El gobierno ha protagonizado en las últimas semanas una comedia/drama de equivocaciones de una magnitud difícil de encontrar en la historia del país: 1) pese a las advertencias de su propia coalición Piñera presentó un requerimiento al Tribunal Constitucional (TC) para declarar la inconstitucionalidad de la iniciativa que autorizaba un tercer retiro de fondos previsionales. 2) Frente a rumores de qué ministros no apoyarían el requerimiento, algunos de ellos enviaron una carta a los medios señalando que sí, apoyaban la medida. ¿Ministros saliendo en apoyo del presidente? Lo normal obviamente es lo contrario. Como le respondió un presidente del siglo pasado a un intendente que en una crisis le envió un telegrama de apoyo, cabe en esta ocasión señalar ¡Era que no! O ¡era lo único que faltaba para graficar la orfandad política del presidente! 3) En lugar de proceder a conversaciones privadas para solucionar el entuerto, el gobierno convoca a su coalición a una publicitada reunión para alcanzar un acuerdo. Sin embargo, el conflicto es de tal magnitud que se hace imposible concordar una declaración al final de ella. Lo que si se informa por medios no oficiales es que el gobierno, una vez más recula y busca negociar con la oposición para resolver el conflicto político/institucional, agravado por el requerimiento.
La desconexión del gobierno alcanza niveles patéticos: utilizando el TC busca revertir una medida aprobada pese a lo exigente de los quórums necesarios y que tiene un apoyo mayoritario entre los parlamentarios de sus propias filas. Contra lo esperado, el TC declara inadmisible el requerimiento del Ejecutivo. El desorden generalizado de la coalición de Gobierno alcanza a los partidarios del Gobierno que integran dicho tribunal.
La comedia de equivocaciones es una señal clara de la desconexión social y política que afecta al gobierno. Pero también está afectando a dirigentes políticos y empresariales y particularmente, a los “intelectuales” de la derecha y otros que hasta hace poco aparecían como de centro. Hay una desconexión asociada a la gran desigualdad que existe en el país que incapacita “ponerse en los zapatos” de la población afectada por la pandemia y las medidas de contención. La expresión de ello son frases de ministros que precedieron a la pandemia al principio del actual gobierno (“que se levanten más temprano” del ministro de Economía Juan Andrés Fontaine; los llamados a los colegios municipales para realizar bingos para financiarse y la calificación de “pequeñas humillaciones” a los episodios de violencia de género del entonces ministro de Educación, Varela) y que han aparecido durante la pandemia (del ministro Mañalich al reconocer que «hay un nivel de pobreza y hacinamiento del cual yo no tenía conciencia” y de Juan Sutil respecto de que la gente, aduciendo distintas razones a lo largo del tiempo, no quiere trabajar).
Pero ha sido la política económica/social de auxilio a las personas y a las Pymes la señal más preocupante de desconexión. Disponiendo el Estado de Chile de una deuda pública bruta entre las menores del mundo el programa de auxilio ha sido lento, insuficiente, con letra chica y su impacto en el alivio de los problemas de las personas ha sido menor de lo que podría haber sido. En el caso de las Pymes ocurrió algo similar. Al contrario de lo que ocurre en buena parte de los países desarrollados, el auxilio de la población ha estado subordinado a objetivos de reducción del déficit y contención de la deuda, pese a disponer el país de una situación fiscal que se ubica entre las mejores del mundo.
La crisis constitucional, Ulises y los analistas de derecha.
Con todo lo irritante de esta desconexión; tanto o más grave es la falta de disposición/capacidad para entender la grave crisis que vive el país. Son reiteradas las declaraciones de personas de derecha que insisten en la presunta gravedad de que se estén cuestionando algunas normas constitucionales, como sería el caso de los esfuerzos por eludir la iniciativa exclusiva del presidente en diversas materias. Una columna reciente califica de bárbaros a los parlamentarios que han impulsado el tercer retiro de fondos de pensiones y el impuesto a la extrema riqueza pues “el respeto a la Constitución no es un medio del cual se pueda prescindir: es un fin en si mismo que nos protege de la barbarie”. Algunos podrían calificar de hipócrita esta afirmación viniendo de alguien que apoyó el golpe militar de Pinochet. Cabe señalar, que la columnista en cuestión desconoce lo que hace más de dos siglos dijeron los revolucionarios estadounidenses “no impuestos sin representación”. En efecto, resulta altamente dudoso exigir la observancia de una constitución nacida en medio de la dictadura y aprobada por cuatro miembros de la FFAA que habían desconocido la constitución vigente en 1973. Como señala el filósofo y sociólogo alemán Jürgen Habermas en su libro “Facticidad y validez”:
La génesis lógica de estos derechos (a la libertad subjetiva de acción y a la autonomía política) forma un proceso circular en el que el código de derecho y el mecanismo para la creación del derecho legítimo, es decir, el principio de democracia, se constituyen originalmente, de forma simultánea.
En el mismo error incurre Carlos Peña, en su columna ¿Debe existir un tribunal constitucional? En El Mercurio del miércoles 28 de abril en que citando el pasaje de la Odisea en que Ulises se amarra a un mástil del barco y tapa sus oídos y los de los remeros para no escuchar los cantos de las sirenas que llevaría la embarcación al encallamiento, sostiene que la constitución es el mecanismo con que las mayorías, desconfiando de sí mismas, establecen restricciones a las decisiones políticas. En efecto, Jon Elster en su conocido libro “Ulises desatado. Estudio sobre racionalidad, precompromiso y restricciones” coincide explícitamente con la afirmación de que “en política, la gente nunca trata de atarse a si misma: sólo de atar a los demás”. Esta afirmación genérica resulta particularmente atingente en el caso chileno en que la constitución fue impuesta por los cuatro individuos indicados.
Al finalizar la dictadura, la naturaleza de la transición (y otros elementos que no es posible abordar en esta columna) negó a las fuerzas democráticas lo que la oposición a la dictadura venía planteando desde muy temprano: la convocatoria a una Asamblea Constituyente que, democráticamente elaborara una nueva constitución. La Constitución del 80 fue puesta en cuestión por la rebelión popular del octubre del 2019. El acuerdo político del 15 noviembre y la reforma constitucional consecuente, permitieron encauzar la revuelta por caminos institucionales convocando a un plebiscito y al proceso constituyente. En el plebiscito el 80% de la ciudadanía que participó ratificó el rechazo a la Constitución del 80 y aprobó la convocatoria a una convención constitucional paritaria y representación reservada para los pueblos originarios, para elaborar una nueva carta fundamental.
En ese contexto, el país vive una situación excepcional: sigue vigente una constitución ya rechazada formalmente por la ciudadanía como única forma de asegurar el funcionamiento institucional mínimo. Un gobierno conectado con la realidad y con mínima competencia política tomaría nota del débil fundamento constitucional que rige nuestra convivencia y desarrollaría una política cuyo norte principal debería ser el auxiliar a las familias y Pymes, facilitar la convivencia en esta situación institucional precaria y hacer todo lo posible por reducir la crispación propia de estos períodos. El gobierno, sin embargo, con un apoyo político casi inexistente, toma decisiones que es difícil no llamar como provocaciones (el propio requerimiento pese al apoyo masivo que tuvo el tercer retiro y el intento de burlar el debate sobre el destino de los 6 puntos del aporte patronal proponiendo que 1 punto del aporte patronal fuera a las cuentas individuales para reponer los recursos retirados) y pretende imponer sus políticas aprovechando las atribuciones que le entrega una constitución rechazada por la mayoría de la ciudadana. Que no se trata de una visión antojadiza, lo testimonian las propias declaraciones de numeroso(a)s dirigente(a)s de la coalición de gobierno.
La rebelión contra la tecnocracia y la democracia.
Pero los sucesivos retiros de los fondos de pensiones, el impuesto a los más ricos no solo ha opuesto a la oposición e importantes sectores de la derecha con el gobierno. También se ha podido apreciar una radical diferencia de criterios entre la ciudadanía y la tecnocracia, que incidió fuertemente en los sucesivos gobiernos y que más allá de las diferencias políticas, han puesto en cuestión estas iniciativas.
En efecto, la ciudadanía no solo se ha pronunciado en contra de la Constitución. También lo ha hecho en este último año y medio contra el escenario político de los últimos 30 años en que la decisión democrática de la ciudadanía ha tenido poca influencia en las decisiones políticas. Se trata de un contexto en que la ciudadanía es considerada como incapaz de tomar buenas decisiones. Como efecto de ello, existen los amarres constitucionales heredados de la dictadura y una secuencia de decisiones tendientes a blindar, de forma creciente, la toma de decisiones sobre las políticas públicas de las decisiones democráticas electorales. Esto se expresa principalmente en la proliferación de instituciones autónomas. Es así como, gane quien gane las elecciones presidenciales y parlamentarias, son los mismos tecnócratas los que toman las decisiones, aunque cambien los nombres y las militancias políticas. Paradigmático es el Banco Central el que con un lenguaje técnico toma decisiones con claras consecuencias políticas. Es así como la institución ha tomado claro partido por las políticas insuficientes, tardías y con letra chica de la actual administración.
Desde el 18 de octubre del 2019, la movilización ciudadana ha puesto en cuestión este escenario. Frente a la política mezquina del gobierno (pese a que el país se cuenta entre las naciones con una deuda deuda pública bruta) y en contra de la presunta “opinión experta” ha impulsado la política de los retiros de fondos previsionales, llevando a que una gran mayoría de los parlamentarios de oposición y de gobierno lo apruebe. Incluso el TC se sumó el lunes 26 a esta exigencia ciudadana.
Tecnócratas de Chile Vamos y de la oposición han expresado todo tipo de calificativos para referirse a los parlamentarios que han aprobado esta política. Se señala que es una forma de cohecho, que el virus del populismo se ha sumado al del Covid 19, entre otras expresiones aún más descalificadoras. Más allá de que quienes expresan estos juicios son con frecuencia los que alegan contra la polarización y violencia física y verbal que afecta la convivencia nacional, este tipo de opiniones es reveladora respecto de la salud de nuestro sistema democrático.
Como es sabido, no hay tema sobre el cual no haya opiniones divergentes entre técnicos y especialistas. Es cierto, que parte de la prensa pretende, invitando a opinar a los mismos de siempre, crear la impresión de que existe unanimidad técnica sobre estas materias. No obstante, en un contexto de mayor y efectiva libertad de expresión se haría evidente la diferencia de opiniones. ¿Cómo resolver estas diferencias? Sólo existe un mecanismo legítimo y son las decisiones de la mayoría democrática. Es cierto que puede equivocarse como fue el caso en la elección de Hitler, Trump y Bolsonaro, pero no hay otro mecanismo.
Lo que ocurre hoy en Chile es que sectores políticos intransigentes y algunos técnicos están desafiando la opinión mayoritaria de la ciudadanía (al menos según todas las encuestas) en favor del retiro de los fondos de pensiones. Hay muchos argumentos en favor de la racionalidad de la decisión: ¿cuál es el sentido de sufrir los graves efectos económicos de la pandemia teniendo recursos ahorrados? Más aún si se tiene en cuenta la insuficiencia de la política gubernamental. También juega un papel la desconfianza que tiene la ciudadanía en las AFPs producto de la total falta de credibilidad de estas instituciones. Existe también la convicción, ampliamente compartida, que es necesario terminar con la capitalización individual como columna vertebral del sistema de pensiones.
Junto a estos hay otros argumentos. No obstante, lo fundamental es que ha colapsado la idea subyacente al modo de funcionamiento de la política en estos últimos años; esto es, que los que “saben” deben tomar las decisiones pues la ciudadanía es incapaz de decidir sobre su destino. El desafío de la nueva constitución es establecer la primacía de la ciudadanía habilitando la política como mecanismo de toma de decisiones. Es esto y no más que esto lo que está en juego en el proceso constituyente.
Por Eugenio Rivera Urrutia
Fundación Chile 21 y Foro por un Desarrollo Justo y Sostenible
