Por Eugenio Rivera
Fundación Chile 21
El Foro para un Desarrollo Justo y Sostenible ha venido sosteniendo que el esfuerzo fiscal impulsado por el Gobierno es insuficiente para garantizar que las personas que han perdido el empleo o no pueden seguir realizando con normalidad sus actividades informales, sobrevivan decentemente la grave crisis provocado por la pandemia. Tampoco posibilita que las MIPYMES no bancarizadas logren sobrevivir hasta el final de la crisis. Ha sostenido, además, que el esfuerzo necesario es posible de financiar pues el nivel de la deuda pública se cuenta entre los más bajos del mundo. En efecto, a fines del 2019, según datos del FMI, la deuda pública bruta de Chile (como % del PIB) estaba entre las 20 menores a nivel mundial. Y gracias a los fondos soberanos, la deuda pública neta del país estaba entre las cinco menores del mundo. También las condiciones financieras de los créditos a los cuales puede acceder a nivel nacional e internacional resultan muy favorables.
la deuda pública bruta de Chile (como % del PIB) estaba entre las 20 menores a nivel mundial. Y gracias a los fondos soberanos, la deuda pública neta del país estaba entre las cinco menores del mundo. También las condiciones financieras de los créditos a los cuales puede acceder a nivel nacional e internacional resultan muy favorables.
De hecho, el 12 de mayo se anunció que el Banco Central había solicitado al Fondo Monetario Internacional una línea de crédito flexible (FCL, por sus siglas en inglés) por dos años por un monto de US$ 23.800 millones, renovables, que le permitirán aumentar en más de 60% la disponibilidad de liquidez internacional de acceso inmediato. Se trata, según el Banco Central, de un crédito “precautorio” que tiene como objetivo asegurar la liquidez del sistema financiero chileno, en caso que requiera recursos adicionales a las reservas internacionales para adoptar nuevas medidas para resguardar la cadena de pagos. El anuncio tiene lugar en medio del empeoramiento de la situación económica de Chile y del mundo. Esta preocupación, contrasta con la política fiscal modesta, que está aplicando el Gobierno en apoyo a los sectores más pobres del país.
el Banco Central había solicitado al Fondo Monetario Internacional una línea de crédito flexible (FCL, por sus siglas en inglés) por dos años por un monto de US$ 23.800 millones, renovables, que le permitirán aumentar en más de 60% la disponibilidad de liquidez internacional de acceso inmediato.
Esta preocupación, contrasta con la política fiscal modesta, que está aplicando el Gobierno en apoyo a los sectores más pobres del país.
El paquete fiscal.
En efecto, los recursos destinados a los más pobres están llegando a cuenta gotas. Recién desde el 26 de abril se empezó a pagar el Bono Covid – 19 (aprobado el 26 de marzo por el Congreso) que entregaba un subsidio de $ 50 mil por carga familiar para los beneficiarios del Subsidio Único Familiar. El costo de la medida se estimó en US$ 170 millones. El Gobierno no ha entregado todavía información sobre la implementación de la medida. Estos recursos eran parte del Fondo por US$ 2000 millones (equivalente al 0,8% del PIB) que el gobierno anunció como el plan fiscal para apoyar a las familias afectadas por la crisis
El 19 de abril, el gobierno anunció el proyecto de ley que crea el Ingreso Familiar de Emergencia que proponía 3 aportes extraordinarios al 60% más vulnerable.
El 19 de abril, el gobierno anunció el proyecto de ley que crea el Ingreso Familiar de Emergencia que proponía 3 aportes extraordinarios al 60% más vulnerable. Para los hogares que pertenezcan al 40% más vulnerable el aporte sería de 65 mil pesos por persona el primer mes, el 85% de ese aporte en el segundo mes y el 70% en el tercer mes. La lógica de esta reducción del subsidio es incomprensible. Para los que se encuentran entre el 40 y 60% de los hogares más vulnerables el aporte sería de 2/3 de la cantidad establecida para el primer 40%. Después de mucha insistencia, el gobierno accedió a que los hogares que se ubicaban entre el 40% y el 60% más pobre recibieran la misma suma decreciente que los del 40% . Aceptaron además sumar a un tercer grupo de hogares que tienen al menos un adulto mayor de 70 años con Pensión Básica Solidaria siempre y cuando no formen parte de los otros hogares favorecidos y pertenezcan al 80% más pobre de los hogares. Estos cambios representan un aumento de US$ 30 millones respecto del paquete inicial.
La lógica de esta reducción del subsidio es incomprensible.
Estos cambios representan un aumento de US$ 30 millones respecto del paquete inicial.
A lo paupérrimo de la suma, se agregaba un proceso burocrático extremadamente engorroso. En efecto, el aporte deberá ser solicitado por algún integrante del hogar en el ministerio de Desarrollo Social o el IPS dentro de los 70 días corridos, luego de la publicación de la ley. La subsecretaría de Evaluación Social elaborará las nóminas de beneficiarios y la subsecretaría de de Servicios Sociales ordenará su pago, el cual será realizado por el IPS. Por este procedimiento es poco probable que se llegue a desembolsar el total de recursos comprometidos.
A lo paupérrimo de la suma, se agregaba un proceso burocrático extremadamente engorroso.
Esto significa que de los US$ 2000 millones presupuestados para atender las necesidades de los hogares del mundo informal (que representa más del 30% de la fuerza de trabajo) solo se emplearían, en el mejor de los casos, US$ 830 millones. El argumento que ha dado el Gobierno para justificar el monto del bono, es que es necesario guardar recursos por si la crisis se extiende en el tiempo. Sin duda que la crisis será más grave que lo que translucen las afirmaciones de las autoridades del Gobierno según las cuales enfrentamos un crisis transitoria. Pero no es posible postergar la decisión de enfrentar las amenazas que hoy se ciernen sobre a la vida y salud de las personas y la sostenibilidad de las Mipymes, con el argumento de que los problemas pueden alargarse en el tiempo. Ello debería significar solo, que en tal caso, habría que reforzar las medidas y asumir los mayores costos, como lo están haciendo otros países. Ello ayudaría también a la reanimación económica, pues los sectores beneficiarios son parte fundamental de la demanda de bienes y servicios de la MIPYME.
El argumento que ha dado el Gobierno para justificar el monto del bono, es que es necesario guardar recursos por si la crisis se extiende en el tiempo.
Ello ayudaría también a la reanimación económica, pues los sectores beneficiarios son parte fundamental de la demanda de bienes y servicios de la MIPYME.
El 1 de abril se promulgó la Ley de Protección del empleo que permitía la suspensión temporal o la reducción de la jornada laboral de hasta un 50% de la jornada, pudiendo los trabajadores afectados acceder al seguro de desempleo. El gobierno financiaría hasta US$ 2000 millones el Fondo Solidario del Seguro “en la medida que esto sea requerido”. Como se sabe, los pagos del seguro a los trabajadores se harán, primero, con cargo a las cuentas individuales.
Como se sabe, los pagos del seguro a los trabajadores se harán, primero, con cargo a las cuentas individuales.
En lo referido a las empresas, el Gobierno destinó US$ 3000 millones para aumentar las garantías estatales que entrega el FOGAPE. Se trata de recursos que no representan un gasto estatal inmediato ni seguro, pues solo se emplearán en la medida que las empresas que reciban créditos bancarios por la crisis, no puedan pagar la deuda. Las otras medidas fiscales anunciadas (retraso pago de contribuciones, de permisos de circulación etc.) no representan gasto fiscal sino retraso en la recaudación.
Las otras medidas fiscales anunciadas (retraso pago de contribuciones, de permisos de circulación etc.) no representan gasto fiscal sino retraso en la recaudación.
El gasto fiscal, el déficit público y el endeudamiento.
Para financiar estas medidas el gobierno ha realizado dos ajustes al presupuesto. El primero en marzo, que implicó un recorte de US$ 458 millones; el segundo anunciado a finales de abril alcanzó una cifra de US$ 2055 millones, todo lo cual representa una reducción de 3,9% respecto de la Ley de Presupuesto del 2020. Estos recortes han afectado la inversión pública (-12,5%), las transferencias de capital (-14,1%), el gasto en personal (-1,6%) lo que agrava el desempleo. La reducción de la inversión pública agravará también la fuerte caída de la inversión privada lo que redundará en mayores dificultades para la reanimación económica. En efecto, se reducirán las obras ejecutadas por el Estado y las ejecutadas por privados financiadas por transferencias. Se pospondrá la aplicación para subsidios habitacionales hacia los años siguientes. Todo esto redundará en un menor gasto de inversión de 15,2% del gasto autorizado por la Ley de Presupuesto.
Estos recortes han afectado la inversión pública (-12,5%), las transferencias de capital (-14,1%), el gasto en personal (-1,6%) lo que agrava el desempleo.
Como se observa en el cuadro, el déficit fiscal efectivo esperado a finales del año pasado (que había subido desde 2% como efecto de los gastos generados por el estallido social) pasó de -4,5% a -8%. Esto significa, que el déficit adicional que genera el combate a la pandemia es de 3,5 puntos del PIB. ¿Cuáles son las fuentes que explican este crecimiento? 2,2 puntos son explicados por la caída prevista de los ingresos fiscales en el año 2020 desde 21,3% del PIB que se esperaba en el cuarto trimestre del año pasado a 19,1% estimado en marzo del presente año. Respecto del gasto público en el 2020 se pasa de un estimación de 25,8% en el cuarto trimestre del año pasado a una de 27% en el primer trimestre del presente año. Esto significa, en el peor de los casos, el gasto público adicional para financiar la crisis alcanzaría un 1,2% del PIB.
Esto significa, en el peor de los casos, el gasto público adicional para financiar la crisis alcanzaría un 1,2% del PIB.
Estas cifras llevarán la deuda pública bruta en el 2020 desde una cifra estimada de 29,6% del PIB luego del estallido social a una cifra de 32,7% del PIB lo que representa un aumento de 3,1 puntos porcentuales. Se trata de un aumento muy por debajo del mayor endeudamiento público que muestran la mayor parte de los países.
Se trata de un aumento muy por debajo del mayor endeudamiento público que muestran la mayor parte de los países.
