Es innegable que la convención constituyente lo recibe desde antes de su misma instalación, cuando surgió como una salida institucional al colapso del gobierno de Sebastián Piñera frente al estallido social.
Entonces todo fue de mal en peor para los resistentes al cambio. Ni en sus peores pesadillas la derecha imaginó que el Apruebo recibiría un 80 % de adhesión. Menos aún que no alcanzaría el tercio para un derecho a veto a los acuerdos, tal como fuera establecido en la reforma constitucional que dio inicio al proceso constituyente.
Sumaron otro costo adicional con la incorporación de los independientes agrupados por lista, al igual que los partidos, en aquella elección de convencionales. Además de cuotas reservadas a los pueblos originarios y la paridad de género en sus integrantes. Así los partidos terminaron reducidos en su representación ante una variopinta elección de independientes que representaron el espíritu del estallido social.
Consecuentemente la convención ha debido enfrentar un fuego cruzado. La derecha, junto a los poderes fácticos y buena parte de los medios de comunicación, han orquestado una feroz campaña de descrédito a las propuestas de las diversas comisiones. Aún antes de que sean discutidas o aprobados por el pleno. Cuando el proceso está en pleno curso, restando el llamado proceso de armonización y el protocolo de implementación de la nueva institucionalidad. Y ya barajan fórmulas para que un eventual rechazo, como lo animan, vaya ligado a una fórmula de superación de la actual constitución, que una inmensa mayoría del país rechaza.
A esta campaña se han sumado diversos sectores de la centroderecha, ex DC, PS, PPD, y del PR, que han expresado todo tipo de “inquietudes” por el rumbo del proceso, advirtiendo del riesgo de desmembrar el país y desnaturalizar el sistema democrático.
Mas recientemente la convención enfrenta el “fuego amigo”. Fuad Chaín, ex presidente de la DC y el único convencional de ese partido optó por abandonar la mesa de negociaciones sobre el sistema político, acusando una inaceptable concentración del poder, con descalificaciones ciertamente excesivas.
En otro tono, el presidente del Senado, Álvaro Elizalde, sostuvo que la fórmula de bicameralismo asimétrico constituye más bien un unicameralismo encubierto, mientras el senador José Miguel Insulza agregaba que con las facultades que se le asignarían a la nueva asamblea regional, ella cumpliría un rol legislativo excesivamente disminuido. Así se han sumados voces críticas, como las del senador Francisco Huenchumilla, advirtiendo en contra de los ánimos refundacionales al interior de la convención. El expresidente Ricardo Lagos, según algunos trascendidos, habría expresado su preocupación por la marcha del proceso, en un almuerzo convocado por el ex rector de la U. de Chile, Luis Riveros. Valga resaltar que la inmensa mayoría de estos reparos y advertencias provienen de un sector que ha adherido al cambio constitucional.
Temas como el llamado unicameralismo de facto encubierto, el estado plurinacional y regional, un nuevo sistema judicial o el estatuto de las organizaciones sociales, generan dudas y ameritan precisiones y afinamientos
¿La casa de todos?
Es indesmentible que esa inquietud existe. No son pocos los mayoritarios votantes del apruebo del proceso constituyente que hoy expresan dudas o inquietudes por su rumbo. Lo ha reconocido el propio presidente de la Republica durante su visita a Argentina, al referirse a algunas encuestas que mostrarían que la opción por el rechazo estaría superando a la del apruebo. Y fue enfático en sostener que ello no se podía atribuir tan sólo a problemas comunicacionales (que evidentemente existen) y era necesario buscar los consensos más amplios posibles para asegurar una masiva aprobación de la propuesta de una nueva constitución.
Sin embargo, la propuesta no puede aspirar a reunir la unanimidad de pareceres al interior de la convención. Y tampoco se puede conceder a la derecha un derecho a veto de facto. Pese a haber sido inicialmente resistida por algunos sectores, la regla de los dos tercios ha operado para la aprobación de los acuerdos hasta ahora alcanzados.
Sin embargo, una nueva constitución representa un verdadero pacto político para fijar una nueva organización del Estado, la distribución del poder y las reglas de juego, que obligan por igual a todos y todas los chilenos y chilenas. Ello obliga a considerar las opiniones de las minorías para buscar aproximaciones. Por otra parte, la propia constitución fija los procedimientos y quórums para su futuro perfeccionamiento que, a diferencia de la constitución de 1980, no deben ser supra mayoritarios.
El riesgo más inquietante es que la nueva constitución no sea reconocida como “la casa de todos”, generando un escenario de polarización entre las opciones por el apruebo o rechazo, estrechando sus márgenes de aprobación.
Un eventual rechazo- opción entusiastamente animada por la mayoría de los medios de comunicación afines a la derecha opositora – arriesgaría al país a vivir nuevas tensiones sociales y políticas, así como un largo período de inestabilidad institucional abriendo un indeseado frente no tan sólo al gobierno, que ha ligado su suerte a este proceso, sino también a las coaliciones políticas que lo respaldan.
Es responsabilidad de un muy diverso espectro de partidos, organizaciones sociales e independientes activos que eligieron con mayoría contundente al gobierno del Presidente Gabriel Boric, extremar los esfuerzos para construir los consensos más amplios posibles, en torno a una propuesta que pueda concitar apoyos ampliamente mayoritarios, siguiendo la huella original del proceso en curso.
Se tiende a eludir, malinformando, que el proceso constituyente aún está en desarrollo. El pleno aún debe revisar la propuesta emanada del acuerdo de las diferentes comisiones y, como viene ocurriendo, pueden ser modificadas. Falta la etapa de armonización de contenidos y se insinúa que esta comisión, integrada por 40 convencionales, debiera contar con mayores facultades para proponer reformas de contenidos. Aún resta definir los protocolos de implementación de la nueva institucionalidad. Y el plebiscito ratificatorio ya tiene fecha. Un emblemático 4 de septiembre.
Pareciera razonable, pese a sus evidentes inconvenientes, extender los plazos fijados al proceso, para permitir una deliberación más acabada y exhaustiva, que recogiera las opiniones de diversos sectores sociales y políticos, buscando propuestas que reúnan los consensos mas amplios posibles, como ha propuesto el presidente. Y fijar un razonable cronograma de implementación de la nueva institucionalidad.
La desafiante agenda del gobierno
El gobierno también requiere ordenar a sus partidos y coaliciones tras las prioridades de su ambicioso programa de cambios y transformaciones propuesto al país.
Ciertamente la seguridad ciudadana es uno de sus mayores desafíos, teniendo a la vista la conflictiva situación que hoy se vive en la Araucanía, la violencia en colegios y barrios, la acción del crimen organizado y el narcotráfico.
El gobierno ha entregado una potente señal de respaldo a Carabineros en sus funciones de resguardo del orden público, asociada necesariamente al esfuerzo de reforma y modernización de las policías. Un tema complejo y propicio caldo de cultivo para opositores tempranos al gobierno de Gabriel Boric, a quienes se suma, entre otros más cercanos, el alcalde Daniel Jadue: “yo no voy a prestar apoyo a las policías mientras no avancemos en la intervención civil y refundación”
Esta semana el gobierno dará a conocer sus prioridades en materia de seguridad ciudadana, marcando un rayado de cancha en esta sensible materia que requeriría de una adhesión sin ambigüedades por el conjunto de los partidos que configuran el variopinto oficialismo.
El tema de la Araucanía no puede reducirse a un problema de seguridad y orden público, por más que integre esa dimensión. No amainan los hechos de violencia. El reciente asalto a la comuna de Contulmo, con 19 viviendas quemadas, llevó al gobierno a presentar su primera querella en contra de quienes resulten responsables.
El gobierno ha resuelto no renovar los estados de excepción en la zona sino reforzar los servicios policiales, con mayor dotación y recursos, incluso algunos proporcionados por las propias fuerzas armadas. Pero lo verdaderamente urgente es definir una nueva política, que permita retomar el diálogo con todas aquellas comunidades disponibles para avanzar en materia de reconocimiento de sus derechos ancestrales, recuperación de tierras, participación, reparación y desarrollo. La invitación al diálogo debe ser sin exclusiones, pero con la firme decisión de enfrentar la violencia y mantener el orden público.
El tema del quinto retiro de los ahorros previsionales continúa tensionando al oficialismo. El PC se ha declarado en un proceso de reflexión en tanto que una bancada de diputados oficialistas se ha manifestado a favor de la iniciativa, El presidente Gabriel Boric ha reiterado su confianza en el rechazo la iniciativa que hoy se debate en la cámara de diputados.
En los próximos días, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, deberá dar a conocer las medidas de una reactivación inclusiva, buscando no tan sólo contener la alternativa de un quinto retiro, sino enfrentar el complejo escenario proyectado por el Banco Central en su último informe de política monetaria, evitando que el peso del ajuste económico recaiga en los sectores más vulnerables.
Ciertamente no será tarea fácil asegurar el orden en las filas oficialistas, con dos coaliciones que, si bien comparten consensos políticos y programáticos, mantienen diferencias. Y mucho más difícil es intentar sumar a fuerzas que, si bien no se definen como opositoras, no están en el gobierno. Y para qué hablar de las dificultades para entendimientos con la oposición.
Gabriel Boric culmina exitosamente su primera visita a Argentina, plagada de simbolismos y complicidades con su par trasandino, en donde Bárbara Figueroa debutó como embajadora. Más complejo es el desafío de su visita a los Estados Unidos programada para las próximas semanas.
Nadie dijo que la tarea de gobernar era fácil pero la de este gobierno parece doblemente compleja. Tanto por el escenario nacional e internacional, su ambicioso programa de reformas, el proceso constituyente en curso, y la propia fragilidad de sus coaliciones. Puede que haya bajado un poco en las encuestas, pero la inmensa mayoría de quienes votaron por él en la segunda vuelta, siguen esperando que le vaya bien con el país.
