Las denuncias sobre las otrora “comunas ideales” de Santiago suman y siguen y tal cual ocurrió con el caso Penta, el mantel lo tiró un “amigo de toda la vida” del ex alcalde de Vitacura, Raúl Torrealba (RN), porque no se le canceló la indemnización que le pidió tras años y años a su lado. Hoy la Fiscalía agregó a la investigación la figura de “lavado de activos” por “falsos boleteros”.
En un oficio adjunto al expediente de la investigación penal, el Ministerio Público informó de la ampliación de la compleja investigación penal que se sigue en contra del exalcalde Torrealba (RN), a quien ahora se le perseguirá también como presunto autor del delito de lavado de dinero.
Hasta el momento la indagatoria en su contra estaba sólo caratulada bajo los ilícitos de fraude de subvenciones y malversación de caudales públicos, luego de denuncia de la actual alcaldesa, Camila Merino, el 27 de julio pasado. Sin embargo, recientes interrogatorios a funcionarios y colaboradores del municipio hicieron plantear la Ley 19.913 y, junto con ello, decretar la reserva de la causa penal durante seis meses.
En las pesquisas de este primer mes del equipo de la Policía de Investigaciones (PDI) surgieron versiones y datos sobre una eventual red de “boleteros falsos”, personas que aparecen prestando servicios para los “programas Vita”, que recibían millonarios aportes desde el municipio, y que finalmente nunca habrían trabajado para los mismos.
A su vez, las irregularidades permitirían enviar los antecedentes al Servicio de Impuestos Internos (SII) ante la facilitación de instrumentos tributarios falsos, para que este organismo defina si presenta querella en el caso, ya que es una de las facultades exclusivas de la entidad dirigida por Fernando Barraza, quien ha recibido duras críticas desde los casos de financiamiento irregular de la política hace 6 años y no ejercer la acción penal, entre ellos al ex ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo.
En la resolución 851 de la Fiscalía Nacional, con fecha 01 de septiembre, el Fiscal Nacional Jorge Abbott instruyó que la causa saliera “formalmente” de las oficinas de la Unidad de Alta Complejidad de la Fiscalía Metropolitana Oriente y que se trasladara a la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, liderada por un conocido por los ex ediles hoy indagados: Xavier Armendáriz.
Abbott eso sí dejó al fiscal Carlos Ramírez como colaborador de Armendáriz, ya que había sido Ramírez quien consiguió las primeras “confesiones” sobre los eventuales delitos en Vitacura: Domingo Prieto y Antonia Larraín ya habían tirado del mantel sobre los hoy cuestionados “Programas Vita”.
Así Ramírez, y posteriormente otro fiscal que estuvo en la zona Oriente, actualmente jefe de la comuna de Santiago en el MP, Francisco Jacir, en estos primeros días de septiembre fueron notificados por la PDI que las nuevas pesquisas llevaban a eventuales triangulaciones de dineros. Es decir, que estos “boleteros fantasmas” hayan facilitado documentos tributarios ideológicamente falsos, a cambio de devolver los mismos a aquellas autoridades que visaron estos pagos. Dichas maniobras, sostienen fuentes judiciales, habrían permitido el allanamiento de más dependencias municipales en la búsqueda del rastro de estos testaferros, y la ampliación de cargos que hoy se indagan.
A fines de julio, cuando parte la causa como tal, el primer denunciante, el jefe Jurídico de Vitacura, Mauricio Irarrázabal Cerpa abrió la hasta hoy “Caja de Pandora” de los municipios de los más altos ingresos a sus arcas y por el origen y patrimonio de sus residentes: Vitacura, Lo Barnechea y Las Condes.
Irarrázaval quien ha hecho su carrera en el ámbito educacional, a pocos días de asumir su cargo en la administración de la alcaldesa Merino recibió la visita de uno de los principales representantes de los programas Vita y ex estrecho colaborador del anterior jefe comunal, Raúl Torrealba. Domingo Prieto, relata el abogado en la querella que presentó ante el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago, “se acercó a mi oficina para poner en mi conocimiento la existencia de diversas irregularidades consistentes –según dijo- en la falsificación de su firma estampada en documentos e instrumentos de carácter privado y público sobre diversas solicitudes y trámites ingresados en la Municipalidad de Vitacura. Me informó, también, de la existencia de irregularidades relacionadas con la administración de aportes y subvenciones otorgadas por la Municipalidad de Vitacura a las instituciones que representaba, conductas de las cuales manifestó haber sido testigo presencial y por las cuales se sentía personalmente afectado” se lee en el libelo.
A eso se suma, la “autodenuncia” de Antonia Larraín (45), sobrina de Domingo Prieto e íntima amiga de una de las hijas del “Tronco” Torrealba, quien por 16 años se desempeñó como funcionaria de la Municipalidad de Vitacura, y desde julio de 2018 asumió la Dirección de Desarrollo Comunitario.
La funcionaria confesó ante el Ministerio Público que “apenas comenzó a ocupar el cargo, el imputado Torrealba le señaló que todos los meses ella recibiría del imputado Prieto un sobre con suma aproximada de $ 5.000.000, lo que efectivamente ocurrió hasta el mes de diciembre de 2020 (…) que el sobre con dinero se lo entregaba el señor Prieto y en otras oportunidades Arnaldo Cañas o César Silva, mandados por Prieto”. Estos sobres corrían por un carril paralelo al de su remuneración: datos de Transparencia Activa dan cuenta que en junio de este año Larraín, de profesión publicista, recibió una renta mensual de $ 5.486.600 líquidos. Y fuentes cercanas a la investigación afirmaron que se busca dilucidar si estos terminaban en manos de la funcionaria o bien del exalcalde.
Tras estas primeras piezas del puzle, la Fiscalía comenzó a interrogar a todos quienes habían tenido acceso a los programas Vita Emprende, Vita Salud y Vita Deportes, en donde se concentrarían los principales desfalcos realizados al municipio.
Fue en medio de esas pesquisas que algunos de los integrantes de estas corporaciones apuntaron a personas que si bien aparecen en los registros como prestadores de servicio, en la realidad nunca habrían trabajado para dichas reparticiones, y por lo tanto Jacir y Ramírez, tras la autorización de Armendáriz los transformaron en “testigos clave” que tendrán el beneficio del resguardo de sus identidades hasta, al menos, febrero del próximo año, bajo la reserva que invocó el Ministerio Público y que también fue informada al Poder Judicial para que el portal web institucional no suba información alguna sobre esta causa.
En paralelo, y como señal que el Ministerio Público no está para ser salpicado por el polémico caso de corrupción en las 3 comunas que es dos días antes de elegir a la nueva jefa regional de la Metropolitana Oriente resolvió el cambio del encargado de la causa por Armendáriz.
Así, el 3 de septiembre Lorena Parra pasó a dirigir durante los próximos ocho años la Fiscalía Regional Metropolitana Oriente, pero “por prudencia y objetividad” no será la encargada de averiguar los pasos del ex alcalde de Vitacura, Raúl Torrealba, y los ex ediles en las otras comunas: Felipe Guevara y Joaquín Lavín.
Aunque el cambio generó algo de ruido interno, ya que mientras la abogada lideraba la terna que conformaron las Cortes de Apelaciones de Santiago y San Miguel -junto a la directora ejecutiva de la Fiscalía Occidente, Rocío Berríos, y el fiscal jefe de Alta Complejidad, Felipe Sepúlveda- se viralizó en círculos de abogados y del propio Ministerio Público una fotografía en que la fiscal Parra aparecía junto al exjefe comunal en una de las tantas actividades de coordinación entre la Fiscalía Oriente y la Municipalidad de Vitacura.
Esa imagen cuestionaba una “eventual cercanía” de Parra con las defensas de los ex ediles y podía afectar el principio de objetividad de la investigación que ya contaba con una orden de entrada y registro, visada por la justicia, no sólo a las dependencias del municipio -hoy encabezado por Camila Merino (Evópoli)-, sino que también al propio domicilio particular del “Tronco” Torrealba, apuntándolo como imputado de presunta malversación de caudales públicos. Esto, tras un testimonio clave de una funcionaria de Vitacura que señaló que debía entregar sobres con millones en efectivo al exjefe comunal.
La historia de la causa (secreta hasta febrero) sigue en desarrollo, y ahora por uno de los delitos más graves en materia de corrupción: el lavado de activos o recursos públicos municipales.
