El documento firmado por la mayoría de los partidos que lo integran el Frente Amplio (con excepción de Humanistas y Ecologistas), es un texto moderado, casi condescendiente con sectores del centro político, que han buscado perfilarse en contrapunto con sus antiguos aliados de la fenecida Nueva Mayoría y por cierto, con los propios partidos que integran el nuevo conglomerado.
Se limita a recoger acuerdos o consensos ya alcanzados por la oposición para enfrentar el debate del proyecto de modernización tributaria. Así como criterios comunes en materia de reforma del sistema previsional y la contra reforma laboral que prepara el gobierno. A ello suma algunos criterios, que los sectores progresistas debieran compartir, en materia educacional- como los derechos a la inclusión y no endeudamiento – además del sensible tema de los pueblos originarios, en donde se demanda que se abran espacios reales de diálogo con el pueblo mapuche y se exija la desmilitarización de la Araucanía.
El documento firmado por la mayoría de los partidos que lo integran el Frente Amplio (con excepción de Humanistas y Ecologistas), es un texto moderado, casi condescendiente con sectores del centro político, que han buscado perfilarse en contrapunto con sus antiguos aliados de la fenecida Nueva Mayoría y por cierto, con los propios partidos que integran el nuevo conglomerado.
Propuestas más que razonables y sensatas, que hablan bien de la madurez y responsabilidad de muchos de los dirigentes de este novel conglomerado, que debieran contribuir a destrabar el impase generado por la propia decisión del Frente Amplio de condicionar el cumplimiento del acuerdo administrativo suscrito por la oposición para elegir a representantes de la oposición en las presidencias de ambas Cámaras por los cuatro años de mandato de Sebastián Piñera y distribuirse las presidencias de las comisiones legislativas.
En rigor, un documento cuyo objetivo es posibilitar el acuerdo opositor, como precisamente critican Humanistas y Ecologistas. Un acuerdo que en su momento rechazaran tanto la DC como el propio Frente Amplio, buscando su perfilamiento y diferenciación, pero que hoy surge como muy necesario teniendo a la vista los múltiples desencuentros y divergencias de la oposición para enfrentar la agenda oficial.
En rigor, un documento cuyo objetivo es posibilitar el acuerdo opositor, como precisamente critican Humanistas y Ecologistas. Un acuerdo que en su momento rechazaran tanto la DC como el propio Frente Amplio, buscando su perfilamiento y diferenciación, pero que hoy surge como muy necesario teniendo a la vista los múltiples desencuentros y divergencias de la oposición para enfrentar la agenda oficial.
Desencuentros que ha aprovechado el gobierno para viabilizar algunas iniciativas legislativas, como la nueva ley de migración, en base a la supuesta política de “oposición constructiva” que ha proclamado la actual directiva demócrata cristiana, seguida por sectores del PRSD y que, sin embargo, tiene fuertes detractores al interior de esos partidos.
Todo la polémica y tensión en torno a si lo primero es el cumplimiento del pacto de administración y luego los acuerdos, como postula de directiva de la DC, o al contrario, primero los acuerdos y luego el cumplimiento del citado pacto, carece de todo sentido frente a la urgencia de elegir las nuevas autoridades en el parlamento y lo mucho que está en juego. Bastaría que la DC, el Frente Amplio y los demás partidos de oposición con representación parlamentaria, acordaran avanzar en estos acuerdos mínimos comunes, que no necesariamente representan el inicio del camino de unidad amplia y sin exclusiones de la oposición en su más amplia diversidad, pero sientan un valioso precedente para avanzar en esa dirección.
Bastaría que la DC, el Frente Amplio y los demás partidos de oposición con representación parlamentaria, acordaran avanzar en estos acuerdos mínimos comunes, que no necesariamente representan el inicio del camino de unidad amplia y sin exclusiones de la oposición en su más amplia diversidad, pero sientan un valioso precedente para avanzar en esa dirección.
La elección de las autoridades de la Cámara de Diputados y el Senado se ha constituido en un test decisivo acerca de la real capacidad de la oposición para construir acuerdos políticos elementales para enfrentar la recargada agenda oficial, que incluye las principales promesas de campaña del actual gobierno para retrotraer las reformas estructurales aprobadas por la administración anterior (reforma tributaria, previsional y laboral, además de la educación y salud).
Si por alguna razón, política o administrativa, la oposición no lograra estos acuerdos, se agudizaría un ciclo de mayor dispersión y disgregación, que tan sólo puede favorecer al gobierno y marcar regresivamente el futuro de la oposición.
La estrategia del gobierno para viabilizar su agenda
Fiel a su estrategia de dividir a la oposición entre sectores abiertos al diálogo y la búsqueda de acuerdos (la oposición “constructiva”) y aquellos sectores “obstruccionistas” (anti patrióticos), refractarios a todo diálogo, el gobierno insistirá en aquello que, hasta ahora, le ha reportado discretos réditos. Algo que se complica por la obstinada conducta del gobierno, respaldando y manteniendo en su cargo al subsecretario de Redes Asistenciales, Luis Castillo, involucrado en actos de obstrucción a la justicia en la investigación del asesinato del ex Presidente Eduardo Frei Montalva, tensionando sus relaciones con la DC.
Fiel a su estrategia de dividir a la oposición entre sectores abiertos al diálogo y la búsqueda de acuerdos (la oposición “constructiva”) y aquellos sectores “obstruccionistas” (anti patrióticos), refractarios a todo diálogo, el gobierno insistirá en aquello que, hasta ahora, le ha reportado discretos réditos. Algo que se complica por la obstinada conducta del gobierno, respaldando y manteniendo en su cargo al subsecretario de Redes Asistenciales, Luis Castillo, involucrado en actos de obstrucción a la justicia en la investigación del asesinato del ex Presidente Eduardo Frei Montalva, tensionando sus relaciones con la DC.
La primera prioridad del gobierno para este período apunta al proyecto de “modernización” tributaria. Un proyecto emblemático, largamente demandado por los empresarios que, ciertamente y de manera muy central, apunta a una efectiva rebaja de impuestos a los sectores de mayores ingresos mediante el mecanismo de “reintegración”, deduciendo la totalidad de los impuestos que pagan sus empresas de sus propias declaraciones, sin un adecuando mecanismo de compensación.
Ya fracasada la fórmula de subir los impuestos a los sectores de mayores ingresos, por la fuerte presión empresarial y la resistencia de la coalición oficialista, el gobierno ha buscado mecanismos alternativos, como incrementar las llamadas rentas regionales (recursos para las regiones), una fórmula destinada a captar votos de las llamadas “bancadas regionalistas” integradas de manera transversal, que podrían dividir la votación opositora, además de explorar el término de algunas exenciones tributarias que han perdido su sentido original y que más que eliminarse debieran reorientarse, como ha propuesto el senador Carlos Montes
La fórmula que hoy ensaya el Ejecutivo ha encontrado eco en algunos de los parlamentarios que integran esa llamada bancada regionalista. En particular del propio presidente de la comisión de Hacienda de la Cámara, diputado Pablo Lorenzini, que ha propuesto aprobar la idea de legislar – en contra de la opinión del grupo de expertos designado por la oposición para estudiar el tema – en base a un protocolo de acuerdo entre el gobierno y la oposición, que bien pudiera no tan sólo viabilizar su aprobación sino también dividir a los sectores opositores y bloquear el acuerdo de administración.
La primera prioridad del gobierno para este período apunta al proyecto de “modernización” tributaria. Un proyecto emblemático, largamente demandado por los empresarios que, ciertamente y de manera muy central, apunta a una efectiva rebaja de impuestos a los sectores de mayores ingresos mediante el mecanismo de “reintegración”, deduciendo la totalidad de los impuestos que pagan sus empresas de sus propias declaraciones, sin un adecuando mecanismo de compensación.
Junto con vincular el debate tributario al proyecto de reforma previsional, que requeriría asegurar su adecuado financiamiento, la mayoría de los dirigentes opositores, en consonancia con el informe de sus técnicos, sostienen que no existen las condiciones para aprobar la idea de legislar el proyecto de “modernización” tributaria presentada por el gobierno.
Los límites del gobierno y la oposición
Por su parte el gobierno ha resuelto fijar los límites de negociación con la oposición. En rigor, establecidos por sectores empresariales resueltos a no desnaturalizar un proyecto que esencialmente debiera apuntar a bajar impuestos y fomentar la inversión y el emprendimiento.
La obvia complejidad que representa la viabilización de este proyecto de “modernización” tributaria se extiende a la mayoría sino a la totalidad de las reformas o contra reformas que constituyen la agenda dura que el gobierno intenta desplegar en esta etapa. Incluyendo la reforma previsional, en donde la oposición insiste en separar el reajuste a las pensiones mínimas – para lo que habría consenso – de la reforma del sistema, en que los opositores postulan no tan sólo acortar la extrema gradualidad propuesta por el gobierno para el incremento de las actuales pensiones, sino también avanzar hacia un sistema más solidario y con mayor competencia en su administración.
Ya fracasada la fórmula de subir los impuestos a los sectores de mayores ingresos, por la fuerte presión empresarial y la resistencia de la coalición oficialista, el gobierno ha buscado mecanismos alternativos, como incrementar las llamadas rentas regionales (recursos para las regiones), una fórmula destinada a captar votos de las llamadas “bancadas regionalistas” integradas de manera transversal, que podrían dividir la votación opositora, además de explorar el término de algunas exenciones tributarias que han perdido su sentido original y que más que eliminarse debieran reorientarse, como ha propuesto el senador Carlos Montes.
A lo anterior se agregan criterios que debieran ser comunes en la oposición para enfrentar el debate laboral, orientados a no retroceder en derechos conquistados, ampliar los derechos colectivos, abrirse a la negociación por ramas y a un debate acerca del futuro del trabajo, incluyendo la compensación por años de servicios.
Finalmente está en agenda el proyecto denominado “Administración justa” en materia educacional que busca reformar la ley de inclusión escolar aprobada por la anterior administración, en torno al cual la ministra Cubillos desarrolló un intenso, como cuestionado, lobby durante el verano, sin lograr, hasta ahora, persuadir a la oposición de votarlo favorablemente.
La obvia complejidad que representa la viabilización de este proyecto de “modernización” tributaria se extiende a la mayoría sino a la totalidad de las reformas o contra reformas que constituyen la agenda dura que el gobierno intenta desplegar en esta etapa. Incluyendo la reforma previsional, en donde la oposición insiste en separar el reajuste a las pensiones mínimas – para lo que habría consenso – de la reforma del sistema, en que los opositores postulan no tan sólo acortar la extrema gradualidad propuesta por el gobierno para el incremento de las actuales pensiones, sino también avanzar hacia un sistema más solidario y con mayor competencia en su administración.
Un año decisivo
Sin lugar a dudas el período legislativo que se inicia será muy intenso y controversial entre el gobierno y la mayoría opositora en ambas cámaras. Sobre todo si la oposición logra consensuar los mencionados mínimos comunes del Frente Amplio, que no tan sólo permitirían destrabar el acuerdo administrativo para elegir la presidencia de la Cámara y el Senado (además de las comisiones parlamentarias) sino también establecer un marco, tanto a la oposición como al gobierno, para enfrentar el debate legislativo y político de este año que muchos describen como decisivo.
Mucho se insiste que siempre un mal acuerdo es mejor que una buena pelea, que el país avanza sobre la base de acuerdos y no de confrontaciones y que un gobierno será recordado por su capacidad de viabilizar acuerdos. Pero ello implica capacidad de diálogo, realismo, flexibilidad y destreza política, que hasta ahora el gobierno y su equipo político no han demostrado. Tampoco la oposición.
Mucho se insiste que siempre un mal acuerdo es mejor que una buena pelea, que el país avanza sobre la base de acuerdos y no de confrontaciones y que un gobierno será recordado por su capacidad de viabilizar acuerdos. Pero ello implica capacidad de diálogo, realismo, flexibilidad y destreza política, que hasta ahora el gobierno y su equipo político no han demostrado. Tampoco la oposición.
Bien pudiera ser este un año decisivo para las aspiraciones de la derecha de proyectarse a futuro y de la oposición de reconstruir una opción de mayorías.
Siempre es posible imaginar alternativas.
