El descaro del Rey del Retail obligó al ministro de Hacienda y al propio Sebastián Piñera a cuestionar al segundo hombre más rico en Chile por su decisión de retirar millonarias utilidades- ver artículo de Beatrice Allamand en esta edición– en los precisos momentos que algunas de las filiales de su poderoso conglomerado se acogían a la ley de protección del empleo, generando un multiplicado repudio en sectores sociales, políticos y también del empresariado. Algo más allá de los cuestionamientos legales en debate y que acentuó un clima adverso en el parlamento para iniciativas legislativas patrocinadas por el Ejecutivo, que se tienden a leer como un respaldo, en el contexto de la crisis en curso, a las grandes empresas.
Según la revista Forbes, Horst Paulmann es la segunda persona más rica del país, con un patrimonio calculado en 3.700 millones de dólares. Junto a sus hijos, controla el Consorcio CENCOSUD, con presencia en varios países de la región.
Es reconocida la habilidad de este empresario mayor y osado para moverse en las esferas del poder, con recursos más que suficientes para aprovecharse de beneficios y privilegios, algo impresentables y más que cuestionados desde el estallido social de fines del año pasado. Paradojalmente el mismo consorcio ha triplicado sus ventas durante el desarrollo de la pandemia, que hoy pone en jaque fundamentos esenciales del sistema en que Paulmann se siente amo y señor.
Una pincelada de historia
Karl Wemer Paulmann – padre de Horst -jugó un rol activo en la Alemania de Hitler, llegando a desempeñarse como juez de las temidas SS en su pueblo natal de Kasel. Acusado de crímenes de guerra, huyó con su esposa e hijos hacia Argentina, desde donde se trasladó junto a su familia a Chile, en atención al riesgo de ser alcanzado por la acción de la justicia internacional post guerra.
Sus hábiles emprendimientos dieron fruto inicial en Las Brisas, a partir de un pequeño restaurant que derivó en supermercado, extendido luego a diversas ciudades como una inicial y aún limitada cadena comercial.
En las décadas siguientes, con el rol protagónico del hijo Horst, la historia es más conocida desde el primer Jumbo en Santiago, para luego extenderse a las principales ciudades en el país e incursionar, con bastante éxito, en el resto de la región. Hoy se trata de un poderoso Consorcio, con más de 50.000 empleados y múltiples filiales, con una ampliada y dominante cobertura en el retail.
El año 2005, durante el gobierno del expresidente Lagos, se propuso otorgarle la nacionalidad por gracia, aprobada por una amplia mayoría parlamentaria- con rechazo del entonces senador Jaime Naranjo, argumentando presuntos vínculos del empresario con Colonia Dignidad -y entregada en los albores del gobierno de Michelle Bachelet.
Pocos recuerdan que CENCOSUD protagonizó un bochornoso episodio el año 2010, con ocasión del terremoto, cuando ingresó al país 183 camiones con “ayuda humanitaria”, que luego comercializó en los supermercados del consorcio, razón por la cual algunos de sus ejecutivos fueron condenados judicialmente por fraude al fisco y contrabando.
En el actual contexto y tras el reciente escándalo que, pese a todo, complicó la gestión del actual gobierno, no son pocos los parlamentarios de oposición que consideran la posibilidad de quitar la nacionalidad otorgada, por gracia, a Paulmann.
Una pésima señal que daña la imagen del empresariado
El propio titular de Hacienda criticó duramente la decisión del Consorcio, imputándole una señal tan contradictoria como inentendible en el actual contexto. Una pésima señal en los momentos en que el país atraviesa por una grave emergencia sanitaria que está generando un tremendo impacto social, en circunstancias que más de un millón y medio de trabajadores ha perdido sus empleos o ellos han sido suspendidos temporalmente. Pequeñas y medianas empresas están al borde de la quiebra y no pocas grandes enfrentan severas crisis de liquidez, alentando su demanda de ayuda estatal, en condiciones aún no precisadas.
La decisión de Paulmann y sus directores, defendida por el consorcio, argumentando que ninguna de sus filiales acogidas a esta ley había distribuido dividendos, activó la iniciativa de parlamentarios de oposición para restringir que grandes empresas que operaran en paraísos fiscales o decidieran acogerse a una ley originalmente pensada para proteger a pequeñas y medianas empresas, pudieran distribuir dividendos.
Cencosud no fue la única gran empresa que optó por acogerse a la ley de protección del empleo. Ripley y la constructora SalfaCorp transitaron el mismo camino, al tiempo que distribuían utilidades, con la sola diferencia de que mientras Cencosud repartía el 80 % de las utilidades, ellas distribuían el 30 %, correspondiente al mínimo legal.
Otras empresas principalmente vinculadas al comercio, como H&M, Hites y la Polar, así como las que administran casinos en el país (Sun Dreams Enjoy y Marina del Sol) han optado por idéntico camino, luego que decisiones de la autoridad les impidiera desarrollar normalmente sus actividades. Tal como han debido hacer restaurantes, clubes deportivos y empresas turísticas.
¿Qué entender como responsabilidad social empresarial?
Existe todo un debate acerca de si las restricciones al retiro de dividendos representa un incentivo a los despidos o, por el contrario, es un imperativo ético, sobre todo para las grandes empresas, que han acumulado considerables utilidades en estos años y que tienen, o deberían tener, las espaldas para proteger a sus trabajadores durante la emergencia.
La escandalera provocada por Paulmann contrasta con la imagen proyectada por grandes empresarios, agrupados en la CPC y el Consejo Minero, que aportan significativas donaciones para asistir al gobierno en necesidades urgentes como equipamiento para servicios sanitarios y aportes solidarios a grupos sociales extremadamente afectados por la crisis extrema provocada por el coronavirus.
Ciertamente se trata de un debate relevante y necesario cuando amplios sectores profesionales y organizaciones gremiales como sociales cuestionan el mezquino aporte del Estado para las exigencias evidentes y urgentes de mayor protección social, en contraste con los recursos fiscales potencialmente disponibles. Una reacción más que conservadora de la administración de Piñera si se contrasta con las políticas públicas aplicadas otros países de la región y ciertamente en los desarrollados, a quienes el discurso oficial considera cercanos.
Una reacción más que conservadora de la administración de Piñera.
Pero lo anterior no exime a los grandes empresarios de asumir su primera responsabilidad con los trabajadores y una mayor contribución durante la actual emergencia. Tal como lo sostuviera el Presidente Fernández en Argentina ante sus empresarios, “ha llegado la hora de ganar menos”, o simplemente no ganar, mientras dure la emergencia.
La responsabilidad social empresarial se pone a prueba en estas dramáticas circunstancias, que manifiestan lo mejor y lo peor de los seres humanos. Valen poco los recursos del mero marketing, destinado a maquillar una imagen positiva de los empresarios. Representa, en cambio, todo un imperativo ético. En primer lugar, para mantener los ingresos y derechos de sus trabajadores, postergando utilidades y dividendos, reduciendo dietas y altos salarios de sus directores y ejecutivos, evitando las especulaciones. Son factores incidentes para aminorar el impacto de un golpe mayor a una sociedad que desnuda sus evidentes desigualdades, castigando amplios grupos sociales que pierden el empleo y se ven golpeados por una economía en depresión con disminuido respaldo estatal.
Horst Paulmann ha desnudado el peor rostro empresarial en esta crisis, que muchos, sesgadamente, proyectan al conjunto de un muy diverso sector, como una pésima señal país. Es el rostro de la codicia y la avaricia, sin una mínima empatía con la aflictiva situación que enfrentan los sectores más vulnerables. Aquella idea de que el primer deber de controladores y ejecutivos es maximizar las utilidades para sus accionistas, sin la menor consideración por el complejo contexto en que hoy se vive.
Es el rostro de la codicia y la avaricia, sin una mínima empatía con la aflictiva situación que enfrentan los sectores más vulnerables.
Lamentablemente Paulmann no es el único, pero tampoco representa a la mayoría. No son pocos los empresarios que asumen como responsabilidad social respaldar a sus trabajadores y colaborar con el país que les ha permitido crecer y desarrollarse. Quizás, hasta que duela, como afirmara un exdirigente del sector.
Lamentablemente Paulmann no es el único, pero tampoco representa a la mayoría.
Tal como lo señalara recientemente, en un debate parlamentario, un alto personero portugués: los bancos y las empresas le deben mucho al país y ha llegado la hora de devolver la mano. Agregaba que la banca debía renunciar a tener utilidades el presente año y el próximo en atención a la aguda y grave emergencia social. Quizás eso sea mucho pedir (tan sólo quizás) para la sesgada clase dirigente en nuestro país.
los bancos y las empresas le deben mucho al país y ha llegado la hora de devolver la mano.
Hay vida y capacidad de recuperación tras esta emergencia. Y más que nunca el país requiere de una efectiva responsabilidad social empresarial. No sólo para enfrentar la emergencia en curso, también para asumir los enormes desafíos que plantea el incierto futuro.
