La turbia relación de altos mandos de las fuerzas armadas y el dinero tiene larga data y se instaló durante el régimen de Augusto Pinochet, con el propio dictador y su familia como protagonistas centrales, acentuándose de manera escandalosa desde 1985 en adelante.
Con el largo paso del tiempo los escándalos se fueron desnudando, marcando el incomodo de respaldos incondicionales de prominentes civiles que se vieron favorecidos por las violaciones sistemáticas de los derechos humanos y los crímenes de lesa humanidad, condición necesaria para instalar a sangre y fuego un modelo económico que favoreció su enriquecimiento, marcando los grados de desigualdad abismantes que aún mantienen a Chile en el primer lugar de los países en ese vergonzante ranking mundial.
Las tentaciones obsequiadas por la aplicación, con escaso control, de la Ley Reservada del Cobre son esgrimidas como una explicación parcial de lo indefendible. Aunque la ocasión haga al ladrón.
La historia de los pinocheques, las platas en el Banco Riggs, depósitos con identidades falsas en paraísos fiscales, propiedades del Estado traspasadas a su esposa, una acumulación de riqueza cercana a 20 millones de dólares sin respaldo alguno, hacen parte del legado del capitán General que soñó con los honores eternos en el Altar de la Patria y terminó con sus incinerados restos escondidos en un recinto familiar.
Valga no olvidar la historia de sideral corrupción de Pinochet cuando se continúan destapando escándalos millonarios en las instituciones armadas. Las tentaciones obsequiadas por la aplicación, con escaso control, de la Ley Reservada del Cobre son esgrimidas como una explicación parcial de lo indefendible. Aunque la ocasión haga al ladrón.
Lo cierto es que, aún lejos de los montos siderales robados por el fallecido dictador, el proceso judicial conducido por la ministra en visita, Romy Rutherford, que mantiene en prisión preventiva- por constituir un peligro para la sociedad – al ex comandante en jefe del Ejército, Juan Miguel Fuente – Alba, imputado por malversación de caudales públicos, cercanos a $3.500.000.000, continúa revelando esa corrupción institucional que la elite política y empresarial del país no puede explicar con simplificaciones banales ni lamentaciones impresentables de descontrol fiscalizador.
Lo cierto es que, aún lejos de los montos siderales robados por el fallecido dictador, el proceso judicial conducido por la ministra en visita, Romy Rutherford, que mantiene en prisión preventiva- por constituir un peligro para la sociedad – al ex comandante en jefe del Ejército, Juan Miguel Fuente – Alba, imputado por malversación de caudales públicos, cercanos a $3.500.000.000, continúa revelando esa corrupción institucional que la elite política y empresarial del país no puede explicar con simplificaciones banales ni lamentaciones impresentables de descontrol fiscalizador.
Poderoso caballero es don dinero parecía transmitir la imagen del elegante general Fuente- Alba. De buen gusto, amante de los lujos personales, costosas propiedades, viajes suntuosos, algo refinado como lo ratificaría su vínculo de negocios con autos Klassik Car. Como algo habitual, merecido y de buen gusto, entregaba sobres con mensualidades a ex comandantes en jefe de su amada institución. Digamos, algo así como una mesada. Que no se fuera a notar pobreza en los sucesores de Augusto José Ramón.
Poderoso caballero es don dinero parecía transmitir la imagen del elegante general Fuente- Alba. De buen gusto, amante de los lujos personales, costosas propiedades, viajes suntuosos, algo refinado como lo ratificaría su vínculo de negocios con autos Klassik Car. Como algo habitual, merecido y de buen gusto, entregaba sobres con mensualidades a ex comandantes en jefe de su amada institución. Digamos, algo así como una mesada. Que no se fuera a notar pobreza en los sucesores de Augusto José Ramón.
Las apariencias engañan. Obvia generalidad que en esta caso calza. De caballeroso hombre de armas nada. Desesperó ante las evidencias en el interrogatorio de la documentada ministra Rutherford y, sorprendentemente, el ex comandante en jefe se victimizó, reclamando mal trato de la magistrada. El show mediático animado por sus defensores resultó tan burdo e impresentable que los integrantes de la Corte Marcial lo rechazaron, resolviendo que todo lo obrado se atenía a los códigos de justicia militar y procedimiento penal. Un bochornoso episodio para el ex jefe del Ejército de Chile. Al menos Pinochet se declaró demente con algunos años más en el cuerpo y con la justicia inglesa acosándolo.
Las apariencias engañan. Obvia generalidad que en esta caso calza. De caballeroso hombre de armas nada. Desesperó ante las evidencias en el interrogatorio de la documentada ministra Rutherford y, sorprendentemente, el ex comandante en jefe se victimizó, reclamando mal trato de la magistrada.
El proceso judicial está en curso, la incomodidad no sólo se aprecia en uniformados en retiro. El ex ministro de Defensa, Francisco Vidal, explicitó una autocrítica por el escaso control durante su período en el cargo, condicionando una reflexión de quienes lo han ocupado desde el retorno a la democracia. Mucha agua debe correr bajo el puente en el contexto de procesos judiciales en curso. Las presiones han sido una constante en la historia de ellos durante las últimas décadas. Aunque las señales de mayor transparencia se hagan sentir es complejo predecir su curso futuro.
PRESIONES QUE NO SE AGOTAN
Como se señalaba respecto de la historia judicial de Pinochet, se tiende a marcar diferencias entre los procesamientos a violadores de los derechos humanos y los que involucran delitos económicos. Aunque el vínculo y los límites se pueden poner en duda si apreciamos reacciones políticas como la que expresa, sin ambigüedades, el líder de ultra derecha, José Antonio Kast, con una defensa abierta del legado del ex dictador.
No vacilaron en cuestionar el procedimiento judicial por el asesinato del ex presidente Frei Montalva. No pasa inadvertido el perfil político de los firmantes, entre ellos el ex comandante en jefe del Ejército, Oscar Izurieta (subsecretario en el anterior gobierno de Sebastián Piñera) y Fernando Cordero, ex director general de Carabineros (senador designado por largos años y luego candidato a diputado por la UDI, entonces derrotado).
En esa perspectiva, valga mencionar el pronunciamiento público de ex comandantes en jefe de las instituciones de la Defensa, acusando persecución a uniformados por causas de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad, aplicando el sistema procesal antiguo.
No vacilaron en cuestionar el procedimiento judicial por el asesinato del ex presidente Frei Montalva. No pasa inadvertido el perfil político de los firmantes, entre ellos el ex comandante en jefe del Ejército, Oscar Izurieta (subsecretario en el anterior gobierno de Sebastián Piñera) y Fernando Cordero, ex director general de Carabineros (senador designado por largos años y luego candidato a diputado por la UDI, entonces derrotado).
El actual comandante en jefe, Julio Leiva Molina, enfrenta una querella por amedrentamiento ejercido en contra del ministro de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, Jaime Arancibia Pinto, que investiga casos de derechos humanos que involucran a ex altos mandos de la Armada. El magistrado ha sufrido seguimientos, obstrucción a sus procedimientos (como el ocurrido en su inspección al Buque Escuela Esmeralda) y presiones mediáticas, que involucran al servicio de inteligencia de la marina.
Los ruidos políticos de uniformados también involucran a máximos mandos en ejercicio. Ocurre en el caso de la Armada, institución aparentemente menos involucrada en procesos judiciales. Para algunos abogados de derechos humanos una real caja de pandora. El actual comandante en jefe, Julio Leiva Molina, enfrenta una querella por amedrentamiento ejercido en contra del ministro de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, Jaime Arancibia Pinto, que investiga casos de derechos humanos que involucran a ex altos mandos de la Armada. El magistrado ha sufrido seguimientos, obstrucción a sus procedimientos (como el ocurrido en su inspección al Buque Escuela Esmeralda) y presiones mediáticas, que involucran al servicio de inteligencia de la marina.
En silencio y bajo las sombras escasas del verano se manifiestan las tensiones en el ámbito uniformado. Incómodas e inocultables por sus potenciales consecuencias penales.
La atención política y mediática se concentra en otros episodios del acontecer nacional y regional. En silencio y bajo las sombras escasas del verano se manifiestan las tensiones en el ámbito uniformado. Incómodas e inocultables por sus potenciales consecuencias penales.
