Que la situación política del país es confusa, no hay dudas. A las cinco listas opositoras para elegir convencionales cabe agregar la suerte de “guerra sucia” desatada entre precandidatos presidenciales en la derecha.
Se suma a este cuadro, la ausencia de planteamientos programáticos, como no sea solo decir generalidades, y que, en definitiva, expresan una incomprensión de la concreta situación de nuestra sociedad.
La precandidata Paula Narváez ha debutado señalando que : “No vengo a revivir proyectos, quiero construir a partir de este Chile nuevo que emerge”. ¿Cuál? Nos dice : «La Constitución que nos rige limitó muchos de los avances, y eso es algo que va a cambiar gracias al estallido social: la nueva Constitución le pertenece al estallido social«.
La actual constitución se estableció bajo condiciones dictatoriales y conforme a los intereses de un selecto y minoritario grupo de chilenos, más allá de los ajustes parciales realizados durante el largo retorno democrático. En cualquier caso, la aseveración citada puede implicar una desconsideración histórica a quienes, con costos mayores, resistieron la dictadura y luego abrieron fronteras democráticas hasta la irrupción del estallido social que decantó la apertura a un nuevo proceso constitucional.
Ciertamente faltan a lo menos tres capítulos por concluir : alcanzar la cantidad suficiente de convencionales para poner fin a la constitución de los intereses minoritarios; elaborar y acordar un nuevo texto que efectivamente exprese los intereses de la inmensa mayoría de chilenas y chilenos y se establezca un nuevo ordenamiento institucional democrático.
Ciertamente en el histórico plebiscito del 5 de octubre, que marcó el fin de la dictadura, la cuestión programática no fue un asunto esencial. El dilema era la continuidad o no del régimen cívico militar, ligeramente camuflado y vestido de un ropaje seudo democrático.
La situación de hoy es muy distinta, se requiere una orientación programática consistente y nítida. Hasta aquí no se aprecia con la necesaria claridad qué es lo que se le está proponiendo a chilenas(os). Por cierto, no se trata de un programa que incluya todos los desafíos pendientes en nuestra democracia. Ello dependerá de diversos procesos político-programáticos que recién se empiezan a manifestar, incluyendo sin duda un exhaustivo y certero diagnóstico, pero sí es imprescindible establecer un horizonte estratégico de desarrollo del país.
El desafío son los lineamientos generales que enmarcarán las futuras propuestas programáticas. Teniendo en cuenta que las demandas principales de las mayorías no se resolverán en 4 años y que será preciso encarar con prontitud los problemas más acuciantes del país tras la desastrosa gestión del actual gobierno de la derecha en el contexto de la crisis sanitaria y sus devastadores efectos
Todavía más, hasta aquí no ha habido una cabal consideración acerca de los desafíos mayores que dicen relación con el desarrollo y crecimiento económico; las desigualdades de ingresos; el empleo y la calidad de los derechos laborales; el reconocimiento cabal de autonomía y derechos de pueblos originarios, una redefinición sustantiva y estructural para el desarrollo de las Mypes, Pymes, y del sector exportador; los desafíos energéticos ante la aguda crisis medioambiental; de la calidad de la educación en un nuevo contexto laboral, entre otros.
Resta sacar las conclusiones, más evidentes en el marco de la actual crisis, de la concentración del poder económico y las desigualdades insostenibles para un desarrollo sustentable en el contexto de una sociedad de derechos que no resiste más la precariedad de un estado subsidiario.
Desafíos que corren a la par del proceso constituyente que ocupará, con razón, un buen período de tiempo del futuro gobierno y parlamento.
