Por Felipe Agüero
En días recientes el gobierno dio señales de querer recuperar la iniciativa en los temas pendientes de la agenda indígena. Desde el asesinato de Camilo Catrillanca, el 14 de noviembre pasado, quedó a la defensiva y sin capacidad de continuar con la activa agenda de conversaciones y discusión de propuestas que el ministro Alfredo Moreno había iniciado en torno al Plan Impulso Araucanía y el denominado Acuerdo Nacional por el Desarrollo y la Paz en La Araucanía. Las confianzas pretendidas con diversos sectores en La Araucanía, incluidos referentes de organizaciones indígenas, se desplomaron al evidenciarse que, pese a todo, se imponía la lógica que inspiraba el Comando Jungla. El gobierno no pudo más que replegarse en espera de que mejoraran las condiciones, en medio de los efectos legales de ese asesinato y los originados por el anterior montaje de la Operación Huracán.
Las confianzas pretendidas con diversos sectores en La Araucanía, incluidos referentes de organizaciones indígenas, se desplomaron al evidenciarse que, pese a todo, se imponía la lógica que inspiraba el Comando Jungla. El gobierno no pudo más que replegarse en espera de que mejoraran las condiciones, en medio de los efectos legales de ese asesinato y los originados por el anterior montaje de la Operación Huracán.
Con todo, a mediados de mayo, el gobierno, algo sorpresivamente, decidió retomar la llamada agenda indígena, enfocada en darle movimiento al trámite parlamentario de la ley que crea el Consejo de Pueblos Indígenas y la que instala el Ministerio de Pueblos Indígenas, enviando indicaciones a sendos proyectos. Al mismo tiempo, el presidente Piñera anunciaba que se volvería a dar impulso a la iniciativa para dar reconocimiento constitucional a los pueblos indígenas.
Con todo, a mediados de mayo, el gobierno, algo sorpresivamente, decidió retomar la llamada agenda indígena.
No quedan del todo claro las razones por la que se decidió este paso en este momento y por estas vías. El momento es uno en el que el gobierno tiene recargada su agenda legislativa, que, además, no se le presenta promisoria. Desde esta perspectiva, no parecería razonable recargar la agenda, sobre todo en áreas que serán conflictivas, tanto con las organizaciones indígenas, como con su propio bloque político. Sin embargo, es conocido el estilo oficial de anuncios mediáticos con la pretensión de recuperar un cuestionado liderazgo. No debiera sorprender la pretensión oficial de capitalizar divisiones en el bloque opositor y no es descartable que el gobierno aprecie este ámbito como uno más que ahonde grietas en la oposición.
El momento es uno en el que el gobierno tiene recargada su agenda legislativa, que, además, no se le presenta promisoria.
Es posible también que el ministro Moreno haya logrado zafarse de la inmovilidad a que lo ha sometido el comité político de La Moneda, particularmente en este tema, pudiendo salir nuevamente a la palestra y dar más visibilidad a sus viajes a La Araucanía, recuperando terreno para sus castigadas ambiciones políticas. De esta forma, el ministro pudo revivir rápidamente los encuentros 3xi como camino de “sociedad civil”, paralelo a sus iniciativas más formales en la agenda indígena, dando aliento así a lo que es una de sus ventajas comparativas: la capacidad de movilizar a sectores de empresarios junto a personas y organizaciones de La Araucanía en diálogos de buena voluntad y acercamiento. Tras esto muy probablemente esté la especial inquietud del ministro por una posible activación de la violencia de parte de grupos propietarios contrarios a la agenda mapuche, como consecuencia de la prolongada inmovilidad gubernamental en esta área. Sumado esto a la violencia manifestada en incendios de camiones, se potenciaría una situación explosiva e inmanejable.
Es posible también que el ministro Moreno haya logrado zafarse de la inmovilidad a que lo ha sometido el comité político de La Moneda, particularmente en este tema, pudiendo salir nuevamente a la palestra y dar más visibilidad a sus viajes a La Araucanía, recuperando terreno para sus castigadas ambiciones políticas.
Más allá de cualquier especulación, lo cierto es que esta forma de relanzar la agenda indígena trasunta gusto a poco, a muy poco. En primer lugar porque, si bien esas leyes pendientes son necesarias, y habían sido casi olvidadas ante el protagonismo que se dio a Impulso Araucanía y el llamado Acuerdo por la Paz, no hay en la reactivación que hace el gobierno ninguna originalidad. En segundo lugar, porque no despertarán mayor entusiasmo, pues aun si son aprobadas, demorarán mucho en implementarse, debiendo pasar por arduos debates. Y, en tercer lugar, porque los debates acerca de los objetivos y aspiraciones institucionales de las demandas indígenas han avanzado bastante más allá de lo que contemplan estas propuestas legislativas, apuntando hacia algunas fórmulas institucionales de autogobierno, ya planteadas en normativas internacionales. En este sentido, el inmovilismo tiene un costo bastante alto, dejando ya como anticuadas iniciativas que ni siquiera han comenzado a debatirse. Esto es especialmente así en el caso de la reforma constitucional para dar reconocimiento a la existencia de pueblos indígenas.
Más allá de cualquier especulación, lo cierto es que esta forma de relanzar la agenda indígena trasunta gusto a poco, a muy poco.
La reforma constitucional, si efectivamente se propusiera, permitirá visibilizar el grado de avance para las posibilidades de dar forma a grados crecientes de participación indígena, tanto en el manejo de lo propio, como en las diversas instancias estatales. La mera reanimación de la propuesta de articulado en lo indígena de la nueva Constitución, que dejó planteada el gobierno anterior, partiría por lo tanto con un planteamiento ya obsoleto y que no serviría para apaciguar, sino más bien para activar posturas conflictivas, especialmente teniendo en cuenta que esa administración no respetó el planteamiento indígena, resultado de la consulta previa realizada.
Pero lo que más desnuda el perfil desabrido de las propuestas es que no hacen alusión alguna a la principal demanda indígena: tierras. Así como en algún momento y en otras latitudes se hizo famosa, por lo acertada, la frase “es la economía, estúpido”, aquí se aplica completamente su símil: “es la tierra, estúpido”. La demanda por tierras ha sido eludida en las ya mencionadas propuestas anteriores del ministro Moreno para la Araucanía. Pese al reconocimiento que el propio Plan Araucanía hacía, en la letra, de los problemas en esa zona con origen en un conflicto originado tras la ocupación de territorios mapuche por parte del Estado de Chile en el S. XIX. Sin derivar las consecuencias necesarias de tal origen, por el contrario, las energías del gobierno, entonces y ahora, eluden la consideración a la demanda por tierras, recurriendo al de arrendamiento de tierras que ya tienen. Algo considerado más que una provocación por la mayoría de las organizaciones indígenas.
Pero lo que más desnuda el perfil desabrido de las propuestas es que no hacen alusión alguna a la principal demanda indígena: tierras. Así como en algún momento y en otras latitudes se hizo famosa, por lo acertada, la frase “es la economía, estúpido”, aquí se aplica completamente su símil: “es la tierra, estúpido”
La carne y el sabor del relanzamiento de la agenda indígena no residen en las propuestas sobre leyes institucionales pendientes, sino en la reforma de la Ley Indígena con el objetivo de avanzar hacia la reconversión agrícola en la región, tal como se planteó en el Plan Araucanía y el programa de gobierno de Sebastián Piñera. Allí se instala el corazón de la dinámica y energías que pone el ministro Moreno para promover el desarrollo y combatir la pobreza en la región, mediante la intervención del mercado e iniciativas público-privadas en lo que son tierras indígenas restituidas después de largos y dificultosos procesos. No se trata de avanzar resueltamente en la recuperación de tierras indígenas sino en buscar fórmulas para que los indígenas puedan arrendar a terceros las tierras que ya han sido restituidas.
No se trata de avanzar resueltamente en la recuperación de tierras indígenas sino en buscar fórmulas para que los indígenas puedan arrendar a terceros las tierras que ya han sido restituidas.
Este relanzamiento de la agenda, tal como ocurrió con el Plan Araucanía, seguirá topándose con su defecto principal: eludir la cuestión central que es la restitución de tierras. En una propuesta que el 14 de este mes hicieran los senadores Huenchumilla y Felipe Kast, se reconocía que este es el tema principal y está ausente en las prioridades de gobierno. A la incorporación de un integrante de la coalición oficialista en este llamado a la realidad, se sumará lo que presumiblemente será una persistente oposición indígena a las propuestas del Ejecutivo para reformar la legislación, tal como comenzó a manifestarse a partir del 22 de mayo, con el rechazo bastante visible y esparcido a los términos de la consulta indígena que empezaba ese día sobre este mismo tema. Esto debe apreciarse como un anticipo de las dificultades que enfrentará el gobierno en su segundo intento para asumir una agenda indígena. Esta vez con un lamento inconfundible: sin tierras no hay paraíso.
A la incorporación de un integrante de la coalición oficialista en este llamado a la realidad, se sumará lo que presumiblemente será una persistente oposición indígena a las propuestas del Ejecutivo para reformar la legislación, tal como comenzó a manifestarse a partir del 22 de mayo, con el rechazo bastante visible y esparcido a los términos de la consulta indígena que empezaba ese día sobre este mismo tema. Esto debe apreciarse como un anticipo de las dificultades que enfrentará el gobierno en su segundo intento para asumir una agenda indígena. Esta vez con un lamento inconfundible: sin tierras no hay paraíso.
