Las lecciones de la historia existen y desafían. Por Fernando Ávila I.

por La Nueva Mirada

La presidenta de RD diputada Catalina Pérez, señaló : «Optamos por una alianza prioritaria con organizaciones sociales, con independientes y con quienes se han movilizado por un país distinto. Optamos por volver a rechazar la vieja política y sus recetas tradicionales. Optamos por construir mayorías sociales que se conviertan en mayorías políticas para que nunca más en Chile se gobierne para unos pocos».

«Nuestra invitación sigue abierta para Convergencia Progresista… les pedimos que no equivoquen el rumbo. La reedición de la Concertación no es lo que Chile necesita. Son tiempos de coraje, de nuevas fórmulas, de mayorías sociales, no de acuerdos pactados, no de pasado, si no de futuro». (Emol, 13-Dic-2020).

No desestimando otras razones parece pertinente consignar que, en lo esencial, el plantel dirigente a que pertenece la diputada Pérez tiene una edad promedio de 33 años, de tal modo que no sólo no vivieron (aunque sea como espectadores) la lucha antidictatorial, ni mucho menos el Gobierno Popular (1970-1973) y los procesos de reforma agraria y sindicalización campesina, que se implementaron en el gobierno de Frei Montalva (1964-1970) y que enfrentaron la tenaz e ilegal resistencia de los latifundistas. Los algo mayores (40 años) han experimentado, represión mediante, una parte del período de obscuridad cultural e ideológica del país. Aunque ese fenómeno de distanciamiento de la experiencia histórica ya lo han vivido generaciones anteriores en la vida política y social del país, no es menor cuando se refiere a los largos años de dictadura.

De allí podría deducirse – aunque la historia admite estudio e investigación- un déficit conceptual sobre los asuntos políticos e ideológicos que están en desarrollo. Se emplean frases que carecen de sustento a la luz de las luchas sociales y democráticas en nuestro país, por ejemplo, habría que señalar que “quienes se han movilizado por un país distinto”, arrancan de Luis Emilio Recabarren en adelante.

Ciertamente no hubo tales “recetas tradicionales”, por la simple razón que nunca Chile se había enfrentado a una dictadura de corte facista (y no cívico-militar), expresión política de los intereses minoritarios.

Más cerca en el tiempo fue “la vieja política y sus recetas tradicionales”, la que encabezó la lucha de la gran mayoría de chilenas y chilenos por poner fin a la dictadura. Ciertamente no hubo tales “recetas tradicionales”, por la simple razón que nunca Chile se había enfrentado a una dictadura de corte facista (y no cívico-militar), expresión política de los intereses minoritarios.

Esa “vieja política” evaluó la correlación de fuerzas de aquel período y su “receta” no consistió en la “rebelión popular”, sino en desplegar un vasto movimiento político, ideológico y de masas para enfrentar y derrotar a la dictadura, en el terreno institucional del propio régimen, en el plebiscito de 1988.

Algunos, predecesores, de la actual “nueva política” sostenían que : ”No entendemos por qué hay quienes abrigan ilusiones en cuanto a que pueda realizarse un plebiscito libre y limpio”. “A esta altura queda en evidencia que el Plebiscito no se realizará bajo condiciones o garantías apropiadas”. (Revista Análisis, Juan Pablo Cárdenas, 20-26-junio, 1988).

Por nuestra parte, en 1986 sosteniamos : “El gobierno de Pinochet no va a dar garantías de juego limpio. No las dio el 78 ni el 80. ¿Por qué las va a dar ahora? De la oposición, de las fuerzas que acumulemos, dependen las garantías; estas tenemos que conquistarlas, el gobierno no las va a dar «por puro gusto». Sólo la mayoría del país, movilizada y organizada, es garantía para elecciones no fraudulentas”. (en Documentos de una Trayectoria, pág.170).

Es fácil identificar apreciaciones de entonces  “Son tiempos de coraje, de nuevas fórmulas, de mayorías sociales, no de acuerdos pactados, no de pasado, si no de futuro”. En esa línea cómo comprender que el 5-10-1988 celebráramos la derrota de la dictadura, en virtud de una estrategia y tácticas adecuadas, asumidas con “coraje” por las “mayorías sociales” y con “acuerdos pactados” que se expresaron, entonces, en el Comando del NO.

Ciertamente esas fuerzas no alcanzaron para una bancarrota militar, el colapso dictatorial, ni hacer nuestro propio “Nürenberg”, que implica no sólo juzgamiento de los crímenes (capítulo aún no cerrado) sino también el correspondiente juicio y cuestionamiento a la ideología neo-facista de los grandes intereses.

 No es pertinente ignorar o despreciar las construcciones ideológicas con que el gran capital financiero se instauró con fuerza criminal y destrucción del tejido social, influyendo culturalmente en la sociedad durante casi dos décadas.

Más aún, los poderosos intereses de una minoría continúan operando con toda la intolerancia acumulada por la humanidad. Así ha ocurrido. Cuando no amenazan con la complicidad de los grupos de ultraderecha tras objetivos desestabilizadores (hoy más difícil, porque el intercambio comercial y la circulación de capitales requiere de cierto ropaje democrático), recurren al congelamiento de las inversiones animando la incertidumbre económica. Existen suficientes pruebas al canto en los años recientes.

El capital financiero tiene intereses tan estrechos, minoritarios y excluyentes, que no puede abrir perspectiva alguna de desarrollo para la nación ni para ninguna clase o sector social que no sean ellos mismos.

Hoy está a la vista que la oposición no ha logrado un acuerdo de lista única para la Asamblea Constituyente, corriendo el riesgo de no alcanzar los dos tercios necesarios para establecer una Constitución democrática y poner fin a la de la dictadura, pasadas ya cuatro décadas.

Votos y porcentajes, más o menos, amenazan con una reedición de los tres tercios que se manifestaron en el país antes de 1965, en una elección de diputados que arrojó casi un 80% de la votación a favor del FRAP y el PDC.

Las lecciones de la historia parecen repetirse y se mantiene vigente el desafío para los sectores democráticos y progresistas. No parece otro que retomar el proceso de democratización de la sociedad chilena, en todos los ámbitos, para mejorar las condiciones de vida de las mayorías, tan a la vista en estos tiempos de crisis y pandemia. A fin de cuentas, se trata de que los chilenos de a pie vivan en dignidad y con derechos a un mejor futuro.

Las lecciones de la historia parecen repetirse y se mantiene vigente el desafío para los sectores democráticos y progresistas.

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