El próximo viernes 11 de marzo Gabriel Boric asume el gobierno dando inicio a un nuevo ciclo político en el país. Un nuevo gobierno, apoyado por dos coaliciones- Apruebo Dignidad y Convergencia Socialista- que no cuentan con mayoría parlamentaria, con un empate de fuerzas en el Senado y dispersión en la cámara de diputados.
Gabriel Boric recibe un pesado legado del gobierno de Piñera. Marcado por los efectos de la pandemia sanitaria, que aún registra altos índices de contagios y graves secuelas sociales y económicas. Modestas proyecciones de crecimiento en los próximos años, graves tensiones sociales, crisis migratoria y gran conflictividad en la Araucanía.
Un escenario internacional marcado por el conflicto en Ucrania, que no sólo ha roto la paz mundial (en verdad, una paz relativa teniendo a la vista el conflicto en el medio oriente y altas tensiones en el resto del planeta), sino que tendrá serios impactos en la economía internacional, ya afectada por la crisis sanitaria.
Ciertamente un panorama complejo, al que es necesario sumar la inocultable crisis de instituciones esenciales. La reciente renuncia del comandante en jefe del ejército, el general Ricardo Martínez, indagado por la ministra Romy Rutheford por presuntos delitos a la probidad, configura un complejo escenario en la institución armada. Sus tres últimos comandantes en jefe se encuentran procesados. A ello se suma la crisis en Carabineros y la PDI.
No será tarea fácil impulsar el proceso de cambios que el nuevo gobierno ha prometido al país, compatibilizando reactivación económica, paz social y transformaciones políticas e institucionales, como las que hoy se debaten en la convención constituyente.
El nuevo gobierno no tan sólo requiere de un sólido apoyo y cohesión de las coaliciones que lo apoyan sino también un prolijo manejo político y capacidad de diálogo y construcción de acuerdos con sectores más allá de sus fronteras. Incluidos sectores de la derecha que, en medio de una crisis que los desafía, buscan una nueva identidad.
Con toda seguridad, el nuevo gobierno enfrentará la resistencia de los llamados poderes fácticos y la derecha dura. Y también de sectores refractarios y temerosos de los cambios, por más necesarios e indispensables que estos sean.
La legitimidad del proceso constituyente
Andrés Tagle Domínguez, experto electoral, es uno de los representantes de la derecha en el Consejo directivo del Servicio Electoral, designado en base al cuoteo establecido en el viejo sistema binominal. Su columna publicada en la edición del diario El Mercurio el pasado 26 de febrero-La igualdad del voto en la nueva constitución– firmada como presidente del SERVEL, dista mucho de ser una opinión supuestamente académica. Apunta a cuestionar la legitimidad de la convención constituyente, bajo el argumento de que “elegida con desigualdades graves en el voto, que ponen en duda su origen democrático”. Un argumento extremo desde aquella derecha que apuesta a deslegitimar el proceso constituyente.
Es más que evidente que la derecha no se resigna a ser minoría en la convención y no haber alcanzado el derecho a veto que tendría de haber obtenido una representación superior al tercio de los convencionales, Se queja de que sus propuestas no son consideradas, esgrimiendo que la izquierda, con el apoyo de los representantes de las etnias originarias, independientes no neutrales y convencionales por el apruebo, están por pasar una aplanadora para redactar una nueva constitución que los excluya, sin cuestionarse cómo llegaron a ese grado de aislamiento.
El propio movimiento, autodenominado “amarillos”, que intenta reunir a un diverso y variopinto espectro de exdirigentes, profesionales y ciudadanos que van desde la centroderecha hasta las fronteras de la centroizquierda, pasando por el corazón de la DC, se suma al reclamo, imputando irracionalidad al ente constituyente y cuestionando su capacidad para proponer un nuevo orden que se manifieste “como la casa de todos”.
Ni a la derecha ni a “amarillos” le gusta lo poco que se ha avanzado en la definición de algunos contenidos, aún sujetos a deliberación y resoluciones, que podrían formar parte de la propuesta de nueva constitución. Y no dudan en montar una feroz campaña de descrédito, sosteniendo que apuntan a la desconstrucción y desmembramiento del país, inspirados por un ánimo refundacional, que pudiera conducir a ”un estado fallido”.
Es una crítica tan extemporánea como descalificadora para un proceso en desarrollo, en donde pueden existir muchas propuestas, algunas más razonables que otras, y diferentes puntos de vista, pero lo que verdaderamente cuenta son aquellas que conciten los quórums mayoritarios- dos tercios- establecidos para la aprobación de los acuerdos, que aún deben pasar por el tamiz de su compatibilización y coherencia. Y aquello tomará algunos meses. Aunque pudiera ampliarse el plazo para su redacción.
La opción del rechazo a la propuesta constitucional es legítima pero claramente minoritaria, hasta ahora. Y menos, la posibilidad de mantener la actual constitución. Por esa razón, algunos personeros de la derecha intentan asociarla a una fórmula alternativa. Una nueva convención, en donde la derecha esté debidamente representada, tal como ha propuesto, de manera un tanto patética, Pablo Longueira.
Lo único verdaderamente sensato y realista es que sectores de la derecha busquen sumarse a un consenso mayoritario para redactar una propuesta constitucional que interprete las demandas de cambios y transformaciones que una mayoría ciudadana viene demandando.
El rol del nuevo gobierno en el proceso constituyente
El presidente electo lo ha clarificado y algunos de sus ministros lo han ratificado. El rol del nuevo gobierno es el de apoyar y facilitar la labor de la convención constituyente, sin involucrarse en sus deliberaciones. Por más que muchos sectores presionan para que intervenga en el proceso y corrija el rumbo, lo que claramente constituiría una intervención indebida e inconstitucional.
Para bien o para mal, la reforma constitucional aprobada por una amplia mayoría del parlamento estableció claramente las reglas de la elección de los miembros de la convención constituyente, incluyendo el quorum de aprobación de sus acuerdos. La desigualdad del voto a que alude el actual presidente del SERVEL, no es demasiado distinta a la que ha regulado las elecciones parlamentarias desde tiempos inmemoriales. Tan solo establece la representación de las etnias originarias y la posibilidad de que los independientes pudieran agruparse en pactos. Así fue acordado por el parlamento al aprobar la reforma constitucional que dio inicio a este proceso.
Al nuevo gobierno le corresponderá implementar los cambios institucionales que deberán ser aprobados por un plebiscito ratificatorio, sin que quede aún claro la gradualidad de este proceso. Ello implica un problema adicional para las nuevas autoridades, aunque muchas de sus propuestas de transformaciones dependen de un cambio de la actual constitución.
Es muy improbable que el proceso constituyente genere una parálisis legislativa, como insinúan algunos, como no sea una obstrucción de la nueva oposición. El parlamento recientemente electo, que asume el próximo 11 de marzo, junto con el nuevo gobierno, goza de plena legitimidad de origen y de ejercicio hasta que sea reemplazado por un nuevo parlamento, cuya composición, elección y entrada en funcionamiento no está precisada.
Es tarea de los actuales miembros de la convención constituyente extremar los esfuerzos por redactar una propuesta que pueda reunir un amplio consenso ciudadano, cercano a quienes aprobaron el proceso constituyente y una convención íntegramente elegida. Y naturalmente los diversos actores sociales y políticos tienen todo el derecho y el deber de involucrarse en este trascendente debate que marcará nuestro futuro por los próximos 20 o 30 años. Al gobierno le compete la responsabilidad de facilitar y apoyar este proceso, pero no intentar dirigirlo o manipularlo.
