Por Jaime Gazmuri
Académico de la Universidad de Talca
El 7 de octubre el Supremo Tribunal Federal de Brasil (STF) en una estrecha votación, de seis votos contra cinco, revirtió una jurisprudencia que el mismo había establecido y que permitía que las condenas a prisión comenzaran a cumplirse después de un fallo condenatorio en segunda instancia. Este fallo fue cuestionado severamente desde el inicio, ya que la Constitución es taxativa en establecer que las condenas de prisión solo pueden iniciar su ejecución cuando se han agotado todos los recursos de apelación del inculpado.
En abril de 2018 el mismo Tribunal, también en una votación tan estrecha como esta, había rechazado un habeas corpus presentado por la defensa de Lula para que se le liberara de la prisión a que había sido conducido por la condena del Juez Moro, ratificada por la instancia judicial superior. El día previo a la votación de la presentación de la defensa de Lula, el entonces Comandante del Ejército General Vilas Boas advirtió públicamente al Tribunal de la gravedad de un fallo que favoreciera Lula, rompiendo la tradición de no intervención de las Fuerzas Armadas en el debate político que se había establecido desde la promulgación de la Constitución del 1988.
Lo que tenía entre manos el TSF el 7 de octubre no era, por lo tanto, una sofisticada discusión de derecho constitucional, sino una compleja decisión política: liberar o no al ex Presidente Lula, lo que constituía un desafío al Presidente Bolsonaro, a su Ministro de Justicia Sergio Moro y al elenco de generales en retiro, uno de los ejes de sustentación del Gobierno, y del cual el propio Vilas Boas es un conspicuo integrante.
Lo que tenía entre manos el TSF el 7 de octubre no era, por lo tanto, una sofisticada discusión de derecho constitucional, sino una compleja decisión política: liberar o no al ex Presidente Lula, lo que constituía un desafío al Presidente Bolsonaro, a su Ministro de Justicia Sergio Moro y al elenco de generales en retiro, uno de los ejes de sustentación del Gobierno, y del cual el propio Vilas Boas es un conspicuo integrante.
Desde la crisis política producida por la destitución de la Presidenta Rousseff, la politización del sistema judicial brasileño se ha profundizado al extremo, lo que ha convertido su máximo tribunal en la instancia dirimente de los principales conflictos políticos que agitan a la sociedad. Ello agravado por la circunstancia de que el Presidente elegido por una amplia mayoría tiene un discurso profundamente divisivo y una cultura que no comparte los más esenciales valores democráticos.
Antes del fallo que lo liberó de una prisión que se prolongó por más de 500 días, Lula había rechazado acceder a la opción de prisión domiciliaria a que tenía derecho. Argumentó que utilizar a ese derecho equivalía a admitir su culpa y que su objetivo es que se anule el juicio y la condena que le impuso Moro.
Antes del fallo que lo liberó de una prisión que se prolongó por más de 500 días, Lula había rechazado acceder a la opción de prisión domiciliaria a que tenía derecho.
No es sencillo conjeturar el conjunto de razones que tuvo la estrecha mayoría del TSF para tomar, esta vez, la decisión de liberar a Lula. Sin duda han tenido una influencia importante las revelaciones del periodista Gleen Greenwald en la revista electrónica Intercept y reproducidas por el diario Folha de Sao Paulo, que demuestran que el Juez Moro intervino directamente en la investigación de la Fiscalía con el propósito de inculpar a Lula sin evidencias, que incurrió en delitos al filtrar conversaciones entre Lula y la Presidenta Rousseff con el solo objeto de impedir que este ingresara al Gabinete; y que el conjunto de su actuación como Juez, asociado al Fiscal Dallagnol, tuvo el auto confesado propósito de impedir la candidatura presidencial de Lula. Todo ello ha dañado fuertemente la imagen de Moro y debilitado la credibilidad de las acusaciones contra Lula. Ha influido, sin duda, en el ánimo de la mayoría de los ministros del máximo Tribunal, la actitud hostil, hasta amenazante, de Bolsonaro y de alguno de sus hijos, cada vez que algún fallo u opinión no les ha gustado. También influye la disconformidad con los excesos del Presidente de una parte del establishment que lo apoyó como el mal menor en la elección presidencial, incluidas la poderosa cadena de medios Globo y el influyente periódico Folha de Sao Paulo.
Todo ello ha dañado fuertemente la imagen de Moro y debilitado la credibilidad de las acusaciones contra Lula. Ha influido, sin duda, en el ánimo de la mayoría de los ministros del máximo Tribunal, la actitud hostil, hasta amenazante, de Bolsonaro y de alguno de sus hijos, cada vez que algún fallo u opinión no les ha gustado.
Luego de liberado, Lula declaró: “les quiero decir que he vuelto”. En su primer discurso ante la multitud de sus seguidores reunidos en Sao Bernardo -donde vive e inició su carrera política como líder sindical – expresó con entera claridad su voluntad de encabezar la oposición al Gobierno de Bolsonaro en defensa de los trabajadores y los más pobres de Brasil que ven que los avances conseguidos en los Gobiernos del PT están seriamente amenazados y del Patrimonio nacional que el Gobierno pretende privatizar.
Ha señalado también su decisión de colaborar a la unidad de la oposición frente a las elecciones municipales del próximo año y su aspiración a postular a la Presidencia en tres años más.
Ha señalado también su decisión de colaborar a la unidad de la oposición frente a las elecciones municipales del próximo año y su aspiración a postular a la Presidencia en tres años más.
Los desafíos de Lula son múltiples, comenzando por el judicial.
Los desafíos de Lula son múltiples, comenzando por el judicial. La primera batalla será la anulación del juicio llevado por Moro por parte del STF. La segunda continuar la defensa de un juicio en el que fue condenado en primera instancia por el supuesto aprovechamiento de mejoras realizadas por dos empresarios en una parcela que ocupaba como lugar de descanso, propiedad de amigos suyos. Los resultados de estos procesos seguramente no pondrán en riesgo la libertad de Lula, pero si sus posibilidades de competir en la próxima elección presidencial, ya que una ley aprobada en su presidencia – la llamada de ficha limpia- impide la inscripción de candidatos que tengan dos condenas en segunda instancia.
La reacción de Bolsonaro ha sido particularmente destemplada.
La reacción de Bolsonaro ha sido particularmente destemplada. Ha tratado a Lula de canalla y a los jueces de la mayoría del STF de hienas. Ordenó suspender el avisaje del Gobierno federal a Folha y ha amenazado a Globo con caducar las concesiones que le permiten controlar la mayor cadena televisiva del país. Moro encabezará la ofensiva contra Lula. Ya ha planteado la iniciativa de reformar la Constitución permitiendo que las condenas de encarcelamiento se comiencen a ejecutar después de la sentencia de segunda instancia. La respuesta inicial de algunos de los partidos que apoyan al Gobierno no ha sido entusiasta.
Ordenó suspender el avisaje del Gobierno federal a Folha y ha amenazado a Globo con caducar las concesiones que le permiten controlar la mayor cadena televisiva del país. Moro encabezará la ofensiva contra Lula.
En todo caso la libertad de Lula genera una nueva situación política en Brasil. Una que abre la posibilidad de construir una barrera de contención a los excesos autoritarios y a la regresión social y cultural que ha significado el Gobierno de Bolsonaro y eventualmente a la articulación de una alternativa democrática y progresista para disputar con éxito el Gobierno en 2022.
En todo caso la libertad de Lula genera una nueva situación política en Brasil. Una que abre la posibilidad de construir una barrera de contención a los excesos autoritarios y a la regresión social y cultural que ha significado el Gobierno de Bolsonaro y eventualmente a la articulación de una alternativa democrática y progresista para disputar con éxito el Gobierno en 2022.
