No ha sido una tarea fácil ni exenta de controversias la elaboración de una propuesta de nueva constitución, que deberá ser plebiscitada el próximo 4 de septiembre. En primer lugar, por su propia composición. Una convención integrada paritariamente, con una amplia mayoría de independientes, que incluye un amplio espectro ideológico. Los partidos son una franca minoría y no pocos optaron por independientes en sus listas. La presencia de representantes de las etnias originarias contribuye a incrementar su diversidad.
Algunos sectores críticos del proceso ponen en duda que aquella diversidad sea representativa del país, pero en el contexto político y social que algunos de ellos prefieren olvidar fueron los representantes que la ciudadanía eligió.
No siempre los acuerdos han sido fáciles de alcanzar. La derecha, alineada con el rechazo y que representa una clara minoría al interior de la convención, sostiene que sus propuestas no son consideradas y que son arrasados por una mayoría de izquierda y centro izquierda.
Sin embargo, tampoco ha sido fácil la construcción de acuerdos entre estos sectores. Apruebo dignidad no funciona como bloque al interior de la convención. El PC ha tendido a buscar alianzas con sectores más radicalizados, como convencionales de la ex lista del pueblo y representantes de las etnias originarias. En tanto, parte del Frente Amplio (otros son mas bien independientes) ha privilegiado el entendimiento con el colectivo socialista, que ha protagonizado duras polémicas con algunos convencionales más extremos en sus posturas. El clima interno no es el mejor y más allá de la legítima polémica intestina se han producido impresentables y muy cuestionadas funas, que facilitan la campaña mediática de desprestigio desde los resistentes al cambio.
Pese a todo, no deja de ser destacable que esa diversidad haya logrado construir consensos muy relevantes, en donde todos han debido ceder para ir aprobando el articulado que formará parte de la propuesta que será sometida a la ciudadanía en el plebiscito ratificatorio, después del proceso de armonización, con quórums tan exigentes como los dos tercios, que varios de los propios convencionales intentaron rectificar en un comienzo.
Entrando al momento decisivo
No debiera sorprender que algunas posturas suban de tono cuando el proceso entra en su recta final. Algunas, no todas, son críticas válidas y merecen una adecuada consideración de los convencionales en su etapa de armonización. Otras, la mayoría, mas bien corresponden a posturas ideológicas y defensa de intereses corporativos, de parte de la derecha y sectores empresariales que tempranamente se matricularon con la opción de rechazo, aún antes que la convención iniciara sus debates.
La campaña de descrédito ha sido intensa y la mayoría de las veces basada en vaguedades y falsedades, especialmente en torno a propuestas aisladas que no han contado con apoyo significativo al interior de la propia convención
A esa línea de descrédito se suman diversos grupos, como los “amarillos”, algunos ex dirigentes del PDC, PRSD, PS y PPD, así como una franja de sectores moderados o de centro derecha, que progresivamente se han ido acercando a la opción por el rechazo.
Un reciente acto organizado por una multigremial, liderada por el dirigente empresarial Juan Pablo Swett y transportistas de reconocida trayectoria anti -reformas, que contó con intervenciones de Cristian Warnken, Oscar Guillermo Garretón y el exdiputado Pepe Auth, se inscribe en aquella ofensiva mediática para ampliar la campaña del rechazo.
Más allá de aquel ruido – que ha encontrado resistencia en sectores potencialmente convocados y que han hecho pública su adhesión al Apruebo – es muy difícil imaginar que el proceso constituyente pueda fracasar porque los convencionales no logren los consensos necesarios para construir una propuesta que ofrecer al país. Probablemente la propuesta final no dejará a todos plenamente satisfechos, ni muy enojados, como sostuviera un convencional, pero claramente es una opción destinada a superar los resabios limitantes para la democracia que mantiene la constitución de 1980, más allá de todas las reformas y ajustes parciales de que ha sido objeto.
El rechazo del proceso constituyente no es la muerte, como ha afirmado el ex presidente Lagos, pero expondría al país a un largo proceso de inestabilidad institucional y graves tensiones sociales y políticas. Como lo haría un resultado muy estrecho entre la aprobación y el rechazo.
La idea de una “tercera vía” no pasa de ser una propuesta inviable que se suma a la campaña del Rechazo. Ciertamente sería inviable construir un nuevo consenso institucional en un parlamento marcado por la disgregación política, en donde la derecha recuperaría el poder de veto que le concede su empate en el Senado.
Aprobar la nueva constitución es dejar atrás el pasado
Ciertamente la mejor opción democrática es aprobar por amplia mayoría la propuesta de nueva constitución, incluidas las propias normas que permiten su reforma, sin las supra mayorías que contempla la actual carta fundamental.
El presidente Boric, junto con reafirmar su apoyo al proceso constituyente, ha expresado la esperanza y deseo que el plebiscito de septiembre se constituya en un lugar de encuentro y unidad nacional, lejos de una división polarizada.
Ello exige un ejercicio de responsabilidad y realismo político no tan solo de los propios convencionales para recoger críticas fundadas y construir una propuesta que pueda ser respaldada por una amplia mayoría nacional. También de los diversos sectores políticos para asumir que el país requiere de profundos cambios estructurales, que respondan a las demandas de una muy amplia mayoría nacional.
No hay espacio ni viabilidad para la restauración del viejo orden. Ha llegado la hora de dejar atrás el pasado. No tan sólo la constitución de 1980 o el modelo neoliberal, sino el lastre de la dictadura cívico militar. No para refundar el país sino para transformarlo y modernizarlo, a través de los mecanismos que contempla la democracia. Con respeto integral a los derechos humanos, igualdad de género y valoración de la diversidad étnica, religiosa u opciones sexuales. Con derechos garantizados y deberes establecidos.
Eso se llama un estado social y democrático de derechos, como lo aprobara recientemente el pleno de la convención. Que no nace meramente de un artículo en la constitución, sino que es necesario construir con el concurso de todos. El estado y sus instituciones, los partidos políticos, las organizaciones sociales, de empresarios y trabajadores.
Y esa es la principal tarea que enfrenta el país en el futuro inmediato. La nueva constitución no es un punto de llegada sino un nuevo punto de partida, con un horizonte y un norte claro. El país está en condiciones de plantearse este nuevo desafío porque hemos avanzado para dejar atrás 17 años de dictadura y construir las bases de este nuevo camino. Porque enfrentamos un estallido social y fuimos capaces de encontrar una salida política e institucional a la crisis. Lo otro es remar en contra de la corriente e intentar volver al pasado.
El presidente Boric parece tenerlo claro. No tan sólo la suerte del gobierno y de los amplios sectores sociales y políticos que lo respaldan está indisolublemente vinculada al éxito del proceso constituyente, también y esencialmente el futuro del país.
