Hace unos días, la Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) publicó una encuesta a líderes de opinión bolivianos compuesto por “un grupo selecto y plural de actores políticos, analistas, de distintos ámbitos”. Según este sondeo más del 80% de los 140 entrevistados consideran que Bolivia va por mal camino. Similar porcentaje cree que la situación política y económica es mala o muy mala.
Sin embargo, lo llamativo es que frente a la pregunta: “si asumimos que hay una crisis de representación política en el país, en una escala del 1 al 7, donde 1 es ninguna importancia y 7 es máxima importancia, ¿cuál es la relevancia de los siguientes factores para encaminar una salida a esta crisis?”, las respuestas son tan contundentes como en las preguntas anteriores y reflejan las porfiadas pulsiones democráticas de los bolivianos: el 63% le da la máxima importancia, o sea nota 7, a la “realización de elecciones generales este año” y el 16% le pone nota 6. Lo cual confirma otros datos como los índices de participación electoral, quizá una de los más altos en América Latina (88% en la última elección).
el 63% le da la máxima importancia, o sea nota 7, a la “realización de elecciones generales este año” y el 16% le pone nota 6.
Todo esto en medio de la crisis sanitaria que vive Bolivia y que ha convertido a los hospitales, sobre todo del Oriente del país en apocalípticos cuadros de Brueghel en las que se amontonan cadáveres y se baten lúgubres récords. Y, por otro lado, a raíz de que después de una dura pugna entre todos los poderes del Estado, sobre todo, entre el gobierno interino de Jeanine Añez y la Asamblea Legislativa Plurinacional (el Poder Legislativo), controlado por el “Movimiento al Socialismo” de Evo Morales, finalmente se fijó fecha para realizar elecciones generales el próximo 6 de septiembre; si hubiera segunda vuelta, se la convocaría para el 18 de octubre. Finalmente, la posesión del próximo presidente o presidenta se realizaría en noviembre de 2020.
Finalmente, la posesión del próximo presidente o presidenta se realizaría en noviembre de 2020.
La política retorna así en gloria y majestad al centro de la escena boliviana desplazando a –o compitiendo con– la pandemia, según el politólogo Fernando Mayorga, para quien la definición de la fecha para la realización de las elecciones es resultado de un cambio en el escenario político provocado por dos hechos: “la inesperada postulación de Añez a la Presidencia y la capacidad de rearticulación del MAS. Todo esto, con la pandemia como telón de fondo”.
En efecto, la iniciativa política desde hace unas semanas comenzó a ser monopolizada por el partido de Morales que actuó de manera cohesionada en torno de la consigna “elecciones ya” y arrinconó al gobierno aupado en su mayoría legislativa. Incluso cedió en la fecha exacta de los comicios, lo cual descolocó fuertemente al oficialismo que sabe que cada vez está más seguro de que la única alternativa para seguir disfrutando de las mieles del poder es extender su interinato todo el tiempo que sea posible.
Las futuras elecciones ocurrirán casi un año después de aquellas que fueron suspendidas luego de la reacción popular, policial y militar que hacía frente a un supuesto fraude (según la OEA, pero siendo desmentido por varias investigaciones independientes).
En esa oportunidad, Morales iba por su tercera reelección consecutiva, su candidatura debilitó aún más la ya endeble institucionalidad boliviana y terminó en un golpe de Estado que encumbró a Jeanine Añez a la primera magistratura. Añez hasta entonces era una desconocida senadora beniana de un partido (“Demócratas”), que no tenía más del 4% de respaldo electoral.
Hoy Bolivia está en una situación mucho peor de la que recibió Añez e 12 de noviembre del año pasado. Eso sí, hay que decirlo, ayudó mucho la crisis sanitaria y el fin del ciclo de bonanza económica que atravesaba Bolivia, pero también la ineficiencia y la bananera corrupción de sus colaboradores, así como erráticas medidas económicas neoliberales que se sumaron a la más controvertida de todas, presentarse ella misma como candidata.
Hoy Bolivia está en una situación mucho peor de la que recibió Añez e 12 de noviembre del año pasado.
En la encuesta mencionada anteriormente, consultados sobre la calificación del gobierno entre las notas 1 al 10, el promedio apenas roza el 2,8, o sea, la presidenta provisional está más que reprobada.
También es bueno consignar que ante la pregunta sobre quién de las y los candidatos golpeó más fuerte la pandemia, por mucho destaca Añez y el ultraderechista Luis Fernando Camacho de “Creemos” y, en menor medida el candidato del “MAS” Luis Arce. Finalmente, el centrista Carlos Mesa de “Comunidad Ciudadana” parecería ser el gran beneficiado por la crisis actual.
La encuesta también menciona que la fractura social es aún peor hoy que el año pasado cuando cayó el gobierno de Morales, y que es muy probable que retorne nuevamente la violencia política endémica que azota a ese país; además, el 80% de las y los líderes de opinión sostienen que el gobierno ejerce persecución política y que utiliza la emergencia sanitaria para penalizar a la disidencia política. Por eso, quizá, Susana Sottoli, coordinadora residente de Naciones Unidas en Bolivia, planteó la consigna de “electoralizar para pacificar”.
Ahora bien, la otra gran incógnita es lo que ocurrirá con la candidatura del primero en todas las encuestas: Luis Arce Catacora, el ex ministro de Economía y artífice del crecimiento, redistribución y de la estabilidad macroeconómica que caracterizó a Bolivia en los 14 años del gobierno de Morales (con el imprescindible auxilio de la bonanza que se vivió en ese mismo periodo).
Ante un escenario tan adverso, Añez prácticamente contra las cuerdas, se aferra a su última posibilidad que le queda, inviabilizar la candidatura de Arce, proscribir al MAS y enfrentarse sola contra el competitivo Carlos Mesa.
Pero esos delirios febriles y trasnochados se enfrentan a los últimos jirones de institucionalidad que aún quedan, entre ellos, el presidente del Tribunal Supremo Electoral, Salvador Romero, que ha sido el articulador del diálogo que permitió la convocatoria a elecciones. Lo cual, junto con el retome de iniciativa política del MAS, son los nuevos datos a tener en cuenta para leer la coyuntura boliviana.
Hace pocos días el gobierno acusó a Arce de supuestos daño económico al Estado en la “Gestora Pública” (la administradora de pensiones boliviana), cuando era ministro. Menos de 24 horas después, el MAS tuvo que emitir un pronunciamiento para denunciar que el gobierno transitorio buscaba inhabilitar a Arce interponiendo demandas penales. Al mismo tiempo, Evo Morales denunció en Twitter que “a dos meses de elecciones, el gobierno de facto inició una estrategia judicial con fines políticos para inhabilitar a nuestro candidato e impedir nuestra participación”.
“a dos meses de elecciones, el gobierno de facto inició una estrategia judicial con fines políticos para inhabilitar a nuestro candidato e impedir nuestra participación”.
Por su parte, la cancillería boliviana criticó al expresidente Evo Morales y a “sus aliados ideológicos” y cuestionó al gobierno de Argentina por transgredir “normas internacionales del asilo”, además de rechazar a los “narcoterroristas” que habrían intensificado sus intentos de desestabilización política y social en Bolivia con “campañas de desinformación a nivel global”. A esta declaración de la cancillería boliviana se sumaron esta semana entrevistas de embajadores y personeros de gobierno de Añez para denunciar que “Morales, con la complicidad del régimen de Nicolás Maduro, ha recrudecido su campaña internacional de desinformación y de difusión de noticias falsas para tergiversar la lucha del pueblo boliviano por la recuperación de la democracia”.
“Morales, con la complicidad del régimen de Nicolás Maduro, ha recrudecido su campaña internacional de desinformación y de difusión de noticias falsas para tergiversar la lucha del pueblo boliviano por la recuperación de la democracia”.
Lo más notable es que en el comunicado, la Cancillería no hace referencia a las elecciones generales del 6 de septiembre, lo cual da pie a los rumores de que no habría intenciones de realizarlas.
Añez ha dicho recientemente que no estaba de acuerdo en llamar a elecciones mientras no se superara la crisis sanitaria, y que promulgaba la ley de convocatoria, pero no se hacía responsable de su cumplimiento; una paradoja que fue duramente criticada por todo el arco político.
Sean cuales sean los deseos de la presidenta y de los militares (comandados por leales a Añez), Bolivia enfrenta dos meses de campaña y una cita electoral clave para mantener la estabilidad democrática en América Latina y que, además, pondrá en tensión no solo a su ya de por sí débil institucionalidad sino a una sociedad quebrada y profundamente polarizada.
De ahí el interés que estás elecciones suscitan en la comunidad internacional que ve con temor un posible derrumbe institucional. No son las únicas elecciones en medio de la pandemia (80 procesos electorales estaban planificados desde marzo de 2020, de los cuales 37 se mantienen, 21 ya se realizaron y 22 fueron pospuestos), pero serán de gran dificultad y necesitarán relojeros muy finos para que no naufraguen. Al respecto, Luciana Mermet, representante del PNUD en Bolivia, dice: “sabemos que los procesos electorales pueden realizarse en un contexto de crisis sanitaria» y, seguramente piensa pero no lo dice, que también sabemos que será difícil concretarlos.
“sabemos que los procesos electorales pueden realizarse en un contexto de crisis sanitaria»
Finalmente, antes que nada, habrá que estar atentos a una posible pero poco probable proscripción del MAS o a la inhabilidad de la candidatura de Arce, cualquiera de las cuales serían aún más contraproducentes porque permitirían que los refugiados bolivianos en la Argentina, un país central para entender a Bolivia, comiencen a estudiar en profundidad al peronismo, sobre todo aquel 17 de octubre de 1945 que lo cambió todo en ese país; mientras que el oficialismo se revuelve en pesadillas argentinas similares, solo que diez años más recientes: la de la revolución libertadora del 55.
