sectores de la llamada derecha social que comparten la necesidad de tener una nueva constitución, en tanto que algunos buscan mimetizarse con el apruebo para defender la actual institucionalidad, pero la mayoría está simplemente por rechazar el proceso constituyente. En su interior habrá perdedores y ganadores. Algo que, en menor proporción, ocurrirá con sectores contestatarios y marginales.
El desafío puede ser más fructífero si amplios sectores de la sociedad logran construir consensos para avanzar en una buena Constitución que asuma la amplia diversidad social, étnica, política y cultural, estableciendo un nuevo marco de convivencia en el país con bases avaladas por la inmensa mayoría.
Este proceso no está exento de riesgos. No sería el primero que fracasa por ideologismos extremos y polarización. Por lógicas confrontacionales que buscan vencer antes que convencer. La idea de ir a la convención constituyente sea mixta o íntegramente elegida, para defender “artículo por artículo la actual Constitución”, como ha planteado Longueira, es una clara amenaza al proceso constituyente.
El acuerdo del 15 de noviembre establece que la nueva Constitución debe ser escrita sobre una hoja en blanco, que no es lo mismo que partir de cero. El país tiene una tradición democrática que recoge principios universalmente compartidos y que obviamente deben quedar refrendados en una nueva Constitución, así como los tratados internacionales suscritos por el país.
El acuerdo del 15 de noviembre establece que la nueva Constitución debe ser escrita sobre una hoja en blanco, que no es lo mismo que partir de cero.
Este proceso representa un enorme desafío, que pondrá a prueba la responsabilidad de los diversos actores, sociales y políticos, para responder a las expectativas y construir una nueva institucionalidad que recoja principios y derechos consagrados en las democracias más progresistas y avanzadas del mundo.
El proceso constituyente no resolverá todos y cada uno de los problemas del país.
El proceso constituyente no resolverá todos y cada uno de los problemas del país.
Ello es más que evidente y nada lejano a la urgencia de una activa agenda centrada en las urgencias económicas y sociales que afectan a la inmensa mayoría de los ciudadanos y ciudadanas, asumiendo sus demandas y abriendo cauces políticos e institucionales para abordarlas.
El gobierno no colabora, como lo evidencia su miope y sectaria conducción, para enfrentar las causas de nuevos estallidos que se mantendrán latentes en el país. Quizás sea ilusoria pensar que este gobierno, en las postrimerías de su mandato, prematuramente agotado y carente de un diseño proporcional a la gravedad de la crisis, pueda dar respuestas a estos desafíos, pero los tiempos y las urgencias apremian. Y el país está en condiciones de hacer un esfuerzo mayor.
El gobierno no colabora, como lo evidencia su miope y sectaria conducción, para enfrentar las causas de nuevos estallidos que se mantendrán latentes en el país.
A partir del plebiscito de entrada, el país enfrenta un desafiante cronograma político y electoral, destinado a renovar las autoridades de elección popular, entre ellas los gobernadores regionales, y elegir sus representantes a la convención constituyente.
Más que una agria y desnuda disputa por el poder urgen sólidas alternativas de futuro, sustentadas por amplias mayorías, que contengan ideas y propuestas que se hagan cargo de las demandas de la ciudadanía, perfeccionen y profundicen la democracia como el espacio y límite de la acción política, con participación y deliberación ciudadana para construir un país más inclusivo y solidario. Con justicia y paz social.
A fin de cuentas, es la verdadera función de la política. Asumir los desafíos de futuro, proponer soluciones, considerando intereses contradictorios y poniendo por delante el bien común del país. Como es obvio, existe y existirá más de un camino. Le corresponde al pueblo soberano elegir entre diversas propuestas.
De eso se tratan las votaciones democráticas.
