“Un Ejecutivo inhábil y la militarización de la paz social”
A propósito de la firma del “Acuerdo por la Paz y la nueva constitución”, el presidente del Senado, Jaime Quintana, señaló que “esta Constitución se la vamos a deber a las personas que llevan semanas en la calle manifestándose”; y, desde la otra vereda, Francisco Covarrubias reconocía que “si aquí el terror no hubiera estado presente, las reacciones posiblemente hubieran sido distintas”, y agregó que durante el 18/O “existió la posibilidad de que el Presidente de Chile tuviera que salir en helicóptero”. Lo que posteriormente fue reafirmado por el exministro Gonzalo Blumel cuando afirmó que “No exagero si digo que lo que estaba en juego en ese momento era nuestro sistema democrático”. La percepción mayoritaria en el país después de ese fin de semana se reflejó en el 59% de los entrevistados que percibió que la democracia estuvo en peligro (Activa Research, 2019:34).
Enfrentado a esta crisis el Ejecutivo no pudo, como reflexionaba Maquiavelo, “resignarse a abandonar un camino que siempre le ha sido próspero”, por lo que no entendió la naturaleza de la protesta, reaccionó mal y tarde, evidenciando su ya tradicional falta de control de crisis, proponiendo una agenda social limitada, enviando proyectos de ley al Congreso desplazando su responsabilidad hacia los parlamentarios y militarizando el conflicto. Esta huida hacia adelante profundizó el fracaso del Gobierno en el manejo de la crisis, lo que se tradujo en la más baja aprobación de un mandatario desde 1990.
Las iniciativas para expandir los roles de las Fuerzas Armadas hacia áreas no profesionales se han reiterado en los gobiernos del presidente Piñera.
A consecuencia de la pobre gestión de crisis y haciéndose eco de la errónea información sobre injerencia extranjera en la protesta, el día subsiguiente del 18/O el Presidente, en la Guarnición Militar de Santiago y rodeado de uniformados y del ministro de Defensa, anunció: “Estamos en guerra contra un enemigo poderoso”. Evidenciando el débil control gubernamental sobre las Fuerzas Armadas, en la mañana del 21 de octubre el jefe de la guarnición, general Javier Iturriaga, afirmaba que “no estaba en guerra con nadie, que era un hombre feliz”.
El 7 de noviembre 2019 el Presidente convocó al controvertido Consejo de Seguridad Nacional (Cosena) y a continuación presentó una serie de medidas para mantener el orden público: leyes antisaqueos, antiencapuchados y antibarricadas; proyectos de ley para proteger a las policías; modernización del sistema de inteligencia y de las policías; creación de un equipo especial de abogados en Interior para interponer querellas criminales; un equipo mixto especial de policías y Fiscalía; el aumento de la capacidad aérea de las policías; y un mecanismo para presentar denuncias de violaciones de derechos humanos.
El ministro del Interior, Gonzalo Blumel, justificó la convocatoria al Cosena argumentando que “hay un problema de seguridad nacional”, basándose en el mandato constitucional según el cual el Presidente de la República puede “disponer de las fuerzas de aire, mar y tierra, or- ganizarlas y distribuirlas de acuerdo con las necesidades de la seguridad nacional” (Art. 21:17o), que “Es deber del Estado resguardar la seguridad nacional” (Art. 1), que el Consejo de Seguridad Nacional es el encargado de asesorar al Presidente de la República en las materias vinculadas a la seguridad nacional (Art. 106) y que las Fuerzas Armadas “son esenciales para la seguridad nacional” (Art. 101).
Junto con el debate sobre las Fuerzas Armadas que el país necesita, en especial respecto de su ‘polivalencia’ en roles civiles y mando en regímenes de excepción, el presupuesto en Defensa resurgió como un tema central en el debate ciudadano. Iniciada la pandemia, a mediados de marzo, un grupo de economistas debatió la posibilidad de utilizar los fondos provenientes de la ex Ley del Cobre destinados a las Fuerzas Armadas en apoyo a la emergencia sanitaria. Para enfrentar la crisis, la Dirección de Presupuesto elaboró un plan de recorte de recursos para los diferentes ministerios, siendo el de Vivienda el mayor (USD 610 mi- llones). A Defensa solo se le reducirían USD 76,5 millones, un 10,5% menos que a Educación (USD 85,5 millones). Si bien parlamentarios oficialistas reclamaron por los recortes a Vivienda, no se escucharon voces de congresistas protestando por el caso de Defensa frente a Educación. El Grupo de Análisis sobre Defensa y Fuerzas Armadas (GADFA), en su declaración pública del 24 de julio, “Aporte de las Fuerzas Armadas a las Demandas Sociales”, estimó que, a partir de 2021, desde Defensa se podrían reasignar recursos del orden de los USD 1550 millones en cuatro años.”
A través del análisis histórico y político de los orígenes y funciones desempeñadas por las Fuerzas Armadas y el Cuerpo de Carabineros se muestra cómo estas instituciones se refundaron post-1973, adquiriendo una autonomía corporativa frente al resto del Estado y sociedad, y se establecen los principales desafíos que actualmente enfrenta la legitimidad social de estas instituciones.
Se describe y analiza la tensión entre militares y política producto de la adscripción de las instituciones armadas a la noción de seguridad nacional, la que convertida en doctrina e ideología ha legitimado su deliberación y uso represivo en materias de orden interno.
A partir del análisis de la actual crisis de las Fuerzas Armadas y de Carabineros se formulan los criterios y se proponen normas constitucionales, legales y administrativas que se deberían considerar en el proceso constituyente para reinsertarlas en un Estado efectivamente democrático.
Por Augusto Varas
Doctor en Sociología, Presidente de Fundación Equitas
Del libro “Legitimidad del monopolio y uso de la fuerza en Chile”
